Un grupo de familias, en su mayoría integrada por mujeres y niños sufre amenazas por una orden de desalojo dada por la Justicia provincial e impulsada por el gobierno de Jujuy, quien pretende instalar un centro comercial como parte de los atractivos para turistas que visiten la Quebrada de Humahuaca y paseen en el Tren Solar.
Por Claudia Castro T. -Red Eco – Mink’a Comunicación.
Jujuy – Las familias denuncian al Gobierno de Jujuy por presiones, hostigamiento con presencia policial y civiles para que dejen las viviendas en las que viven hace más de treinta años. El conflicto se profundizó a partir del avance del proyecto turístico del Tren Solar afectando a los que menos tienen. “No estamos en contra del tren, pero nos quieren sacar para hacer sus negocios”.
En un video que ha circulado por redes sociales, denunciaron que el intendente de Tilcara, Ricardo Romero, propietario de una parrilla a tres metros del barrio en cuestión, no ha recibido ninguna notificación para que libere el espacio, tal como si se los ha hecho a las familias.
La gran promesa del gobernador Gerardo Morales sobre el tren que se inaugurará recién en marzo próximo, ha puesto en una situación angustiante a las familias involucradas. El 4 de diciembre habrá una audiencia por un recurso de la abogada de cuatro familias, que plantea que el desalojo es ilegal.
La obra del Tren Solar viene avanzando de manera lenta, pero se encuentra ya etapas finales y como muestra de ello, llegaron los vagones adquiridos en China, con lo que genera expectativas para el turismo; pero también mucho dolor para las familias de Tilcara que viven hace 34 años en el barrio Radio Estación y que ahora afrontan la decisión gubernamental de desalojarlas de sus viviendas.
Tras una denuncia falsa, y como método para desalojar a las familias, el gobierno los apura para que firmen un convenio y hostigan a quienes continúan firmes de abandonar sus casas. En enero del 2022 el coordinador de Unidad de Trenes de Jujuy, Emiliano Rodríguez, denunció en una causa penal por usurpación a las familias.
En este contexto, el gobierno les ofrece instalarlas en módulos habitacionales de 3×3, con baño, pero sin servicios, cuyos integrantes manifiestan que son precarios “es sólo una habitación con un baño y cocina”, pero que ante las amenazas, algunas familias accedieron.
Sin embargo, quienes se encuentran resistiendo piden que se respeten sus derechos. “El terreno era de mi padre, ex ferroviario. (…)Vivo hace 34 años, no estoy usurpando. Yo construí mi casa ladrillo a ladrillo”, señaló una de las afectadas.
En este marco, el miércoles último el barrio Radio Estación, situado a la vera de la ruta nacional 9, fue sitiado por un fuerte operativo policial con más de 250 efectivos, más fuerzas de Infantería que vallaron el sector y comenzaron a desalojar a las familias, a quienes el gobierno provincial acusó penalmente de “ocupar el predio para lucrar”. El juez de Control Gustavo Ortiz fue el encargado de dar la orden de desalojo pero un recurso de la abogada Alejandra Cejas, que asiste a tres familias, logró frenar esta medida por el momento.
Cejas sostiene que estas familias, descendientes de trabajadores del ferrocarril, adquirieron los terrenos. Las familias tuvieron opción de compra de las viviendas (Ley 24.146) durante esos años, incluso con descuentos en los recibos de sueldo de los trabajadores ferroviarios. Por otra parte, se trata de territorio nacional, por lo que tampoco podría la provincia adjudicarse potestad sobre ellos y, además, la abogada indicó que “no se hizo un juicio para demostrar que haya habido una usurpación”.
Sin embargo, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, recordó que “el gobierno de la provincia ofrece una opción habitacional en terrenos muy cerca de las vías para que puedan reubicarse”; serían los módulos. Y destacó que de esta forma avanzaron “bastante y un 95% de las vías fueron recuperadas”. Inicialmente en el barrio residían 19 familias, pero algunas aceptaron firmar un convenio y ser reubicadas por el Ejecutivo jujeño.
En la tarde del miércoles maquinarias de Vialidad Provincial demolieron cuatro viviendas cercanas a las vías. Ante la presión, sus ocupantes abandonaron sus casas y fueron a los módulos. Mientras tanto, Susana Gutiérrez, que vive con sus hijos, se encadenó en su vivienda, que colinda con la parrillada del actual intendente Ricardo Romero, quien no será desalojado.
La situación de las familias es crítica, algunas cuentan con la documentación de adquisición de las tierras, mientras que otras tienen permisos precarios, ya que eran familiares de ex ferroviarios.
“No me voy, señor fiscal”
El operativo policial del miércoles sitió a vecinas y vecinos de Radio Estación, a tal punto que la policía no permitía el ingreso ni egreso del predio. En el operativo estuvieron el ministro de Seguridad y el fiscal Fernando Alancay, ante quien clamó una mujer, integrante de la familia Chiriguay: “Soy madre soltera, con mi hija no puedo entender por qué son tan inhumanos. Les dije que nos vamos, pero necesitamos tiempo”.
Contó que es docente y “tengo que hacer de albañil para sostener a mi hija porque a nadie le importa”. “No me digan de Convenio porque para eso había que pagar abogado. Mi hija no firmó, porque apenas tiene plata para solventar la enfermedad, no tenía para pagar abogado. Por no tener 15 mil pesos la dejaron afuera, esa es la impotencia que tengo. Sé que los que están en el poder no van a ser eternos, en algún momento van a caer y se van a acordar de las lágrimas que me han hecho derramar a mí, a mi hija y a mi nieta que están encerradas en esa casa”, le transmitió al fiscal.
En la casa de la que pretendían desalojarlas se encontraban tres niñas de 4, 6 y 8 años. “No me voy a ir de acá, señor fiscal, ármeme una causa como le hizo todos los demás. No me voy a ir hasta que me lleve la última piedra porque para mí eso fue un sacrificio. Usted tendrá casa, trabajo. Mi hija no tiene nada, la llevan a un lugar donde no tiene seguridad”, sostuvo la mujer en referencia a los módulos.
Por otra parte Pablo Civetta, titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana de la provincia, dijo en declaraciones a Radio Nacional que “son 16 entre familias y negocios que deben salir de la Estación, algunos firmaron (el convenio) y otros no. Los que firmaron tienen un lote del plan Mejor Vivir y los que no firmaron siguieron con la opción de la justicia”, y ya cuentan con fallos desfavorables.
En esta línea, la abogada Alejandra Cejas explicó que las familias a quienes se pretende desalojar adquirieron “los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24.146” que “autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”.
“Ellos quedaron como propietarios y el estado provincial tenía la obligación de hacer un inventario de los bienes remanentes de los ferrocarriles, la ley prevé 30 años para ello, la cual venció el año pasado y no hay nueva ley que haya aprobado que el estado provincial se haga cargo, por lo que quedó en manos de la Agencia (de Administración) de Bienes del Estado”.
Como su nombre lo indica, la AABE administra los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional y como tal quedó a cargo de las propiedades del ferrocarril luego de las privatizaciones del menemismo. “La provincia de Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional”, explicó Cejas.
En este sentido afirmó que es “falsa” la denuncia que realizó Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy – La Quiaca, acusando a las familias de “ocupación del predio Radio Estación para lucrar”. Agregó que estas familias que viven desde principios de los 90 en ese lugar, “empezaron a sentir la presión por parte de funcionarios y la justicia provincial con denuncias falsas para sacarlos con amenazas y obligarlos a que firmen un convenio para reubicarlos. Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no”, destacó Cejas.
