Las quemas nunca paran en esta tierra de sauces, juncos, canales y arroyos. Pero es mucho más que humo lo que ocurre en el delta del río Paraná, uno de los más grandes del mundo. Empresarios del agro y la urbanización de lujo convirtieron los humedales en una sociedad anónima, mientras los funcionarios se arrojan las brasas unos a otros. El delta, hogar de unas doce millones de personas y una profusa biodiversidad, serpentea a lo largo de 320 kilómetros desde Diamante, en Entre Ríos, pasando por Santa Fe hasta la desembocadura en el Río de la Plata, en territorio bonaerense. “Incendios hubo casi siempre”, confirma el naturalista santafesino César Massi. Con su colega Enrique Sierra, de San Pedro, identificó con precisión los focos que quemaron miles de hectáreas las últimas semanas. Aunque los datos son públicos e incluso hay leyes para prevenir el desastre y sancionar a los infractores, lo que prima es una inacción que juzgan deliberada por parte de los tres poderes del Estado. “Si nosotros, recibiendo una alerta por mes de un servicio público que tiene la NASA, podemos identificar los lugares y las coordenadas, ¿cómo no lo puede hacer el Estado?”, dice Sierra.
Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).
En diálogo con Emergencia en la Tierra, los naturalistas hablan de cómo es vivir entre el humo, el impacto a largo plazo de las llamas en el ecosistema, el modus operandi y los intereses económicos de los que queman, y la lucha por la ley de humedales nacida de un consenso pocas veces visto.
#Mirá en Rosario no se puede respirar. Mirá la destrucción, mirá el territorio muerto por ecocidio, es el negocio de asfixiar.
✊ Mañana nos movilizamos al Monumento a la Bandera porque todo fuego es político. pic.twitter.com/LN5C3Ml8jX
— Mirá Socioambiental (@Mira_socioamb_) August 9, 2022
“No podemos respirar”
La frase se popularizó en redes sociales para convocar a cacerolazos y movilizaciones en Rosario y otras localidades a la vera del Paraná. El humo se apoderó del aire, con consecuencias muy nocivas para la salud, como enumeró Patricio Eleisegui en Revista Sudestada.
César Massi vive en Bigand, una comunidad a ochenta kilómetros al sur de Rosario donde no llega el fuego, pero sí el humo, especialmente cuando hay “viento río”. Les arden los ojos, les pica la nariz, y el humo se les impregna en la ropa. Cuenta que en las últimas semanas el aire tóxico penetró en las casas “aun con las ventanas cerradas”.
Hay días en que los madrugadores inhalan una mezcla de niebla con humo, que además llegó a causar accidentes viales. Para Massi, un informático que “dejó todo” para entregarse a la naturaleza y el naturalismo, es el olor de “la muerte del humedal”.
El naturalista identifica un único momento donde las quemas intencionales dieron tregua: el primer mes de cuarentena estricta, desde mitad de marzo a mediados de abril de 2020. Pero más tarde ese año se quemó “muy fuerte” casi todo el delta, y en 2021 especialmente al sur del delta medio y el inferior, en ciudades como San Pedro, Baradero, San Nicolás, Ramallo y Zárate.
En San Pedro vive Enrique Sierra, que lleva treinta y seis años trabajando en el Paraná como marino mercante. Relata que empezó “de viejo” con los temas de la naturaleza, pero conoce bien el delta y sus transformaciones. En su zona sufren el humo de los incendios de las islas Lechiguanas, unas doscientas cuarenta mil hectáreas en Gualeguay, Entre Ríos. “Tenés paredes de fuego que pueden llegar a tener entre tres y cuatro kilómetros”, asegura.
Los sospechosos de siempre
El agronegocio y los countries están en la mira popular. Aunque los datos para identificar a los “dueños del fuego” están, la Justicia y los Gobiernos juegan al ping pong con argumentos que entienden mucho de jurisdicciones y nada de territorios.
Massi y Sierra identificaron un modus operandi y un patrón: con el mapa de los focos de incendio de 2020 predijeron dónde se producirían en 2022. “No veo que se superpongan incendios en el mismo lugar en el mismo año, pero sí veo que en el 2020 y el 2022 se repiten los patrones, al menos en la zona de Rosario. Los incendios de mucha cantidad de hectáreas están básicamente en el mismo lugar”, analiza Massi. En su opinión, la ausencia de quemas en Rosario en 2021 se debió simplemente a la alternancia.
“La mayoría de lo que nosotros sufrimos y está frente a la zona más poblada es territorio entrerriano”, cuenta Massi. Sin embargo, opina que el hecho de que intendentes y gobernadores de las otras provincias no tengan jurisdicción sobre gran parte de las quemas no significa que puedan desentenderse.
La fuerza del hábito de los quemadores del delta es tal que los lugareños pueden anticipar que en los días con mucho viento se prenderán varios focos. Massi apela al sentido común: “En Villa Constitución estuvieron prendiendo fuegos durante un mes y medio. Hay una casa, se ve en el Google un barco jaula. Dos más dos es igual a cuatro”.
El peloteo entre autoridades incluye tácticas de distracción y mutismo por parte de Gustavo Bordet, Omar Perotti y Axel Kicillof, listados de recursos para combatir incendios y denuncias penales en el juzgado federal de Victoria, Entre Ríos, a cargo de Federico Martín. Pablo Javkin, intendente de Rosario, reclama que el Gobierno nacional detenga a los responsables.
Aunque no rechaza las denuncias penales, Massi duda de su efectividad y hace hincapié en la prevención y la detención in fraganti. “Lo que necesitamos es que se pongan a patrullar”, dice. “Parecería que no saben que se quema la mayor parte de la superficie en julio, agosto y septiembre”.
Antes de presentarse en el juzgado entrerriano para ampliar la denuncia por las quemas, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declaró que “la sociedad y el Gobierno nacional tienen conciencia ambiental, la que no cambió es la Justicia”. En sus palabras, esta “no actúa ni detiene a nadie”. El funcionario pone fichas en el envío de brigadistas y recursos, además de los Faros de Conservación, “un sistema de monitoreo que permite detectar fuegos en tiempo real”.
Para Massi, sería preferible una inversión en combustible para el patrullaje en helicóptero antes que “montar infraestructura que no sirve, como los Faros de Conservación”. De acuerdo al especialista, el Gobierno patrulla con aviones, desde donde se avisa a las fuerzas de seguridad, que se trasladan a caballo o en lancha, si hay nafta. “Hasta que la Policía llega al medio de la isla, ya no hay más nadie”.
“El trabajo de los brigadistas es tremendo”, pero hay poco que hacer cuando el lugar es “un polvorín”, opina el santafesino. También muestra reparos por las categorías del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): no se puede hablar de “incendio controlado” cuando se queman de dos a cinco mil hectáreas. En esos casos se trata de “un incendio que se pudo parar en algún momento”, que a lo sumo se lo contiene para que no llegue a lugares poblados. Sierra cuestiona que el SNMF solo computa incendios en los que interviene: “En las noticias vas a tener más fuegos que en los boletines del Estado”.
El Estado al servicio de Humedales S. A.
La cadena de complicidades estatales con los negocios privados en el delta, con sus ramificaciones e historia, es imposible de abarcar en un solo artículo. Funcionarios como Cabandié o su viceministro Sergio Federovisky mencionan las actividades económicas destructivas, pero no dicen que son organismos estatales los que las habilitan.
Sierra da varios ejemplos:
-Las provincias no cumplen sus propias leyes contra las quemas.
-En el delta bonaerense desapareció la categoría “verde” –que exige estudios de impacto ambiental para realizar transformaciones– en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
-“Entre Ríos tiene un fiscal nefasto que se llama (Julio Rodríguez) Signes. Supuestamente estaba investigando el traspaso fraudulento de tierras fiscales a privados. Empezó en el 2010 y todavía sigue dando vueltas. Hay grandes terratenientes, amigos de políticos de turno”, protesta.
Federovisky declaró que el agronegocio y el sector inmobiliario se sirven de las quemas para levantar terraplenes en áreas que antes estaban sumergidas. Massi no ve nuevos endicamientos para esos fines en su zona del delta. “La última iniciativa que hubo acá para cultivar fue Bema Agri, enfrente de Villa Constitución, que tiene los campos en venta hace ya varios años”, explica. Tampoco hacen falta endicamientos para el ganado: “Simplemente quemar y listo”. Hay un solo barrio privado, en la costa de Victoria: “Acá la gente vive sobre el Paraná viejo, el Charigüé, en casas y ranchos sobre el riacho, pero no te abren un pedazo del monte para hacer un barrio con calles”.
Al sur del delta es distinto, apunta Sierra: “En la isla, como todo está lejos de todo, si vos le quemás el rancho a un islero para correrlo, nadie se va a enterar”. Desde la década del 2000 las distintas gestiones aprobaron la construcción de “barrios náuticos” sobre humedales sin estudios de impacto ambiental. “Federovisky repite lo que venimos hablando hace más de veinte años”, afirma. El naturalista menciona casos concretos: Luján bajo el agua en 2014 y 2015 por la construcción de un barrio privado que achicó el valle de inundación y no permitió el escurrimiento. Los vecinos de Nordelta a merced de las inundaciones cuando construyeron terraplenes en los bajos de Milberg para crear “la Miami argentina”. La ciudad de Sierra no es ajena a la “tendencia”: un barrio náutico de veinte hectáreas fue construido sin estudios de impacto ambiental en bajos inundables del riacho San Pedro.
En Baradero y San Pedro la agroganadería también tiene sus terraplenes. Aunque hay imágenes satelitales desde 2008, Sierra se queja de que “ninguno de los organismos provinciales del Estado vio nada” y “la AFIP ni siquiera controla las zonas cultivables en islas”. En las Lechiguanas hay dos terraplenes, de cinco mil hectáreas en total, donde se cultivó maíz y soja. Otro de ochenta hectáreas frente a Papel Prensa, en San Pedro, fue creado en 2007, quemado en 2020 y sembrado con soja en 2021.
Reverdecer no es restaurar
Semanas atrás, Todo Noticias hizo circular un estudio que afirmaba que, a cinco meses de los incendios, “el Iberá se recuperó un 80 %”. Para Massi “no es casualidad” que ese tipo de notas aparezcan cuando se agudiza la crisis en el delta. “Roza el mal gusto”, se indigna, y lo atribuye a un intento de minimizar los incendios. Conocedor del efecto de las llamas sobre los territorios, explica que “algo siempre va a crecer”. Esa es una de las razones por las que inician fuegos en primer lugar: “Para generar rebrotes tiernos, eliminar biomasa seca, arbustos y hierbas que los animales no comen”.
Desde Corrientes, Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental y doctorando en Geografía, asegura que, aunque la metodología del estudio de TN sea correcta, “la conclusión está mal”. Los índices de vegetación a través de imágenes satelitales muestran cómo responde la vegetación a la radiación solar. Aunque esta se comporte de forma similar al año anterior, no significa que se haya recuperado.
“Puede ser que por el fuego y los cambios físico-químicos en las condiciones del suelo cambien las especies vegetales, sobre todo especies colonizadoras que inician la sucesión vegetal, y lleva un tiempo hasta que se vuelva al estado anterior”. Ni reverdecer equivale a restauración del ecosistema ni hay tal cosa como “la vegetación” en general. “Si son distintas las especies y es distinta la composición de la biodiversidad, probablemente sea distinto el funcionamiento del ambiente”, explica Spataro. Por eso no lo considera un estudio serio, sino un titular con un fin político. Guardianes del Iberá encargó su propio estudio a un especialista en teledetección para analizar cómo varió la composición y el funcionamiento del ecosistema. El grupo de científicos de Santa Fe y Entre Ríos que en 2020 documentó el desastre en el delta sabe cuánto cuesta la revegetación de superficies incendiadas. Entre 2020 y 2021 se destruyeron más de setecientas mil hectáreas en una zona también amenazada por agrotóxicos y fertilizantes sintéticos.
Los biólogos y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Conicet y el Foro Ecologista de Paraná determinaron que las quemas afectaron más de ochenta especies de flora y fauna, y que la escasa revegetación “indica en forma preliminar que las especies vegetales en los humedales no presentan estrategias adaptativas para incendios de distinta severidad e intensidad”. En una de sus recorridas a la parcela de Victoria que observa junto a colegas y amigos, Massi identificó una invasión de malezas, en gran medida exóticas, que antes se veían en campos ganaderos y no en humedales. Habla de cardos, manca potrillos, abrojos y ramas negras. Según el naturalista, el fuego no es la única causa del empobrecimiento del ecosistema: también el disturbio en el ciclo natural de inundaciones, la eliminación de la competencia natural y el ganado (“siempre trae semillas y todas esas cosas”).La imagen del suelo seco, deshidratado, con poco pasto, su árbol favorito completamente muerto y “parches de cincuenta metros de cardo” que Massi vio en febrero de 2022 en una zona antes bañada por el agua le provocó aún más tristeza que cuando fue en octubre de 2020 a pocas semanas del incendio.
Ley de humedales ya, pero no cualquier ley
Por tercera vez en casi una década, a fines de 2021 el proyecto de ley de humedales perdió estado parlamentario. En marzo pasado el diputado Leonardo Grosso volvió a presentar el que fuera consensuado por todos los bloques que elaboraron iniciativas junto a organizaciones socioambientales, científicos y universidades. En tanto, el Gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), anunció en julio una propuesta “basada en” la que tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados.
En los territorios no recibieron bien esta noticia. “Te salen con un proyecto que no tiene nada que ver con el que vos aportaste”, opina Sierra. Massi, que integra la Red Nacional de Humedales (Renahu), asegura que, aunque pidieron formalmente ser incluidos en el debate, nunca les respondieron. “Ese proceso del Cofema se hizo básicamente sin ningún tipo de participación popular”, aclara. El Gobierno intentó subirse a la ola, pero su propuesta está lejos de la que reunió apoyo transversal y más de setecientas mil firmas en Change.org. Massi la describe como un “marco decorativo” que “no implica nada, porque le borraron las prohibiciones, la moratoria, minimizaron cualquier tipo de participación popular, la rigurosidad de los inventarios y el ordenamiento”. Para Massi la intención de los Gobiernos es clara: “No molestar a los que están haciendo las actividades destructivas en los humedales”. Por eso activistas, comunidades y científicos siguen reclamando que se trate y sancione el proyecto consensuado. Quieren una ley de humedales ya, pero no cualquier ley.
La crisis climática aviva el fuego
“Me vienen a entrevistar por algo que se está hablando hace años en el mundo, y nosotros recién lo estamos descubriendo. El ambiente no va a durar tanto tiempo”, reflexiona Sierra. “Científicos argentinos lo vienen advirtiendo desde el 2004. Nadie los leyó”.
El reporte del IPCC y el Ipbes de junio de 2021 sostiene que es imposible resolver la crisis climática y la ecológica por separado. Destruir ecosistemas deja al planeta aún más desarmado para enfrentar la emergencia del clima.
Según la Convención Ramsar, el deterioro de los humedales es generalizado, en gran medida por cambios en el uso del suelo. Eventos meteorológicos extremos como la sequía prolongada y las olas de calor, asociados con el cambio climático antropogénico, avivan las llamas de los poderosos. Sierra recomienda consultar los Índices de peligro de fuego del Servicio Meteorológico Nacional, donde, según proyecciones climáticas, indican qué zonas tienen mayor riesgo de propagación de incendios. “Ninguna municipalidad lo lee, y la Provincia no sabe que existe”.
La acumulación de vegetación seca en los humedales actúa como “combustible” para las llamas. Sierra lo adjudica a la bajante histórica del Paraná (“el promedio de los últimos tres años no llega al metro”), la falta de lluvias, las quemas y los terraplenes con ganado y cultivos. “La esponja está sin agua”, grafica, al menos desde agosto de 2019. Hay otros veintidós sitios Ramsar en Argentina además del delta. Aunque son postulados como parte de la solución climática por su capacidad para absorber dióxido de carbono, regular la temperatura y prevenir inundaciones, los humedales siguen sin ser la prioridad de ninguna gestión. Pese a los discursos, los Gobiernos garantizan lo que Massi define como “producción destructiva”. El especialista es categórico: “La voluntad política es que hoy en los humedales pase esto. Que haya más vacas, que haya en algunos lados producción de cultivos –arroz, soja, maíz–, que siga habiendo desmonte”. Le preocupa el “punto de no retorno”, cuando ya no se tenga más margen siquiera para la producción sustentable. Cuando el clima apriete, dice, no se podrá resolver la crisis con “una raza de ganado más rústica o la biotecnología, metiéndole el gen del girasol a la soja o el maíz para que sean más resistentes, el HB4”. Entre los problemas que avizora Massi se destaca una presión internacional insostenible sobre los ecosistemas de Argentina en tanto productora de alimentos. Pero también las cianobacterias en el río, el desgaste y la salinización de los suelos desmontados, y la ausencia de bosques, pastizales y humedales que frenen el agua ante las grandes inundaciones. “Como pasó en Santa Fe cuando canalizaron los bajos submeridionales”, asegura.
Aunque las novedades en el país no le permiten ser optimista, Massi se ilusiona con que “alguna vez nos toque esta nueva onda de Gobiernos de Latinoamérica que piensan en los bienes naturales”, en referencia a las recientes asunciones de Gabriel Boric y Gustavo Petro, que plantean economías “no extractivistas” (aunque sin romper con el capitalismo). “Lamentablemente parece que acá vamos para el lado incorrecto”, concluye.
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Gracias a Pablo Cantador por las imágenes.
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Fuente: https://www.anred.org/2022/08/16/licencia-para-quemar-una-historia-sin-fin-en-el-delta/