A pesar de una negociación maratónica -duró más de diez horas- este lunes no se alcanzó un acuerdo entre las cámaras patronales y los gremios en el conflicto que paraliza los puertos y establecimientos aceiteros y cerealeros del país.
La huelga en su séptimo día. Fotos: Prensa FTCIODyARA.
El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a su sede a las 11 hs de ayer a los representantes patronales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y a dos de los tres gremios involucrados en el conflicto: la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), y ubicó a cada uno en un piso separado. No fue convocado el tercer gremio, la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) -que coordina con la Federación desde octubre, cuando firmaron un acuerdo de unidad en la acción- pero desde la cartera laboral sostuvieron que dispondrían con ellos una negociación paralela.
Sin embargo, tras más de diez horas de negociación, la audiencia fracasó “debido a la decisión de las cámaras patronales de negarse a una propuesta acorde al Salario Mínimo Vital y Móvil que dicta el 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, señalaron desde la FTCIODyARA. Los aceiteros nacionales enfatizaron que su planteo es el mismo desde el inicio de la negociación, ante las declaraciones de la cámara patronal, que asegurar que “los dos sindicatos aceiteros (Federación y Sindicato de San Lorenzo) incrementaron aún más los reclamos salariales originales”, según reza el comunicado que la CIARA difundió a algunos de sus medios afines.
Barcos parados en el Río Paraná. Fotos: Prensa FTCIODyARA.
Desde la Federación que conduce Daniel Yofra indicaron en cambio que “el reclamo paritario del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal es eje fundamental de nuestra política gremial desde hace una década”.
Por su parte, también la cámara patronal acusó a los gremios de “bloquear” el ingreso de personal a las plantas, lo que según su criterio “excede el legítimo ejercicio del derecho a huelga”.
El conflicto preocupa hace días al Ejecutivo Nacional: el Estado necesita, como agua en el desierto, las divisas de las liquidaciones del complejo agroexportador. Además, está el temor a un eventual escenario de desabastecimiento local.
En este sentido, ayer intervino el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que siguió de cerca la audiencia y se contactó con las empresas para pedirles que acerquen posiciones en la paritaria con los gremios aceiteros en la negociación que finalmente fracasó.
Los sindicatos, unidos en la actual negociación tras más de una década de paritarias por separado, le transmitieron a los funcionarios lo que ya vienen declarando en comunicados y entrevistas desde el inicio del conflicto en octubre pasado: la sospecha de que la inflexibilidad de los privados enmascara una presión devaluatoria para mejorar aún más la alta rentabilidad del sector.
El periodista Mariano Martín relevó hoy que el SOEA de San Lorenzo, que semanas atrás había hablado del conflicto con los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Producción, Matías Kulfas y el propio Moroni, se comunicó ayer con la Jefatura de Gabinete para advertir de las presiones devaluatorias detrás de la falta de avances.
Según los gremialistas, las grandes fábricas ya se hicieron del grano para molienda y buena parte de la producción ya fue dispuesta en barcos que esperan una resolución para zarpar hasta sus destinos de exportación. Y si bien cada día de parate les ocasiona un costo que las propias compañías cifraron en 100 millones de dólares, para los dirigentes prima la expectativa de una eventual devaluación del dólar o bien de una mitigación de las retenciones.
En este punto hay coincidencia en la Federación y el gremio de San Lorenzo. En ambos casos descartan una razón económica para no otorgar los aumentos solicitados y alegan que las compañías impulsaron el conflicto para especular con el valor de sus producciones. Y recuerdan que Gustavo Idígoras, además de encabezar la CIARA, es el principal referente del Consejo Agroindustrial Argentino, un espacio empresarial que el Gobierno privilegió por sobre la Mesa de Enlace.
Los trabajadores aceiteros demostraron estar dispuestos a continuar profundizando la medida que puede convertirse en caso testigo para la lucha salarial: “Compañeras y compañeros: una vez más estamos dando ejemplo de conciencia y unidad obrera en estas jornadas que ya son históricas. La gran Huelga Nacional es la respuesta de los trabajadores ante la prepotencia de las patronales para quienes fuimos esenciales a la hora de mantener la producción desde el primer momento de la pandemia, pero dejamos de serlo a la hora de reclamar el salario que nos corresponde para una vida digna”, indicaron.
Y recordaron que el salario que defienden, el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo -esto es, que asegure “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”- y que corresponde según sus propios cálculos a entre 92 y 94 mil pesos actualmente, es el salario no del sector aceitero, sino “al que tiene derecho toda la clase trabajadora argentina”.