Con el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio, la Legislatura provincial aprobó una ley de “buenas prácticas” que permite fumigar con agrotóxicos a diez metros de las casas. A contramano del principio de no regresión ambiental, el Poder Judicial falló a favor del uso del glifosato. “Se comienza a escribir otro capítulo en la lucha por una vida sin agrotóxicos”, advierten las organizaciones socioambientales.
Por Anabel Pomar.
En una nueva avanzada contra la salud y el ambiente, la Legislatura de Entre Ríos sancionó su nueva ley de “buenas prácticas en materia de fitosanitarios” (Ley 26.117). El proyecto, presentado por el diputado Juan Rossi y propiciado por el gobernador Rogelio Frigerio (ambos de Juntos por Entre Ríos), motoriza una legislación fuertemente pedida, desde hace años, por los sectores concentrados del agronegocio provincial y cámaras nacionales del sector.
La nueva legislación establece zonas de exclusión casi inexistentes y por demás permisivas. En zonas urbanas, la norma permite aplicaciones manuales o con drones a solo diez metros, a 100 metros con equipos terrestres y se establece una exclusión de 1000 metros para aplicaciones aéreas. En zonas sin presencia de personas, esos límites se acortan a 5, 50 y 100 metros respectivamente. Lo que deja, por ejemplo, a los cuerpos de agua y ríos sometidos a la exposición directa. En el caso de las escuelas rurales, se puede fumigar a solo 15 metros con aplicaciones manuales o 150 metros con máquinas y a 500 metros si es con avionetas. En el caso de las viviendas rurales o puestos sanitarios, las avionetas, por ejemplo, podrán pasar rociando agrotóxicos a 200 metros.
En todos los casos, las distancias aprobadas son absolutamente regresivas. “Hasta su sanción, la distancia del veneno era de un mínimo de 50 metros. Hoy pueden envenenarnos a 5, 10 y 15 metros”, resume Daniela Verzeñassi, miembro del Foro Ecologista de Paraná e integrante de la Coordinadora Por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta. “Continúo absolutamente indignada por lo sucedido. No puedo creer que quienes deben cuidarnos, lejos de hacerlo, hayan aprobado ese texto en esos términos”, le dijo a Agencia Tierra Viva.
Desde esa coordinadora, en un comunicado público, repudiaron enérgicamente la sanción de la ley de las mal llamadas buenas prácticas agrícolas. “Esta ley representa un retroceso en la lucha por un ambiente sano y pone en riesgo la salud y el futuro de los entrerrianos. Es un golpe a la vida y al ambiente. La ley, impulsada por intereses corporativos y redactada por la cámara de vendedores de agroquímicos, carece de base científica, técnica y social. Es un ‘copypaste’ de legislaciones promovidas por Casafe, diseñadas para garantizar la continuidad del modelo agroindustrial basado en venenos, sin considerar los derechos de las comunidades afectadas”.
Si bien la norma establece también una zona de amortiguamiento, que se suma a los metros de completa exclusión, permitirá aplicar allí productos de peligrosidad para la vida en todas sus formas, ya que se definen por la categorización en bandas que establece la Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria). Para graficar, el glifosato —genotóxico y probable cancerígeno para humanos y cancerígeno para animales— se vende mayormente con la «banda verde», es decir la que designa la «menor peligrosidad». La norma habilita los productos de «banda verde», sin contemplar, y excluir por completo, el riesgo que significa lo que efectivamente se pulveriza en los campos, o sea, formulaciones que, en la mayoría de casos, son más peligrosas que los principios activos solos y la sinergia de la mezcla entre plaguicidas, que generan daños potenciados.
“La ley permite envenenar todo el territorio de la provincia, salvo del perímetro de la planta urbana hacia adentro. Y toda esa mención de la zona de amortiguación es parte del problema”, asegura Daniela Verzeñassi, leyendo la letra chica de la nueva ley. “Se presta a confusiones porque la mencionan como si fuera a proteger algo, cuando no lo hace. Y, además, deja en claro que pasada esa distancia es un ‘hacé lo que quieras’. No es más que un modo perverso de permitir venenos en todos lados haciendo como que cuidan o protegen a algo o a alguien”.
Las fumigaciones avanzan, con la complicidad política y el Poder Judicial
Mientras la ciencia sin conflictos de interés sigue acumulando pruebas de los daños de los plaguicidas, y enfatiza sobre la importancia de disminuir o prohibir su uso, la política y parte del sistema judicial avanzan marcha atrás. La nueva legislación provincial fue votada en paralelo con la modificación de la Ordenanza 12216 del Municipio de Gualeguaychú, conocida como “Glifosato Cero”. Esa normativa local, desde 2018, prohibía el expendio, almacenamiento, transporte y comercialización del glifosato y sus formulaciones en la ciudad. La decisión de modificar la ordenanza ocurrió luego de que, hace poco menos de dos meses, el Poder Judicial entrerriano se pronunciaron a favor del agronegocio, declarando su inconstitucional de modo parcial y habilitando al poder político de turno —bajo la intendencia de Mauricio Davico— a concretar un verdadero retroceso ambiental.
Lo mismo sucede con la “moderna” ley provincial. La reducción de las distancias habilitadas para aplicar agrotóxicos, en relación a la Ley de Plaguicidas Nº 6.599, es inadmisible a la luz del principio de «no regresión en materia ambiental», garantizado tanto por la Ley General de Ambiente como por tratados internacionales con status de ley nacional, como el Acuerdo de Escazú. Ese marco legal permite prever que la nueva legislación enfrentará un camino de judicialización. Y la pregunta se impone, ¿quienes hacen las leyes no conocen las leyes?
La abogada Aldana Sassia, quien ha logrado trascendentes fallos judiciales para poner freno al avance de los agrotóxicos por sobre la salud, confirma a Agencia Tierra Viva que ese será el camino a recorrer: la judicialización. “Hay sobrados elementos para que esta ley sea derogada”. La letrada había expuesto todos esos argumentos ante los legisladores entrerrianos, mientras se discutía el tratamiento de la flamante normativa en labor parlamentaria. Junto a ella, además, expusieron muchas voces expertas y autorizadas de ámbitos científicos y del agro, e integrantes de comunidades directamente afectadas. Voces que no fueron escuchadas.
Resta ver qué hará ahora el Poder Judicial, sus integrantes y funcionarios. Sobradas pruebas existen de que magistrados y justicia pueden no ser sinónimos. En marzo de 2023, la Corte Suprema de la Nación habilitó el modelo contaminante en Entre Ríos. Después de más de tres años, rechazó un pedido de la coordinadora Basta es Basta y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que buscaba hacer efectiva una medida cautelar para proteger a las escuelas rurales de las fumigaciones.
El máximo tribunal se desentendió del tema y avaló una decisión del Supremo Tribunal de Justicia provincial, que permitía fumigar a 100 metros terrestres y 500 aéreos de las escuelas, tal como lo había ordenado el ex gobernador peronista Gustavo Bordet. La medida rechazada por laxa por las organizaciones socioambientales fue apoyada por la Corte con un artículo de forma, el 280 del Código Procesal, que dice “cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia”. Sólo se trataba de la salud y el ambiente.
Para complejizar aún más el escenario, como sucede en las últimas décadas y sin grietas políticas partidarias, desde el Ejecutivo nacional el mensaje es favorecer y propiciar el uso de plaguicidas, en nombre de un modelo que alimenta los bolsillos de empresas y productores del agronegocio. El presidente Javier Milei, en el discurso por cadena nacional al cumplirse un año de su gestión, tuve tiempo para destacar como logro, la rebaja arancelaria de la urea y los herbicidas, entre otros productos.
“Se comienza a escribir otro capítulo en la lucha por una vida sin agrotóxicos”
¿Cómo se sigue aclarando lo obvio, que los venenos, envenenan? Cuando pareciera que la política entrerriana y miembros de su Poder Judicial “juegan” contra la comunidad a la que deben proteger y escuchar. Cuando mueven fuerte y no para garantizar derechos sino, todo indica, para marcarle la cancha a las numerosísimas organizaciones y grupos ambientales que en Entre Ríos han logrado, de modo admirable, no sólo conseguir evidencias de los daños del modelo agrotóxico sino también fallos judiciales u ordenanzas para detener las afectaciones. Y así liberarles el campo a los únicos ganadores de este modelo.
En esa jugada de quienes son representantes del pueblo, la legislación aprobada conforma sólo a unos pocos productores del agro concentrado. La salud y la biodiversidad, si bien son mencionadas numerosas veces en el articulado de la nueva ley, quedaran a la deriva, en este caso, de los químicos peligrosos.
Desde esos campos fumigados, desde esos lugares de resistencia, quienes allí sufren y jamás bajan los brazos, aseguran que lejos de frenarse, la resistencia y la lucha, solo adquirirán nuevas formas. “La nueva ley provincial es tan lejana a lo que nos merecemos que está provocando aún más indignación”, asegura Verzeñassi. “Inclusive entre aquellos que no suelen estar en las primeras líneas resistiendo al modelo contaminante. Y también lograran despertar con esto, a quienes siguen dormidos. A esa ciudadanía que debe sumarse en la defensa de su salud. Se viene otro capítulo. Se comienza a escribir otro capítulo en la lucha por una vida sin agrotóxicos”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/entre-rios-fumigada-mas-agrotoxicos-y-mas-resistencias/