Los restos óseos de ocho integrantes de los pueblos originarios de la región serán devueltos por el Gobierno bonaerense para ser reenterrados en los territorios de donde fueron excavados por arqueólogos. Es la restitución más masiva que se realiza en la provincia hasta la actualidad y el primer caso del área metropolitana.
“Me siento feliz porque nuestros antepasados van a ser devueltos a sus lugares de pertenencia”, declaró Santiago Chara del Consejo de Ancianos de Punta Querandí. Esta comunidad, desde hace más de 10 años, reclamó la recuperación de los cuerpos al área de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, en una reunión virtual con organismos bonaerenses, nacionales y municipales realizada el pasado 9 de febrero, se acordó que la restitución sea el próximo 6 de marzo en la sede del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran localizados los restos.
“Nos trataron como cosas y no como seres humanos”, advirtió Santiago al remarcar que “ahora estamos logrando el respeto hacia los pueblos originarios”. Fruto de años de lucha hoy existe otra voluntad política, remarcó el referente comunitario. “Para concretar este objetivo hubo mucho acompañamiento desde los tres Estados: Nacional, Provincial y Municipal”, afirmó.
El antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Pepe, precisó que los restos a devolver son un hombre de entre 30 a 50 años, que fue encontrado en Punta Querandí en la década de 1990; una mujer de aproximadamente 20 años exhumada en la misma década pero del sitio arqueológico La Bellaca 1; y por último, cinco adultos y un menor, exhumados en el sitio La Bellaca 2.
El proceso de reentierro en los espacios ancestrales tendrá dos etapas. Debido a la pandemia, del acto de entrega de los cuerpos a la comunidad no podrán participar más de 20 personas, entre las que se espera la presencia de la titular del INAPL Leonor Acuña; la presidenta del INAI, Magdalena Odarda; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno y el intendente de Tigre, Julio Zamora.
Será en una segunda etapa, con fecha a confirmar, cuando se realicen los reentierros en La Bellaca (Villa La Ñata) y en Punta Querandí (Dique Luján), en el norte de Tigre. “Esperamos poder reunirnos con muchos hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta larga lucha para compartir esta histórica conquista”, expresó Santiago Chara.
Dos años claves
La restitución se aprobó en el INAI en 2019, pero se destrabó a partir de los diversos apoyos institucionales que fueron potenciando la legitimidad del reclamo. Desde el Estado Bonaerense fue clave la nueva gestión del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), a cargo de Nehuen Sosa.
Por su parte, en el ámbito local, el intendente tigrense Julio Zamora expresó en febrero de 2020 su respaldo público al plantear que sería “un acto reparador” y en noviembre del mismo año firmó el convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí, otra victoria trascendente que de hecho garantiza el espacio físico donde se reenterrará uno de los cuerpos.
Además, en el Concejo Deliberante de Tigre se declaró de interés legislativo el pedido de restitución, a través de una iniciativa del concejal Javier Parbst.
En la Cámara de Diputados Provincial se obtuvo el mismo reconocimiento, a instancias de la legisladora Roxana López, quien impulsó la intervención activa del CPAI.
Tigre indígena
Jasuka Roa, del Consejo de Mujeres de Punta Querandí, explicó la importancia del acontecimiento desde el lado espiritual porque “son lugares que fueron profanados”. Y señaló: “En Buenos Aires siempre se intentó tapar la historia indígena debajo del cemento y en esta zona fueron los barrios privados, que se construyeron arriba de los territorios sagrados. Se destruyeron muchos cementerios y sitios arqueológicos”.
“Devolver los cuerpos a sus lugares, con el acompañamiento de la parte estatal, Municipio, Provincia y Nación, es un paso grande porque se termina reconociendo que Tigre y Buenos Aires son territorio indígena”, subrayó.
Aunque también alertó: “Hay mucho más por pelear”. Entre otros objetivos, aún resta la recuperación de otros 42 cuerpos retirados en excavaciones realizadas en 1925 en el sitio arqueológico Arroyo Sarandí, espacio finalmente destruido a fines de los ’90 por la mega urbanización Nordelta.
Para concluir, Reinaldo Roa del Consejo de Ancianos sostuvo: “Los Gobiernos tienen que respetar los enterratorios de nuestros antepasados”. Y aseguró: “Recuperar sus cuerpos va a fortalecer nuestra espiritualidad y eso va a hacer que más personas se reencuentren con sus raíces”.
