La Comisión Provincial por la Memoria solicitó, junto a varias organizaciones trans, travestis y de la comunidad LGBTIQ, que se anule el decreto del Municipio de La Plata sobre relocalización de la “zona roja”. En el marco de la pretensión anulatoria, se requirió además que se suspenda en forma cautelar la ejecución de la reglamentación municipal. La acción recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, que deberá resolver sobre la cuestión.
En su presentación como Mecanismo Local de Prevención Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a la Asociación civil Otrans Argentina, la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, el Frente de Organizaciones TLBI La Plata, Berisso y Ensenada, Marea Rosa, Zona Queer La Plata, Venganza Afectiva Articulación L.G.T.T.T.B.I.Q.P.N y Somos Diversxs, afirman que la medida es inconstitucional por ilegal e irrazonable y solicitan que los recursos estatales sean utilizados en clave de reconocimiento de derechos, inclusión y acuerdos democráticos.
El debate sobre la “zona roja” recrudeció en noviembre del 2021 cuando se sancionó el denominado Código de convivencia ciudadana de la ciudad de La Plata, con un fuerte rechazo de amplios sectores de la ciudadanía por su contenido represivo, persecutorio y de avance en la criminalización de la protesta social. Las asociaciones que nuclean mujeres, travestis y personas trans en situación de prostitución y trabajadoras-es sexuales quedaron especialmente afectadas por uno de los artículos de la norma que dispone penas para la oferta de servicios sexuales en “espacios públicos no autorizados”. Su aplicación se supeditó a la reglamentación a dictarse por el Ejecutivo municipal y permaneció latente durante más de un año y medio.
En abril de este año se anunció la relocalización del espacio de oferta sexual en la ciudad, y en 15 días las organizaciones fueron citadas por el Municipio para quedar notificadas de la reubicación desde el barrio el Mondongo hacia la calle 122, desde 52 hasta 55. El llamado no contempló instancias de diálogo reales ni posibilidad para que las organizaciones pudieran exponer su opinión o punto de vista y ser efectivamente escuchadas. Frente a esto, diversas organizaciones solicitaron junto a la CPM, que se suspenda cualquier procedimiento que no fuera consensuado y que se constituya un espacio de participación ciudadana para resolver el conflicto.
Sin ninguna respuesta a esa presentación administrativa, en julio finalmente se dictó la relocalización por decreto. “El contenido normativo del reglamento cuya anulación se pretende se evidencia ilegal e irrazonable”, señalan en la acción judicial. La pretensión plantea que, frente a una realidad compleja, la medida incrementa el conflicto respondiendo de forma punitiva, autoritaria e implica una “moral positiva” que violenta los principios de dignidad humana y de igualdad y no discriminación. El decreto “configura una decisión de la administración que perjudica derechos privados y colectivos de la comunidad alcanzada por la norma”, subrayan.
En el marco de esta demanda, se pidió que con carácter cautelar se suspenda la ejecución del decreto municipal con el propósito de resguardar y garantizar los derechos de las personas afectadas frente a la imposición arbitraria y unilateral de medidas que puedan derivar en violencia. En ese sentido, en la demanda se advierte que, desde la fecha del dictado del Decreto, se constató la adopción de medidas que intensificaron el control territorial de la policía y la Guardia Urbana Municipal en los sectores en los que “paran” las mujeres que ejercen la prostitución en el barrio el Mondongo
Al mismo tiempo, la CPM junto a las organizaciones solicitaron la producción de pruebas y, entre ellas, proponen que se llame como testigo en carácter de experta a Marlene Wayar para que dé cuenta de las condicionantes históricas y culturales del grupo destinatario de la norma.