Los cinco agentes de la Comisaría 3° de Transradio declararon ante el fiscal y el juez de Garantías, en su calidad de imputados por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por la masacre de diez detenidos bajo custodia estatal, ocurrida en noviembre de 2018. De esas declaraciones se desprende también la responsabilidad política al sostenerse desde el gobierno provincial las condiciones que lo hicieron posible.
El fiscal de la UFIJ 8 de Lomas de Zamora, Jorge Grieco, y el juez de Garantías 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, tomaron declaración indagatoria a los cinco policías imputados en la causa que investiga la muerte de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello por un incendio que se desató en la comisaría tercera después de una protesta.
Según el fiscal, como consecuencia de la negligencia policial y por incumplimiento de los deberes a su cargo, el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco son responsables de estrago culposo en concurso real con incumplimiento de funcionario público. Durante la toma de los testimonios se indagó la omisión de requisas en los calabozos y el acceso de los detenidos a encendedores y otros objetos que utilizaron para encender mantas y colchones.
En sus testimonios los imputados coincidieron en que los comisarios a cargo de la dependencia permitían los encendedores porque los alojados eran fumadores y que para “todo lo que se ingresa al calabozo se consulta a los jefes”. También señalaron que faltaba personal y confirmaron que había 26 detenidos alojados.
La comisaría contaba con tres calabozos de 5 por 4 metros aproximadamente, y en el 1, donde se inició el conflicto, había 12 personas. “Los detenidos dormían o se acostaban como podían”, señaló uno de los agentes.
Sobre las requisas se defendieron explicando que a diario sólo se hacían de forma exterior al calabozo por falta de personal para ingresar, y que chequeaban las rejas, contaban a los detenidos y constataban que estuvieran bien de salud. Que para ingresar a las celdas se llamaba al grupo de apoyo de la departamental (GAD), y que ese procedimiento se hacía con una periodicidad semanal o quincenal.
Incluso Muñoz declaró que estaban al tanto de la prohibición judicial de alojar detenidos y que informaban esa situación a diario al Ministerio de Seguridad sin ninguna respuesta, y agregó que desde la cartera de seguridad nunca brindaron apoyo o contención profesional al personal presente en la dependencia durante los hechos.
Las responsabilidades políticas e institucionales de la masacre fueron señaladas insistentemente por la Comisión Provincial por la Memoria como patrocinante de la mayoría de las familias y en su función de Mecanismo local de prevención de la tortura. El organismo incluso solicitó en reiteradas oportunidades la imputación y el llamado a declaración indagatoria del ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y del ex jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perrone, por haber tenido conocimiento y desobedecer las notificaciones, clausuras judiciales y prohibiciones para alojar detenidos en la seccional tercera de Esteban Echeverría.
Además de las responsabilidades políticas, debe tenerse en cuenta que los hechos se iniciaron una protesta por la decisión policial arbitraria de cortar la luz del calabozo, lo que dejó a las personas sin poder escuchar música e incluso sin agua.
Fuente: https://www.andaragencia.org/indagaron-a-policias-bonaerenses-por-la-masacre-de-esteba-echeverria/