La familia de Facundo Astudillo Castro pidió que la jueza federal María Gabriela Marrón sea apartada de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro. Para la querella familiar, la jueza no respetó el principio de imparcialidad ni actuó de acuerdo a la normativa constitucional y de los tratados internacionales en derechos humanos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, adhirió al pedido de recusación. Los escritos detallan una larga serie de decisiones arbitrarias adoptadas por la magistrada que obstruyeron, demoraron y desestimaron la producción de pruebas indispensables para conocer la verdad de lo que pasó con Facundo, y que sólo se explican en un intento de proteger a los efectivos policiales.
“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, señalan los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro en el escrito de recusación de la jueza federal María Gabriela Marrón.
Las resoluciones adoptadas por la titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca obstruyen la investigación sobre la principal hipótesis de la causa, la desaparición forzada seguida de muerte, y manifiestan una “defensa corporativa” de las fuerzas de seguridad. Para las querellas, estos hechos constituyen una clara afectación de la garantía del juez imparcial, principal argumento para pedir su recusación y el apartamiento de la causa.
“En sus resolutorios hemos asistido a un sinnúmero de inconsistencias y absurdos: la Sra. Jueza ha desconocido elementos incorporados a la causa, ha decidido no valorarlos, sin otro fin aparente que el de sentar su propia postura personal, subjetiva, y cuyo iter lógico no se condice con la realidad de los elementos que hoy en día forman parte de esta investigación. Todo ello, con un impacto directo en la dirección del proceso y la real búsqueda de la verdad jurídica”, agregó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la adhesión a la recusación realizada por la querella familiar.
En el pedido se describe una larga lista de irregularidades y señala, en particular, la última de las decisiones de la jueza Marrón: el masivo rechazo de medidas de prueba solicitada por los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia y de la Procuraduría de Violencia Institucional.
En esa oportunidad, la magistrada se negó a allanar el puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.
Esa resolución de la jueza Marrón fue apelada y, ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca debe resolver sobre la producción de esas medidas de prueba. En ese sentido, esta semana tanto la fiscalía como las querellas presentaron ante la Cámara un memorial —acto procesal que reemplaza la audiencia— con los fundamentos de sus apelaciones.
Como sostuvieron en su momento, la denegatoria de las medidas de prueba causa un gravamen irreparable y un perjuicio que impide seguir investigando: “Pareciera haber un forzamiento del pensamiento lógico en procura de despejar todo indicio y toda prueba contundente que apunten a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, remarcaron las querellas en el memorial.
En los fundamentos de la presentación, también señalaron que en las últimas semanas se incorporaron nuevos elementos probatorios que siguen reforzando la desaparición forzada seguida de muerte como principal hipótesis de la investigación. En ese marco, las medidas de prueba que debe resolver la Cámara brindan la posibilidad de indagar en el accionar de los funcionarios policiales de Villarino y de la Policía Local de Bahía Blanca entre el 30 de abril, día de la desaparición de Facundo, y el 8 de mayo, día en que un patrullero del destacamento de Bahía Blanca estuvo detenido -sin que pudieran explicar para que- durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo esqueletizado del joven.
En el memorial presentado ante la Cámara, las querellas advirtieron sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales y jurisprudencia nacional sobre los principios que deben guiar la actuación judicial cuando se investigan hechos de gravedad institucional y la participación de funcionarios de las fuerzas de seguridad.
En ese sentido, en el marco del trámite de la acción urgente 906/2020 instada por la CPM, el pasado 25 de noviembre el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas volvió a realizar una serie de recomendaciones y pedidos de información al Estado argentino. En esa resolución, el Comité expresó dos motivos de preocupación: por un lado, la falta de esclarecimiento de las circunstancias de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro; por el otro, las amenazas e intimidaciones que vienen sufriendo testigos y los abogados de Cristina Castro por su participación en la investigación.
Mientras se espera la resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca sobre las medidas de pruebas que fueron denegadas en primera instancia y que resultan indispensables para avanzar con la instrucción, la jueza María Gabriela Marrón debe decidir si acepta la recusación formulada. Caso contrario, también será la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca quien deberá resolver. La continuidad de la magistrada atenta contra la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia.