Venezuela sigue siendo una piedra en el zapato de una España que no logra olvidar su pasado imperial: la casi totalidad de la clase política se ha lanzado en un ataque contra Venezuela con acciones y palabras inaceptables, así como el enésimo intento de imponer en Caracas un gobierno títere al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de Occidente, al igual que apoyó el golpe contra Hugo Chávez en 2002.
Por Isabella Arria.
La insolencia, el paternalismo y la persistencia de una mentalidad colonialista hacia una región que se sacudió su dominio hace dos siglos siguen dominando el tratamiento de la mayor parte de los políticos (y, tristemente, de la ciudadanía) hispanos hacia América Latina, y la ultraderecha fascista que ha recobrado carta de naturalidad en años recientes ha hecho de la nostalgia imperial una de sus principales banderas, señala un editorial del diario mexicano La Jornada.
En Venezuela hay un proceso de desestabilización en pleno desarrollo. ¿Desde cuándo? Desde hace más de 22 años, sin ninguna duda. Golpear a la democracia cuando ésta no conviene a los intereses de los poderosos es algo que data desde la propia implementación de las reglas democráticas, pero lo cierto es que en Venezuela, esta práctica se ha repetido insistentemente desde que Hugo Chávez ganara las elecciones el 6 de diciembre de 1998, señala Aram Aharonian .
Nuevamente, España insiste en desestabilizar a Venezuela, acompañando como lo hiciera en 2002, a Estados Unidos en aquel golpe “con sabor a hamburguesa, jabugo y petróleo. Los reflejos neocoloniales se mezclan con el verdadero objeto de las disputas con los golpistas financiados y capacitados en Estados Unidos y Europa: la lucha por determinar si las reservas de petróleo más grandes del planeta serán controladas por el pueblo venezolano o por trasnacionales foráneas.
Los hechos muestran que la postura del gobierno socialdemócrata español es más cercana al injerencismo que al respeto a la autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención. El presidente Pedro Sánchez cometió una imprudencia al recibir a González en la sede del Gobierno, mientras su ministra de Defensa transgredió todo límite al llamar dictadura a las autoridades constitucionales venezolanas.
Lejos de aumentar la presión para que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con los estándares que el propio gobierno de Venezuela había establecido durante años para certificar sus siempre democráticos resultados electorales, el gobierno español cree que ya no son necesarios. La orden es de desestabilizar, la meta es apoderarse de las riquezas venezolanas, lo que siguen intentando.
El canciller español José Manuel Albares se refirió a la decisión de gobierno de Nicolás Maduro de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid, al señalar que son cuestiones soberanas: “nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones con Venezuela, con los que nos sentimos muy cercanos como el resto de países de América Latina”.
Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, advirtió al embajador español en Caracas, Ramón Santos, que no permitirá ninguna acción injerencista, mientras la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, abandonó España tras ser llamada a consultas.
El origen de esta crisis diplomática es la aprobación en Diputados de una proposición (no vinculante) de las fuerzas de dereha y ultraderecha en la que se insta al Ejecutivo español, presidido por el socialdemócrata Pedro Sánchez, a reconocer al derechista opositor venezolano Edmundo González Urrutia, asilado en Madrid desde el lunes, como presidente legítimo de Venezuela y ganador de los comicios del 28 de julio.
El intento de Albares de rebajar las tensiones contrastó con las reuniones en el Palacio de la Moncloa entre González Urrutia con dos ex presidente españoles: el socialista Felipe González y el conservador Mariano Rajoy, quienes le dieron el mismo reconocimiento.
Lo que indignó al gobierno venezolano fue que la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación no oficial de un libro, se solidarizó con los exiliados venezolanos y tildó al gobierno como una dictadura. Cuando se le preguntó a Albares si compartía la misma opinión de Robles, instó al Partido Popular y a la derecha a reconocer que el franquismo sí fue una dictadura.
Albares no ocultó su incomodidad ante la crisis con Venezuela, sobre todo porque desde que decidió otorgarle el asilado político a González Urrutia, gracias a la intermediación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo trabaja con mucha cautela, avisado de que no hay ninguna prueba de un supuesto triunfo de la oposición, salvo la palabra de sus dirigentes y la presión de la prensa hegemónica occidental.
González Urrutia, por su parte, dejó en claro que su accionar permitió a poderes foráneos emprender acciones hostiles contra Venezuela e impulsar, como dice La Jornada, que sea un grupo de piratas ibéricos quien designe al gobierno venezolano.
Guillermo Zapata señala en el diario Público de España que “el Partido Popular ha intentado su propio giro barroco con Venezuela. La noticia de que el líder de la oposición Venezolana, Edmundo González, había elegido España para exiliarse, ha puesto en el disparador a una derecha que parecía querer gritar ‘no, por aquí no es’ a un hombre al que, hasta antes de ayer, tenían por un libertador”.
Añade que debido a eso, ha sido necesario llevar al congreso una votación para que España lo declare presidente de Venezuela “porque se ve que con el anterior «presidente encargado» (Juan Guaidó) no tuvimos bastante. Resulta que hoy son los parlamentos de un país los que deciden quién es presidente en otro. Algo que no se ha atrevido a hacer (esta vez) ni siquiera Estados Unidos”.
Isabella Arria es una periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la).