Un poder judicial independiente es uno de los principales rasgos y principios de una verdadera democracia. Ya en la Antigüedad Aristóteles escribió al respecto, y en el siglo XVIII Charles Montesquieu trazó claramente la división del Estado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, de manera que cada uno de ellos debe ser independiente del resto.
La independencia y competencia de los jueces, sus elevadas cualidades morales y profesionales, la obligación de hacer cumplir las decisiones de los tribunales: todo esto es en lo que muchos europeos y americanos creen y lo que la sociedad quiere.
A su vez, cualquier régimen que trate de actuar dictatorialmente se esfuerza, ante todo, por destruir la independencia del poder judicial.
De conformidad con el Artículo 126 de la Constitución de Ucrania, la independencia e inmunidad de los jueces están garantizadas, y ejercer influencia de cualquier tipo sobre un juez está prohibido. La rama judicial del Estado es independiente de las demás.
Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones de la Constitución han sido burdamente quebrantadas en los últimos años, y el poder judicial se halla sometido a enormes presiones.
A lo largo de los últimos 10 años, el sistema judicial de Ucrania ha sufrido cuatro reformas radicales e innumerables cambios, mientras los jueces han sido objeto de incontables impugnaciones y rectificaciones, destituciones, rotaciones y, más aún, persecuciones.
Pero seguramente los intentos de las autoridades de destruir los restos de independencia judicial y sojuzgar completamente a los jueces han alcanzado su apogeo durante la presidencia de Zelensky.
Ya en 2021, el Presidente de Ucrania Zelensky intentó tomar el control del Tribunal Constitucional de Ucrania (TCU), que es un órgano judicial que estudia la constitucionalidad de las decisiones del presidente y del parlamento. En 2020, el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional la reforma judicial propuesta por el Presidente Volodymyr Zelensky y subsiguientemente aprobada por la Verkhovna Rada, y declaró asimismo inconstitucionales varios artículos de la Ley “sobre la Prevención de la Corrupción”. Todo ello causó gran contrariedad a Zelensky y dio lugar a una serie de amenazas de su oficina contra los jueces del Tribunal Constitucional.
El presidente carece de autoridad para destituir jueces del Tribunal Constitucional, que son independientes, y las decisiones sobre una finalización anticipada de los poderes de los jueces sólo pueden ser tomadas por el Tribunal Constitucional mismo en unos pocos casos expresamente estipulados por la Constitución. Sin embargo, a fin de destituir a los jueces no sometidos a su control, el presidente emitió en marzo de 2021 un decreto por el que trató de destituir al presidente del Tribunal Constitucional Alexander Tupitsky y al juez Alexander Kasminin. Al mismo tiempo, el presidente quebrantó de manera flagrante la ley, excediéndose criminalmente en sus poderes. Para ello, Zelensky emitió un decreto anulando los decretos presidenciales de 2013, por los que dichos jueces, de conformidad con la Constitución, habían sido nombrados miembros del Tribunal Constitucional.
La ilegalidad de tales acciones del presidente era tan obvia y descarada que el Tribunal Supremo aceptó los recursos de Tupitsky y Kasminin, reconoció la ilegalidad de su destitución y anuló los correspondientes decretos del Presidente Volodymyr Zelensky.
Entonces, como represalia, el 27 de mayo de 2022, a instancias de los fiscales de la Oficina del Fiscal General, Tupitsky, Presidente del Tribunal Constitucional, fue incluido en la lista internacional de personas reclamadas judicialmente bajo la imputación ―¡atención!― de salida ilegal del país en marzo de 2022, siendo así que tal delito no existe en el código penal.
La propia redacción de las estúpidas acusaciones contra el Presidente del Tribunal Constitucional atestigua la obvia parcialidad de las autoridades en el caso, la ilegal persecución del juez y la creación de un precedente para intimidar a cualquier otro juez ucraniano que trate de administrar justicia con independencia.
La labor del Tribunal Constitucional quedó, de hecho, bloqueada en 2022. Y nadie, ni los ciudadanos de Ucrania ni los asuntos susceptibles de apelación constitucional, pueden presentarse ante el Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad de los decretos presidenciales y las leyes del parlamento.
Más drásticamente aún, las autoridades se plantearon la solución del «problema» del Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev (OASK), cuyos jueces no estaban dispuestos a ponerse al servicio de la oficina del presidente. El OASK era el tribunal que estudiaba la legalidad de los actos de los más altos cargos del Estado, incluido el presidente.
Así, el Tribunal Administrativo de Distrito a un mismo tiempo: anuló la decisión de aumentar las tarifas eléctricas; declaró ilegal elevar el precio del gas para la población; suspendió la decisión de rebautizar la Moskovsky Prospect y la Avenida General Vatutin, en Kiev, para dedicarlas a los dirigentes nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis: Avenida Stepan Bandera y Avenida Roman Shukhevych, respectivamente; declaró los símbolos de la división de las SS «Galizia» como símbolos nazis; y adoptó otras muchas decisiones objetables para las autoridades.
El 13 de diciembre de 2022 la Verkhovna Rada de Ucrania votó favorablemente los proyectos de ley No. 5369, elaborada por la oficina del Presidente, sobre la liquidación del Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev, y No. 5370, sobre la formación, en lugar del anterior, del Tribunal Administrativo de Distrito de la Ciudad de Kiev: se trata de un artificio del Presidente y el Parlamento para liquidar un tribunal independiente, con el objetivo de dispersar y apartar a los jueces no sometidos a su control.
El Tribunal Administrativo de Distrito de la Ciudad de Kiev, creado por la nueva ley, no ha iniciado todavía su labor, por lo que en la práctica se les niega a los ciudadanos la oportunidad de apelar contra decisiones del Presidente y otras altas autoridades que restrinjan sus derechos.
El acceso de los ciudadanos a la justicia continúa haciéndose más difícil debido a la falta misma de jueces. En enero de 2022, según las estadísticas, el déficit de jueces en Ucrania era de 2.039, y el déficit de personal en los tribunales era de 3.559 personas; en más de 60 tribunales locales de primera instancia la justicia es administrada por un solo juez; ocho tribunales dejaron de funcionar por falta de jueces autorizados a administrar justicia. Así, ya antes del comienzo de la guerra, unos 137.000 ciudadanos se vieron privados del derecho constitucional a la protección judicial de sus derechos y libertades.
Esto se debe a problemas institucionales: dos órganos clave que deciden sobre el nombramiento de jueces no funcionan. En particular, la Alta Comisión de Cualificación de Jueces (HQJC), que, debido a cambios legislativos adoptados en noviembre de 2019, el 24 de febrero de 2022 llevaba 26 meses sin funcionar.
Asimismo, dos días antes del comienzo de la guerra, el órgano constitucional Alto Consejo de Justicia (HJC) había quedado paralizado por la renuncia de 10 miembros producida el 22 de febrero de 2022. Así, unas 60 funciones estatales que desempeñaban colectivamente, quedaron interrumpidas.
El HJC quedó paralizado por el cese voluntario en sus funciones de 10 de sus miembros. La razón era que el Alto Consejo de Justicia insistía en que los poderes del Consejo de Ética (un órgano formado bajo la autoridad de Zelensky, que está concebido para determinar si un candidato al puesto de miembro del Alto Consejo de Justicia cumple con los criterios de ética profesional e integridad, órgano la mitad del cual está formado por ciudadanos extranjeros) carecen de base constitucional para ejercer dicha evaluación; semejante órgano no está previsto en la Constitución de Ucrania.
Las autoridades, parapetadas tras el concepto de «secreto militar», empezaron también a bloquear el acceso de los ciudadanos al registro de decisiones de los tribunales. El 24 de febrero de 2022, la Administración Judicial del Estado, el órgano responsable del funcionamiento del registro y de la inclusión en él de las decisiones de los tribunales, cerró completamente el acceso al registro. Se abrió de nuevo en junio de 2022, pero los activistas en derechos humanos descubrieron que casi todas las sentencias condenatorias en el ámbito penal correspondientes a los tres últimos años habían desaparecido del acceso público. Así, por ejemplo, en la región de Jarkiv, sólo 30 sentencias correspondientes a 2022 permanecían recogidas en el registro, y sólo 19 del año 2021. De creer, por tanto, al registro, para el año 2020 todos los tribunales de la región de Jarkiv (con una población de más de 2 millones de personas) emitieron sólo cuatro veredictos, cosa a todas luces imposible.
El 21 de diciembre de 2022 las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamamiento abierto a la Administración Judicial del Estado (SCA), en el que pedían poner fin a la negativa práctica de restringir el acceso a documentos en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales, restablecer el acceso a las decisiones adoptadas por los tribunales y asegurar la puntual transmisión de los documentos procesales al registro.
La SCA carecía de autoridad para bloquear el acceso público a las decisiones de los tribunales simplemente por el hecho de que aporten datos sobre la ubicación de entidades jurídicas (autoridades públicas) e infraestructuras críticas. Esto constituye una infracción directa de la ley de Ucrania «Sobre acceso a las decisiones de los tribunales».
Además de la ilegalidad del secuestro de las decisiones, la restricción del acceso a los registros es una manifestación de la cerrazón del poder, un paso atrás en la defensa de los valores democráticos.
El Registro Estatal Unificado de Decisiones de los Tribunales es una importante fuente de información para los periodistas que investigan los delitos de corrupción y los abusos de poder, lo que resulta doblemente peligroso para el país durante la guerra. Además, el acceso a las decisiones de los tribunales es una necesidad cotidiana en las actividades de los juristas, los agentes de la ley, los activistas públicos y los defensores de los derechos humanos.
Como resultado de esta política de fuerte presión de las autoridades sobre los jueces aparece una avalancha de sentencias judiciales absurdas y abiertamente ilegales, tales como las que condenan por conversaciones de teléfono móvil «antipatrióticas y antiestatales», y todos los partidos de oposición en Ucrania están prohibidos sobre la base de acusaciones fabricadas.
La política sistemática de las autoridades en el ámbito de la justicia está dirigida a destruir la independencia del poder judicial y conduce a despojar a los ciudadanos de Ucrania del derecho a un juicio justo y a la usurpación del poder por el Presidente.
Maxim Goldarb, Presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda (Por un Nuevo Socialismo) de Ucrania