En el trabajo se calificó como delitos de lesa humanidad la vulneración sistemática y generalizada de los derechos de la población movilizada. También observó que el Estado de derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron “gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”.
La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos presentó su informe final sobre la represión que llevó adelante la Policía de Jujuy a las marchas en contra de la reforma constitucional de la provincia durante las manifestaciones en el mes de junio.
En el trabajo se calificó como delitos de lesa humanidad la vulneración sistemática y generalizada de los derechos de la población movilizada. También observó que el Estado de derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron “gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”.
Una de las integrantes del grupo aseguró que durante la estadía en la provincia sintió miedo porque sufrieron constantes persecuciones de una camioneta sin patente. “Sentir miedo que te persiga una camioneta sin patente. Sentir miedo que perteneces a una misión de derechos humanos y que tengas que salir a hacer una conferencia de prensa porque nos sentimos perseguidos”.
Por otro lado, afirmó que muchas personas “no querían hablar porque tenían miedo”. “Los hospitales tenían prohibido atender a la población civil. Eso es lo que pasó en Jujuy. Hoy pedimos que escuchen a los manoneros que están sufriendo el día a día enfrente del Palacio de Justicia”, remarcó.
Lxs integrantes de la Misión estuvieron entre el 16 y el 26 de junio en Jujuy y resaltaron que lo sucedido en la provincia también lo observaron en otros países, como Perú, Colombia y Ecuador. “Lamentablemente, lo estamos viviendo y viendo en territorio argentino. Me parece importante traer esto porque la misión, además de tener una perspectiva de solidaridad latinoamericana e internacional, empieza a sistematizar y a sacar una serie de conclusiones con este modus operandi”.
“Un esquema de represión, en muchos casos militar, en este caso policial, pero también con actores parapoliciales no identificados que ingresan a las viviendas, que golpean, que amedrentan a las poblaciones”, añadió.
También le plantearon al gobierno nacional que intervenga la provincia gobernada por Gerardo Morales. “El pueblo jujeño tiene, sin duda, un conjunto de hombres y mujeres que, a pesar de todo, sigue luchando. Sigue con la esperanza de que se puede cambiar el destino. Los que escribimos este documento asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en Jujuy haya democracia”.
“Esperamos también que el Gobierno Nacional decida intervenir con firmeza en defensa de cada jujeña y cada jujeño y de la democracia toda”, concluyeron.