A casi quince años del asesinato de Mariano Ferreyra, este martes 19 de agosto comienza el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación de su crimen. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles.
En 2013, los responsables de su muerte fueron condenados junto con quienes ordenaron el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban.
Mientras se investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal y garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos 50 mil dólares.
Las personas que finalmente serán juzgadas desde este martes por estos hechos son el ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de BC; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y encargado del sistema informático de asignación de jueces.
El ex agente de la SIDE Juan José Riquelme era uno de los imputados de este juicio oral, pero falleció hace unos días. Era el enlace entre todas las partes. Habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que se revoque el procesamiento de Pedraza.
En cuanto al secretario general de la UF, José Pedraza, estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa, pero murió en 2018, dos años antes de la elevación a juicio oral.
El juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera citarlo a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
Los cuatro imputados que llegan a juicio oral están procesados desde 2012. Pero, durante estos trece años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso está elevado a juicio oral desde 2020, pero pasaron otros cinco años para que pueda realizarse.
Este juicio llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano.
Hasta el momento, el poder judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. En este juicio, esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos.
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Info sobre el juicio
Inicio: Martes 19 de agosto a las 10hs en la Sala A de Comodoro Py. Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 de CABA.
Jueces: María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Edith Namer y Nicolás Toselli.
Fiscal: Marcelo Colombo.
Imputados:
Octavio Aráoz de Lamadrid (ex secretario de la Cámara de Casación Penal): En su estudio jurídico encontraron los dólares del soborno. Fue contactado por Riquelme y habría prometido influenciar a los jueces de la Sala III. Está imputado del delito de tráfico de influencias agravado, reiterado en dos oportunidades, que concurre materialmente con cohecho activo, en calidad de autor.
Ángel Stafforini (contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas): Junto con Susana Planas, se le imputa acordar junto a Pedraza con el agente de la SIDE y Aráoz de Lamadrid la entrega del dinero. Se le imputa cohecho activo en concurso real con cohecho activo agravado por procurarse la conducta del artículo 256 bis, segundo párrafo del Código Penal, en calidad de coautor.
Susana Rita Planas (directiva de Belgrano Cargas): por el delito de cohecho activo agravado por procurarse la conducta del artículo 256 bis, segundo párrafo del Código Penal, en concurso ideal con cohecho activo, en calidad de partícipe secundaria.
Luis Ameghino Escobar (encargado del sistema informático de asignación de jueces de Comodoro Py): Para el fiscal, aceptó la oferta de sobornos y manipuló la elección para que la Sala III fuera la designada. Se le imputa el delito de cohecho pasivo, en calidad de autor en concurso ideal con el delito de tráfico de influencias agravado, en calidad de partícipe necesario.
Juan José Riquelme (ex agente de inteligencia) falleció días atrás. Estaba acusado del delito de tráfico de influencias agravado, reiterado en dos oportunidades, en concurso real con cohecho activo, en calidad de autor.
Querella: CELS, en representación de la mamá de Mariano Ferreyra, Beatriz Rial.