La Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente el accionar de las fuerzas de seguridad federales y de CABA en el operativo desplegado el último miércoles frente a una manifestación pacífica por los derechos de los y las jubiladas. A partir de su trabajo de monitoreo como Mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM realiza una descripción pormenorizada de los hechos represivos desplegados durante más de 6 horas en el que registraron aprehensiones arbitrarias, incluso a menores de edad, centenares de personas lesionadas, portación de armas letales y uso indebido de las no letales, entre otras cuestiones que configuran delitos de acción pública. El disparo directo de una granada de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo que lo dejó en estado crítico y un golpe directo de un policía contra una anciana que cayó inconsciente al piso, son parte de los hechos extremos que se denunciaron. La presentación quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
La Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PNA), Servicio Penitenciario federal I(SPF) y Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que participaron en el operativo desplegado el miércoles en la manifestación convocada por jubilados y jubiladas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, denunció penalmente su accionar al evaluar que actuaron por fuera del marco normativo que regula el uso de la fuerza y cometieron delitos de acción pública.
“Es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de los responsables políticos que planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, consideraron en su presentación.
En su denuncia la CPM demanda como medidas de prueba que el Ministerio de Seguridad nacional y de la Ciudad envíen información sobre las nóminas de agentes, recursos y autoridades asignadas al operativo, así como las órdenes emanadas de cada cartera; pide registros fílmicos de cámaras de seguridad al gobierno de la Ciudad y a los medios que realizaron coberturas en el lugar; que se cite a declarar a personas lesionadas y los profesionales que las asistieron, y solicita que se ordene al Ministerio de Seguridad de Nación y las fuerzas federales cumplir con los marcos normativos vigentes.
“El despliegue de la violencia, los movimientos coordinados de las fuerzas, las reiteradas actuaciones que se continuaron en el tiempo, evidencian que las acciones ilegales denunciadas fueron efectuada de forma estratégica por un mando jerárquico, es decir se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad”, concluye la CPM a partir del material recabado durante el monitoreo.
También consideraron que existió una “intención premeditada y concertada de amedrentar, reprimir e incluso lesionar a los manifestantes”, “sobre todo después de escuchar las declaraciones previas y posteriores a la movilización de los y las funcionarias estatales que deberían garantizar el ejercicio de una manifestación pública y pacífica”.
El organismo recabó información y registró el despliegue de las fuerzas de seguridad y en su presentación a la justicia hace una descripción de cómo se fue desplegando el accionar represivo. Allí señala que las intervenciones iniciaron desde las 15.15 hs cuando mediante un despliegue de más de 1.000 agentes que instrumentó la represión que se extendió por varias cuadras y avenidas “con la clara intención de impedir la concentración”, convocada para las 17 hs.
Durante más de 6 horas, hasta pasadas las 22 hs., los equipos de monitoreo pudieron registrar golpes, uso de gases lacrimógenos y de spray pimienta y disparos de balas de goma, entre otras modalidades de represión que afectaron a manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que debieron ser asistidos. Para las 16.40 hs ya se estaban desplegando los al menos cuatro camiones hidrantes y, ante el desborde generalizado, comenzaron las aprehensiones arbitrarias.
Desde la CPM registraron: 114 personas aprehendidas, tres de los cuales eran menores de edad, de 12, 14 y 16 años; al menos 672 personas heridas, entre ellas una niña de 14 años quemada por gas lacrimógeno; lesiones de diversa variedad, en algunos casos extrema y la portación de armas letales –prohibida en manifestaciones- , así como el uso indebido de armas menos letales, como el caso extremo cuya víctima fue Pablo Grillo. Las postas de goma, irritantes químicos, bastones y camiones hidrantes tuvieron el miércoles un uso “indiscriminado y desproporcionado”.
Una de las secuencias de mayor gravedad se dio sobre avenida Yrigoyen donde desde Entre Ríos se desplegaron las fuerzas de Gendarmería y Policía Federal. Usaron camiones hidrantes y acompañaron su avance con escopetazos de cartuchos de gases lacrimógenos y postas de goma. Al llegar a la intersección con calle Solís dispararon un cartucho de gas que fue el que impactó sobre la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. Fue el herido de mayor gravedad, debió ser trasladado por el SAME y permanece internado peleando por su vida. El otro es el golpe de a una anciana que reclamaba frente a un cordón policial y fue golpeada cayendo inconsciente al piso.
La CPM solicitó una investigación “rigurosa y precisa” que “esclarezca las conductas de los funcionarios políticos, quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir”, concluyendo que “la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y por cómo estas utilizan la fuerza pública”.
Fuente: https://www.andaragencia.org/denuncia-penal-por-la-brutal-represion-en-la-marcha-de-jubilados/