El Juzgado en lo correccional 4 de Quilmes a cargo del juez Pablo Pérez Marcote, hizo lugar al habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense. La acción presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunciaba el grave régimen de vida que padecen las personas detenidas, la sobrepoblación, el mal estado edilicio y la precaria atención de la salud. Esta situación fue constatada por las pericias ordenadas por el juez, que ordenó medidas urgentes para revertir las condiciones de detención que evidencian “un claro atropello a la dignidad del trato humano”.
Tras una inspección en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó un habeas corpus colectivo y correctivo en favor de los detenidos alojados en distintos pabellones de la Unidad Carcelaria N° 23 de Florencio Varela por entender agravadas sus condiciones de detención. La presentación denunciaba el deficiente estado edilicio, la sobrepoblación y la precariedad en la atención a la salud.
El habeas recayó en el juzgado en lo correccional N° 4 de Quilmes, a cargo del juez Pablo Pérez Marcote, quien ordenó una serie de informes periciales para constatar lo denunciado por el organismo. El resultado de esos informes fueron contundentes. Al momento de resolver favorablemente el habeas, el juez evaluó: “de la simple lectura de las pericias encomendadas surge palmariamente el déficit de infraestructura y de mantenimiento evidenciado por la falta de vidrios en las ventanas, el hacinamiento existente debido a la sobrepoblación carcelaria, la precaria iluminación, el sistema eléctrico inseguro, instalaciones de gas inadecuadas, matafuegos vencidos, salida de emergencias sin señalizar, falta de revoques, falta de duchas en su estado, y cuestiones a las remiten dichos informes”.
Y concluyó: “Toda esa situación, lleva al directo incumplimiento de las normas mencionadas y evidencia un claro atropello a la dignidad del trato humano en las cárceles, lo que conlleva a un agravamiento de las condiciones de detención de los internos”.
Al momento de hacer lugar a la presentación, el juez ordenó que se arbitren medidas para la urgente refacción de los pabellones, se extiendan los horarios de acceso a áreas deportivas y patio, y se restrinja el ingreso de nuevos detenidos. En el mismo fallo, recomendó al Jefe del Área Sanitaria “la debida y razonable articulación de los diferentes profesionales médicos en las distintas unidades carcelarias del complejo penitenciario de Florencio Varela, con el fin de lograr una adecuada prestación del servicio de salud”.
Sobre este último punto, en el trámite de otro habeas corpus presentado también por la CPM, las personas detenidas dijeron al momento de la entrevista que sólo reciben evaluaciones superficiales, que no logran ser trasladados para estudios o turnos con especialistas a hospitales extramuros y que faltan medicamentos. En uno de los complejos con mayores niveles de sobrepoblación, la UP 23 cuenta con un solo vehículo oficial como dotación para realizar los traslados de todas las personas allí alojadas, entre los que figuran turnos programados, salidas extraordinarias, atenciones médicas en el hospital modular CAS-23 en el complejo, visitas intercarcelarías, etc. Esta Unidad cuenta con 602 cupos y aloja unas 1.911 personas, es decir un 217 % de sobrepoblación (Ver: https://www.comisionporlamemoria.org/).
La grave situación sanitaria en las cárceles bonaerenses es un problema de vieja data y explica la mayor parte de las muertes ocurridas en el encierro, como viene denunciando la CPM desde hace años, entre 8 y 9 y de cada 10 personas que mueren en el encierro mueren por problemas de salud no atendidos a tiempo. Desde hace años, el organismo también viene reclamando que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio provincial de salud, un pedido desoído por los distintos gobiernos provinciales.