La defensa del ex marino había solicitado la libertad condicional, sin embargo la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido. Además, informó que el imputado muestra desprecio por las normas y principios constitucionales y convencionales que establece el Estado de Derecho.
Por Lorena Denise Palomino Hilari.
Adolfo Miguel Donda Tigel fue imputado en 1997 por delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Crédito: Política Argentina
La Cámara Federal de Casación Penal informó que el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, condenado a prisión perpetua por cometer crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, no tendrá acceso a la libertad condicional.
Además, la Cámara expresó que el imputado muestra desprecio por las normas y principios constitucionales y convencionales que establece el Estado de Derecho.
A su vez, rechazó el recurso legal que usó la defensa contra la resolución del juez Daniel Obligado por parte del Tribunal Oral Federal 5°, que implicaba que no se daría la libertad condicional al condenado.
Esta circunstancia se da a raíz de un informe elaborado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, el cual determinó que el condenado no se arrepiente de sus actos.
En ese sentido, el informe del equipo manifiesta que Donda Tigel declaró: “Para mí la orden era suficiente. Si no me lo hubiesen ordenado no lo hubiera hecho. Si me hubiesen ordenado torturar, creo que lo hubiera hecho”.
Ese tipo de declaración por parte del ex represor implica que les especialistes consideren que la postura es un factor de riesgo potencial. No observan en el condenado una posición crítica con su accionar, sino más bien la tendencia a justificar y revalorizar lo que hizo.
Adolfo Miguel Donda: juicio por apropiación de Victoria Donda
En la actualidad, el condenado continúa con el juicio por la apropiación de su sobrina, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político en la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda.
Según la descripción del caso, difundida por Juicios de Lesa Humanidad, el ex marino tiene la responsabilidad de sustracción y ocultamiento de su sobrina, nacida en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante el secuestro de su madre, María Hilda Pérez de 21 años.
Tal como se describe en el informe de Fiscales, tanto Pérez como José Laureano Donda, hermano del imputado y padre de Victoria, fueron secuestrados en marzo de 1977 por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. En mayo, Pérez es trasladada a una comisaría de Castelar y luego a la ESMA.
El informe establece que Pérez dió a luz a Victoria Donda en agosto y que fue asistida por el médico Jorge Luis Magnacco en una de las habitaciones designadas para esa actividad.
Asimismo, el documento asegura que 15 días después fue retirada del recinto por el personal de la Fuerza Aérea. Hasta la actualidad, la madre de Donda continúa desaparecida.
Por otra parte, Tigel Donda participó en el Grupo de Tareas de la ESMA junto al prefecto Juan Antonio Azic. Ambos sustrajeron a Victoria, mientras que Azic la inscribió como su hija biológica. Esto implicó que se ocultara su verdadera identidad.
Victoria Donda mantuvo su identidad falsa impuesta hasta el 2004. El Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand informó sobre la correspondencia entre las muestras de su ADN y de la familia que la buscaba.
En el 2022, inicia el juicio por su expropiación en el Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caso es llevado adelante por les jueces Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado.
La participación de Adolfo Donda Tigel
El ex represor no solo está imputado por la apropiación de su sobrina sino que también está condenado por su participación en los delitos de lesa humanidad, que incluyen homicidios, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición. Este accionar fue en conjunto con otros 15 represores también condenados en la causa ESMA II.
El juicio determinó que hubo 86 víctimas, 28 de las cuales permanecen desaparecidas. A su vez, el proceso judicial contó con 200 testigos, algunos de ellos sobrevivientes del centro.
Asimismo, fue condenado por la causa ESMA Unificada también por ser coautor de secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores en perjuicio de alrededor de 400 víctimas.