La avanzada del gobierno de Javier Milei contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia al cerrar los organismos que funcionan en el predio de la ex ESMA, amenaza como desarticular, entre otros, al Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
Por Mario Hernandez.
Se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que fue creado a través del Decreto 1259 del 16 de diciembre de 2003, firmado por el presidente Néstor Kirchner.
En el catálogo del Archivo hay diversas colecciones, así como material de programas de televisión y noticieros. En 2021, en el marco del Mes de la Memoria, se presentaron los primeros resultados del proyecto en marcha. La documentación que se ofrece para la consulta en la plataforma es de acceso público irrestricto.
El gobierno avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos
Por Luciana Bertoia
Una larga fila. Un trabajador o una trabajadora pasa, dice su nombre y un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) revisa un listado que tiene en su celular. Solo después de eso le franquea el ingreso o se lo prohíbe. Hay llantos y desazón, pero también abrazos y solidaridad. Esa fue la escena que marcó la mañana en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que tiene su sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Además del cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la motosierra libertaria tocó todos los rincones de la SDH. Los sitios de memoria fueron de las áreas más afectadas e incluso denuncian que uno de ellos quedó directamente vacío.
Lo que pasó este jueves en la ESMA fue la crónica de un desmantelamiento anunciado. El 31 de diciembre, a las 14:00, la secretaria privada de Baños envió dos mensajes por WhatsApp. En uno comunicaba el cierre del Conti para llevar a cabo una “reestructuración”. En otro decía que quienes estaban contratados bajo el ente cooperador ACARA y que no habían aceptado el retiro voluntario no deberían presentarse a sus puestos de trabajo porque no podrían ingresar.
El Conti, después de 16 años de actividad, amaneció cerrado. Hubo preocupación porque el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) -que, entre otros fondos, custodia la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)-, también. Sin embargo, después de un rato, el ANM abrió sus puertas.
La tensión se trasladó hacia la sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Para entonces ya circulaba un listado con más de 1.000 “bajas” de todo el Ministerio de Justicia. Cerca de las 10:25, los trabajadores lograron traspasar la puerta y llegar al hall central.
“Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban mientras se acomodaban para llevar adelante la asamblea unificada. “El Conti no se cierra”, empezaron a corear minutos después.
‘Baños cobarde’, se escuchó. Para esa hora, el secretario de Derechos Humanos estaba llegando a su oficina en la ex-ESMA. Según contaron, ingresó por un acceso lateral y evitó todo contacto con los trabajadores. La última vez que aceptó recibirlos fue el viernes 27 de diciembre. Después de ese día, mantuvo unas comunicaciones por WhatsApp en las que hizo saber su molestia porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había pedido una cautelar para frenar los despidos.
“No han aportado ni una sola línea de trabajo. Alberto Baños lo único que hizo en esta Secretaría fue destruirla”, dijo Nana González, la delegada que abrió la asamblea unificada.
Baños llegó hace casi un año a la ex ESMA. Lo llevó su amigo Mariano Cúneo Libarona. Venía con un antecedente poco promisorio en materia de Derechos Humanos: la no investigación de la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan. En estos casi doce meses, Baños no logró completar el organigrama de la Secretaría. Un subsecretario renunció en medio de una situación escandalosa. Según remarcan los trabajadores, el secretario no conoce el Conti, el ANM ni la mayoría de los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, estuvo en la asamblea. “Estamos discutiendo la identidad de nuestro pueblo, no solo puestos de trabajo. Por eso, compañeros y compañeras, de acá salimos con una victoria”, agitó antes de convocar a la Plaza de Mayo para marchar con las Madres.
Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos el panorama que se iba trazando era de destrucción. En las exposiciones se habló de cómo los sitios de memoria fueron perdiendo su personal: algunos se quedaron con la mitad de los trabajadores que tenían a principios de 2024; otros terminaron vaciados. Se dijo que Virrey Cevallos –el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de la Fuerza Aérea– ya no tendrá quien pueda abrir sus puertas.
Hay áreas que fueron especialmente golpeadas: el Centro Cultural Conti –que sufrió todas las olas de despidos y ahora actualmente espera que Baños decida sobre su programación y reapertura–, el Archivo Nacional de la Memoria y, en particular, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –que perdió a su coordinadora y a trabajadores altamente calificados.
Entre la denuncia y la solidaridad
Victoria Montenegro, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad, fue una de las dirigentes políticas que estuvo acompañando. La legisladora presentará en las próximas horas una denuncia penal contra Baños por el vaciamiento de la Secretaría. “Hay que acompañar a los trabajadores, seguir apostando a la unidad y construir herramientas para denunciar no solo en el país sino en los organismos internacionales la política de este gobierno”, afirma.
El diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y la exdiputada Romina del Plá también se acercaron para expresar su solidaridad con los despedidos. “Hay que defender a los trabajadores y las trabajadoras, como siempre hacemos. Este es un ataque contra la lucha histórica de las Abuelas, las Madres, los organismos de Derechos Humanos y el pueblo”, dice del Caño, que propone tomar medidas contundentes para “derrotar esta política negacionista”.
Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue a llevar el apoyo de la mesa de organismos de Derechos Humanos. Con él estaban, entre otros, Gabriela Alegre, Elsa Oshiro y otros referentes del movimiento. Emiliano Hueravilo –que nació en la ESMA– fue uno de los primeros en llegar. Lo mismo que Margarita Cruz, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y la periodista Ana Bianco, hija de María Eugenia Ponce de Bianco, una de las tres Madres marcadas por Alfredo Astiz en diciembre de 1977.
“La APDH junto a la mesa de organismos ha expresado su repudio a estas decisiones que no hacen más que dar cuenta del grado de perversidad de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables”, dice Tavani. “Nos solidarizamos y acompañamos las demandas de quienes hoy sufren el avasallamiento de sus derechos y proponemos denunciar ante los tribunales y los organismos internacionales estas violaciones, que contrarían normas supremas”, añade.
Además de las denuncias que se materializarán en los próximos días, los trabajadores están decididos a visibilizar el conflicto. Este viernes, recibirán al cura Lorenzo “Toto” de Vedia, quien oficiará una misa en apoyo a la lucha. El sábado a las 18 habrá una ceremonia con velas fuera del Conti para demostrar que la memoria sigue ardiendo a pesar del cierre decidido por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Despidos, desguace y encima espionaje ilegal: la CPM denunció que la policía hizo inteligencia en la ex Esma
Por Adriana Meyer
“Estas acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti”. Con estas palabras, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la justicia federal que se investigue la realización de tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación del viernes 27 en el sitio de memoria ex ESMA en reclamo por el vaciamiento a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, se observó ese día la presencia de personal policial de civil sin identificación y agentes de las fuerzas de seguridad realizando video filmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio. Ese tipo de tareas encubiertas destinadas a reunir información política y social están prohibidas por las leyes vigentes.
La denuncia presentada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, presidentes y secretario ejecutivo de la CPM, con el patrocinio letrado de Rodrigo Andrés Pomares y Margarita Jarque, fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 a cargo de Julián Ercolini.
El pasado viernes 27 de diciembre, durante la convocatoria bajo el lema “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores”, la CPM advirtió la presencia de personal policial no identificado -es decir, de civil- que deambulaba entre las y los manifestantes y realizaba comunicaciones telefónicas. De acuerdo a la denuncia presentada por el organismo, este personal de civil deambulaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria ex ESMA y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar. Sin embargo, al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”.
La CPM también agregó en su denuncia que durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior del edificio de la ex ESMA. El organismo adjuntó como material de prueba las fotografías y videos realizados por la CPM que dan cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes.
Además, requirió el registro y secuestro del material fílmico y todo otro registro gráfico o auditivo obtenido en el marco de la intervención policial realizada en el contexto de la convocatoria. “La actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban”, señalaron desde la CPM. Y agregaron que esto podría encuadrarse en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas. “Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”, agregaron.
Mala costumbre de espiar
En un reciente informe sobre las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social, la CPM advirtió que de lo relevado a lo largo del 2024 puede desprenderse que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores. Con datos hasta el 30 de noviembre de 2024, el informe detalla en particular que en 34 de las 60 manifestaciones monitoreadas se registraron prácticas asociadas a prácticas de inteligencia ilegal, como las relevadas en la convocatoria del último viernes de diciembre. En su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, y desde la aplicación del protocolo anti piquetes, la CPM viene realizando el monitoreo de la represión de la protesta social en el marco de un trabajo conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA.
Milei congela la contratación de empleados públicos
El Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.
El primer decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que “las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.
La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado, así como también a los denominados “monotributistas” regidos por los contratos 1.109.
No obstante, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran “las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud”, entre otras.
También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Será la estrategia del “3×1”.
La segunda reglamentación estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad.
“Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024”, sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional “no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025”, indicó.
En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.
El funcionario celebró la cifra de empleados desafectados y sostuvo que “siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras, es devolverles el dinero a sus verdaderos dueños”.
En diciembre último, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los “contratos ACARA”- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.
En medio de los despidos, otros tres meses en el limbo para 40.000 empleados públicos
Por Carolina Camps
Luego de que los gremios estatales advirtieran sobre una profundización de su plan de lucha para detener los despidos masivos, el Gobierno confirmó que renovará los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la Administración nacional.
La medida le pone un freno al plan de vaciamiento de diversas áreas de la Administración pública -no así en Derechos Humanos- pero a la vez le da continuidad a la metodología de precarización de empleos por parte del Estado, puesto que la renovación de contratos será por solo tres meses.
Los 40.000 restantes continuarán contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales.
A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.
Se supone que esta será la última prórroga producto del supuesto “examen de idoneidad”. A los que continuarán después de marzo próximo se les exigirá la aprobación de esa evaluación y la consideración de sus jefes de que son personas que “cumplen una función necesaria” para el área en que se desempeñan.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados en peligro por el vencimiento de su contrato el 31 de diciembre. Es que contabilizan también a los monotributistas bajo locación de servicios.
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados fueron despedidos a través de un WhatsApp recibido el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que no debían presentarse a trabajar.
ATE denunció también que hubo despidos en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la obra social de los uniformados y en Parques Nacionales.
En tanto, el Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar las partidas de dinero de la Administración nacional, de modo tal que no haya posibilidad de contratar nuevo personal hasta marzo próximo.
En los decretos 1148/24 y 1149/24 firmados por Milei y Sturzenegger se fija que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.
Esa prohibición abarca a las designaciones en planta transitoria, las contrataciones que están bajo el paraguas del artículo 9° y la prestación de servicios profesionales autónomos.
Cualquier alta nueva excepcional deberá estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”.
No se renovaron los contratos a más de 300 trabajadores en IOSFA
Desde la Asociación Trabajadores del Estado dieron a conocer que más de 300 trabajadores contratados por IOSFA, sufrieron la no renovación del vínculo y que los telegramas siguen llegando.
Pablo Mendoza, secretario general de la ATE en Punta Alta, aclaró que hasta ahora quedó sin trabajo personal principalmente de Mar del Plata., Tucumán, Córdoba y Misiones.
Mendoza detalló que en Puerto Belgrano son 23 los contratados, a los que se suman 5 o 6 de Bahía Blanca.
“Los demás empleados pasaron a planta permanente hace tiempo, por gestiones en las que participó ATE y, por suerte, no están, en este momento, sujetos a despido”
Se supo que los trabajadores cesanteados cumplían tareas en centros médicos propios, farmacias y hoteles, y contaban con una antigüedad de 3 a 27 años de servicio”.
“Ellos cobraban 500.000 pesos por mes, mientras que los funcionarios que asumieron cobran 2.500.000 mensualmente y hay que explicarles el funcionamiento de la obra social”, aseguraron desde ATE.
“Hasta la fecha y por fortuna, en nuestra zona no hubo gente que se quedara fuera de su puesto de trabajo”, dijo el dirigente gremial en declaraciones periodísticas.
“¿Cuántos sábados tiene julio?”: el examen de idoneidad que provoca angustia y humillación a empleados estatales
Por León Nicanoff
“¿Cuántos sábados tiene julio?”: el examen de idoneidad que provoca angustia y humillación a empleados estatales
Más de 8.000 trabajadores estatales ya rindieron el llamado examen de idoneidad que impuso el Gobierno para el personal contratado. Su aprobación no garantiza la continuidad en el trabajo. Hasta ahora el 95% lo aprobó. Los gremios denuncian no tienen nada que ver con la tarea que desempeñan y resultan humillantes.
“Estamos aprobando, lo cual demuestra que el relato de que somos inoperantes e ignorantes se cae a pedazos”, dijo Nicolás Rodríguez, trabajador de la Secretaría de Cultura y delegado General de ATE de esa área. “Se llevaron una sorpresa, porque nosotros nos organizamos y primó la solidaridad entre todos para prepararnos”.
“¿Qué longitud, en centímetros, equivale a una longitud de 51 metros?”, “El mes de julio tiene 31 días ¿Cuál es la cantidad máxima de sábados que puede tener julio?”, “¿Cómo puede vetar el Poder Ejecutivo una ley?”, “¿En qué año se sancionó el Código Electoral Argentino previsto en la ley 19.945?”, “¿El padrón electoral de presos es el mismo que el general o es distinto?”, “Si un cuadrado tiene un área de 64 cm², cuál es el perímetro del cuadrado?”, fueron algunas de las preguntas que aparecieron en los exámenes que se dividen por Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.
Hasta el momento rindieron el examen 8.559 trabajadores y el 95% aprobó.
“Muchas de las consignas no tenían relación con nuestra función, como de pensamiento lógico o comprensión lectora que son de secundario”, dice Rodríguez y agrega: “Por eso fue recibido como una tomada de pelo y un instrumento más para denigrarnos”.
Según concuerdan los empleados y gremialistas entrevistados, cuando se anunció la medida en las distintas dependencias del Estado Nacional primero se manifestó bronca, después paranoia y por último angustia y resignación.
La incertidumbre fue la fuente del mayor malestar, porque pese a las asambleas que se realizaron, al amparo judicial que presentaron e incluso a la aprobación del examen, la única certeza que tienen las personas con contratos temporales es que cualquiera de ellos puede perder el trabajo de inmediato, en cualquier momento.
“Es una tortura bastante perversa, porque te mantienen con miedo todo el tiempo, no sabés qué va a pasar, si te echan hoy o mañana o la semana que viene. Fueron tantas las ideas y vueltas con este tema, tanto el manoseo, que pueden venir el mes que viene, por ejemplo, y plantear otro examen u otra prueba y volver a humillarnos y echarnos”, dice Valeria, otra trabajadora de Cultura que rindió recientemente.
Una directora de área, que pidió no ser nombrada, describió que la tensión y dispersión se expandieron durante los últimos dos meses, que son los más importantes del año por la carga laboral que se exige. Por esta razón, “pudieron haberse cometido errores graves, que de hecho se corrigieron en tiempo y forma, porque los empleados naturalmente estaban muy nerviosos y estresados por su futuro, fue un caos, realmente muy feo”, dijo.
En diálogo con elDiarioAR, el delegado General de ATE del Teatro Cervantes, Rodolfo Cañetes, aseguró que el mayor de los “males” que padecen hoy los empleados es la incertidumbre deliberadamente instalada. “De toda la pérdida de derechos que sufrieron los trabajadores a lo largo del año, la peor de todas es esta incertidumbre, esto de estar siempre al límite, de que te estén por rescindir el contrato o te cambien de destino, porque te modifica la vida y te va limando la cabeza de a poco”, advirtió.
Antes de los exámenes los gremios se organizaron y, junto a trabajadores de otros organismos que se pusieron a disposición, crearon un simulacro de evaluación. Hubo talleres sobre ley de administración financiera, leyes electorales, leyes de procedimiento administrativo, códigos electorales, matemática, geometría y lógica.
Los empleados que deben rendir el examen están contratados, muchos incluso desde hace más de 10 años. Su aprobación no garantiza que continuarán en el trabajo.
“Hay compañeros que están hace más de 10 años y que deberían pasarlos a planta, pero no, lo que hacen es tomarles un examen, ¿y para qué? para que sigan cobrando el mismo salario de pobreza sin estabilidad laboral y encima ahora más humillados”, explica Cañetes sobre la pérdida del poder adquisitivo del trabajador estatal que viene en caída libre desde 2016.
Los entrevistados también coinciden en que la evaluación no busca la idoneidad ni jerarquización de los empleados, porque el examen no está orientado a las funciones específicas de cada área.
¿Entonces cuál es el objetivo? Según afirman a este medio, el fin es político: fortalecer el relato que estigmatiza al empleado público, preparar las condiciones para nuevos despidos y torcer la voluntad de los contratados, muchos de los cuales ya están renunciando a sus puestos precisamente por la falta de respuestas y la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas con los salarios que actualmente se perciben en la administración pública.
Según el dirigente gremial Cañetes, los sueldos oscilan entre los 500.000 y 800.000 pesos, mientras que los gastos de una familia de clase media porteña ya superan los 2.000.000 de pesos por mes, según un relevamiento de CESyAC.
“Con todo este manoseo en muchas dependencias del Estado están habiendo renuncias porque los compañeros tienen un sueldo de pobreza, y entre el transporte y el tiempo que destinan, les conviene dedicarse a otra cosa y quedarse cerca de sus casas”, advierte el sindicalista, sobre un fenómeno que se estaría empezando a iniciar tal como ya está ocurriendo en las universidades con las renuncias de docentes.
Una trabajadora de la cocina que vivió las semanas previas al examen con ciertos ataques por el temor a quedar sin el sustento familiar, una médica que rindió mal por desconocer una ecuación y quebró en llanto, una señora a un año de su jubilación que por el nerviosismo se le nubló la mente y salió de la sala del examen sollozando. Son algunas de las imágenes que diferentes entrevistados aportaron.
Cómo explicó Ezequiel Adamovsky en esta nota, la estrategia del gobierno consiste en construir un estereotipo a partir de un caso particular, centralizado, por ejemplo, en “Flora” el personaje de Antonio Gasalla, la empleada pública inoperante y perezosa, y generalizarlo hasta volverlo norma: todos son vagos, inútiles y ñoquis.
“El empleado público no solo ejerce bien su tarea, sino que le imponen un examen y lo da bien”, destacó Cañetes y señaló que “igualmente es muy arbitrario y desigual porque a los funcionarios nadie les toma un examen para ver si son realmente idóneos, y muchos no lo son”.
“La motosierra tiene que cortar otras cabezas”
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que es fundamental que el año que comienza lo haga con la famosa motosierra, símbolo del ajuste fiscal, apuntando hacia otros sectores: los únicos y pocos ganadores de la gestión de La Libertad Avanza.
“Decimos que el próximo año nos imaginamos que la motosierra llega a nuestras manos y empieza a cortar otras cabezas, distintas a las que cortó hasta ahora, porque hasta ahora no ganaron los jubilados, los trabajadores, la clase media”.
Tras lo que añadió: “La motosierra ahora tiene que cambiar de dirección y lograr que los ajustados sean los únicos que ganaron con las políticas que se implementaron desde la Casa Rosada en los últimos 12 meses. No nos comamos el verso de que este Gobierno mejoró algo”.
El duro mensaje llegó después de una nueva provocación del Gobierno hacia los estatales, a quienes convocaron a una reunión de discusión salarial con una propuesta del 0 % para salarios que ya venían con una pérdida real del poder de compra de 40 puntos porcentuales.
“Fue una nueva teatralización de este Gobierno nacional que nos convocó a una instancia paritaria y concurrió sin ninguna propuesta. Está clara la intención de seguir dilatando los tiempos, algo que no se corresponde con las necesidades urgentes que tienen los trabajadores”, afirmó Aguiar.
Y añadió: “A estos funcionarios les sobra plata para llegar a fin de mes. Mantienen la estrategia de seguir ajustando los salarios en el sector público. Hasta aquí, en el 2024 que hoy termina, perdimos más de 40 puntos de poder adquisitivo en relación con la evolución que mostraron los precios”.
Por eso, propuso: “La única manera de que esto sea recompensado es que se incorpore una suma fija, al menos para los salarios menores de la Administración pública. El aumento que propusieron fue del 0 %: nada”.
Para el sindicalista, “está claro que el 2025, si la conducta del Gobierno sigue siendo la misma, va a comenzar como terminó este año: con una alta conflictividad en el Estado”.
La última vez que se negoció un incremento salarial fue el 31 de octubre. Ese día se acordó un incremento del 2 % en el sueldo de noviembre y del 1 % para diciembre, además de una suma fija remunerativa de 30.000 pesos.
En esa oportunidad, ATE firmó en disconformidad. En tanto que UPCN, que conduce Andrés Rodríguez, firmó como siempre sin chistar.
Las y los estatales perdieron $ 3 millones en salarios en la era Milei (antes también perdían)
Por Lucho Aguilar.
Mientras sigue despidiendo y va a tomar un “examen de ideoneidad” que no es más que otro ataque al personal que hace funcionar la administración y los servicios del Estado, se conoció un dato que revela el saqueo a los bolsillos a la clase trabajadora. Pero es algo que todos los gobiernos vienen haciendo.
En estos días los grandes medios y encuestadoras hablan de una recuperación de la “imagen” del gobierno de Milei y datos económicos positivos. Más allá de que esconden la fragilidad estructural de la economía y una acumulación inflacionaria que sigue siendo alta, esconden que parte de esos datos, como el famoso “equilibrio fiscal”, está construido sobre un saqueo a los bolsillos populares.
Un dato concreto y contundente es la pérdida salarial de los trabajadores y trabajadoras, públicos y privados. Así lo calculó el Centro de estudios económicos MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, compuesto por economistas.
Según su informe de noviembre, cada asalariado/a del Estado perdió, en promedio, casi 3.000.000 de pesos en sólo 10 meses de mandato. Si lo proyectamos al año que se cumple esta semana, vamos a estar en más de 3,5 millones, como mínimo. Si bien la caída se ralentizó estos meses, nunca dejó de caer (están congelados) pero mucho menos se recuperó lo perdido.
Según los datos, se trata de 2.991.339 pesos, muy superior a lo perdido en los primeros 10 meses de Macri, 1.542.722 pesos; y a lo perdido en los primeros meses de Alberto y Cristina Fernández, 454.937 pesos. El ránking confirma que hubo diferentes grados de ajuste, pero que la norma fue atacar las condiciones de vida.
Los números así pueden parecer fríos. ¿Pero qué pasa si decimos que significan que les robaron 21 canastas alimentarias en esos 10 meses? El INDEC define la Canasta Básica Alimentaria como “los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente)”. O sea, les robaron algo tan elemental como la comida de casi dos años. Ni hablemos de los otros gastos, transporte, servicios. Pero les sacaron el pan de la boca.
Milei se ensañó con las y los estatales. Y no solo Milei, hay muchas provincias y ciudades con reclamos del personal municipal, de salud, docente, porque todos trasladaron el ajuste hacia abajo. […]
Incertidumbre en los trabajadores que combaten los incendios forestales
El 31 de diciembre se vencieron 50.000 contratos en el Estado, algunos de ellos son los brigadistas que están combatiendo el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi que arrasó miles de hectáreas.
Los brigadistas contra el fuego, trabajadores estatales, muchos de ellos precarios que están en este momento combatiendo el fuego, tratando de preservar el bosque nativo, sin saber qué pasará con ellos una vez que venzan sus contratos.
Recordemos que El Estado, en su rol de empleador, no definió aún la continuidad o la baja de los empleados, aunque se prevé un fuerte recorte, en línea con lo que sucedió en el ministerio de Justicia, que despidió a 2.400 personas. Por este motivo, viernes 27 de diciembre, las y los trabajadores de la Secretaría de DD HH realizaron un gigantesco abrazo a la ex ESMA como primer paso de la pelea contra los despidos de miles de trabajadores y el consecuente cierre de los Sitios de la Memoria que el gobierno de Milei y Villarruel intentan llevar adelante.
Por un lado, renunciaron más de 40 brigadistas en los últimos meses a lo largo y ancho del país por la inestabilidad contractual y los bajos salarios, que no son reemplazados por el Estado, por lo cual hoy solo quedan en actividad 410 brigadistas que tienen un inicial de $ 470.000.
Lo mismo sucede con los trabajadores de Parques Nacionales que como denuncia el delegado de ATE del Parque Nacional Nahuel Huapi, Marcelo Rojas, quien señaló que “el plantel del organismo está “diezmado”, que Parques en todo el país tenía hace un año 2.200 empleados y hoy son 2.000, en lo que aparece como un vaciamiento a cuentagotas”.
Como señala el comunicado de ATE sobre la situación de los trabajadores “si de salarios hablamos, es necesario hacer notar que, en Patagonia, por ejemplo, la mayoría de las y los profesionales brigadistas se ven obligados a tener otro trabajo o actividad para complementar el bajo ingreso, lo que trae aparejado una sobre exigencia en una actividad que requiere de un descanso adecuado”.
La persecución ideológica detrás de los despidos en Parques Nacionales
Treinta trabajadores de Parques Nacionales recibieron llamados el 31 de diciembre por la tarde para avisarles que desde el 1º de enero no iban a continuar en sus puestos.
Lo que verdaderamente está de fondo es otra cosa, sostuvo Alejo Fardjoume, trabajador del organismo: “Vemos que es una política. Está demostrado técnicamente que nos faltan trabajadores. Hay una política detrás: tratar de romper estructuras de funcionamiento de control de lo que significan nuevos emprendimientos y extracciones”.
“Y allanar el camino para políticas ambientales que pagamos todos los argentinos. Defender a los trabajadores de Parques Nacionales es defender la biodiversidad. Es defender una política de conservación en la que los trabajadores estamos convencidos, y este Gobierno no”, añadió, luego, en tono enfático.
Luego, denunció: “Hay una despedida, Andrea, a la que llamó el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, que es brigadista de la zona norte del parque. Ella es una compañera militante que postea en redes sus orientaciones políticas. No es en las redes oficiales, es en las suyas. Y uno de los motivos es que dicen que no está de acuerdo con la línea de Gobierno y se tiene que ir”.
“Y ella dice que no está de acuerdo con el nuevo cobro de acceso para los visitantes, pero que nunca puso palos en la rueda para la gestión. Hay persecución ideológica. Ya llevamos seis compañeros de cupo trans despedidos. Y lo hacen en un momento donde el fuego ya arrasó más de 2.000 hectáreas. Es una política que no tiene ninguna justificación en términos de idoneidad o de compromiso”, finalizó.
20.000 trabajadores de la flota nacional podrían ser despedidos
El ministro Federico Sturzenegger avanza con un nuevo decreto desregulador que pone en alerta a trabajadores del transporte marítimo fluvial de cabotaje, que emplea a más de 20.000 personas de forma directa.
Se trata de la inminente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que trae consigo la desaparición de la Marina Mercante Nacional.
“El cabotaje en Argentina tiene costos altísimos. No tenemos marina mercante. Venimos en camión desde Tierra del Fuego. Se ha destruido la navegación interna y necesita un reajuste importante”, explicó Sturzenegger.
Calculan que son más de 20.000 puestos de trabajo involucrados solo por el personal embarcado, por lo que miembros de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf) se reunieron con el Subsecretario de Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor, para revertir esta decisión.
“Hoy, de la mano de Sturzenegger, la Marina Mercante recibirá la puñalada final que erradicará por completo la flota nacional”, sentenció el líder del gremio Mariano Moreno. Ante esta decisión, los trabajadores exigen un encuentro cara a cara con el ministro para exigirle explicaciones.
La situación se torna aún más difícil cuando el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, evaluó la situación que enfrenta el segmento de los trabajadores y dijo que el presidente argentino, Javier Milei lleva adelante un “industricidio” que pone en juego el desarrollo económico y social del país.
“Estamos en un proceso de industricidio y es mucho más veloz que el macrista. Yo que viví aquella época puedo decir con conocimiento de causa que estamos de vuelta en el año 1998, porque hay procedimientos de crisis, hay pymes que están abriendo convocatoria de acreedores, suspensiones, despidos…”, mencionó Correa.
Tras un año de iniciada la gestión presidencial de Milei, en Argentina fueron desvinculados 34.000 trabajadores, lo que implicaba una reducción del 7 % del personal de Estado nacional. En particular, la Administración Pública Nacional (APN) experimentó una disminución de unos 20.000 puestos.
“El único récord que tuvo el Gobierno de Javier Milei es haber hecho el recorte más grande de la historia”, expresó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien agregó que la orden afectó al área provisional, en los presupuestos de las provincias, en las obras públicas”.
Este desguace, visto como una hazaña para los funcionarios, afecta al 6,9 % de la población que vive en conglomerados urbanos durante el tercer trimestre de este año.
El Directorio del INTA frenó los planes de desguace
Por Nora Bar
Después de dos tensas reuniones, aceptaron vender la sede de Cerviño, pero detuvieron la subasta de campos y los despidos, al menos por ahora.
El primer encuentro arrancó el jueves a las ocho de la mañana y finalizó a las ocho y media de la noche. Fueron 12 horas largas, tediosas, discutidas en las que los miembros del Directorio del INTA, integrado por cinco representantes del Estado y cinco de la actividad privada, finalmente lograron acuerdos en lo relativo al patrimonio de la entidad y a su dotación de personal. Coincidieron en que no se tocarían las tierras que se pensaba subastar (más de 27.000 hectáreas) y que en lo relativo a despidos (había trascendido la intención de que superaran los 1.000), eran necesarios 120 días para analizar cuál es la dotación ideal de la entidad.
“También nos pusimos de acuerdo en que no se iban a intervenir las direcciones nacionales (todos los ingresos deben ser por concurso) –cuenta uno de los miembros del cuerpo–. Estábamos contentos porque habíamos trabajado a conciencia, pero cuando se les comunicó [a las autoridades], tiraron todo para atrás. Una falta de respeto, no valoraron nuestro laburo. Así que levantamos las cosas y nos fuimos. Abandonamos la reunión. (…) Es muy difícil trabajar de esa manera”.
A la mañana siguiente, volvieron a encontrarse y, concesiones de por medio de ambas partes, se acordó detener el despido de los ingresos de 2023 y de los agentes que no forman parte de la planta permanente, pero se avanzará en la venta del edificio de Cerviño al 3100 y de un campo en Cerrillos, en Salta. “No va a haber ningún despido por ahora; se van a tomar 75 días para hacer un análisis crítico sobre la dotación óptima –informan desde el INTA–. Pero se aprobaron los retiros voluntarios, que rondan 300. Sumados a las jubilaciones que ya se intimaron, son más de 500 puestos. La esperanza es que, con esto, se puedan evitar nuevos recortes”.
Sin embargo, la preocupación por el futuro de este componente esencial del sistema de Ciencia y Tecnología nacional no cede. “La política de desfinanciamiento y desmantelamiento de este gobierno para los sectores de Ciencia y Técnica en las universidades públicas y, en este caso, la embestida fuerte contra el INTA va a traer consecuencias irreparables en el corto y mediano plazo, con pérdida de grandes capacidades de investigación y de infraestructura que tanto aportan al desarrollo del país –dice Susana Mirassou, primera y única mujer presidenta de la entidad entre 2019 y 2022–. Creado en 1956, con un sistema de gobernanza que tiene un Consejo Directivo, consejos de centros regionales, centros de investigación, consejos locales asesores de estaciones experimentales y agencias de extensión, siempre trabajó en cooperación público-privada con sectores de la producción agropecuaria, las provincias, los municipios, las universidades. Este plan de ajuste que se pretende hacer con mentiras y descalificando el trabajo realizado es muy lamentable”.
La semana última, Mirassou, Amadeo Nicora, Francisco Anglesio, Carlos Paz y Carlos Cheppi, todos ex presidentes del organismo dieron a conocer una extensa carta en respuesta a los trascendidos sobre desguace del INTA. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado durante una de sus habituales conferencias de prensa que “los objetivos del INTA fueron desvirtuados por la gestión anterior con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”, que malgastaba sus recursos, que tenía exceso de empleados, y que solo la tercera parte de sus predios y propiedades se usaban con fines comerciales y productivos.
Piletazo frente a la secretaría de Turismo
Las dos CTA y la UTEP realizaron un “piletazo” frente la secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli. Con un aumento del 250% de la tarifa, la quita de las comidas y la privatización de los hoteles, el acceso se vuelve imposible para quienes deberían ser los beneficiarios.
El programa de Turismo Social surgió a mediados de los 50 y se transformó en un símbolo de época y en bandera del movimiento justicialista. En los últimos años, a partir de un plan de tarifas subsidiadas y la logística garantizada por las organizaciones sociales, miles de familias provenientes de sectores populares pudieron disfrutar de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse Río Tercero en las sierras cordobesas. Solo en 2022, fueron 89.214 las personas beneficiarias.
Ahora, paradójicamente, de la mano de un funcionario que supo ser presidente interino del PJ tras la muerte de Néstor Kirchner, el programa pierde su razón de ser. Y es que desde principio de año, Daniel Scioli, secretario de Turismo de Javier Milei, lleva adelante un vaciamiento sistemático.
A la decisión de privatizar los hoteles y despedir trabajadores, se suma el recorte de los cupos y un aumento en un 250% de las tarifas.
Ante este panorama, las dos CTA y la UTEP realizaron un “piletazo” en la vereda de la sede de la Secretaría, en Avenida Santa Fe y Suipacha, “en defensa del Turismo Social”. Franco Armando, de la Central Autónoma, precisó que con el aumento la tarifa pasa de $7.000 por día a $40.000. A lo que se suma la quita de la pensión para desayuno, almuerzo y cena. “Es casi como cerrar el programa porque es inaccesible para nuestros compañeros y compañeras”, denunció el dirigente.
Para dar cuenta del alcance del programa, Armando contó que en 2023 -solo desde la Capital y solo considerando a su organización- 30 colectivos partieron repletos hacia los complejos.
Ricardo, que es cartonero y que a sus 50 años pudo conocer el mar gracias al programa, contó que cuando sus compañeros se enteraron de que no iban a poder viajar por poco se largan a llorar. “Porque es todo el año laburo. Si trabajamos mucho el año pasado, este año laburamos el triple para poder subsistir y es la única alegría que tenemos”, lamentó.
Al salir de una frustrada reunión con un funcionario de segunda línea, Omar Giuliani, secretario general de FENAT y secretario de Acción Social, indicó: “Estamos reclamando que devuelvan los hoteles que fueron construidos, pensados y diseñados para una política pública que tiene que ver con el esparcimiento de nuestras niñeces”. Y agregó: “Exigimos que resuelvan de manera inmediata lo poco que dicen que van a abrir para que los compañeros y compañeras puedan organizarse en torno a un monto de dinero que todavía no está establecido”.
Sin información sobre los precios y los cupos a días del inicio del verano, tanto para las organizaciones, pero también para la población general, estaba prevista una nueva reunión con los funcionarios de Turismo para el 10 de diciembre.
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, El Destape, Canal Abierto