La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció el jueves en una conferencia de prensa la reposición del protocolo que permite libertad absoluta para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. La Retaguardia consultó a la exministra Sabina Frederic, quien lo había derogado en 2019; y a María del Carmen Verdú, referenta de la Correpi.
Entrevistas y Redacción: Julián Bouvier / Fernando Tebele. Edición: Eugenia Otero. Foto: Archivo Antú Divito Trejo / La Retaguardia.
El idilio entre Patricia Bullrich y Luis Chocobar tiene un nuevo capítulo. No parece ser algo personal, sino lo que simbólicamente implica el policía para la ministra.
El 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, dos jóvenes robaron a un turista de Estados Unidos y lo apuñalaron. Mientras huíanel policía de Avellaneda Luis Chocobar le disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc. El joven de 18 años murió. Chocobar no estaba trabajando, porque era policía en un distrito de otra provincia. Pero disparó y mató. Un típico caso de gatillo fácil que fue juzgado como tal por el Tribunal Oral Federal de menores 2 que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por “Homicidio en exceso del deber”. El otro joven que participó del hecho junto a Kukoc y que por entonces era menor de edad, fue condenado a 9 años de prisión.
Apenas sucedido el hecho, Patricia Bullrich, quien ocupaba el mismo cargo que en la actualidad, no solo apoyó al policía de gatillo fácil, sino que puso en vigencia un protocolo para legalizar lo que hasta allí era un delito y permitir total libertad en el uso de armas para todas las fuerzas de seguridad.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la entonces Ministra de Seguridad Sabina Frederic resolvió a diez días de la asunción del gobierno dar marcha atrás con esa política. Ahora, la ministra Bullrich lo restauró con una nueva Resolución, la número 53 de 2024. “Por un lado, autoriza a la Prefectura Naval a usar armas largas, lo que no tenían prohibido con anterioridad, y mandata al gabinete de asesores a preparar nuevas versiones de los protocolos que derogó en diciembre de 2019 la Resolución 1231, la cual habilitaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas”, contó Maria del Carmen Verdú a La Retaguardia.
Por su parte, la ex Ministra de Seguridad Sabina Frederic explicó por qué había derogado el protocolo en 2019. “El Reglamento de Uso de Armas de Fuego es contrario a los principios de Naciones Unidas sobre proporcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza. Está en contra, también, del capítulo sobre legítima defensa del Código Penal. En fin, toda una serie de avanzadas a las que suele acostumbrarnos Bullrich, que avanzan sobre facultades que no son propias ni de las fuerzas ni de ningún ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, explicó Frederic a La Retaguardia.
Cuando Frederic derogó la Resolución 956 de 2018, hizo lo propio con la Resolución 395, que habilitaba el uso de pistolas Taser; la 598 que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería; la 845, que creó el programa Ofensores de Trenes; y la 923 que creó el Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal. “Esa Resolución de la ministra Sabina Frederic también repuso la vigencia de las normas internas e internacionales preexistentes en el uso de armas por parte de las fuerzas federales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Naciones Unidas y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, también de Naciones Unidas. Ambos incorporados a nuestra legislación interna. Aquella disposición de Frederic de diciembre de 2019 inmediatamente generó una disminución de la cantidad de personas desarmadas asesinadas por la espalda, por integrantes de las fuerzas federales, a pesar de que poco después la irrupción de la pandemia produjo un alza de la represión en todas sus formas y en particular del gatillo fácil. Pero hubo 35 personas menos fusiladas por miembros de fuerzas de seguridad federales que en el período bajo la jefatura de las fuerzas de seguridad federales por la ministra Bullrich”, contó la referente de la Correpi. Y comentó también que esas normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere derogar, establecen con claridad cuáles son los principios generales del uso de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal y fijan prohibiciones igual de explícitas. “Por ejemplo, solo las autorizan cuando todos los otros medios son ineficaces, cuando su empleo es inevitable como último recurso y siempre con moderación y proporcionalidad, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana entendida como vida humana de todas las personas, no solamente de quienes ellos llaman ´gente de bien´. O sea que disparar para evitar una huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Y desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha, por olfato policial, ni por la espalda, ni contra personas desarmadas”, dijo Verdú.
Frederic explicó a La Retaguardia que las directivas de las fuerzas de seguridad no son públicas y no se deberían difundir en Boletín Oficial, ni en ningún otro medio público, sino que son de circulación interna: “Ese es el otro problema que va a tener esta Resolución. Que los reglamentos que se aprueben quedaron como una instrucción hacia la fuerza, con lo cual es difícil que nosotros sepamos qué clase de modificación efectivamente se va a establecer”, dijo la antropóloga exministra, y agregó: “las razones por las cuales se avanza con esta conferencia es esta sobreactuación típica y esta confrontación ridícula con nosotros, que nada tiene que ver con mejorar la seguridad, ni de la gente, ni de las fuerzas de seguridad. Porque las pone a cumplir con un reglamento que es contrario al Código Penal”.
El gobierno perdió la posibilidad de hacer estás reformas a través del proyecto de Ley Ómnibus, donde había un capítulo que en el título Seguridad modificaba los artículos asociados a la legítima defensa, de manera de llevarlos hacia lo que la Doctrina Chocobar establecía. Frederic considera que lo que va a generar esto es una gran incertidumbre. “Y mientras que no haya nuevos reglamentos, lo que tiene que quedar claro es que lo que rige es el Código Penal, los principios de uso de la fuerza de Naciones Unidas que la Argentina suscribió y la sección legítima defensa de nuestro Código”, concluyó.
Verdú agregó que la decisión de la ministra Bullrich de volver a esos protocolos derogados en diciembre de 2019 “se vincula directamente con el fracaso de su intento de legalizar el gatillo fácil y consagrar la impunidad por la vía de la Ley Ómnibus. Y anticipa una nueva oleada represiva. Si logran su objetivo, no solo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores serán automáticamente impunes por imperio ministerial. Al mismo tiempo, es evidente que será muy útil para justificar represiones y asesinatos en movilizaciones y manifestaciones populares. Bastará que algún policía, prefecto, gendarme diga ‘Me pareció ver a alguien armado o vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma’, para disponer de un tiro limpio contra todos y todas”. La referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional concluyó: “Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado y que la impunidad es un atributo del poder. Hay un solo camino para enfrentar esta orden explícita a las fuerzas para descargar más plomo sobre el pueblo pobre. Convocamos al conjunto del campo popular a repudiar activamente este extraordinario nuevo avance represivo que impone de hecho la pena de muerte a punta reglamentaria”.
Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2024/02/doctrina-chocobar.html