Paula Lozano, de la Asociación de Abogadxs Laboralistas, asegura que proteger la estabilidad laboral “tiende a mejorar la economía”, y advierte que los proyectos de Juntos por el Cambio “propician los despidos”, “generan más litigios”, y vuelven los derechos laborales “un siglo atrás”.
La polémica propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar la indemnización por despido prevista por la Ley de Contrato de Trabajo se convirtió en proyectos de ley de la mano del diputado nacional Héctor Stefani (PRO) y del senador Martín Lousteau (UCR) que generaron críticas desde todos los ámbitos, también el jurídico.
“Es falso el discurso de que el problema en Argentina son las indemnizaciones laborales”, asegura Paula Lozano, vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, en diálogo con Canal Abierto.
Luego, especifica: “El despido, como decisión unilateral sin causa, es un acto ilícito. Lo es porque vulnera la Constitución Nacional que establece el derecho de la persona trabajadora a tener una protección frente al despido arbitrario. Esto afecta la estabilidad en el empleo y genera un grave daño a la persona que trabaja porque no solamente perdés el salario con todo lo que implica para una familia y para la persona, sino que perdés la posibilidad de tener un proyecto de vida. Si alguien alquila, si tiene acceso a educación, si va a hacer unas vacaciones, si tiene un crédito. El despido afecta la vida en todas sus dimensiones”.
Lo que trascendió de ambos proyectos es la idea de reemplazar las actuales indemnizaciones por un fondo que dieron en llamar Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), financiado con aportes mensuales de los propios trabajadores y contribuciones patronales. Al momento del cese del contrato de trabajo –independientemente de que ocurra por renuncia, acuerdo mutuo o un despido con o sin causa– el trabajador despedido dejaría de cobrar una indemnización completa y pasaría a recibir pagos mensuales hasta conseguir un nuevo empleo o hasta que el fondo se agote.
Para la jurista, la propuesta es “liviana e irresponsable” en un momento en el que, incluso, rige aún la norma que prohíbe los despidos sin causa para proteger el empleo durante la emergencia laboral generada por la pandemia de COVID-19.
“Estos discursos desconocen el conjunto de normas internacionales vigentes, generarían responsabilidad para el Estado y una catarata de juicios laborales. Para los que dicen que el problema (de la Ley de Contrato de Trabajo) siempre es el litigio, si estos proyectos legislativos se aprobasen generarían muchísima litigiosidad porque cualquier juez o jueza laboral que tiene mandato de cumplir con el artículo 14 bis lo va a declarar inconstitucional”, resume.
El mito de la generación de empleo
Como argumento saliente, los promotores de esta ley, agrupados en Juntos por el Cambio, alegan que sería una forma de generar empleo al bajar los costos laborales, algo que Lozano refuta de plano.
“Cíclicamente, en la historia frente a cualquier crisis económica, y eso lo vemos en la década de los 90 en Argentina o en Europa en 2008, se instalaron medidas de austeridad o flexibilizadoras que lo que hacen es quitar derechos laborales y esto nunca generó más empleo –repasa la letrada–. En el momento de nuestro país en que existieron estos contratos ‘basura’, provocaron todo lo contrario. Porque cuando no se garantizan debidamente los derechos laborales las mayorías populares tienen menos ingresos, si tenemos menos ingresos hay menos consumo y eso genera menos fuentes de empleo: es un círculo negativo”.
Desde su lectura, estos proyectos vuelven los derechos laborales “un siglo atrás”. “Lo que pretenden es ir previo a los Mártires de Chicago. En el inicio del capitalismo la persona trabajaba, de sol a sol, sin límites. La edad promedio en la Inglaterra de los famosos talleres textiles era 35-40 años, era la explotación hasta que el cuerpo te lo permitía”, recuerda.
Y remata: “En los países donde se han implementado estas medidas de austeridad cada vez fueron necesitando más medidas flexibilizadoras. Las flexibilizaciones fueron siempre en perjuicio y generaron mayor crisis social, no generaron más puestos de trabajo ni mejores derechos”.
¿A quién beneficiaría eliminar la indemnización por despido injustificado?
“Que esto beneficia a las empresas es una visión muy inmediatista porque que existan derechos laborales no las perjudica. Que una persona tenga garantizado un salario digno, una estabilidad del empleo, en realidad genera mano de obra más calificada, más estable, con posibilidad de capacitación. La existencia de salarios dignos y derechos laborales tiende a mejorar la economía, no a empeorarla”, argumenta Lozano.
“Si nos preguntamos en qué sectores de la economía hay rentabilidad, no tienen nada que ver con la existencia o no de derechos laborales. Las áreas de la economía que tienen más rentabilidad la tienen por cuestiones macroeconómicas –analiza la referente de los laboralistas–. Por ejemplo, la industria de la construcción tiene desde hace bastantes años un estatuto, la ley 22.250, que establece un fondo de cese de empleo, que no es similar a estos proyectos pero se va conformando con aportes mensuales, se retira en el momento del despido la suma entera y es indistinto el motivo de la extinción del contrato. Pero no hay más niveles de actividad ni de contratación por la existencia de este tipo de fondo. Cuando hay más puestos de trabajo en la construcción es porque hay mayores posibilidades de desarrollo de la obra pública o privada”.
Esta modificación de la legislación laboral tampoco, al parecer, beneficia al trabajador. “Algo que es muy grave de estos proyectos es que no operan como desaliento del despido porque para el empresario es indistinto si despide o si la persona renuncia. Entonces, ¿qué pasa si en un establecimiento las personas se organizan y reclaman derechos? Esas personas pasan a ser molestas y es fácil despedirlas porque sale gratis. Estos proyectos, en lugar de desalentar los despidos, los propician”, afirma Lozano en Canal Abierto.
Para ella, en cambio, se trata de un discurso que intenta “disputar sentido común de cierto electorado por derecha” y “empatizar con quien tiene un emprendimiento, quien tiene un kiosquito, y no se tiene en cuenta qué hay detrás de eso”.
“De todos los sistemas posibles de protección frente al despido, el que existe en nuestro país no es el más protector”, asegura, ya que permite al empleador dejar sin empleo a una persona de un día para el otro, discrecionalmente, algo que está prohibido en otros países. Ante esto, “la única reparación que prevé la legislación argentina es una indemnización tarifada, que tiene en cuenta la antigüedad en el empleo y la remuneración, y habría que preguntarse si esto satisface una reparación adecuada”, finaliza.