El cierre de los alegatos de las partes acusadoras en el juicio que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en 2022 dejó una certeza: para la querella de la expresidenta, la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti “obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo”.
Redacción: Carlos Rodríguez
En el alegato final, además de pedir la pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, denunciaron las “escandalosas irregularidades” cometidas por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en la etapa de instrucción del intento de magnicidio.
Marcos Aldazabal, uno de los querellantes, además de pedir la absolución de Gabriel Nicolás Carrizo por “el beneficio de la duda”, afirmó que debe investigarse la actuación de la jueza Capuchetti porque su “mal desempeño afecta a nuestra democracia porque no podemos saber todo lo que realmente ocurrió” en torno del atentado.
Las lapidarias razones expuestas por Aldazabal tienen que ver con las “insólitas” decisiones de la jueza, que impiden saber la relación que pudieron haber tenido, en la planificación del atentado, el diputado Gerardo Milman, el dirigente de extrema derecha Hernán Carrol y los integrantes del grupo fascista Revolución Federal.
Marcos Aldazabal afirmó que a casi tres años de ocurrido el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner “sabemos con certeza dos grandes cosas”. La primera es que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron “responsables directos del hecho”.
Aseguró que la segunda “gran cosa” fue comprobar “a semanas del atentado que la jueza María Eugenia Capuchetti hizo todo lo posible para que no supiéramos nada más” sobre los entretelones del atentado.
Aldazabal sostuvo que la jueza “obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo”.
El querellante hizo un repaso detallado de la instrucción inicial y de la remanente, para demostrar “porqué nos dice mucho sobre cómo funciona hoy nuestra democracia y cómo funciona hoy nuestra justicia federal”.
Dijo que “los errores, si buenamente se los puede llamar así” comenzaron el mismo día del atentado, el 1 de septiembre de 2022.
Sabag Montiel fue detenido y le secuestraron sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular, que fue guardado en una bolsa Faraday, un dispositivo de seguridad para preservar pruebas. Así se lo llevó al juzgado de Capuchetti.
Los “algo más que errores” comenzaron en la noche del 1 de septiembre y la madrugada del 2.
- La jueza decidió que el peritaje del celular de Sabag se hiciera en el juzgado, algo que los especialistas que declararon en el juicio consideraron que “no debe hacerse” porque la sede judicial no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.
- Esa misma noche hubo una “caída de tensión” que interrumpió el peritaje.
- La jueza ordenó el peritaje sin averiguar antes cuál era la fuerza de seguridad que contaba con los instrumentos técnicos más actualizados “ni quiénes eran los peritos más aptos”.
- El peritaje lo hizo el cabo Alejandro Heredia, de la Policía Federal, contra quien los querellantes no tienen “nada que decir, salvo que no era la persona más apta para realizar el peritaje”. No se avanzó en nada y el propio Heredia solicitó que se hiciera otro peritaje “con los medios más pertinentes”.
- Heredia entregó el celular apagado, pero el secretario del juzgado, a las 6 de la mañana del 2 de septiembre, en vez de guardarlo “en una bolsa Faraday, lo guardó “en un sobre” común, al que “ni siquiera le pusieron los sellos y las firmas que marca el Código”. Además, “la planilla de cadena de custodia desapareció”.
- El celular de Sabag fue guardado “en una caja fuerte que estaba fuera de la vista del personal del juzgado”.
- El celular, que estaba apagado cuando se lo guardó, reapareció “encendido, con un mensaje de error que decía que estaba roto, y en un sobre abierto”. Esa irregularidad destruyó “la prueba más importante en esta causa”.
- En la tarde del 2 de septiembre, la jueza Capuchetti decidió enviar el celular para su peritaje en la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). El sobre fue abierto por orden de la magistrada, sin aplicar las normas de seguridad que establece el Código Procesal. El celular, que estaba apagado cuando lo pusieron en el sobre, estaba encendido cuando lo sacaron horas después “pero a nadie le preocupó”.
- En lugar de tomar los recaudos pertinentes para enviar el dispositivo a la PSA, la jueza ordenó que lo llevara su custodia personal, la cabo de la Policía Federal Priscila Santillán, quien al declarar en el juicio aseguró que no le informaron lo que estaba llevando a la PSA.
- Santillán fue sola, en su auto, sin custodia y sin tomar ninguna precaución.
- Los peritos de la PSA Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan, confirmaron en el juicio que el sobre llegó abierto y que el celular estaba encendido.
- Santillán y Kaplan comunicaron la irregularidad a los secretarios del juzgado, pero la orden fue seguir con el peritaje.
- El celular fue “reseteado a valores de fábrica”, lo que impidió obtener datos de vital importancia para la causa.
- Aldazabal dijo que Santillán “no volvió al juzgado por varios meses y nadie le preguntó nada”.
- Otra irregularidad fue la demora de la jueza en ordenar la detención de Brenda Uliarte, que se produjo el 4 de septiembre, cuando desde el vamos se sabía de su participación en el atentado.
- El querellante dijo que el secretario del juzgado Federico Clerc “más allá de algún error” fue “el único que quiso investigar y fue apartado de la causa por Capuchetti”.
- Aldazabal aseguró que la jueza dispuso que en el análisis del contenido del celular de Brenda Uliarte no se dejara constancia “de nada de lo relacionado con Revolución Federal”, con cuyos integrantes la imputada había tenido contactos. “Cualquier relación con lo político, la jueza Capuchetti lo quería fuera de la causa”.
- El querellante recalcó que mientras se mantenía el secreto del sumario para las partes “el diario Clarín publicó fotos a las que nosotros no teníamos acceso”.
- La jueza decidió no investigar a Revolución Federal, cuyos integrantes proclamaban que los kirchneristas debían estar “presos, muertos o exiliados”.
- Brenda Uliarte “mantuvo contactos con Lara Abigail Ortega”, miembro de ese grupo de extrema derecha.
- El 15 de septiembre Aldazabal y Ubeira se presentaron como querellantes y comprobaron que no se habían realizado “ni las medidas de investigación más básicas”.
- La jueza “no había hecho absolutamente nada”.
- El 23 de septiembre se presentó como testigo Jorge Abello para decir que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, Gerardo Milman había comentado a sus dos secretarias: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa” atlántica.
- El testigo tenía como prueba un mensaje que le había enviado a uno de sus jefes políticos haciendo referencia a ese comentario de Milman, pero la jueza no lo dejó asentado en la causa. ´
- La jueza secuestró videos de Casablanca del día señalado por Abello, pero dijo que no había podido comprobar la presencia del testigo, de Milman y de sus dos secretarias.
- La querella observó esos mismos registros fílmicos y comprobó, a diferencia de la jueza, la presencia en el lugar del testigo y de los implicados.
- Se constató que Milman había estado en la costa atlántica en los días previos y posteriores al atentado.
- Aldazabal recordó proyectos legislativos de Milman sobre la custodia de CFK y un eventual atentado. En los fundamentos expresó que el país “sólo tenía futuro sin Cristina” Kirchner.
- Con demora, la jueza citó a las secretarias de Milman, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Las dos “mintieron de manera descarada” diciendo que “no habían estado nunca en su vida” en el bar Casablanca”, en contra de la evidencia reunida en la causa.
- Cuando les mostraron las imágenes, pasaron de no recordar nada a precisar “cómo estaban dispuestas las mesas (del bar) ese día”.
- La querella solicitó que se secuestraran los celulares de las dos secretarias, pero la jueza no lo hizo y el contenido de esos dispositivos fue borrado.
- Tampoco se investigó la relación existente entre Sabag Montiel y Hernán Carrol, referente de la ultraderecha, que difundía mensajes violentos contra la entonces vicepresidenta de la Nación.
- Carrol tenía relación directa con Sabag y con Brenda Uliarte.
- Carrol fue citado a declarar, con demora, por Capuchetti. La jueza le iba a secuestrar el celular, pero fue Carrol quien eligió cuál de los dos teléfonos que tenía era el que iba a entregar.
- Carrol anticipó que había borrado “algunos” mensajes, pero luego se comprobó que el día anterior a la cita con la jueza “había borrado todos los mensajes”. Ante esa situación “la jueza no hizo nada, no le pareció que eso era sospechoso”.
- A tres meses de abierta la causa, luego de obstruir la investigación, la jueza delegó el caso en el fiscal Carlos Rívolo, quien le dijo a Capuchetti que la demora era “claramente arbitraria”.
- Con posterioridad, Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias de Milman, se presentó a declarar para decir que Carolina Gómez Mónaco, que era su jefa, la había citado para llevarla a borrar el contenido de su celular.
- El borrado se hizo en una oficina ubicada en Avenida de Mayo 953, que pertenece a la hoy ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo socio era Gerardo Milman.
- La testigo afirmó que Milman también había borrado el contenido de su celular.
- La jueza rechazó el pedido de secuestro del celular de Milman, pero la Cámara hizo lugar a lo solicitado por la querella.
- “La jueza, en lugar de secuestrar directamente el celular, primero le avisó a Milman que se lo iban a secuestrar”.
- Frente a esto, Milman entregó a la jueza un celular de un modelo que salió a la venta con posterioridad a la fecha del atentado. Además, ese celular “no se podía desbloquear”.
- Para completar el cuadro de sospechas, Milman dijo que al celular anterior “lo había perdido en una mudanza”.
- ”En cinco oportunidades, ante nuestras apelaciones, la Cámara le dijo a Capuchetti que estaba siendo ‘gravemente arbitraria’ al negarse a realizar medidas de prueba solicitadas por nosotros”, recalcó Aldazabal.
- Si fue “llamativo” que delegara la causa en el fiscal Rívolo “tres meses después” de iniciada, “fue escandaloso que dos años después le pidiera a Rívolo que se la devolviera”.
- Este pedido de Capuchetti se produjo al día siguiente que su custodia, Priscila Santillán, declarara en el juicio oral que la jueza nunca le dijo de quien era el objeto de prueba que había llevado para su peritaje en la PSA.
- Con el testimonio de Santillán quedaron al desnudo todas las irregularidades que se produjeron en torno del celular del principal imputado en el intento de magnicidio.
En resumen, nunca se siguieron pistas claves, como investigar a Milman, quien se presentó “espontáneamente” en la causa paralela y entregó el celular nuevo. - Por pedido de Milman, el dispositivo sólo fue peritado por expertos de Gendarmería Nacional, una fuerza que estuvo al mando del hoy diputado cuando era secretario de Seguridad.
- “No fue peritado el 99,9 por ciento de los mensajes que contenía ese celular” de Milman, aseguró Aldazabal.
- A pesar de todo fue hallado un mensaje en el cual otra de las asesoras de Milman le decía: “Si no arreglas nuestra situación, vamos a decir toda la verdad”.
- Aldazabal sostuvo que las irregularidades denunciadas “no nos afectan sólo a nosotros, afectan a nuestra democracia, porque no podemos saber realmente todo lo que pasó respecto de este atentado” contra la ex vicepresidenta de la Nación.