“¿Para qué seguir trayendo gente al mundo en esas condiciones?”, le dijo una médica a Pilar cuando estaba por parir en el Hospital Distrital de Caaguazú. La historia de Pilar no es única.
Antes de la pandemia de Covid-19, las personas que viven con VIH en Paraguay tenían problemas de acceso al trabajo y a la salud por estigmatización y falta de información. La crisis sanitaria agravó esto e hizo que aumentara la violencia laboral, la discriminación en los centros de salud y la violencia de género por estado serológico.
En plena cuarentena, el año pasado Pilar dio a luz a su hija en el Hospital Distrital de Caaguazú. Ese día, fue a Urgencias Médicas con su marido porque ya había entrado en trabajo de parto. Su bebé estaba por nacer pero desde que llegó al hospital puso en conocimiento a todes les médiques que ella no podía tener parto vaginal. En el apuro, la pasaron a sala y la prepararon para un parto vaginal. “Licenciada, yo no puedo tener a mi hija por parto normal porque soy VIH positiva”, le dice Pilar a la enfermera.
“Esta es la lista de medicamentos que le tenés que pedir que compre a tu marido”, le dijo la médica. Eran casi 300 dólares (2 millones de guaraníes) en medicación. Y la dejaron sola en una camilla, sin permitirle el ingreso a la sala a su marido. Ella sentía que su hija nacía en cualquier momento.
Cuando ingresó a la sala de cirugía la doctora le leyó la solicitud de ligadura de trompas y le dijo: “La verdad que es la mejor decisión porque ¿para qué seguir trayendo gente al mundo en esas condiciones?”. Pilar estaba asustada porque no era la primera vez que la maltrataban en ese hospital. Tres meses atrás, se había acercado por un sangrado y la misma cirujana le dijo que si no aguantaba a su turno iba a tener que devolverle a su bebé en una bolsita.
“Las cosas que dicen duelen mucho. Cuando uno está por dar a luz lo que menos quiere escuchar uno son estupideces. Le pregunté cómo me iba a cortar porque era mi primera cirugía y me dijo: ‘¿querés que te dibuje también?’. Y siento que por eso mismo me cortaron de la manera en que me cortaron. Si ves el tajo que me hicieron. Vertical, a propósito, como en los años 70. Quedó piel con piel y estuve destrozada por meses”, contó Pilar a Presentes.
La historia de Pilar es una en muchísimas que quedan invisibles y naturalizadas entre las al menos 15.888 personas viviendo con VIH en Paraguay, según cifras publicadas en 2019 por el Ministerio de Salud Pública.
Mariana Iacono, feminista, trabajadora social y parte del secretariado de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW Latina), considera que las violencias aparecen desde el momento en que una mujer o persona gestante con VIH decide que quiere parir.
“Es distinta que ligadura de trompas o infertilización sea no consentida a que sea por coacción. Una cosa es que te despiertes y tengas tus trompas ligadas y otra cosa es que te convenzan y termines pidiendo que te las liguen y que vos creas que lo decidiste”, contrasta Mariana. Las violencias que viven las mujeres y personas gestantes con VIH abarca un amplio espectro: va desde la violación de la confidencialidad de les pacientes y la violencia verbal (expresiones como: “te lo buscaste”) hasta la violencia física que opera como un castigo sobre el cuerpo de las personas con VIH.
“La violencia verbal es súper fuerte. Muchas veces no es directa y explícita sino también mucho más simbólica y sutil. Entonces, quien no está atento en este momento a esto tal vez no lo percibe como tal y te cae la ficha después. Como yo me busqué esto, yo estoy poniendo en riesgo a la persona que estoy pariendo, entonces la violencia como sacrificio y como pago del pecado. Ahí es cuando interviene la religión y lo cultural que nos meten las religiones sin darnos cuenta”, reflexiona Mariana.
La mayoría de las personas diagnosticadas y en tratamiento se encuentran en los departamentos de Amambay, Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, Asunción y Central. Para muchos, su situación de vulnerabilidad se vio agravada: algunes perdieron el trabajo y ya no les alcanzaba ni para comer. Les usuaries de los tratamientos antirretrovirales (ARV) se pusieron en contacto con Vencer para que les hiciera llegar los medicamentos a domicilio.
Cuando inició la pandemia, tanto el Programa Nacional de Control del VIH/SIDA e ITS (Pronasida) como la Fundación Vencer (una ong que trabaja con personas que viven con VIH) implementaron un sistema de distribución a domicilio de medicamentos para que las personas continúen accediendo a su medicación sin tener que acercarse a los servicios de salud.
Juan Sebastián Cabral, coordinador de Monitoreo y Evaluación de la Fundación Vencer, explica que cruzaban información con Pronasida para que nadie se quedara sin tratamiento.
Andrea es consejera de VIH/Sida en el Hospital Regional de Coronel Oviedo Dr. José A. Samudio. Ella vive en la ciudad de Caaguazú y tenía que viajar 46 kilómetros hasta Coronel Oviedo todos los días para asistir a los pacientes. Según cuenta, son alrededor de 60 personas las que viven con VIH en Caaguazú. Muches tienen familia, la mayoría tiene que seguir trabajando para sostener el hogar pero tenían miedo de contagiarse en los centros de salud y llevar el virus a sus hogares. Así fue que, por más de 3 meses, Andrea les acercó sus medicamentos a 40 Caaguaceños en la puerta de sus casas.
“Al principio se dijo que las personas que vivíamos con VIH éramos las que más estábamos expuestas a que más rápido nos agarre el virus. Pero a medida que fuimos informándonos más y más nos dimos cuenta de que era mentira. La mayoría ya tuvimos covid y no nos agarró mal, fueron casos leves. La desinformación fue lo que más nos hizo tener miedo al principio. Nosotros no estábamos más expuestos que el resto, como dijeron en las noticias”, afirma Andrea.
Discriminación laboral
El Centro de Consejería y denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos de la Red de ONGs que trabajan en VIH en Paraguay -conformada por organizaciones como la Fundación Vencer y Panambi- recibió 266 denuncias por discriminación entre el 2019 y el 2020
Entre las 51 personas que sufrieron discriminación laboral, 9 casos son por despidos injustificados, 26 por exigencia de test de Elisa o examen de VIH, 14 por discriminación por estado serológico y 2 por violación a la confidencialidad. Y, como no está aprobada la Ley “Julio Fretes” Contra Toda Forma de Discriminación, no existe un mecanismo de denuncia establecido. El proyecto de ley está pendiente de estudio en Senadores. No se trata desde el 2014 aunque cuenta con dos dictámenes favorables de dos comisiones asesoras.
Cabral explica que en el ámbito laboral, a las personas se las echa de su trabajo al conocer su estado serológico. Se les niega el acceso al trabajo, y se las excluye en el ámbito académico y familiar. “Es el pan nuestro de cada día. Muchas personas fueron apartadas por sus familiares una vez que se enteraron que vivían con VIH. Ya no los invitan a los cumpleaños, ya no comparten la mesa con ellos y hasta tienen artículos personales por separado”, expresa Cabral.
Entre las denuncias de violencias laborales que recepcionaron el año pasado desde Vencer, hubo un caso de dos aspirantes a la Academia Militar (Academil), que es un ente gubernamental. Allí tenían como requisito que les aspirantes sean sometides a un diagnóstico de VIH. Esas dos personas confirmaron que fueron desvinculadas del proceso por haber dado positivo a la prueba de VIH.
El artículo 21 de la Ley 3.940/09 VIH/Sida prohíbe la realización de “actos arbitrarios, hostigamientos, violación de la confidencialidad acerca del estado serológico, despidos u otra forma de discriminación en el empleo, así como ejercer sobre el mismo cualquier tipo de presión o coacción para que éste se realice la prueba laboratorial para el diagnóstico de infección por VIH, y condicionar a la realización o al resultado de la prueba el acceso, promoción o permanencia en los puestos de trabajo”.
Trabajadorxs sexuales y personas LGBT: estigma y resistencias
De acuerdo al índice de estigma y discriminación en personas con VIH en el 2016-2017, la discriminación no solo se debe al estado serológico de la persona sino por razones como la identidad de género o la orientación sexual. Cerca del 45% de les diagnosticades pertenecen a alguna de estas 3 poblaciones más vulnerables afectadas por el VIH: HSM (hombres que tienen sexo con hombres), personas trans y mujeres trabajadoras sexuales. Eso provoca mucho prejuicio y la negación a bienes y servicios, en especial, la vivienda, la educación, el trabajo y la salud.
La única atención que recibieron del Estado las personas VIH positivas fue la medicación gestionada por Pronasida, en conjunto con la Fundación Vencer. Sin embargo, a la situación de emergencia alimentaria, la exposición al virus a través del trabajo sexual y la falta de elementos de bioseguridad la resolvieron las organizaciones sociales.
La asociación de trabajadoras sexuales de Paraguay Unidas por la Esperanza (UNES), Panambi, Vencer, Casa Diversa y muchas otras se organizaron para acercarles alimentos. En ocasiones, gestionaban colectas para pagar los insumos o ingredientes para que se hagan las ollas populares. A esas iniciativas llegaron a distintos puntos del país, y trataban de que a ninguna persona que viviera con VIH ni a sus familias le faltara un plato de comida.
Las personas trans no fueron beneficiadas con ninguno de los programas del Gobierno: Ñangareko y Pytyvõ, esto se relaciona con el hecho de que la cédula tiene los datos de la partida de nacimiento y se perciben como “no coincidentes” con la imagen de la persona trans solicitante. Con esfuerzo propio y colaboraciones privadas, las organizaciones trans pudieron realizar entregas de bolsas de alimentos no perecederos y productos de higiene.
Tanto Emilia como Carla perdieron su trabajo al inicio de la pandemia. Trabajaban como promotoras de salud en una organización de defensa de derechos de personas trans. De a poco, comenzaron a ver que sus compañeras en las distintas ciudades ya no requerían profilácticos ni elementos de higiene porque había caído la oferta del trabajo sexual. Ellas mismas tuvieron que abandonar las calles.
“Tenemos que comer, pagar nuestras deudas, y no nos alcanzaba. Nosotras varias veces tuvimos que irnos muy lejos por trabajo: Areguá, Ypané y nosotras vivíamos en San Lorenzo. Me movía en colectivo siempre y eso era inseguro siempre porque es donde está el principal foco del contagio”, dice Carla y cuenta que a veces esperaba hasta tres horas en la parada del colectivo la mañana siguiente.
“Para nosotras, las personas trans que vivimos con VIH, lo que más nos afecta es la salud, la vivienda, el trabajo. El Estado estuvo ausente y se notó más ahora en la pandemia. Pero el Estado tiene que proveer al pueblo paraguayo, en general. No que por ser gay, trans, lesbiana se nos tiene que excluir. Eso siempre pasa, porque somos raras no nos toca a nosotras. La gente normal, entre comillas, tiene salud, educación y vivienda y nosotras cero”, agrega Emilia.
En el caso de las mujeres cis que viven con sus parejas varones (también cis), la violencia está atravesada por una matriz de género y, a su vez, se agrava en el caso de que una de las partes tenga un diagnóstico positivo. No siempre las parejas asumen un grado de responsabilidad ahí. En muchos casos, el varón no conoce su estado serológico por temor al resultado y cuando se entera, automáticamente transfiere la responsabilidad a la mujer. Este fue otro aspecto que se multiplicó en pandemia.
Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/06/07/vih-paraguay/