Luego de denunciar penalmente el brutal ataque a la nena de 10 años en la represión del pasado 11 de septiembre ante el Congreso de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria amplió la denuncia pidiendo que se investiguen otros hechos de violencia, así como las responsabilidades policiales y políticas, incluyendo las acciones de encubrimiento dirigidas desde el Ministerio de Seguridad de Nación para deslindar su responsabilidad.
También señalaron que en la operación de fake news montada por el gobierno la semana pasada, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva reconoció expresamente que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación realizan tareas de inteligencia ilegal sobre los rescatistas del CEPA y los integrantes de los equipos de la CPM, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos.
Compartimos la declaración de la CPM:
Piden investigar acciones de encubrimiento e inteligencia ilegal del Ministerio de Seguridad.
La CPM amplió la denuncia penal por la represión en la que fue gaseada la nena de 10 años
Luego de denunciar penalmente el brutal ataque a la nena de 10 años, rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia y pidió que se investiguen otros hechos de violencia y las responsabilidades de los altos mandos policiales y responsables políticos del Ministerio de Seguridad que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y luego intentaron encubrir estos delitos. Por otro lado se requirió que se investiguen las acciones de inteligencia de la policía federal en los registros que realizan en las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, que reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizamos actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos. También intentó influir sobre la opinión pública responsabilizando a estos actores y lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiarlos y acusarlas de cometer delitos. Por otro lado, 3 integrantes del equipo de monitoreo de la CPM fueron agredidos con disparos con postas de goma expresamente dirigidos hacia ellos. Estas acciones de violencia policial desproporcionadas e ilegales, terminaron con alrededor de 50 personas heridas por gases químicos, postas de goma y golpes, además de dos detenciones arbitrarias.
Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia penal por la represión contra quienes el pasado miércoles, se manifestaron frente al Congreso durante la sesión que confirmó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
En la presentación, la CPM describe que ese día alrededor de 1000 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Ciudad, con la presencia también de equipos especiales, se desplegaron durante el operativo represivo que desencadenó en acciones de violencia desproporcionadas e ilegales.
La ampliación de la denuncia incluye un detallado registro del momento de la agresión a la nena de 10 años. De acuerdo a lo reconstruido por la CPM, mientras el cordón de la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena junto a su madre se sentaron en el piso para evitar ser agredidas.
Ante esa situación se generó un claro en medio del cordón policial, que fue advertido por los manifestantes quienes a viva voz señalan la presencia de la niña y fue también advertido por los policías y por parte del equipo de monitoreo de la CPM que intentó acercarse. Sin embargo, en ese momento, se escuchó la orden de “avancen, avancen” y en ese momento un agente de la Policía Federal de manera intencional y a quemarropa, apuntó directamente y arrojó el gas químico irritante contra la niña y su madre, mientras permanecían agachadas en el suelo. Los gases alcanzan también a un integrante del equipo de la CPM que se había acercado a ellas.
El registro del ataque completo que circuló públicamente, junto al registro fílmico grabado por la CPM durante el monitoreo, no sólo muestra claramente el ataque sino que también permite identificar al superior que dio la orden de avanzar, el Jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal, el Comisario Inspector Gerardo Ariel Perillo.
La brutal agresión a la nena de 10 años se dio en el contexto de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad que, como se señala en la ampliación de la denuncia, dejó como saldo alrededor de 50 personas heridas por los gases químicos, postas de goma y golpes. Entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adultos mayores, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos: 3 integrantes de los equipos de la CPM que se encontraban monitoreando y registrando el accionar de las fuerzas de seguridad fueron alcanzados por disparos de balas de goma y varios mas afectados por gas pimienta.
Todas estas víctimas fueron informadas en la denuncia presentada ante Servini de Cubría.
También se notificó la situación de las dos personas detenidas por atentado y resistencia a la autoridad, detenciones que se realizaron cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrarse.
Además de ampliar y presentar nuevas pruebas sobre el contexto represivo y la agresión a la nena de 10 años, la CPM también denunció las acciones de encubrimiento dirigidas desde el Ministerio de Seguridad de Nación para deslindar su responsabilidad en el hecho denunciado.
La denuncia señala que las declaraciones en distintos medios de la secretaria Alejandra Monteoliva buscaron, en primer lugar, instalar de manera deliberada una versión falsa y luego, ante las evidencias, tanto ella como la Ministra Bullrich intentaron justificar el accionar ilegal de los agentes de la Policía Federal.
En ese sentido, se describe detalladamente las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Monteoliva que pretendió vincular a los equipos de la CPM y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) como “infiltrados” para generar el caos y responsables del ataque a la nena de 10 años.
Por estas acciones que formaron parte de la estrategia de encubrimiento, la CPM pidió que se investigue particularmente la legalidad de los registro fílmicos y de datos realizados por las fuerzas de seguridad durante la manifestaciones, ya que se tratan de tareas de inteligencia ilegal.
La Secretaria de Seguridad reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizan actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos. También intentó influir sobre la opinión pública, responsabilizando a estos actores y lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiarlos
“Esto cobra particular relevancia en función de las declaraciones públicas vertidas por la Secretaria de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto de la intervención de los rescatistas del CEPA y los integrantes de los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria, en tanto expresó que se habían analizado a las personas identificadas de “vestimenta naranja”, de una “agrupación de Derechos Humanos” que las venían observando, identificando y a las que le atribuye la comisión de hechos delictivos en el marco de la manifestación”, explica la denuncia de la CPM.
En su presentación, la CPM señaló que resulta indispensable una completa investigación de las responsabilidades jerárquicas y funcionales, ya que los hechos denunciados constituyen graves violaciones de derechos humanos.