Hace 46 años se formalizaba en Argentina un golpe de Estado cívico-militar-eclesiástico-empresarial que venía gestándose desde fines de 1973. Desde ese año, la Alianza Anticomunista Argentina sembraba el terror en las calles y entre la militancia. El 24 de marzo de 1976 se inició un período que recordamos como la dictadura más sangrienta de nuestro país. Desde Red Eco Alternativo queremos acercar a nuestros lectores testimonios de militantes que vivenciaron el accionar represivo de los golpes ocurridos en América Latina, pero gestados y coordinados desde el Norte. Con este trabajo periodístico, que relata cómo se gestó el Plan Cóndor, intentamos aportar a mantener viva la memoria colectiva para que NUNCA MÁS suceda.
“Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”, dice el acta de fundación del Plan Cóndor, del 28 de noviembre de 1975.
La firma de este acta fue en Santiago de Chile, durante el cierre de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional. En el documento pueden verse las firmas de los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.
Aunque en esta instancia no hubo presencia de representantes de Brasil, sí se pudo comprobar la cooperación de ese país para actividades represivas contra opositores políticos de las otras naciones.
Según se detalla en el informe “Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas” del Centro de Estudios Legales y Sociales, esta coordinación represiva tuvo diferentes fases:
1) Se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.
2) Se identificó y atacó a los considerados “enemigos” políticos a nivel regional.
3) Se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.
A su vez, varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de esta coordinación represiva. Desde el CELS afirman que la descripción detallada de las diferentes fases del Plan y de sus alcances surge justamente del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Allí se consigna: “Operación Cóndor es el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que fue establecida recientemente entre los servicios de inteligencia que cooperan en América del Sur a fin de eliminar actividades terroristas marxistas en el área. Además, ‘Operación Cóndor’ apoya operaciones conjuntas contra blancos en los países miembros de ‘Operación Cóndor’. Chile es el centro de ‘Operación Cóndor’ y además de Chile sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay, y Uruguay. Brasil también ha acordado tentativamente proveer información de inteligencia a ‘Operación Cóndor’. Los miembros de ‘Operación Cóndor’ que muestran más entusiasmo hasta la fecha han sido Argentina, Uruguay y Chile. Los últimos tres países se han embarcado en operaciones conjuntas, principalmente en Argentina, contra blancos terroristas”.
El Cóndor que sobrevolaba sin ser visto
La existencia de una coordinación entre las dictaduras latinoamericanas, con anuencia de Estados Unidos, hoy es conocida, pero ¿qué se sabía en las décadas del ’70 y ’80 sobre el Plan Cóndor?
La mayoría de las personas consultadas por Red Eco coinciden en que en los círculos militantes había cierta noción de este accionar, pero no en la sociedad en general.
Desde la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj) afirman que no había ninguna información oficial, porque los medios corporativos de comunicación eran el sostén del terrorismo de Estado y las informaciones sólo circulaban de boca en boca a través de los familiares de las víctimas.
En el mismo sentido se refirió Teresa Horovitz, integrante de CTA Autónoma. A sus 90 años recuerda que en esa época había mucha desinformación, pero a la vez entre los más informados había miedo: “Muchos compañeros fueron a parar a distintos lugares fuera del país, mí compañero y yo junto a otros nos cambiamos de domicilio varias veces con ayuda de otros no tan conocidos”.
En muchos casos el accionar coordinado de la represión se hacía explícito cuando llegaba alguna información sobre el destino de algunos compañeros y compañeras, ya sea en el exilio o a partir de detenciones y/o secuestros. Esos exilios muchas veces se convertían en perpetuos porque la represión no terminaba al cruzar las fronteras.
Graciela Gurvitz, comunicadora popular, militaba en el Partido Comunista y relata que esta coordinación represiva entre países de Latinoamérica en un principio no se conocía como sí ocurrió después. Al terminar la escuela secundaria, Graciela había comenzado a estudiar Derecho en la Facultad, lo que hizo que su militancia pudiera estar más cerca de la posibilidad de tener algunas informaciones sobre muchos compañeros y compañeras que desaparecían y otros que tuvieron que exiliarse: “Por relaciones que tenía, conocía casos en Uruguay y Chile, algunos uruguayos que se fueron directamente a Brasil pensando que ahí podían estar bien, pero luego los volvimos a encontrar acá, y después tuvieron que volver a irse a otro lugar. Otros que uno conoce tuvieron que irse a otros lugares, como Perú. Ahí tengo muchísimos conocidos que se han exiliado, esa gran mayoría después volvió. Otros tantos argentinos que se exiliaron en México, muchos no volvieron; y más aun algunos que se fueron a Europa. Así que había un conocimiento de este accionar”.
Laura Marrone era docente y delegada escolar ante la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, y afirma que no tuvo conocimiento de esa coordinación hasta 1978: “Estando presa en la cárcel de Devoto conocí a una muchacha uruguaya que pertenecía a Tupamaros. Le pregunté por qué estaba detenida y me contó que su detención formaba parte de las acciones coordinadas entre las fuerzas armadas de las dictaduras. Al parecer no había tenido actividad en Argentina desde su arribo a nuestro país huyendo de la represión en Uruguay, pero la dictadura de Uruguay había pasado la denuncia contra su persona a la de Argentina. Entonces no teníamos conocimiento de ese grado de articulación, la tecnología no era la de ahora. Su temor era ser enviada por los acuerdos entre las fuerzas armadas, de regreso al Uruguay y ser desaparecida en el operativo. No supe qué fue de ella. Era una gran compañera”.
Graciela Montes de Oca integra Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos, y cree que al principio no existía mucho conocimiento en su país de lo que sucedía en Argentina: “Lo consideramos un país hermano, muchos uruguayos se fueron a Argentina por la aproximación territorial, por tener similares costumbres y mismo idioma, y fundamentalmente porque estaban cerca de su familia y hogar. Era insospechado, creo que para todos, la crueldad que se iba a implantar en nuestros países y su coordinación. Recién a los años se comenzó a hablar de las detenciones, asesinatos y desapariciones de nuestros familiares en los países del cono sur”.
Ignacio Errandonea, también miembro de Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos, agrega: “La historia de dar asilo en los países hermanos viene de la época de la independencia. Siempre que había una crisis en un país, los países vecinos te daban asilo. Eso se mantuvo a lo largo de la historia hasta la década del 70, en la cual como las fuerzas represivas entendían que el enemigo era el enemigo común a todos los regímenes autoritarios, entraron a coordinarse para reprimir en todos los países”.
Errandonea recuerda que en aquellos años en los que le tocó emigrar a Buenos Aires tenía poco conocimiento de esa coordinación: “Sí se sabía que, por ejemplo en el caso nuestro, militares uruguayos actuaban en Argentina. El caso más claro fue en el ’74 cuando detienen a cinco, seis personas y las traen para Uruguay y las fusilan en una localidad llamada Soca. Ahí ya quedó demostrado que estaban actuando en Argentina los militares uruguayos con cierto grado de coordinación. Obviamente no teníamos la información de que realmente estaban coordinando y de la forma en que lo hacían. Sabíamos sí también que frente a cualquier evento que hubiera en los países que estuviéramos, concretamente en Argentina, cuando te detenían las fuerzas policiales enviaban la ficha inmediatamente hacia Uruguay y pedían tus antecedentes y ya quedabas fichado, intercambiaban toda la información que tuvieran sobre cada uno de nosotros”.
“Obviamente que a pesar de eso, sabíamos que era más fácil cuando te ibas, porque no había tanta gente que te conociera y te pudiera reconocer, entonces uno buscaba zafar de la persecución policial y militar en el país de origen – continúa –. También se daba recíprocamente, en Argentina un montón de compañeros buscó refugio en Uruguay y también sufrió la misma suerte. Con el tiempo y la instauración del llamado Plan Cóndor donde las dictaduras de América Latina, fundamentalmente del Cono Sur, acuerdan una política de exterminio hacia las fuerzas de izquierda se establece una coordinación mucho más estrecha, en la que operan, intercambian, y ya se pasan los antecedentes de todos los buscados en los diferentes países”.
En relación al contacto entre los pueblos latinoamericanos en medio de tanto terror y oscuridad, Kike Ortega, coordinador de Radio JGM de Chile, reflexiona: “Durante las décadas más oscuras de nuestros pueblos durante el siglo XX, sectores importantes de nuestras castas políticas se articularon para poder perseguir de forma conjunta a miles de hombres y mujeres que por pensar distinto y perseguir la construcción de un mundo más justo, fueron puestos en la mira de una feroz represión. Así quien fuera considerado como ‘elemento subversivo’ fue sospechoso y susceptible de detenciones, apremios, torturas y desapariciones. Esta supuesta solidaridad entre gobiernos dictatoriales no fue más que la planificación sistemática de un exterminio de la diferencia. Para cientos de chilenos y chilenas de aquella época, el contacto y la colaboración con militantes sociales de naciones hermanas fue la oportunidad de ampliar las luchas y las miradas emancipadoras”.
Efectivamente, con el correr de los años se fue tomando real idea de hasta qué grado se daba esta coordinación represiva.
Mara Manzoni, de la Comisión de Solidaridad con los Exiliados de Brasil, afirmó que en los años ’80 en la Ciudad de San Pablo actuaba el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Latinoamérica que aglutinaba personas de Brasil y exiliadas, principalmente del Cono Sur: “Éramos bastante activos en las denuncias vía materiales informativos, acciones y una constante búsqueda de manifestaciones de solidaridad desde Brasil. En este contexto se hablaba y denunciaba la coordinación de la represión y se buscaba la solidaridad como forma de contraponerse a esa situación”.
Laura Marrone señala que años más tarde, cuando cayó la dictadura, tuvo conocimiento del Plan Cóndor como tal y del accionar combinado de las fuerzas represivas de los países del Cono Sur: “Supe que Estados Unidos no sólo había promovido los golpes de estado en el Cono Sur para derrotar la insurgencia obrera y popular contra sus planes, sino que había urdido un plan de coordinación de esas dictaduras para colaborar entre sí en el secuestro, tortura y muerte de quienes hubieran salido de un país a otro, huyendo de la represión”.
Ignacio Errandonea afirma que en Uruguay dentro de lo que era el organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA – Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas creado por el Comando General del Ejército uruguayo, funcionó durante la dictadura cívico militar en ese país, que se extendió entre 1973 y 1985) y en los archivos del SID (Servicio de Información y Defensa) se encontraron un montón de fichas de compañeros argentinos que eran buscados en Uruguay.
Graciela Montes de Oca afirma que hoy se ha podido constatar en los archivos (“los pocos que hemos podido encontrar en Uruguay”) la existencia del Plan Cóndor y sus consecuencias: “Intercambio de prisioneros, ventas de niños, saqueos económicos, etc.”.
En su libro “Paraguay, la cárcel olvidada. El país exiliado”, el educador y abogado Martín Almada relató cómo se enteró de la existencia de la Operación Cóndor:
“A través de las conversaciones mantenidas con la compañera de prisión Dra. Gladys M. de Sanneman, me informé cómo funcionaba la cooperación policial en la región del Cono Sur de América Latina, en el marco del Tratado Interamericano de Defensa. Bajo el rubro de ‘Operación Cóndor’ de dicho tratado, se establecía la colaboración entre los gobiernos represivos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, dirigidos por la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica y su principal mentor fue el secretario de Estado, Henry Kissinger. Fue una suerte de organización internacional del Terror, cuyo objetivo principal fue constituir una gran base de datos comunes de los subversivos, de los enemigos a secuestrar y luego entregar a los torturadores de su país de origen. Enemigos que debían abatir allí mismo, donde se encontraran. El canje de los prisioneros estaba a la orden del día, como también la circulación rápida de las informaciones arrancadas de los prisioneros políticos en las cámaras de tortura. En estos seis países funcionaba la ‘Central de Informaciones’, a cargo del Ejército. Paraguay tenía su propio Banco de Datos”.
En su libro, Almada relata la historia de la médica paraguaya Gladys M. de Sanneman. Ella tenía un sanatorio en Candelaria, provincia de Misiones, donde se encontraba con su familia desde 1960, en calidad de refugiada política. El 24 de marzo de 1976, fuerzas combinadas del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y provincial abrieron la puerta de su consultorio y lo registraron en búsqueda de armas que no encontraron (aunque se llevaron otras cosas como dinero y electrodomésticos).
Gladys fue interrogada en una dependencia de la policía de Posadas y luego llevada al Puerto, desde donde la cruzaron al lado paraguayo. En Encarnación fue recibida por el inspector principal de la policía paraguaya, Rigoberto Fernández, quien la trasladó al Departamento de Investigaciones de Asunción.
No fue la única. Almada menciona también otros casos de militantes detenidos en un país y trasladados a otros para ser entregados a las respectivas autoridades locales.
“Cuántos serán los nombres de los desaparecidos detenidos, torturados, vejados y muertos que el mundo ignora. Fruto de una terrorífica colaboración entre los dictadores en contra de los pueblos hermanos de América Latina”, se pregunta Almada, quien en 1992 descubrió el llamado “Archivo del Terror” en una unidad policial cerca de Asunción, con información sobre el accionar del gobierno de facto de Paraguay y sobre todo con documentación que probaba la coordinación de las dictaduras latinoamericanas.
“Le pregunté por qué estaba detenida y me contó que su detención formaba parte de las acciones coordinadas entre las fuerzas armadas de las dictaduras”. Laura Marrone
“Era insospechado, creo que para todos, la crueldad que se iba a implantar en nuestros países y su coordinación. Recién a los años se comenzó a hablar de las detenciones, asesinatos y desapariciones de nuestros familiares en los países del cono sur”. Graciela Montes de Oca
“La historia de dar asilo en los países hermanos viene de la época de la independencia”. Ignacio Errandonea
“Los ‘servicios’ de los diversos países pudieron actuar por encima de las fronteras con total impunidad”. Aldo Casas
Cuando se levantó el velo
En Argentina, la primera causa por los crímenes de la Operación Cóndor comenzó a tramitarse en 1999 y su debate oral inició recién 14 años después, en marzo de 2013, con sentencia en mayo de 2016.
Sin embargo, hubo referencias a la coordinación represiva antes, incluso durante el Juicio a las Juntas que se llevó a cabo en Argentina en 1985.
“(El Plan Cóndor) fue una actuación completamente ilegal de los Estados, fue una violación a los derechos humanos en todas sus magnitudes. Fue una política criminal, y en el primer Juicio a las Juntas, la justicia argentina lo definió como la asociación para delinquir más grande de la historia de América Latina, y creo que esa definición es la que realmente cabe, porque en definitiva las fuerzas armadas uruguayas, argentinas, brasileñas y chilenas fundamentalmente – aunque participaron paraguayos y bolivianos- decidieron el exterminio de los opositores por el medio que fuera, no se respetó ningún tipo de derechos y menos el derecho a la justicia. Hoy frente a lo que hemos podido conocer de los archivos tanto en Argentina, lo poco que se conoce como en Uruguay, así mismo en Chile, vemos que la magnitud de la cooperación y de la aberración de esta actuación fue mucho mayor a lo que sabíamos en aquellos tiempos”, asegura Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Por su parte, la comunicadora popular Graciela Gurvitz reflexiona: “A veces uno cree que volver a hablar de los años ’70 es difícil, a veces le contás a alguien y no sabés si te va a escuchar y entender, pero creo que la información hoy es importante, se conoce, se sabe, y uno tiene una idea de lo que sucedió gracias a todo lo que fue intercambiar en distintos momentos a partir de lo que se vivió en esos años”.
En tanto, el militante y ensayista socialista argentino Aldo Casas destaca la importancia de la denuncia e investigación de la Operación Cóndor para la difusión de este accionar: “Inicialmente, a nivel de la población en general se conocía muy poco. Los militantes organizados, educados por así decirlo en el enfrentamiento con los aparatos represivos, sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos y sus instructores yanquis colaboraban entre sí e intercambiaban información. Pero sólo con el paso del tiempo se fue conociendo el grado de sofisticación y articulación internacional de los aparatos represivos que, en los años de plomo, se dedicaron a la caza sistemática de militantes exiliados, para asesinarlos, ‘desaparecerlos’ o devolverlos a sus países de origen para torturarlos y obtener más ‘información’. Los ‘servicios’ de los diversos países pudieron actuar por encima de las fronteras con total impunidad. La verdadera magnitud de éstas atrocidades sólo se pudo apreciar a posteriori, por ejemplo, con la denuncia e investigación de la ‘Operación Cóndor’”.
“La vamos a seguir contando porque realmente fue vivencia propia, es historia nuestra”. Graciela Gurvitz
“Cuántos serán los nombres de los desaparecidos detenidos, torturados, vejados y muertos que el mundo ignora”. Martín Almada
El cóndor en su vuelo andino- notas sobre la represión en Bolivia
En su alegato en el juicio por la causa del Plan Cóndor, la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado detalló cómo se puso en marcha la cooperación represiva en Bolivia. Allí se hace referencia al libro “Espionaje y servicios secretos en Bolivia” de Gerardo Irusta, que reconstruye la estructura boliviana para la participación en las redes de coordinación represiva.
La principal fuente de Irusta fue el ex agente de inteligencia Juan Carlos Fortún, que actuó como “operador del sistema de radio y claves del sistema Cóndor” y guardó copias de muchos documentos. A partir de este material, Irusta explica que “el sistema Cóndor funcionó en Bolivia en por lo menos tres centros que eran algo así como los cerebros de coordinación con el resto de los países que constituían la cadena de información”: El Ministerio del Interior, el Departamento de Orden Político (DOP), donde estaba centralizado todo el aparato operativo de interrogatorios y acciones de seguimiento, así como detenciones y capturas de los subversivos internacionales que eran buscados, y el departamento Segundo de Inteligencia Militar, del que los civiles tenían muy poco conocimiento.
En su testimonio, Fortún señala que en el tercer piso de la sede del Ministerio de Interior se instaló un sistema de comunicaciones vía radio-operador y luego un sistema de télex que estaba enlazado con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: “Era en esa repartición donde se elaboraban los mensajes dirigidos a los países que hemos mencionado, ya sea pidiendo informes sobre el paradero de algún elemento subversivo, o recibíamos pedidos de los servicios de inteligencia de esos países para que se haga seguimiento de alguna persona en particular para luego proceder a detenerlo”.
Irusta detalla que el intercambio se daba en tres sentidos: información sobre “subversivos” requeridos, información sobre ciudadanos extranjeros muertos, e información sobre la organización del sistema.
En el juicio por el Operativo Cóndor también se escuchó el testimonio de Nila Heredia. Ella aún milita en el Ejército de Liberación Nacional. Fue detenida por la dictadura boliviana en 1976 y liberada en 1978. Fue ministra de Salud de Bolivia en dos períodos y también presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
En su declaración refirió haber estado detenida en dos oportunidades en campos de concentración del DOP, y que allí se mantenía en cautiverio a personas de nacionalidad boliviana y también extranjeros. Y que a través de otra detenida, Loyda Sánchez, supo que en los interrogatorios participaban argentinos, que no hacían preguntas directamente sino por medio de los agentes bolivianos.
Heredia presidió además la Comisión de la Verdad de Bolivia, creada en 2017 por Evo Morales con el objetivo de determinar qué pasó durante los años 1964-1982 en ese país. En una entrevista realizada en julio de 2018, Heredia afirmaba que entre 30 y 35 de los 150 detenidos desaparecidos bolivianos, que hasta ese momento se habían contabilizado, habían sido detenidos desaparecidos en territorio argentino.
Los resultados de la investigación de la Comisión fueron entregados al gobierno de Luis Arce hace pocos meses. Se trata de 11 tomos de documentación que dan cuenta que en 18 años de dictadura, el número de víctimas registradas es de 8.668 personas en total: 849 son mujeres, 366 fueron asesinados y 174 continúan desaparecidas.
“Las articulaciones de los nuevos aparatos represivos siguen dando frutos, ya no para perseguir militantes tal vez, pero sí para ampliar el control y la persecución de luchadores de pueblos originarios, defensores de la tierra ante el avance de la agenda extractivista internacional”. Kike Ortega
Juicios de alto vuelo
En Argentina el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor comenzó en marzo de 2013, e incluyó también hechos ocurridos en la causa Automotores Orletti II.
Se abarcaron los casos de 174 víctimas, que eran de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: 65 de la causa Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y 2 que corresponden a ambas.
Comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal 27 represores, pero a la instancia de sentencia llegaron 17. 4 fueron apartados por razones de salud y 6 fallecieron durante el juicio, entre ellos Jorge Rafael Videla y Bernardo José Menéndez.
15 de los 17 acusados fueron condenados con penas de entre 8 y 25 años de prisión, en su mayoría como autores del delito de “asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor” y de otros crímenes cometidos en ese contexto, como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, amenazas y tormentos. En tanto, 2 resultaron absueltos.
Los delitos cometidos en el marco de la Operación Cóndor también fueron juzgados en otros países.
En Italia, por ejemplo, la Corte Suprema confirmó en julio del año pasado las cadenas perpetuas para 14 represores chilenos y uruguayos por la desaparición y muerte de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: cuatro chilenos secuestrados en Chile, trece uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. A ellos se les debe agregar otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina, pero estas desapariciones se atribuyeron solo a uno de los imputados: Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la marina militar uruguaya (FUSNA) y vivía en Italia en libertad al momento del juicio por lo que fue el único acusado que presenció las audiencias. Tras la confirmación de la sentencia fue detenido y trasladado a la cárcel de Salerno.
Esta causa, que había comenzado en 1999, tuvo un último capítulo en febrero de este año cuando la Corte confirmó las cadenas perpetuas del ex presidente de facto de Perú entre 1975 y 1980, Francisco Morales Bermúdez; y el coronel Martín Felipe Martínez Garay (que fue responsable también de la Policía de Inteligencia Peruana), que habían presentado apelaciones tras la sentencia. Uno de los casos por los que fue juzgado Morales Bermúdez fue el del secuestro en Lima de la ítalo-argentina Noemí Gianotti Molfino por parte de integrantes del Batallón 601 del Ejército argentino. Su cadáver fue hallado cuatro días después en Madrid. También el caso de los ítalo-argentinos, Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil y llevados a Campo de Mayo en Buenos Aires. Ambos continúan desaparecidos.
“Fue una política criminal, y en el primer Juicio a las Juntas, la justicia argentina lo definió como la asociación para delinquir más grande de la historia de América Latina”. Ignacio Errandonea
“No sólo los tenebrosos ‘servicios de inteligencia’, sino la instrucción de las fuerzas policiales, de seguridad y del ejército sigue estando entre nosotros, preparadas para actuar como garantes del orden del capital”. Aldo Casas
Represión por arriba, solidaridad por abajo
Se cumplen 46 años desde el inicio de la última dictadura cívico militar eclesiástica y económica en Argentina, un poco más desde que se firmó el documento que puso en marcha “un sistema de cooperación entre los regímenes de los países del Cono Sur para perseguir a quienes pensaban diferente a ellos (a nivel político, sindical, social) y con quienes fueran solidarios, con aquellos que discrepaban de sus políticas anti-democráticas, fascistas y dictatoriales que ejercían sobre nuestros pueblos; (una cooperación que) les permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países a desplazarse libremente en el territorio de los otros para asesinar, raptar, desaparecer, violar saquear y vender niños. Todo esto con el visto bueno y el respaldo de Estados Unidos”, tal como describe al Plan Cóndor Graciela Montes de Oca, de Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos.
La Memoria, Verdad y Justicia no sólo reivindica que es necesario recordar y juzgar sino también estar preparados para el presente y el futuro. Como cuenta Aldo Casas, las democracias que sucedieron a las dictaduras desmontaron parte del aparato represivo “pero en ningún caso fueron completamente desmanteladas”: “Es necesario tener esto presente, porque no sólo los tenebrosos ‘servicios de inteligencia’, sino la instrucción de las fuerzas policiales, de seguridad y del ejército sigue estando entre nosotros, preparadas para actuar como garantes del orden del capital… No olvidemos, por otra parte, que, más allá de las imprevisibles formas y ritmos que pueda asumir, sigue siendo cierto que nuestra revolución deberá desarrollarse y triunfar como revolución continental”.
En esta línea, Mara Manzoni señala: “Debemos estar muy preparados desde el campo popular, para que nuestra solidaridad y coordinación contrarreste otras posibilidades en este sentido (represivo), debemos seguir vigilantes y atentos”.
Kike Ortega, desde Chile, suma: “Hoy a la distancia vemos cómo las articulaciones de los nuevos aparatos represivos siguen dando frutos, ya no para perseguir militantes tal vez, pero sí para ampliar el control y la persecución de luchadores de pueblos originarios, defensores de la tierra ante el avance de la agenda extractivista internacional. No son cicatrices fáciles de olvidar, aquellas muertes y desapariciones que marcaron a cientos de familias de nuestras naciones hermanas”.
“Estas vivencias me hacen pensar en esta memoria que no tenemos que perder, a pesar de que para algunos parece que no hay que volver a contarla, nosotros la vamos a seguir contando porque realmente fue vivencia propia, es historia nuestra”, agrega Graciela Gurvitz.
Con el correr de los años, este accionar represivo coordinado se fue revelando y juzgando; de todos modos, queda camino por andar, historias por conocer, represores por condenar. Quienes brindaron testimonio a Red Eco para este especial coinciden en la necesidad de no olvidar estos hechos y en la importancia de mantener la solidaridad entre los pueblos de la región.
NdR: agradecemos los testimonios que nos brindaron compañeras y compañeros, aún con lo que significa volver a movilizar en ellos esos duros momentos vividos.
Imágenes: Ine García – @viajo.x.metro