El máximo tribunal provincial busca resolver el dilema de dos causas paralelas, la comercial y la penal, con objetivos contrapuestos.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino este jueves la convocatoria de acreedores de Vicentin, le sacó el expediente al juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini y suspendió todos los plazos y trámites del concurso.
La medida sorprendió tanto a los acreedores como a los deudores y marcó el agravamiento de la causa penal que se tramita en los tribunales de Rosario en forma paralela al concurso comercial.
La semana pasada, el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue imputado por desobediencia de dos órdenes judiciales que inhibían a la compañía de disponer de las acciones de empresas vinculadas y vender sus activos. Tras ser detenido, quedó en libertad al aportar una caución de U$S 500.000.
El origen de esta causa es la investigación de supuestas maniobras ilícitas en la venta del 16,6% de las acciones que Vicentin tenía en Renova al codueño, la multinacional Glencore, ahora llamada Viterra. Esa operación se realizó 24 horas antes de la cesación de pagos, a fines de 2019. Y se alimentó ahora con la intención del directorio de Vicentin de vender el 33,4% que aún posee de Renova a Glencore de nuevo, con la aprobación del juez Lorenzini.
Es decir, mientras el juez comercial de Reconquista determina cómo hará Vicentin para pagar sus deudas, en Rosario otros jueces investigan si el patrimonio de Vicentin fue reducido con una maniobra para perjudicar a esos mismos acreedores. Por ello, otros jueces determinaron la prohibición de venta de activos de Vicentin.
El asunto se torna escandaloso cuando a esto se suma que la propuesta de pago de la malograda cerealera implica una quita de hasta el 80% a determinados acreedores, como el Banco Nación y corredoras de granos.
En medios rosarinos se aseguraba que la incompatibilidad de ambos procesos judiciales fue la razón que llevó a la Corte Suprema de Santa Fe a intervenir y pedir el expediente.
Texto y contexto
El comunicado del máximo tribunal santafesino es el siguiente: “Santa Fe, 16 de junio de 2022. Por recibido. Del pedido de avocación, traslado al Sr juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo”.
Los jueces supremos tienen la intención de escuchar de propia boca de Lorenzini cómo es que tomó las decisiones que derivaron en las ofertas de pago. La primera fue rechazada por prácticamente todos los acreedores; la segunda, aceptada por poco más del 50% pero sin alcanzar las mayorías necesarias para hacerla efectiva.
A pesar de ello, el directorio de Vicentin aceptó una oferta de Viterra por U$S 310 millones para hacerse con el control del resto de Renova en una operación pactada el 28 de abril de este año. Para los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, esa transacción significó un incumplimientos de dos órdenes judiciales, dictadas por los jueces Nicolás Foppiani y Hernán Postma en septiembre y diciembre de 2020, que establecían “la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”, por un monto mayor a $50 millones.
Scarel aseguró que no se trataba de una venta sino de “documentación puesta en la propuesta (…) para dar más información”. Aseguró, además, que el paquete de acciones “no se vendió” sino que se trató de “un acuerdo de transferencias sujeto a condiciones”, que aún no se cumplieron.
Scarel fue imputado por falsear los balances de los ejercicios 2017 y 2018 de Vicentin para esconder de acreedores y bancos la real situación de la firma.