Un informe de la organización MuMalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana difundido el último domingo registró que en lo que va del año se cometieron 143 muertes violentas contra mujeres, travestis y trans, lo que registró una muerte evitable cada 25 horas. En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 95, según datos del Observatorio. A seis años del primer Ni una Menos, casi 90 días la desaparición de Tehuel de la Torre, varón trans de 22 años, prevenir estas muertes evitables es una deuda pendiente del Estado y destinar recursos a esta tarea es tarea escencial y prioritaria.
#NiUnaMenos nació ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres, niñas, lesbianas, travestis y personas trans asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia. Ese hartazgo hizo que el 3 de junio de 2015, hace seis años, miles de personas en varias ciudades de Argentina salieran a las calles a protestar y visibilizar la otra pandemia: la violencia de género.
A pesar de los reclamos permanentes, en lo que va del año una mujer o una persona trans fue asesinada cada 25 horas. Con el encierro, las denuncias se incrementaron exponencialmente, solo en la Provincia de Buenos Aires, las denuncias a la Línea 144 aumentaron más de un 60%: ocho de cada diez llamados son de mujeres que sufren violencia en el hogar.
En el marco de la semana del #3J y con la angustia que general la desaparición de Tehuel de la Torre, varón trans de 22 años oriundo de Alejandro Korn que se encuentra desaparecido desde hace casi 90 días y que por esta situación hay dos sospechosos y detenidos- Ramos y Montes- que aún se niegan a declarar; el Observarorio Mumalá presentó un informe parcial del Registro Nacional con los datos más recientes sobre femicidios- lesbi, trans, travesticidios desde el 1° de Enero hasta el 30 de Mayo del 2021.
Algunos datos para destacar: 94 de los casos son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios.
Según los datos recabados hubo 22 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y robos y 140 intentos de femicidios. Por otro lado, 21 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación penal.
El 14% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las Fuerzas de seguridad y el 31% de los femicidios cometidos con armas de fuego se realizaron con armas de fuego reglamentarias.
Otro dato alarmante: 95 niños, niñas, niñes y adolescentes que se quedaron sin madre.
En relación a los procesos judiciales, denuncias y medidas: el 25% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. El 16% de los varones cis tenía orden de restricción de contacto o perimetral y sólo un 2% de esas mujeres disponía de un botón antipánico.
El aislamiento social obligatorio impuso la convivencia permanente con el entorno familiar, el que no siempre es seguro para las miles de mujeres y disidencias sexo género políticas que, cotidianamente, sufren violencia de género. Según los datos presentados el 89% de los femicidas registrados eran conocidos por las víctimas (63% parejas y/o ex parejas) y el lugar donde fueron ejecutados los femicidios, en el 71% de los casos, fue la casa de la víctima o una vivienda compartida.
El 12 de mayo Familias Sobrevivientes de Femicidios entregaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta una síntesis de las obligaciones que está incumpliendo el Estado y, por lo tanto, los derechos que está vulnerando. Compartimos el escrito:
“En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.
Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.
Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.
Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.
Así, no podemos seguir ni un día más.
Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.
Al concretarse el Estado argentino estará cumpliendo sus obligaciones y dando un paso determinante para que la letra de la ley se convierta en hechos.
Nuestras tres exigencias son las siguientes:
1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:
El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.
En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80, según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni un día más.
Reglamentación actual:
A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.
Reglamentación necesaria:
Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutención. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.
2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.
En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.
Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territoriales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zonas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.
a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.
b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policías y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito jurisdiccional controlado por las redes que produjeron el delito.
b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadías a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.
c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.
d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.
f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.
g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.
h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación continua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.
h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:
1) Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral
2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos
3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.
3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.
La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.
Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.
En las actuales circunstancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro y presente.
Exigimos:
1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.
2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho”.
Familias Sobrevivientes de Femicidios
Mayo 2021