Desde hace años los vecinos y las vecinas de Laferrere buscan crear una Reserva Natural en un predio de más de 80 hectáreas que les brindaría un gran pulmón verde, un bien escaso en la zona. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y la Municipalidad de La Matanza, impulsados por los intereses de la Cámara Argentina de la Construcción, abrieron una licitación para edificar viviendas en ese lugar.
En la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, Jorge Newbery fundó en 1943 un Aeroclub en un predio de 83 hectáreas. Aunque hace muchos años que ya no funciona y permanece desprotegido, sigue formando parte de la identidad de la ciudad y del barrio.
En 2005, la ley provincial 13.393 lo declaró “Bien de Interés Histórico Testimonial” (modificatoria 14.675-año 2015), y en 2006 se sumó la Ordenanza 14.898 de 2006 que caracterizó al predio como “Zona de preservación ecológica ambiental a forestar”. En 2007, la Ordenanza 15.391 ratificó el espacio como zona a preservar, por ser un verdadero pulmón ecológico y reserva natural, convirtiendo al ex Aeroclub en patrimonio de interés histórico y cultural.
Hoy ese predio es uno de los espacios verdes más grandes de La Matanza. Sin embargo, según el último censo realizado en Argentina, en 2010, en Laferrere hay 0,56 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, mientras que según la Organización Mundial de la Salud por cada habitante de una localidad debe haber entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde de acceso público.
Desde hace años vecinos y vecinas proponen transformar el predio del Aeroclub en una reserva natural. Si se toma en cuenta este predio, los espacios verdes de acceso público en Laferrere se distribuirían así: “Reserva” 81%, Plazas 11%, Canchas 5%, Bordes 3%, Plazoletas 0%. Por lo que el predio tiene particular relevancia para Laferrere, pero también para localidades cercanas como Isidro Casanova, Rafael Castillo, González Catán, que comparten la misma problemática.
“Es un lugar que queremos proteger por su función ecosistémica que tiene mucha relevancia para este lugar porque se sufren muchísimas inundaciones, sobre todo en la parte baja, en la desembocadura del Matanza; y si se siguen destruyendo los espacios verdes la situación será peor. (…) Queremos salvar lo que llamamos el último pulmón verde”, aseguró Sergio Barraza, docente y uno de los vecinos promotores de la Reserva Natural de Laferrere.
Lo hizo en el marco del conversatorio “¿Cómo planificamos nuestras ciudades? La tensión entre urbanización, acceso a la vivienda y ambiente”, que organizó la Tecnicatura Superior en Economía Social de La Matanza, la APDH La Matanza, Jóvenes por el Clima, entre otros; y de la que también participaron el matemático Rafael Grimson, que trabaja en el Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; y Eduardo Reese, urbanista y especialista en Desarrollo Urbano.
El proyecto de los vecinos y vecinas no ha recibido el aval y apoyo necesario por parte de organismos y fuerzas políticas para que pueda concretarse; y actualmente está en vigencia una licitación para la construcción de 2406 viviendas en ese predio, en el marco del Plan Procrear.
Esta instancia del Plan incluye 207 unidades de Planta Baja, 665 unidades de planta baja y un piso, 39 unidades de 2 pisos y planta baja, 22 torres de 8 pisos y planta baja. “No se puede construir edificios en Laferrere, pero seguramente el Concejo Deliberante lo apruebe pronto. Esto no solo llevará impacto en el predio de la Reserva, sino también dentro de la ciudad, porque si se habilita la construcción dentro del predio también se lo hará para el resto de la ciudad. (…) Esto dejaría prácticamente sin reserva, se pierde superficie de retención y absorción de agua”, explicó Barraza.
La importancia de los humedales
“Durante mucho tiempo se creía o se decía que había que sanear los humedales, que traían enfermedades, mosquitos, que había que secarlos, drenarlos. Esa concepción cambió y hoy se sabe que tienen muchas funciones importantes para el ecosistema. Hoy se considera que son un ecosistema aparte, diferente a los terrestres y acuáticos”, señaló el matemático Rafael Grimson, que trabaja en el Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y forma parte del Grupo de Estudio de Humedales Urbanos.
Grimson explicó que existen tres tipos de ocupación de espacios de humedales. Por un lado la ocupación privada, siendo el ejemplo más claro el de los barrios privados como Nordelta que se imponen en el paisaje y lo transforman. En este punto, Grimson mencionó también el Barrio Privado San Sebastián, ubicado en el valle de inundación del Río Luján: “El barrio está elevado, para evitar que el agua ingrese. Con el barrio se modificó la estructura del valle de inundación y se modifican las funciones ecosistémicas, el agua corre de otra manera. El tamaño del valle tiene que ver con lo que el agua necesita, si se modifica no puede no haber consecuencias”.
Otra forma de ocupación es la informal que implica ocupaciones más precarias, pequeñas, realizadas por personas que viven en mucha vulnerabilidad. En este sentido, Sergio Barraza detalló que en los años ’80, e incluso antes durante la dictadura, hubo en la zona de La Matanza históricas tomas de tierra por necesidad, esta presión urbana hizo desaparecer en parte los espacios verdes y pobló lo que hoy es Laferrere. Especificó además que localidades como Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Madero, son densamente pobladas, pero tienen edificios, complejos habitacionales importantes; mientras que el centro de La Matanza, Rafael Castillo y Laferrere, en los que se superan los mil habitantes por kilómetro cuadrado, no tienen este tipo de construcciones: “Hay una situación de hacinamiento muy importante, que se nota en la pérdida de los espacios verdes que quedaban, hay varias viviendas por lote, construcción y hacinamiento en el mismo lote, porque no hay acceso a la tierra, a la vivienda digna”.
Finalmente, está la ocupación estatal, que es la que se propone para el predio de Laferrere y otras localidades como Ciudad Evita. Se trata, según Grimson, de “ocupación estatal de espacios verdes que deberían ser reservas naturales”, aunque subrayó que la licitación prevista para Laferrere “no contempla en lo más mínimo el ambiente, ni el bienestar de la gente”.
Proyecto de Reserva Natural de Laferrere
La iniciativa empezó hace cuatro años con gran participación de vecinos y vecinas que hoy forman un colectivo. Sergio Barraza es uno de ellos y señaló que los tres ejes del proyecto son: la Reserva Natural, que protege el pastizal pampeano, que es un ecosistema muy amenazado y poco protegido; parquización con sectores de recreación y deportes alrededor de todo este sistema de reserva; y el Museo y Centro de Interpretación en las instalaciones de ex Aeroclub Argentino, todo con acceso público y gratuito.
Actualmente en el predio hay 156 especies vegetales registradas, de las cuales el 70% son nativas; en cuanto a la fauna hay 59 especies de aves, además de anfibios, reptiles y mamíferos.
Respecto a los servicios ecosistémicos que la Reserva podría brindar a Laferrere, Barraza enumeró depuración del aire y agua; recarga de acuíferos; retención y absorción de excedentes hídricos durante las lluvias; protección de suelos y riberas de erosión; regulación de temperaturas; captura de carbono; sanidad en el ambiente; sitios de esparcimiento y recreación; espacio para educación ambiental.
En estos cuatro años se han organizado caminatas, las primeras se hicieron para que los vecinos y las vecinas conocieran el predio y entendieran su importancia; jornadas de trabajo, plantación de árboles, limpieza, barrileteada, festivales, siempre con mucha participación y ganas de recuperar el espacio verde.
Sin embargo, las ganas y necesidades de los vecinos y vecinas se chocan con ciertos obstáculos y/o intereses, que impiden la concreción de este proyecto.
Ya en 2010 se había derogado la Ordenanza 14.898, que declaraba este predio como zona de preservación ecológica ambiental a forestar, para construir un hospital. Aunque el nosocomio terminó ocupando sólo 7 de las 83 hectáreas originales, se dejó desprotegida a la totalidad del terreno.
Hace poco los vecinos y vecinas presentaron un amparo en el que plantearon la inconstitucionalidad de esta derogación y su incongruencia con la Ley General del Ambiente: “Entre sus principios está el de progresividad, que lleva implícito el de no regresión, no se puede derogar algo que daba protección ambiental a un lugar, no se puede dar marcha atrás con una protección ambiental”, explicó Barraza.
A su vez, en 2019 elaboraron un proyecto fundamentado para poner en marcha la ordenanza y en 2020 presentaron directamente el texto del proyecto ya escrito para que los integrantes del Concejo Deliberante de La Matanza solo tengan que debatirlo y aprobarlo, pero no lo hicieron: “Hoy se está en la actual situación crítica, sin protección legal del predio, que corre grave peligro. Reclamamos además que se haga una audiencia pública y se elabore el impacto ambiental”, remarcó Barraza.
Ley de Humedales pendiente
Durante el 2020 la necesidad de una Ley de Humedales estuvo al frente de la agenda luego de que miles de hectáreas de humedales fueran víctimas de incendios provocados. Sin embargo, el tema ya lleva décadas de negociación en el país. En 1991 Argentina suscribió el Convenio de Ramsar, vigente desde 1975, que promueve la cooperación internacional para enfrentar la pérdida de humedales. Esta Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental que brinda un marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. En este marco, se declararon de interés internacional 23 humedales de todo el país.
Desde 2013 se han presentado varios proyectos en defensa de los humedales en el Congreso Nacional, que fueron perdiendo estado parlamentario. El año pasado se presentaron 13 iniciativas en este sentido y a fin de año la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, Restauración Ecológica y Uso Racional y Sostenible de los Humedales, que nuclea a 10 de los proyectos debatidos.
Esta iniciativa propone la creación de un inventario nacional de humedales; plantea la restauración ecológica, es decir la recuperación de un sistema dañado, degradado o destruido por acción de los seres humanos; penaliza los incendios intencionales y prohíbe la aplicación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluidas las fumigaciones aéreas y terrestres. Además se crea el Fondo Nacional de Humedales, con fondos del presupuesto nacional, préstamos y donaciones.
Para poder ser tratado en el recinto, este proyecto debe obtener a su vez dictamen en otras comisiones de la Cámara Baja como las de Agricultura y Ganadería; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal. Es imprescindible que esto ocurra este año para que el proyecto no pierda estado parlamentario.
En este marco, se vienen realizando distintas actividades y protestas para exigir el tratamiento y aprobación de esta iniciativa. Una de ellas es la Gran Travesía por los Humedales que organiza la Multisectorial Humedales para el mes que viene. Invitan a sumarse con vehículo por tierra o embarcación (a remo o motor) por agua a los vecinos y vecinas de las localidades por las que pasará esta gran travesía, que partirá el 11 de agosto desde Rosario para llegar a la Ciudad de Buenos Aires el 18 de agosto, día en que se llevará adelante una marcha que irá desde la Casa Rosada al Congreso, donde se entregará un petitorio a los presidentes de las comisiones que deben tratar el proyecto.
La falsa dicotomía ambiente-vivienda
Para entender qué pasa (y no pasa) con el proyecto de Reserva Natural de Laferrere alcanza, quizás, con ver desde dónde se piensan y elaboran las políticas públicas urbanas, la mirada que tiene el Estado sobre qué hacer con el ordenamiento territorial y ambiental, con los espacios sin construir.
Para el urbanista y especialista en Desarrollo Urbano Eduardo Reese existe una idea respecto a que “si un espacio está vacío hay que llenarlo”, y es un enfoque que aparece en la actual legislación territorial, vigente desde los años de la última dictadura cívico militar. Efectivamente, una ley de la dictadura es la que rige la manera de ver la ciudad y el territorio en general.
En este sentido, Reese expresó: “(Se trata de una) mirada tecnocrática sobre el territorio que sigue impregnando esta idea de que si tengo un espacio vacío hay que llenarlo, porque si está vacío no sirve. Si es el mercado lo llena con barrios privados, centros logísticos, etc. (…) En la Capital Federal se discute la venta y la construcción de la costa del Río de la Plata, como está vacía, al secretario de Planeamiento porteño no se le ocurrió mejor idea que decir que se puede llenar con catorce torres, para que la Ciudad pueda llegar al río. Pero quién dijo que esa es la forma de llegar”.
El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de Argentina rige justamente el ordenamiento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
Reese mencionó también el hecho de que los municipios tienen una ley orgánica del año ‘34: “Muestra el atraso en la concepción de la política pública de la provincia, atraso que también se mide en la práctica territorial cotidiana”.
El urbanista remarcó entonces la necesidad de cambiar esta perspectiva por una que vincule estos temas con los derechos humanos: “Una política de ordenamiento territorial, ambiental, es una política de derechos humanos en la medida en que afecta las condiciones y la calidad de vida de la población. Estamos hablando de la construcción de derechos. (…) El objetivo último es garantizar los derechos colectivos de la población. (…) Ocupar un humedal con la idea de que eso es parte de una política pública es también un acto de violencia institucional para perjudicar las condiciones de vida de la población”.
En este punto, Reese pidió romper con la trampa de la dicotomía ambiente-vivienda: “Es humedal, calidad ambiental y vivienda, así se entiende el hábitat. La noción de hábitat que guió la Ley de Acceso Justo al Hábitat es la de un entendimiento general, integral de las condiciones de vida de la población”.
En noviembre de 2012 se aprobó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, y fue publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2013. Su principal objetivo es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la Provincia de Buenos Aires. Apunta a producir suelo urbano, facilitar la regularización urbano dominial de barrios informales, atender de manera integral la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
La Ley incluye además la participación social: “Entendida como el mecanismo que ayuda a construir decisiones más democráticas, y más sabias también, en términos de que construir un espacio de articulación entre Estado y sociedad civil es la clave para construir una mejor política ambiental, de vivienda, urbana. (…) La Ley de Acceso Justo al Hábitat en su artículo 57 hace obligatoria la participación social frente a esta cuestión, no dice que los gobiernos nacional y provincial pueden convocar a una mejor o mayor participación, dice ‘debe’. Es obligación del Estado construir y diseñar estas instancias para poder tomar las mejores decisiones. Nunca va a ser extraordinaria, o compartida por todos, pero seguro que si está participada y la sociedad tuvo espacio para opinar y aportar va a ser infinitamente mejor que cualquier decisión autocrática, como esta que uno se levanta una mañana y se entera que salió la licitación de 2400 viviendas en este terreno”, expresó Reese.
“Esta decisión (de construir en el predio de la Reserva) no es del Ministerio de Desarrollo Territorial, no es de la Municipalidad de La Matanza, es una decisión de la Cámara Argentina de la Construcción, que es quien ordena al Ministerio y a la Municipalidad que ahí tiene que haber 2400 viviendas. Para la Cámara esas viviendas no pueden estar en otro lado o en terrenos dispersos, más pequeños, porque la renta de construcción que tiene una masiva repetición de tipologías habitacionales en ese enorme terreno de más de 80 hectáreas obviamente es mucho mayor que si esto se esparciera en pequeños terrenos de la Ciudad. Pero desde el punto de vista urbanístico es infinitamente más importante poder construir pequeños conjuntos esparcidos en territorios del municipio en situaciones urbanas adecuadas que meter 2400 viviendas arriba de un humedal, en un terreno que se supone no sirve para nada. (…)
Esto responde a esa línea vigente desde 1977 hasta acá, que es que el desarrollo urbano lo gobiernan los sectores concentrados de esta sociedad”, agregó Reese al tiempo que advirtió que hay una clara violación a la ley de hábitat de la provincia, motivo para una demanda judicial: “Un juez debería tomarla, que esto se licite sin evaluación previa del impacto ambiental también es violatorio de la ley”.
Durante el Conversatorio, Reese insistió en que el Decreto-Ley 8912/77 debe modificarse por obsoleto: “Pero no ha podido ser revisado, salvo con las modificaciones que se lograron con la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y esto se debe a que es una ley elitista que construye una ciudad para pocos, legisla exhaustivamente para favorecer a los countries y de ninguna manera se preocupa de los sectores populares y de la tierra, y es por eso que un municipio como La Matanza que tendría que tener un banco de tierras para poder afrontar las políticas de vivienda no lo tiene, y eso es herencia de ese urbanismo burocrático. La idea elitista de una ciudad para pocos, que no tiene ambiente, que lo único que hay que hacer es construir para poner la maquinaria de la construcción en marcha y por eso no se modifica, porque tenés esas fuerzas atrás”.
Las evidencias muestran que existen opciones, hay otros espacios disponibles para que el Estado construya y garantice el acceso a una vivienda digna, sin tener que ir contra otros derechos, como son el acceso justo al hábitat, al ambiente y a la salud, derechos que los vecinos y vecinas de Laferrere buscan concretar a través de la Reserva Natural.
