A lo largo de Argentina se desarrollan proyectos extractivistas que extraen los bienes comunes con el único fin de generar ganancias para empresas y pagar al FMI, y generando contaminación y pobreza para las poblaciones. Las asambleas socio ambientales que construyen resistencia popular cuestionan la matriz energética de Argentina porque depende en un 85% de combustibles fósiles (55% gas, 29% petróleo y 1% carbón). Mientras que la mayor parte de ingresos de divisas extranjeras se da gracias a las exportaciones de materias primas y alimentos del campo, sector que también basa su producción en la explotación extrema de la tierra, la utilización de agrotóxicos y la ganadería en feed lot.
Por donde se lo vea la forma de producción extractivista es altamente dañina con la naturaleza. Las consecuencias que acarrea esto, sumado a otras lógicas de depredación como la creciente especulación inmobiliaria y la destrucción de humedales, la instalación de petroleras en el Mar Argentino, la tala de bosques nativos y los incendios para la expansión de la frontera ganadera, configuran un escenario por demás complejo para la vida en esta región.
En este contexto el ministro de Economía, Sergio Massa promete la profundización del modelo extractivista para lograr desembolsos multimillonarios en dólares del FMI. La explotación de los bienes comunes como el litio, el agua y el gas que conducen al sacrificio de territorios es la propuesta de los distintos partidos patronales para terminar con la pobreza. En este aspecto no existen grandes diferencias entre los distintxs candidatos. Al mismo tiempo el PJ junto con el radicalismo avanza con reformas que prohíben y multan la protesta social, reprimen y criminalizan a las movilizaciones populares.
Estas problemáticas y la resistencia a ellas cuenta con diversos antecedentes en Argentina que se han convertido en grandes hitos: Esquel, Famatina, Veladero, Andalgalá, Mendoza, la defensa de los humedales en el Delta del Tigre, la lucha de los pueblos fumigados en toda la pampa húmeda y la resistencia a la instalación de las papeleras en Gualeguaychú. Se han organizado en defensa de los bienes comunes, entre estos el recurso hídrico, entendiendo que la promoción de estas actividades requiere sobreconsumo de agua y genera severos impactos ambientales negativos.
Veamos cuáles son los principales conflictos activos en los distintos territorios según el proyecto extractivista:
Minería
- Extracción de litio: Argentina es parte del triángulo del litio junto a Bolivia y Chile, zona geográfica que concentra más del 60 % de las reservas de ese metal blando del planeta. Lo que se extrae es carbonato y/o cloruro de litio, ulexita y, sobre todo, agua dulce que necesitan las comunidades originarias que viven en los salares de Jujuy, Catamarca y Salta donde está el 22% de la reserva mundial de litio
En la actualidad, existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, pero hasta ahora sólo dos de ellos, instalados en Jujuy y Catamarca, producen y exportan los productos derivados de este mineral: carbonato y cloruro de litio. El proyecto Fénix, en Salar del Hombre Muerto, Catamarca, es operado por la empresa estadounidense Livent. La firma fue denunciada en julio de 2022 por la Dirección de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por presunta subfacturación en más de 400 ventas de litio al exterior, lo que le habría implicado al fisco nacional un desfalco de más de ocho millones de dólares.
El segundo emprendimiento en Argentina es Sales de Jujuy (en el salar de Olaroz), sociedad integrada por la australiana Allkem (con 66,5 por ciento de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal Jemse (8,5%), de la provincia norteña. Los principales propietarios de acciones de Livent son Blackrock y Vanguard, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo. Ambos están radicados en Estados Unidos. En el caso de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Reino Unido).
A su vez, estos cuatro fondos (Blackrock, Vanguard, JP Morgan y HSBC) son accionistas cruzados entre ellos, de manera que componen un complejo entramado societario que, de manera directa o indirecta, los coloca como principales beneficiarios de los dos proyectos que hoy extraen y exportan litio desde Argentina. Un dato muy llamativo es que estos cuatro fondos son tenedores de bonos de la deuda externa argentina.
El gobierno presenta al litio como el nuevo oro de la denominada “transición energética”: el proceso de Transición Energética Nacional es un proceso que comprende la promoción del “cambio estructural del sistema energético nacional desde un régimen centrado en los hidrocarburos hacia la incorporación incremental de tecnologías basadas en recursos renovables y de baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI)”.
El gobierno hace alarde de las “energías verdes” para atraer inversiones para la producción de carbono de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio, la materia prima para la elaboración de baterías de la prometida revolución de los autos eléctricos. Sin embargo, la transición tecnológica no es verde porque no modifica los impactos ambientales extractivos de las materias primas con las que se abastecen: contaminación, controles ambientales laxos a cargo de las empresas, falta de consulta a las comunidades locales y vulneración del derecho indígena, escasos puestos de trabajo, precarización laboral y recaudación del Estado solo a través de regalías bajas.
- Extracción de cobre: El 1° de marzo se aprobó el proyecto de exploración geológica de cobre en el Cerro Amarillo en Malargüe que viola una decena de leyes ambientales vigentes, tanto nacionales como provinciales. Desde las Asambleas por el Agua plantean que una vez más, funcionarios peronistas y radicales dejaron en claro que para el extractivismo no hay grieta, con la mentira de que se trata de “minería en los marcos de la Ley 7722”. En etapa de exploración con perforaciones podrían destruirse glaciares cordilleranos, los humedales de valles altos andinos y su biodiversidad en un contexto de cambio climático donde estos ecosistemas son esenciales para mantener la temperatura terrestre. Todo en clara violación de la Ley nacional 26.639 que define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial.
La Declaración de Impacto Ambiental que se aprobó es la misma que fue rechazada en 2014, con importantes irregularidades que pueden poner en riesgo glaciares y cauces de agua en Malargüe. En aquel entonces la empresa aportó un relevamiento propio de glaciares, que el ejecutivo dio por válido sin consulta alguna al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Sin embargo, la prensa oficial del Gobierno de la provincia mintió asegurando que IANIGLIA afirmó que no hay afectación con este proyecto.
“En Mendoza siempre han salido a las calles por la constante insistencia en pasar por alto o reformar la 7722, nuestra única ley que nos protege el agua del extractivismo” expresan compañerxs de la regional Mendoza del FOL. Entre las principales consecuencias del modelo extractivista detallan: “La distribución del agua se piensa privilegiando la minería extracción de petróleo, gas no convencional, el uso para agricultura donde las empresas agrícolas de Mendoza se llevan la mayoría del agua, incluso pinchan caños, redireccionan ríos”.
A su vez, otro de los focos de lucha de las asambleas está puesto en el uso del agua por parte de las empresas mineralizadoras como Villavicencio que en alianza con Mekorot, empresa israelí que se presenta como asesora técnica para “hacer más eficiente el manejo del agua en Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz”. Desde la Asamblea por el Agua insisten en que en realidad es para resguardar el agua para las empresas.
Explotación de petróleo y gas
- Producción de petróleo en el mar: : A propósito del Plan Maestro de Conservación del agua, al gobierno no le tembló el brazo para entregar el Mar Argentino a la exploración y explotación offshore. El 4 de enero de 2022 fue la primera movilización multitudinaria en Mar del Plata para protestar en contra de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que decidió autorizar la exploración sísmica en tres áreas marítimas a 300 km de la costa, a pesar de que en una audiencia pública realizada ese año dio como resultado una fuerte oposición al proyecto petrolero. Esto desencadenó una respuesta masiva que se llamó Atlanticazo en comunidades costeras y de todo el país que acompañó el reclamo con mucha fuerza y contundencia.
Luego se difundió el plan de exploración en la Cuenca Austral y Malvinas Oeste por parte de la noruega Equinor y la británica Tullow entre septiembre de 2023 y mayo de 2024.
El offshore se hace a través de un bombardeo que produce contaminación sonora. El ruido de las explosiones daña la audición de los animales, ya que tiene un alcance de hasta 300,000 km2, afectando a ecosistemas enteros,, denuncian desde las Asambleas. Eso se va a producir durante 180 días consecutivos, durante las 24 horas del día, a poco más de 26 kilómetros de la costa, frente a Río Grande, en Tierra del Fuego. Allí reside la Reserva Natural Costa Atlántica que se extiende desde San Sebastián hasta la desembocadura del Río Ewan. Tal reserva es para cuidar a las aves migratorias (entre otras especies protegidas) cuyo alimento encuentran donde van a ser estas exploraciones sísmicas.
- Fracking: La explotación del gas en la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Neuquén está causando sismos que afectan seriamente la vida de la población de Sauzal Bonito. A partir de 2015 cuando ya había avanzado el fracking o fractura hidráulica la tierra comenzó a temblar y las casas se resquebrajaron. El 23 de enero de 2019 fue el récord: 36 sismos en un solo día. Pero desde 2015 hay registrados 400. En 2019 el gobierno tiró abajo tres casas para reconstruirlas y en 2022 anunció la construcción de 50 viviendas antisísmicas. Pero la comunidad de 500 habitantes pretende una solución de fondo. Por eso la Lof Wirkaleo de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentaron en 2021 una demanda contra la provincia de Neuquén por el daño ambiental y este año la ampliaron con una nueva prueba. Se trata de un informe técnico de los científicos Guillermo Tamburini y Javier Grosso:“Sismicidad a simple Vista: el fracking en Bajada del Palo Oeste y otras zonas de operación de Vista Oil & Gas”. La demanda ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde podrá dar lugar a la comunidad originaria y científica que expone que el fracking es el causante de la sismicidad y obligar a las empresas a dar información que tienen guardada porque quieren seguir haciendo ganancias mientras niegan la posibilidad de una vida digna para les habitantes del territorio.
- Avanza el Oleoducto Vaca Muerta Sur Oil Sur que es impulsado por YPF y busca conectar el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén con Punta Colorada en el Golfo San Matías, Río Negro. Con una extensión de más de 600 km, el proyecto prevé transportar 360,000 barriles de petróleo por día, representando el 56% de la extracción de crudo en Vaca Muerta en marzo de 2023 aumentando significativamente la capacidad de exportación de crudo. Esto beneficiará a varias compañías involucradas en el fracking, pero sin ningún tipo de garantía en la generación de divisas para Argentina o de desarrollo local para la zona.
La Multisectorial por la Defensa del Golfo San Matías y las Asambleas del Curru Leufu -coordinación de asambleas de la provincia- vienen realizando actividades en rechazo dado que condenaría a varias décadas nuestro sistema energético a seguir extrayendo grandes cantidades de petróleo en un contexto en el cual el gobierno se comprometió a cumplir con la transición energética. También tendría consecuencias negativas en áreas protegidas ya que el Golfo San Matías es un área sensible con presencia de ballenas francas, orcas, pingüinos de Magallanes y aves marinas. Esto afectaría a la economía local porque como todo puerto petrolero del mundo este proyecto implica el peligro certero de contaminación, perjudicial para todo el Golfo San Matías, numerosas especies protegidas, ecosistemas y comunidades costeras vinculadas al turismo y la pesca. En este marco, asambleas populares, multisectoriales y organizaciones participarán de una protesta ante una audiencia pública que se realizará el 17/8 en Sierra Grande. El FOL viajará multisectorialmente en la Asamblea socioambiental de Fiske Menuco y desde valle medio. Además lanzaron una campaña masiva contra la audiencia para avanzar con el Oleoducto Vaca Muerta Sur, la cual se puede firmar aquí.
- En Chubut las asambleas en defensa del agua también están activando para que se tome a esta provincia como parte de esta audiencia pública porque también están en la zona de afectación del proyecto de oleoducto. “Además nos preparamos para la avanzada, seguramente luego de las elecciones, de la extracción de litio (recurso que también compartimos en el norte de nuestra provincia con Neuquén y Río Negro) y también la posibilidad de reactivar las minas de uranio en nuestro territorio” alertan compañerxs de la Regional Chubut del FOL.
Deforestación, monocultivo transgénico, agrotóxicos y emergencia ignífuga
Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, la contaminación de napas, los problemas en la salud de pobladores que viven en zonas productivas donde se utiliza el cultivo con semillas transgénicas, agroquímicos, siembra directa y maquinarias a gran escala para la producción vinculada a la exportación de soja y trigo son algunos de los conflictos vinculados con las consecuencias del ‘modelo agroalimentario’ imperante en la producción agrícola de Argentina.
Esto se puede ver reflejado en la lucha que vienen desarrollando las Madres de Ituzaingó en Córdoba, el colectivo Paren de Fumigarnos en Mar del Plata o la Asamblea Paren el Desierto Verde en el Partido de Mar Chiquita en Buenos Aires, quienes comparten esta crítica al modelo de producción imperante y tratan de mostrar las consecuencias que causa en sus propias vidas.
El 2021 y 2022, grandes extensiones de bosques y monte fueron deforestadas y las que no terminaron literalmente prendidas fuego. En números concretos, en 2021, se depredó 110.180 hectáreas de bosques, equivalentes a 12 canchas de fútbol por hora; y el 80 % fue talado de forma ilegal, según reveló la ONG Greenpeace en su reporte anual de deforestación. La destrucción indiscriminada de la flora evitó la liberación de humedad a la atmósfera necesaria para formar nubes de lluvia, secó el suelo y generó un ambiente fértil para transformar cualquier chispa en incendios incontrolables.
El Ministerio de Ambiente, en enero pasado, enumeró pérdidas mayores a 160.000 hectáreas de bosques por el fuego y un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reveló que, hasta el 7 de febrero, en la provincia de Corrientes se quemaron 519.000 hectáreas.
Las consecuencias de esta depredación están a la vista: la sequía y el calor no son una consecuencia natural, sino producto del accionar del ser humano bajo el sistema capitalista. Este año el calor batió récords y 21 provincias soportaron 40 grados diarios; mientras que en invierno América tuvo temperaturas de extremo frío pero también con picos de calor inusitados.
Al otro lado del Atlántico, durante el verano de Europa han medido temperaturas de 46 ºC en Madrid, 47 ºC en Sevilla, e incluso algunas por encima de los 50 ºC en ciertas regiones de Italia. Las consecuencias directas son el deterioro de la producción de alimentos y de la disponibilidad del agua, al igual que de nuestra salud.
Desde 2019, gran parte de Argentina y países vecinos vienen experimentando condiciones de sequía. En los últimos cuatro meses de 2022, se recibió solo el 44 % de la precipitación media, lo que se traduce en el menor valor en 35 años.
“Hay una ley que protege los bosques, pero no sirve si cada gobernador permite cambios en el ordenamiento territorial de zonas donde no deberían deforestar”, indicó el coordinador de campaña por el cambio climático de Greenpeace.
En esta diversidad de conflictos se utilizan también distintas formas de resistencia por parte de pobladores locales, movimientos sociales, organizaciones y académicos que buscan visibilizar las problemáticas que hay en las zonas. Algunas de las acciones más comunes están vinculadas con cortes de ruta, movilizaciones, actividades en los espacios que buscan defender, juicios a quienes están generando la problemática, charlas para concientizar sobre la importancia de estos espacios, entre otros. Desde el FOL se fortalecen las cuadrillas socioambientales que trabajan para construir espacios verdes públicos ambientalmente sanos y recreativos, así como la bioremediacion y reforestación de parques y arroyos.
Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2422/cuales_son_los_proyectos_extractivistas_activos/