Mientras el gobernador siguió la línea discursiva de la ministra de Seguridad de la Nación, que afirma que se trata de un conflicto con narcos, una larga trama de corrupción salpica a las instituciones nacionales y de la región. Los trabajadores informales (bagayeros) denuncian excesivos controles con prácticas abusiva que afectan notablemente su trabajo y todo derivó en una batalla campal con la fuerza de seguridad. Un desenlace fatal de una larga historia de precarización laboral fomentada por privatización, vacíos legales y corrupción en las fuerzas represivas y el aparato judicial. El “Plan Güemes” impulsado por Bullrich ya tiene un asesinado y tres personas heridas y ninguna solución para la precarización laboral que aqueja a la provincia.
“Yo vivo hace 30 años de esto. Soy madre soltera y este es mi sustento”, dijo Sandra al periódico salteño El Tribuno, explicando que es la única forma de sustento que tienen los bagayeros para mantener a sus familias, tras el desguace que atravesó la provincia luego de las privatizaciones y la creciente precarización laboral.
Un poco de historia
La zona de Orán y del departamento general San Martín articulaban su economía con la mano de obra que generaba YPF y el ingenio San Martín del Tabacal, ambos privatizados en los años 90 durante la gestión del gobierno de Menem y de las administraciones provincial del actual senador nacional Juan Carlos Romero (ambos gobiernos peronistas), dejando un nivel de desestructuración del aparato productivo provincial y un tendal de desocupados, que pasaron a formar parte de la economía informal del bagayeo que, ante la carencia de trabajo productivo, se constituye en un componente estructural de la economía de frontera y de toda la provincia. Hay que señalar que el coqueo en las provincias del norte es legal, incluso la comercialización dentro del país. Lo que es ilegal es pasarlo de otro país a la Argentina, dejando así un bache jurídico que permite la corrupción de fuerzas como Gendarmería que secuestra la mercadería para después revenderla, con la complicidad de la justicia federal, que a su vez presenta una omisión cómplice, como fue evidenciado en el caso de la detención de algunos jueces federales de la zona (como Claudio Parisi detenido por cobrar coimas, o Raúl Reynoso).
El ingenio San Martín del Tabacal, Salta Forestal, La Moraleja y dos o tres pooles de siembra acompañados de la privatización de los recursos hidrocarburíferos, constituyen el modelo que eligió la provincia desde la dictadura militar pasando por los gobiernos peronistas y renovadores de los Romero, Ulloa y Juan Manuel Urtubey y el actual gobernador Gustavo Saenz. Dicho modelo, además destruye los recursos naturales, y en lo socioeconómico llenó de villas miserias Apolinario Saravia, Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González, Orán, Tartagal y la ciudad de Salta. Así se explica la precarización y el desempleo de amplios sectores sociales en la región.
Un relato sin respuestas
Mientras se profundiza la recesión y la falta de empleo de calidad, la única respuesta que ofrecen los distintos gobiernos vuelve a ser la represión. A la vez que desde el gobierno nacional continúa el relato en torno a “la casta” las víctimas de este “Plan Güemes” nuevamente son quienes menos tienen, mientras que la impunidad de quienes fueron “la casta” durante las últimas décadas parece gozar de buena salud.
La connivencia entre jueces y gendarmes tiene una basta historia de corrupción en las fronteras del país. Hace solo dos meses, en octubre, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares. Pero pese al procesamiento, el fiscal federal Bruno sigue en su cargo y recientemente propuso “construir una muralla que bloquee el paso con Bolivia para disminuir el delito fronterizo”.