Kevin Guerra fue denunciado por Gendarmería Nacional como consecuencia de actividades de vigilancia masiva llamadas “ciberpatrullaje”. Fue sobreseído a fines de 2020.
El 7 de abril de 2020 Kevin Guerra preguntó en Twitter “che qué onda los que no cobramos el bono de 10mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?”, replicando un meme que había visto en Facebook.
La subdirección de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional estaban realizando Efectuando “labores de ciberpatrullaje en redes sociales”, captó el posteo de Kevin, generó una “alerta temprana” y realizó una denuncia penal contra el joven. Gendarmería buscaba en Twitter los parámetros “saquear/cuarentena/argentina” y entendió que el posteo constituía un delito. El fiscal provincial coincidió con este criterio y ordenó la instrucción de un proceso penal contra Kevin. Dos días después la Policía de la Provincia de Buenos Aires le notificó en su domicilio que se le acusaba del delito de intimidación pública tipificado en el artículo 211 del Código Penal. El fiscal provincial Moure entendió que la expresión de Kevin era de tal gravedad que debía ser investigada por la justicia federal, ya que “surge sin hesitación alguna que la seguridad nacional se vio comprometida lo que justifica la intervención del fuero de excepción”.
El CELS asumió la defensa de Kevin, solicitó la declaración de nulidad de todo lo actuado por las tareas de inteligencia ilegal de Gendarmería y pidió el sobreseimiento por inexistencia de delito.
El fiscal federal que recibió la causa estimó que de las expresiones de Kevin no surgía la comisión de un delito. El Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata coincidió y sobreseyó a Kevin por inexistencia de delito.
Aunque sobreseyó a Kevin, el juez federal no analizó la ilegalidad del “ciberpatrullaje” realizado por Gendarmería con el que se inició el proceso. Gendarmería se escudó en la Resolución 31/2018 que la habilitaba a buscar información en fuentes digitales abiertas para investigar algunos delitos, como la venta de armas o la explotación sexual infantil. Sin embargo, de acuerdo con las leyes vigentes, esta búsqueda en fuentes de internet abiertas es una actividad de inteligencia criminal, y por tanto ilegal en la medida que no esté atada a una hipótesis criminal definida.