Por: David Alí Condori[1]
Bolivia atraviesa una crisis económica que se refleja, entre otros aspectos, en la escasez de los hidrocarburos. A diario se observan largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, la cual afecta a sectores importantes como el transporte, la producción agrícola, minería, entre otros. Según los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, publicados en el Periódico Ahora el Pueblo (mayo de 2024), Bolivia necesita diariamente 14 millones de litros de combustible (entre gasolina y diésel), y destina alrededor de 2.000 millones de dólares anualmente para garantizar su abastecimiento. El suministro de los hidrocarburos es fundamental para cualquiera economía, sin las cuales se podría paralizar la producción y circulación muchos bienes y servicios en el país. Por eso, el problema de abastecimiento de gasolina y diésel se ha convertido en el centro del debate en el contexto de las próximas elecciones generales.
En ese sentido, casi todos los candidatos repiten una misma consigna: eliminar o levantar gradualmente la subvención a los hidrocarburos. Tanto la derecha e izquierda concuerdan en esta postura y posesionan en la opinión pública, de que el subsidio a la gasolina y diésel es una de las principales causas del déficit fiscal y por ende de la crisis económica actual. Pero, ¿qué implicaría realmente liberar la subvención a los hidrocarburos y vender al precio del mercado internacional?
Levantar la subvención supondría dejar en manos del mercado la importación y comercialización de los hidrocarburos (a precio internacional que oscila en un dólar aproximadamente) o reducir el papel del Estado en este rubro, lo cual es una característica del neoliberalismo. Pero las consecuencias no acaban ahí, sino este hecho produciría un shock económico con implicancias políticas y sociales. Los primeros afectados serian los sectores que dependen directamente del combustible: transportistas, productores agrícolas, mineros, entre otros. Estos a su vez trasladarían el costo a los consumidores finales. En otras palabras, se traduciría en la subida de pasajes, aumento de precios de productos de primera necesidad y un efecto dominó sobre todos los bienes y servicios en el mercado.
Este escenario conduciría, inevitablemente, a un proceso inflacionario. Pues, la moneda boliviana perdería aún más su valor adquisitivo y si el nuevo gobierno continúa financiando el gasto público con emisión monetaria, como lo está haciendo el actual gobierno de Luis Arce Catacora, se abriría la puerta a una posible hiperinflación. De lo contrario, el país también puede enfrentar una contracción económica.
En este contexto, los sectores empobrecidos serían más afectados, enfrentando mayores niveles de desnutrición, incremento en la tasa de mortalidad, deserción escolar, desempleo, precarización laboral, aumento de comercio informal y la delincuencia. Todo esto desembocaría en grandes movimientos sociales, donde la mayoría de las organizaciones sociales se verían obligados a tomar acciones colectivas para defender los intereses de sus afiliados frente al Estado. Lo cual dificultaría la gobernabilidad del próximo presidente y produciría una nueva crisis política como en los años 2000, 2001, 2002 y 2003. En tal sentido, quizá con razón el candidato Manfred Reyes Villa, en un foro, dijo a Samuel Doria Medina: “en 100 días te vas a caer carajo…”. Esta posible crisis política, puede ser aprovechada por algunos actores políticos como Evo Morales, quien podría atribuirse ser “salvador” en medio del descontento social.
Dado este probable panorama, levantar la subvención a los hidrocarburos no es una decisión sencilla, como proponen muchos candidatos para las próximas elecciones generales en Bolivia. Las recetas neoliberales que promueven los de la derecha no representan una salida adecuada a la crisis. De hecho, son medidas anacrónicas en el contexto del siglo XXI, que no se corresponden con la realidad boliviana. Incluso Estados Unidos, icono del libre mercado, ha comenzado adoptar políticas proteccionistas, mientras en Bolivia se pretende abrir las puertas al mercado sin regulación alguna.
Por tanto, es necesario pensar en alternativas viables para enfrentar la crisis. En cuanto a los hidrocarburos, una posible estrategia seria reducir la subvención para el sector privado de manera progresiva durante los próximos cinco años y garantizar todavía el subsidio para el transporte público. Paralelamente, Bolivia debería enfocarse en la exploración de nuevos pozos de gas y petróleo, establecer alianzas estratégicas para la explotación e industrialización del litio, ejercer mayor control sobre la minería, combatir con firmeza el contrabando a la inversa y asegurar que las divisas generadas por las exportaciones ingresen al sistema financiero nacional. También requiere un impulso decidido al turismo y a la diversificación de la economía, protegiendo al mismo tiempo el mercado interno frente a la avalancha de productos importados -principalmente de origen chino- que abarcan desde una aguja hasta un automóvil. Por ejemplo, es posible fomentar la producción nacional de textiles, muebles, entre otros rubros, mediante créditos accesibles a asociaciones de productores en diferentes regiones del país, y no limitar los incentivos a la agroindustria cruceña, como ocurre actualmente.
Para terminar, queremos señalar que no es sensato apostar por el achicamiento del Estado, eliminar de forma abrupta la subvención a los hidrocarburos y privatizar las empresas públicas, como plantean ciertos candidatos a la presidencia del país. Al contrario, el rol del Estado se debe reorientar hacia una economía diversificada, sostenible y productiva, dejando atrás el enfoque de las obras innecesarias como las canchas de césped sintético o el crecimiento desmedido del aparato burocrático.
[1] David Alí Condori es sociólogo.