El dato surge del informe “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en base a datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este escenario no es nuevo, ya que según el estudio estas cifras se mantienen desde hace más de seis años.
Un poco más de la mitad (51,5%) de las niñas, niños y adolescentes en Argentina reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir en el mercado una canasta básica total de bienes y servicios (CBT), y un 13,2% en hogares extremadamente pobres o indigentes, es decir, con ingresos inferiores a los necesarios para comprar una canasta básica de alimentos (CBA). Esto equivale a alrededor de 6,8 millones de personas menores de 18 años en la pobreza monetaria y unos 1,7 millones en la pobreza monetaria extrema.
En términos absolutos, desde Unicef advierten que aproximadamente 8,8 millones experimentan privaciones de alguno de los dos tipos, y 3,7 millones experimentan ambos tipos simultáneamente.
Uno de los datos que se remarca en el informe es que la tenencia de empleo de les adultes no es una condición suficiente para que el hogar escape de la pobreza, ya que una niña o un niño cuya Persona de Referencia se desempeña como asalariada informal o como trabajador por cuenta propia en ocupaciones de baja cualificación, tiene una probabilidad de estar en la pobreza dos veces más alta que la de quienes residen hogares cuya Persona de Referencia es un trabajador formal. “Es claro que la calidad de la inserción laboral importa y que una inserción precaria en el mercado laboral puede generar una situación análoga en términos de bienestar que la provocada por la falta de empleo”, expresan desde Unicef.
En el informe se indica que la pobreza infantil es de 32% en los casos de hogares cuyos miembros tienen ocupación formal, y del 60% en familias con trabajadores no registrados.
“La casi totalidad de las niñas, niños y adolescentes residen en hogares con personas ocupadas”, afirman el informe. En este sentido, indica que en Argentina, nueve de cada diez chicas y chicos en situación de pobreza viven en familias en las que al menos un miembro trabaja, “lo que socava las afirmaciones de que la sola creación de empleo es una vía automática para salir de la pobreza”.
El 76% de esas niñas y niños en situación de pobreza que residen en hogares con miembros ocupados, viven con miembros ocupados en la informalidad. En este sector, los empleos son inestables, precarios y los salarios más bajos. Esto explica en parte por qué el trabajo muchas veces no es suficiente para sacar de la pobreza a los hogares y a las chicas y chicos que viven en ellos.
“En suma, el empleo de las personas adultas en las condiciones actuales no necesariamente permite reducir la pobreza sustancialmente. El empleo formal la disminuye de manera marcada (pasa del 51,5% promedio al 32,2%), pero el empleo informal la eleva del promedio (59,8% versus el 51,5% promedio). El empleo formal sí parece un instrumento poderoso para bajar la pobreza infantil extrema, dado que son muy pocas las chicas y chicos que residen en hogares con personas ocupadas en la formalidad que son pobres (cercano al 3% en 2022)”, se indica en el informe.
Agregan que otro aspecto central tiene que ver con la localización de la vivienda en barrios populares. “Una niña o niño que reside en un barrio popular registra una tasa de pobreza un 54% más elevada que el promedio general”.
En sus consideraciones finales, el informe señala que la pobreza es más que la escasez de ingresos que afecta a las personas o a los hogares: “Vivir las primeras etapas de la vida en la pobreza significa no asistir a la escuela o hacerlo con retraso, no tener vestimenta digna, no tener acceso a servicios como agua potable y electricidad, vivir en espacios inseguros y en condiciones de hacinamiento, y/o muchas otras carencias. Estas realidades tienen consecuencias negativas, es posible que se reproduzcan en la siguiente generación, y comprometen el presente y futuro de las niñas y niños que la viven, así como el desarrollo económico y bienestar social del país. Estas consecuencias se plasman en experiencias y situaciones que atraviesan cotidianamente la vida de millones de niñas, niños y adolescentes. Los análisis cualitativos, como el que aquí se presenta, permiten poner el foco en cómo se gestionan esas privaciones y se viven las desigualdades, a través de experiencias biográficas y colectivas. En este sentido, una dimensión central que se expresa en este abordaje es la vivencia de la pobreza persistente en la niñez y adolescencia, que alimenta procesos de sufrimiento y estigmatización que se cristalizan en las biografías y afectan las trayectorias sociales e individuales. La magnitud y persistencia de la pobreza en niñas, niños y adolescentes genera la necesidad urgente de priorizar su erradicación en las políticas públicas de las próximas décadas en Argentina”.
En este marco, desde Unicef consideran que los Estados cuentan con dos herramientas de política centrales, como son las políticas de crecimiento y las redistributivas.
“Las políticas de crecimiento deben ser inclusivas y tener en cuenta que no todo tipo de empleo saca a los hogares de la pobreza. Este debate llama la atención sobre otra discusión pendiente en el país: la necesidad de avanzar hacia la implementación de un sistema integral de cuidados. Sin políticas de cuidado suficientes y de calidad (licencias, acceso a espacios de educación y cuidados, transferencias monetarias, entre otras) y sin acciones que permitan distribuir las tareas de cuidado más equitativamente, se reducen ampliamente las posibilidades de las mujeres madres/a cargo de hogares con niñas o niños (históricamente sobrerrepresentadas en el empleo informal) de acceder a empleos formales y de calidad”.
En cuanto, a las políticas redistributivas a las que califican como fundamentales, afirman: “En particular, los programas de protección social (como la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar o el Potenciar Trabajo) han demostrado ser una herramienta importante para mitigar la pobreza y, en particular, la pobreza extrema. A su vez, la organización comunitaria, histórica en nuestra sociedad, es crecientemente percibida como una forma de protección y refugio ante la exclusión o insuficiencia de las otras fuentes de bienestar (mercado y Estado) para el acceso a bienes y servicios considerados indispensables. Estas redes comunitarias exceden el cubrir las carencias materiales, para avanzar en el sostenimiento de la vida ligado a la alimentación, la salud, la educación, las violencias, el maltrato institucional entre otras problemáticas. Las mujeres son las protagonistas de este entramado comunitario, sin ser reconocidas ni remuneradas. En este sentido, resulta problemático pensar la participación popular como un recurso de autogestión de los problemas sociales. La complejidad del trabajo comunitario requiere ser parte primordial de la agenda pública en la estrategia de reducción de la pobreza. La preocupación por sobrecarga que enfrentan las mujeres debe ser un eje central en la construcción de esa estrategia. Además la percepción de bienestar, subjetiva, de las poblaciones debe ser tomada en cuenta en los diseños institucionales y en el corazón de los objetivos de integración social”.
En este sentido señalan que dado que la pobreza trasciende los ingresos, es necesario acelerar los programas orientados al acceso a los derechos en términos de educación, nutrición, salud y obras de infraestructura, en particular en zonas con déficits de larga data: “En este sentido, contar con mediciones oficiales que informen sobre las múltiples dimensiones de la pobreza infantil es un insumo clave para el diseño de políticas más inclusivas. Erradicar la pobreza infantil, y con más urgencia la pobreza infantil extrema, en todas sus formas es un imperativo impostergable. A 40 años de la recuperación democrática, este debe ser un consenso central que congregue a todos los actores de la sociedad”, finalizan.