Ante el inminente desalojo de 750.000 hogares estadounidenses, el supercapitalista y superpoderoso EEUU quiere que los abogados del país trabajen gratis ante esta instancia: el Departamento de Justicia pide que se ofrezcan como voluntarios para luchar contra el pavoroso escenario desbocado de desalojos que asoma en el horizonte.
Por Javier Benítez.
Gobierno negligente pide voluntariado
Ante la calamidad que supone que los integrantes de 750.000 hogares, familias estadounidenses enteras, queden en la calle de forma inminente por la negligente gestión de fondos de parte del Gobierno de EEUU, ahora y a cara descubierta, el Departamento de Justicia se atreve a pedir voluntariado a los abogados del país capitalista por antonomasia.
Los números, detrás de los cuales hay vidas humanas, personas cuyas economías fueron azotadas violentamente por la pandemia de coronavirus como consecuencia de una de las gestiones más nefastas que un Gobierno haya tenido, son devastadores: actualmente, entre 2,5 y 3,5 millones de hogares arrastran retrasos considerable en el pago de su alquiler, y la deuda hacia los propietarios asciende a entre 12.000 y 17.000 millones de dólares.
El Tribunal Supremo anuló días atrás la prohibición impuesta sobre los desahucios, que hasta el momento era la red de contención de estos estos inquilinos. Y pese a los 25.000 millones de dólares asignados y distribuidos por el Departamento del Tesoro a gobiernos estatales y locales, la entrega de estos fondos a hogares y propietarios ha sido ‘lenta como el caballo del malo’: en julio sólo 350.000 hogares recibieron ayudas, y a este ritmo entre uno y dos millones de hogares seguirán sin recibir estas ayudas y en riesgo de desahucio cuando el próximo 30 de septiembre expiren las últimas prohibiciones implantadas para hacer frente a la pandemia.
Estado de situación
Spencer Hill, economista senior de Goldman Sachs, en un informe distribuido días atrás entre sus clientes, explica:
“Es probable que el fin de la moratoria de los desahucios provoque un aumento brusco y rápido de las tasas de desalojo en los próximos meses, a menos que la financiación de la Ayuda de Emergencia para el Alquiler [ERA, por sus siglas en inglés] se distribuya a un ritmo mucho más rápido o que el Congreso aborde la cuestión”.
Ante esta negligencia del Gobierno de la que se supone que es la primera economía del mundo, y que gasta anualmente más de 750 mil millones de dólares en armamentos, ese mismo Gobierno ahora pide voluntariado a los abogados para que les arregle el desastre.
“Esto muestra que no todo es lo que lucen los mercados económicos, porque después de todo terminan convocando a profesionales [abogados] para que resuelvan un tema que puede terminar en conflictos sociales inesperados. Una de las preocupaciones de los organismos financieros internacionales en el marco de la pandemia y en la postpandemia, es el conflicto social”, subraya al respecto Julio César Gambina, Dr. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario.
Gambina funda sus argumentos en que mientras transcurre la pandemia, el efecto en la desigualdad social económica es inmensa en EEUU, en Europa, y en los principales países del capitalismo desarrollado. “Y ni hablar en el resto del mundo”, remarca.
“La inequidad en el orden económico mundial se ha potenciado en estos años. Es una tendencia en crecimiento de las últimas cuatro décadas. Digamos que la pandemia ha agravado los problemas sociales. […] Las heridas del pasado reaparecen nuevamente, los temas son los mismos, pero recreados de una manera distinta, y lo que no está contemplado explícitamente en estos análisis [de Goldman Sachs] es la respuesta de la sociedad, que es lo que se conoce como ‘el conflicto social’. Hasta cuándo va a aguantar, en este caso la sociedad estadounidense los desahucios”, cuestiona el Dr. Julio César Gambina.