La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó este miércoles 29 de marzo, con 30 votos afirmativos, ocho negativos, cuatro ausentes y seis abstenciones, una ley provincial que desconoce la preexistencia del pueblo nación Mapuche en Argentina, al afirmar que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. La resolución también repudia el decreto 805/21, que prorroga la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena (que suspende desalojos de comunidades indígenas y la realización de relevamientos territoriales), y expresa “preocupación” por la no participación de la provincia en el relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Comunidades indígenas Huarpe, Mapuche, Colla y Guaraní de Mendoza (que se manifestaron en las puertas de la Legislatura durante el tratamiento del dictamen), junto a otras diversas organizaciones, repudiaron la resolución al considerar que se trata de un “intento de institucionalizar el racismo en Mendoza” y “un retroceso en el marco legal de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas de Argentina”.
“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”
El texto aprobado durante la sesión surgió de un despacho en mayoría elaborado por la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura mendocina, tras escuchar a historiadores, antropólogos, arqueólogos, representantes de pueblos originarios y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que durante un mes se expresaron al respecto en distintas jornadas de análisis. De allí surgieron dos despachos: uno de minoría, que no prosperó durante el tratamiento en el recinto, y otro de mayoría, que es el que finalmente resultó aprobado este miércoles 29 de marzo, por 30 votos afirmativos, ocho negativos, cuatro ausentes y seis abstenciones.
El texto de la resolución afirma que “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
También expresa su “repudio por el Decreto N°805/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
Además, expresa “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.
Los votos negativos fueron de Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). Las seis abstenciones de Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV). Y las cuatro ausencias en la votación fueron de Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo (quien tenía pedido de licencia).
“Una ley provincial que es inconstitucional ya que desconoce la preexistencia de los pueblos originarios e institucionaliza el racismo”
Rápidamente, organizaciones y comunidades indígenas Huarpe, Mapuche, Colla y Guaraní de Mendoza – que se manifestaron en las puertas de la Legislatura durante el tratamiento del dictamen -, junto a otras diversas organizaciones, repudiaron la resolución de la legislatura provincial al considerar que se trata de un “intento de institucionalizar el racismo en Mendoza” y “un retroceso en el marco legal de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas de Argentina”.
En la misma línea, llaman a sumar la adhesión a un comunicado que difundieron “en defensa de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución Argentina y los convenios internacionales, en rechazo al dictamen racista y negacionista que intentan imponer desde el Frente Cambia Mendoza en la legislatura provincial, promoviendo la confrontación con discursos de odio en la sociedad mendocina, por la unidad de las luchas en la diversidad convocamos a organizaciones indígenas, sociales, culturales, ambientales, políticas, sindicales, feministas y de derechos humanos”.
Cambia Mendoza (UCR-PRO) aprobó en la Legislatura provincial una declaración que sostiene que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios”. El werken Gabriel Jofré había advertido sobre la campaña antimapuche de @rodysuarez❗
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En tanto, la Red de Luchas Socioambientales también se sumó al repudio: “la legislatura de la provincia de Mendoza acaba de aprobar una ley provincial que es inconstitucional ya que desconoce la preexistencia de los pueblos originarios e institucionaliza el racismo, expresamente hacia el Pueblo Mapuche, negando su existencia en Argentina. La red también valoró las exposiciones de diferentes especialistas y representantes indígenas, que “confirman la preexistencia como pueblo indígena de Mendoza y Argentina”.
“Una campaña estigmatizante y racista que se viene produciendo día a día hacia el pueblo originario Mapuche”
En etse marco, ya principios de marzo investigadoras e investigadores de diferentes universidades argentinas y extranjeras y de centros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) denunciaban y repudiaban lo que consideran una “campaña estigmatizante y racista que se viene produciendo día a día hacia el pueblo originario Mapuche”.
También remarcaban: “además de desconocer y vulnerar la legislación existente y los tratados internacionales que reconocen derechos particulares a los pueblos indígenas, estos discursos promueven y replican todo tipo de falacias y tergiversaciones mediante la recuperación de trabajos que carecen de rigurosidad científica, o bien de entrevistas a personas que no son especialistas en el tema”.
“Sugestivamente – agregaban – los mismos han cobrado mayor difusión por parte de diversos sectores políticos, funcionarios públicos y medios de comunicación en plena campaña electoral, en el contexto de la mesa de diálogo abierta en San Carlos de Bariloche y del relevamiento en cumplimiento de la Ley nacional N° 26.160 de ‘Emergencia territorial indígena’ en la provincia de Mendoza”.