Este sábado se volvió a reclamar una reforma de la Ley de drogas, exigiendo la despenalización y regulación integral del cannabis. La marcha se dio en el contexto de un incremento de trabas impuestas por el gobierno nacional para acceder al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), junto a una apuesta de parte de las autoridades por reinstalar un discurso criminalizador y represivo contra las libertades civiles, la del consumo de marihuana entre ellas.
Organizaciones cannábicas y personas que apuestan a otra política de drogas salieron a las calles nuevamente en la Marcha Mundial de la Marihuana 2024.
Esta vez, frente a las decisiones del Gobierno nacional, se sumó con fuerza una nueva consigna: “El Reprocann no se toca”.
Recortar, ajustar, limitar
Hace pocos días, desde el gobierno nacional anunciaron que empezarían a colocar “filtros” para acceder al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).
El Reprocann es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
El planteo se hizo tras el anuncio de establecer una “auditoría” sobre las inscripciones debido a que, según fuentes oficiales, encontraron “diagnósticos sin evidencia científica”.
La “auditoría” es una de las excusas más repetidas en la narrativa ultraneoliberal del gobierno de Javier Milei para desfinanciar políticas, ejecutar despidos y eliminar derechos y libertades civiles.
Estuvimos presentes en la Marcha Mundial de la Marihuana 2024 para visibilizar al cultivo de cannabis y nuestro derecho a la salud por esta terapia que mejora la calidad de vida nuestra, de nuestras familias y comunidades. No al retroceso en el ReProCann. #MiSaludMiDerecho pic.twitter.com/cgJNaEELvG
— MamacultivaArg (@MamaCultivaArg) May 4, 2024
A mediados de abril el troll neofascista que oficia de vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el ministerio de Salud “comenzó a revisar los requisitos de inscripción al Registro del Programa de Cannabis”.
Dos días después, el secretario de Calidad en Salud, Leonardo Busso, mantuvo un encuentro con representantes de organizaciones de la sociedad civil, con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en el que aseguró que hay “una concentración significativa de casos en un reducido número de profesionales de la salud y una alta demanda de inscripciones que saturaron el sistema”, reportó el portal de trabajadoras y trabajadores de la Agencia Télam, Somos Télam.
Por este hecho, indicó que “se está evaluando la implementación de filtros para priorizar el tratamiento de las patologías más urgentes con el objetivo de garantizar que aquellos que necesitan atención inmediata puedan recibirla sin retrasos indebidos”.
Según indicó la revista THC, dentro de este filtro se encuentran los casos de pacientes con dolor oncológico, autismo, dolores por accidente cerebro vascular (acv), esclerosis múltiple, epilepsia refractaria, lesión medular traumática, neuralgias, neuropatía post herpética y dolor del sistema neurológico central.
“La gente le tiene que perder el miedo a una sustancia que le puede mejorar la vida”, dice Valeria Salech de @MamaCultivaArg en la Marcha Mundial de la Marihuana. pic.twitter.com/H4CW54xI5C
— Revista Cítrica (@revistacitrica) May 4, 2024
Profundizar la criminalización
El anuncio del Gobierno nacional despertó críticas de las organizaciones civiles y científicas que trabajan con el cannabis medicinal.
La Sociedad Argentina de Endocannabinologia y Terapéutica cannábica (SAET) señaló en un comunicado que “la modificación propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación en la última reunión del Consejo Consultivo Honorario del Programa de Cannabis restringe las patologías a partir de las cuales, los profesionales de la salud pueden indicar el uso de cannabis medicinal, proponiendo un listado de patologías que desconoce el alcance real del uso del cannabis medicinal en la medicina actual”.
En ese este sentido, la organización indicó que con los avances que hubo a nivel internacional “deberían redefinir la ley de estupefacientes (23737/89) que permita excluir al cannabis de las drogas peligrosas y eso permite aún más la expansión de la investigación desde el ámbito académico en relación con la planta y sus propiedades terapéuticas”.
Para la organización civil Mamá Cultiva, “con la falta de aprobación de miles de trámites pendientes de personas que cumplen con los requisitos para cobrar con autorización de cultivo para sí o para terceros, el ministerio de Salud vulnera el acceso a una terapia que está contemplada en la ley 27.350”.
En un comunicado, la organización indicó que “quienes hace meses están a la espera de obtener el permiso para cultivar, puesto que quieren atenerse a derecho, siguen con riesgo de criminalización y persecución por parte las fuerzas de seguridad por utilizar cannabis para su salud”.
La presidenta de esta organización, Valeria Salech dijo -en diálogo con Somos Télam- que observan el anuncio del gobierno “con mucha preocupación, pero no nos sorprende, ya que vemos un avance sobre derechos en todos los niveles, en todos los campos”.
En tanto, remarcó “la certeza de que nuestro derecho a la salud es legítimo y que la ley que hoy tenemos es una ley que se aprobó por unanimidad, con amplio consenso de muchos sectores de la sociedad: organizaciones, organismos científicos, universidades, profesionales de la salud, cultivadores y cultivadoras y personas usuarias” y agregó que no entiende “este avance sobre una política pública que funcionó” y que “no implica gastos”.
En este sentido, Salech indicó que si bien “hubo demoras” en las autorizaciones, durante este gobierno “se tomó la decisión de restringir patologías y filtrar, en lugar de seguir trabajando para mejorar”.
Por su parte, el abogado y especialista en derecho cannábico, Juan Manuel Palomino, señaló que la demora “está afectando a una cantidad de usuarios que hoy, al no tener el programa vigente, cuatro, cinco o seis meses, pasa que te detienen en un control o te encuentran en un aeropuerto, donde vuelven a suceder cuestiones más vinculadas a la violencia institucional, demoras, actas de comiso de la medicina, todo por tener el trámite pendiente de evaluación”.
Palomino es abogado de la organización Superfly, una ONG que a principios de este mes sufrió el decomiso de plantas de marihuana por parte del municipio de San Isidro y que, según denunciaron, el operativo se efectuó sin “orden judicial”.
Según el ministerio de Salud, la ONG operaba con un trámite de inscripción de Reprocann “pendiente de evaluación” y por ende “no estaba habilitada a trabajar con pacientes”.
El letrado advirtió que el Consejo Consultivo Honorario del Reprocann “está recibiendo mil solicitudes por día, y solo están aprobando 40 inscripciones, con lo cual, te imaginarás la cantidad de gente que hoy está esperando para acceder a una autorización”.
Texto: Indymedia Trabajadoras/es.
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