Un informe revela la existencia de “zonas de sacrificio” medioambientales, lugares cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud y ven violados sus derechos por vivir en focos de polución y zonas altamente contaminadas. Un relator de derechos humanos pide su limpieza y llama la atención sobre la intoxicación que sufre el planeta.
Fuente: Noticias ONU – Naciones Unidas
Nos estamos envenenando y estamos envenenando el planeta: en su último informe, el relator* especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio saludable asegura que la intoxicación de la Tierra se intensifica, sin que ello sea motivo de atención por parte de la opinión pública.
“Mientras la emergencia climática, la crisis mundial de la biodiversidad y el COVID-19 acaparan los titulares, la devastación que la contaminación y las sustancias peligrosas causan en la salud, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas sigue sin suscitar apenas atención. Sin embargo, la contaminación y las sustancias tóxicas causan al menos nueve millones de muertes prematuras, el doble del número de muertes causadas por la pandemia en sus primeros 18 meses”, afirma David R. Boyd.
De hecho, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación, una cifra que triplica la suma de las muertes por sida, malaria y tuberculosis y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras, los asesinatos y otras formas de violencia.
La contaminación atmosférica es el mayor contribuyente ambiental a las muertes prematuras, al causar unos siete millones de ellas cada año.
La exposición a sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endocrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida.
Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a factores de riesgo ambientales evitables, la inmensa mayoría de los cuales implica la exposición a la contaminación y a las sustancias tóxicas.
El envenenamiento se intensifica
“La toxificación del planeta Tierra se intensifica”, dice Boyd, que señala que, aunque hay algunas sustancias que se han prohibido o cuyo uso se está eliminando, la producción, el uso y el desechado de productos químicos peligrosos, en general, sigue aumentando rápidamente.
Cada año se emiten o vierten cientos de millones de toneladas de sustancias tóxicas al aire, el agua y el suelo. La producción de sustancias químicas se duplicó entre 2000 y 2017, y se espera que se duplique de nuevo para 2030 y se triplique para 2050, produciéndose la mayor parte del crecimiento en los países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el resultado de este crecimiento será un aumento de la exposición a los riesgos y un empeoramiento de las repercusiones para la salud y el impacto ambiental.
“El mundo está pasando apuros para hacer frente a las amenazas químicas de antes y de ahora”, dice Boyd, que ha contado con el apoyo para su informe del relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana.
Por ejemplo, el plomo se sigue utilizando de forma generalizada a pesar de que se conoce desde hace tiempo su toxicidad y sus devastadoras consecuencias para el desarrollo neurológico en la infancia. El plomo causa cerca de un millón de muertes al año, así como daños demoledores e irreversibles en la salud de millones de niños.
Entre los motivos de preocupación recientes figuran las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, los alteradores endocrinos, los microplásticos, los plaguicidas neonicotinoides, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los residuos farmacéuticos y las nanopartículas.
Sustancias eternas
Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas son un grupo de miles de sustancias químicas de extendido uso en aplicaciones industriales y de consumo, como las espumas para sofocar incendios y los revestimientos hidrófugos y lipófobos para textiles, papel y utensilios de cocina.
Se les conoce como “sustancias químicas eternas” (forever chemicals) debido a su persistencia en el medio ambiente.
Además, son tóxicas y bioacumulativas, pues van acumulándose en los tejidos de los organismos vivos y aumentando su concentración según ascienden en la cadena alimentaria.
Prácticamente todas las personas de los países industrializados tienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en su organismo. La exposición a estos productos se ha asociado a lesiones hepáticas, hipertensión, disminución de la respuesta inmunitaria, disminución de la fertilidad, menor peso al nacer y cáncer testicular y de riñón.
En la Unión Europea, los costos relacionados con la salud que se derivan de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas oscilan entre los 52.000 y los 84.000 millones de euros anuales, mientras que los costos de tratamiento y recuperación del suelo y las aguas contaminadas van de los 10.000 a los 170.000 millones de euros.
Otras formas de contaminación más conocidas proceden de la extracción, el procesamiento, la distribución y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que producen ingentes volúmenes de contaminación y sustancias químicas tóxicas.
Los combustibles fósiles son también la principal materia prima de las industrias petroquímica y del plástico, altamente contaminantes. La agricultura industrial contamina el aire, el agua, el suelo y la cadena alimentaria con plaguicidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos y medicamentos peligrosos.
Otras industrias que producen enormes volúmenes de contaminación y sustancias tóxicas son la minería y la fundición, la industria manufacturera, el sector textil, la construcción y el transporte.
Polución omnipresente
Los contaminantes tóxicos son omnipresentes hoy en día, hallándose desde las más altas cumbres del Himalaya hasta las profundidades de la Fosa de las Marianas.
Los seres humanos están expuestos a sustancias tóxicas a través de la respiración, los alimentos y la bebida, por contacto con la piel y a través del cordón umbilical en el vientre materno. Los estudios de biomonitorización revelan la presencia de residuos de plaguicidas, ftalatos, pirorretardantes, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, metales pesados y microplásticos en nuestro organismo. Incluso se encuentran sustancias tóxicas en los recién nacidos.
Además, todas esas sustancias tóxicas están relacionadas con los otros dos aspectos de la triple crisis ambiental mundial: la emergencia climática y el declive de la biodiversidad.
La industria química agudiza la emergencia climática al consumir más del 10 % de los combustibles fósiles producidos en el mundo y emitir unos 3300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año.
El calentamiento global contribuye a la liberación y movilización de contaminantes peligrosos procedentes del deshielo de los glaciares y del permafrost.
La contaminación y las sustancias tóxicas constituyen también uno de los cinco principales motores del catastrófico declive de la biodiversidad, con efectos especialmente negativos para los polinizadores, los insectos, los ecosistemas de agua dulce y marinos (incluidos los arrecifes de coral) y las poblaciones de aves.
La contaminación también es una cuestión de desigualdad
Aunque todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre las personas, los grupos y las comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica.
Los países de ingreso bajo y mediano son los más afectados por las enfermedades relacionadas con la contaminación, pues representan casi el 92 % de las muertes por esta causa. Además, más de 750.000 trabajadores mueren anualmente debido a la exposición a sustancias tóxicas en el entorno laboral, entre ellas la materia particulada, el amianto, el arsénico y los gases de escape de motores diésel.
La gestión de desechos sin las debidas condiciones de seguridad, en particular el vertido, la combustión al aire libre y el procesamiento informal de desechos electrónicos, baterías de plomo y plásticos, expone a cientos de millones de personas del Sur Global a cócteles químicos, como son los pirorretardantes bromados, los ftalatos, las dioxinas, los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el bisfenol A, denuncia el relator.
Las mujeres, los niños, las minorías, las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas de edad y las personas con discapacidad son potencialmente vulnerables, por diversas razones económicas, sociales, culturales y biológicas. Los trabajadores, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, están en situación de riesgo debido a la elevada exposición en sus puestos de trabajo, las malas condiciones laborales, el escaso conocimiento de los riesgos químicos y la falta de acceso a la atención de la salud. Y millones de niños trabajan en sectores potencialmente peligrosos como la agricultura, la minería y el curtido, mientras que existen viviendas sociales con presencia de amianto, plomo, formaldehído y otras sustancias tóxicas.
Zonas de sacrificio
Los sitios contaminados suelen encontrarse en comunidades desfavorecidas. Se calcula que en Europa hay 2,8 millones de sitios contaminados, mientras que en los Estados Unidos se han delimitado más de 1000 sitios nacionales de saneamiento prioritario, entre cientos de miles de emplazamientos contaminados.
En los países de ingreso bajo y mediano están generándose nuevos sitios contaminados debido a la industrialización (por ejemplo, las centrales eléctricas de carbón) y al extractivismo (por ejemplo, la extracción de oro artesanal y en pequeña escala). En numerosos Estados, la limpieza y el saneamiento se retrasan por la falta de fondos disponibles.
Boyd revela la existencia de “zonas de sacrificio”, cuyas comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y sustancias tóxicas.
“Algunas comunidades son objeto de injusticias ambientales consistentes en un grado de exposición tan extremo a la contaminación y a las sustancias tóxicas en sus lugares de residencia que estos se han denominado zonas de sacrificio. La frase se originó en la época de la guerra fría, cuando designaba las zonas que quedaban inhabitables debido a los experimentos nucleares de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los cuales provocaban niveles de radiación elevados y persistentes”, explica el experto en derechos humanos.
En la actualidad, por zona de sacrificio puede entenderse un lugar cuyos residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud física y mental y violaciones de sus derechos.
En América Latina y el Caribe, identifica varias de esas zonas:
En Chile, señala Quintero-Puchuncaví, un complejo industrial con refinerías de petróleo, instalaciones petroquímicas, centrales eléctricas de carbón, terminales de gas y una fundición de cobre. En 2018, un importante incidente de contaminación atmosférica hizo enfermar a cientos de escolares.
En La Oroya (Perú), donde hay una fundición de plomo, un pavoroso 99 % de los niños presentan niveles de plomo en sangre que superan los límites aceptables.
También en el Perú, en Cerro de Pasco, los habitantes están expuestos a metales pesados porque hay una enorme mina a cielo abierto.
El agua y el suelo de Guadalupe y Martinica (Francia) están contaminadas por niveles peligrosos del plaguicida clordecona. El 90 % de los habitantes tienen clordecona en la sangre, lo que aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer. Además, los vertederos de numerosos países del Caribe se incendian con regularidad generando sustancias químicas extremadamente peligrosas.
“El hecho de que sigan existiendo zonas de sacrificio es una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad. Creadas a menudo con la connivencia de Gobiernos y empresas, las zonas de sacrificio están en contradicción directa con el desarrollo sostenible y menoscaban los intereses de las generaciones presentes y futuras. Las personas que habitan las zonas de sacrificio viven explotadas, traumatizadas y estigmatizadas. Se las trata como si fueran desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia en los procesos de toma de decisiones y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos. Las zonas de sacrificio existen en los Estados ricos y pobres, en el Norte y en el Sur”, dice Boyd.
Injusticias medioambientales
Muchas de las injusticias ambientales son transnacionales, ya que el consumo en los Estados ricos tiene graves consecuencias para la salud, los ecosistemas y los derechos humanos en otros Estados.
Los Estados de ingreso alto siguen exportando irresponsablemente materiales peligrosos, como plaguicidas, desechos plásticos, desechos electrónicos, aceite usado y vehículos desechados, junto con los riesgos sanitarios y ambientales que acarrean, a países de ingreso bajo y mediano, aprovechando que estos países suelen tener una reglamentación menos estricta y su aplicación es limitada.
Las empresas de la Unión Europea tenían previsto exportar más de 81.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en 2018.
Aproximadamente el 80% del desguace de buques se realiza en las playas de Bangladesh, la India y el Pakistán, en las que trabajadores sin protección están expuestos a sustancias químicas tóxicas.
En algunos países, hasta el 95 % de los desechos electrónicos son procesados de manera informal por personal no calificado que carece del equipo adecuado, quedando expuesto a importantes niveles de metales pesados, bifenilos policlorados, pirorretardantes bromados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas.
Responsabilidad de las empresas
Para Boyd, las empresas deberían actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones, pero asegura que hay innumerables ejemplos de empresas que violan el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible generando contaminación o exponiendo a la población a sustancias tóxicas.
Además, las grandes empresas que contribuyen a la carga de contaminación y exposición a sustancias tóxicas en las zonas de sacrificio no están cumpliendo con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
En las zonas de sacrificio se produce un fallo del mercado de proporciones catastróficas, ya que las empresas maximizan sus beneficios mientras externalizan los costos sanitarios y ambientales a las comunidades vulnerables y marginadas.
Las empresas que operan en las zonas de sacrificio deberían instalar equipos de control de la contaminación, pasar a utilizar combustibles limpios, cambiar sus procesos, reducir la producción y, si es necesario, trasladarse a otro lugar.
Las empresas también son responsables de la limpieza y rehabilitación de las comunidades, las tierras, las aguas y los ecosistemas contaminados por sus operaciones.
Recomendaciones
En el informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos, el relator hace una serie de recomendaciones a los Estados, entre ellas detoxificar urgentemente las zonas de sacrificio y eliminar las injusticias ambientales.
*Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
**David Boyd es relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
***Marcos Orellana es relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.