Este martes 28 de marzo, comienza a sesionar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo el juicio político juicio político contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan que resolvera la destitución o la continuidad del funcionario. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como querellante institucional en la causa penal que lo investiga por liderar una empresa criminal para el armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, acompañará el desarrollo del jury.
Luego de años de idas y vueltas en la investigación penal al titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro, Claudio Scapolan (procesado oportunamente junto a otras 35 personas entre policías, funcionarios judiciales y abogados), finalmente este 28 de marzo comenzará el juicio político que resolverá su eventual destitución.
El jury examinará las responsabilidades políticas y funcionales propias del ejercicio de su cargo y no la responsabilidad penal que pudiera llegar a probarse en la causa que lo ubica como líder de una asociación ilícita que entre 2013 y 2015 se dedicó al armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos.
Esa causa está virtualmente paralizada, desde junio del año pasado, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, a cargo de los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, en un fallo arbitrario y vergonzoso, dictara la falta de mérito de Scapolan en varios de los delitos por los que se lo había procesado en primera instancia, aunque confirmó su procesamiento por el delito de falsedad ideológica de documento público por el «caso Anacona». Allí, en el marco de un operativo en el que se secuestró un importante cargamento de estupefacientes, los policías del actuantes del área de Drogas Ilícitas que intervinieron se apropiaron de cerca de media tonelada de cocaína para su posterior comercialización.
En aquella oportunidad la CPM, que interviene en la causa penal como querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, calificó el beneficio para Scapolan como un grave retroceso que consagra la impunidad de los crímenes cometidos desde los estamentos del estado y desconoce las pautas investigativas básicas en casos de vulneración de derechos humanos. “Se trata de un fallo injustificado que desconoce la magnitud y la calidad de la prueba recabada y la avanzada instancia a la que llegó el juicio político que podría terminar con la destitución del fiscal”, enfatizó la CPM.
Varios meses antes, en diciembre de 2021, se había producido otro grave retroceso en la investigación: la misma Cámara había apartado a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de la instrucción de la causa, dando lugar al pedido de recusación formulado por uno de los imputados.
Frente a tal escenario, la CPM presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no prosperó. A comienzo de 2023 interpuso un recurso extraordinario ante la misma Corte con el objeto de retrotraer el estado de la investigación penal hasta antes del dictado de la falta de mérito respecto a Scapolan, y que se restituya el expediente a la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, teniendo en cuenta los importantes avances logrados por la magistrada y el valioso caudal probatorio obrante en la causa. El trabajo riguroso, independiente y sumamente fundado llevado a cabo por el Fiscal Fernando Dominguez, fue una valiosa contribución a esta investigación.
En este contexto se desarrollará el juicio político. Por un lado, la pretensión de Scapolan de frenar el jury en virtud del estado actual de la causa penal; y por otro, las innumerables irregularidades, excesos en su ámbito de actuación y faltas cometidas en el ejercicio de su función, que quedarán expuestos ante el Jurado de Enjuiciamiento a partir de las decenas de testimonios previstos, entre ellos el de la propia jueza federal ya mencionada.
Para esta CPM resulta imperiosa la realización del juicio político ya que la actuación de Scapolan no resulta ser un caso aislado ni anecdótico. Los allanamientos ilegales, la utilización de testigos de procedimiento falsos, el empleo de tareas de investigación y seguimiento no autorizadas por autoridad jurisdiccional alguna o el inicio de procedimientos policiales y judiciales con denuncias anónimas inexistentes, son rutinas que por su regularidad y sentido instrumental se transforman en prácticas policiales que en muchos casos cuentan con aval judicial.
Otros casos de gravedad institucional aún no resueltos son los del todavía fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello (imputado por crímenes de lesa humanidad de cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), y el de los fiscales de Lomas de Zamora (Sebastian Scalera, Pablo Rossi y Sebastian Bisquert) acusados de perseguir y presionar a jueces independientes mediante la realización de espionaje ilegal e investigaciones arbitrarias y sin control judicial.
Estos casos de funcionarios judiciales que pese a las graves acusaciones que pesan en su contra logran la impunidad, desnudan la pervivencia de estructuras mafiosas sustentadas por prácticas policiales ilegales y por la anuencia, complicidad y cobertura de un sector de la justicia, que configuran entramados de corrupción que deben ser investigados y desarticulados urgentemente, a fin de resguardar los principios republicanos de gobierno.
Fuente: https://www.andaragencia.org/comienza-el-jury-contra-el-fiscal-de-san-isidro-claudio-scapolan/