Panorama sindical actualizado al 31.1.2025
Sábado 1/2 a las 16:00 de Congreso a Plaza de Mayo bajo el lema: “Orgullo: antifascista y antirracista LGTBIQ+”
Mario Hernandez
A esa consigna central en la asamblea del miércoles 29 incorporaron posicionamientos políticos tales como: “Justicia por todos los crímenes de odio”, “Cumplimiento de la Ley de VIH” y “la ESI”, “Salud mental integral para todes”, “Sin trabajadores no hay salud ni memoria”, en alusión a las luchas de lxs trabajadorxs del Hospital Bonaparte allí presentes y de Sitios de la Memoria. También resolvieron convocar a movilizar por “Que tiemble Milei”, “Solidaridad con les migrantes deportados por Trump”, “Unidad de todas las luchas. Apoyo a lxs jubiladxs”, “Contra los crímenes de odio, los femicidios y transtravesticidios y el ajuste de Milei” y la exigencia de “Paro general”, entre otros reclamos.
Confirmaron su participación la CGT y las dos CTA
Finalmente, el Consejo directivo de la CGT anunció que la central obrera se sumará a la convocatoria y formará parte de la marcha federal antifascista y antirracista convocada por el colectivo LGTBIQ+ para este sábado. El respaldo institucional llegó luego de que las dos CTA y los movimientos sociales confirmaran su propia adhesión. La movilización, que partió del repudio a los dichos del presidente contra las personas gays y las diversidades (“Son pedófilos”, había dicho desde el Foro de Davos, sin sonrojarse frente a sus pares de todo el mundo) promete, así, convertirse en una de las más importantes desde la llegada del gobierno libertario.
También el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a movilizarse y sostuvo que los dichos de Milei en Davos “constituyen una clara amenaza a la paz social y vulneran los principios y derechos fundamentales de la democracia. Quieren eliminar la figura de Femicidio, intentan vulnerar otros derechos y profundizan el ataque contra las mujeres y diversidades”.
Trabajadores de Linde Praxair rodeados de solidaridad
El miércoles 29 de enero por la tarde agrupaciones, organizaciones y partidos políticos nucleados en el Comité de solidaridad con trabajadores de Linde Praxair y en el Espacio de Trabajadores de Zona Norte (ETZN) llevaron a cabo una volanteada en distintos puntos de Tigre. Comenzaron en la Ruta197 y colectora de autopista Panamericana, terminal de colectivos de El Talar y luego en grupos fueron a los barrios de Ricardo Rojas y La Paloma. En la terminal de colectivos, además de entregar volantes en mano a quienes regresaban de trabajar, realizaron una asamblea con las voces de apoyo de las y los trabajadores.
Maxi Arecco, uno de los diez trabajadores despedido de Linde Praxair, relató los inicios de la lucha y su continuidad.
“El conflicto comienza a partir del despido de diez trabajadores el 5 de diciembre del 2024. En ese mismo momento que nos enteramos de los despidos, se inició en el establecimiento de Pacheco, donde son los 10 despidos, una asamblea con cese de actividades y unos minutos después, a medida que se fueron enterando las cuatro sucursales que tiene la empresa Linde Praxair en el Conurbano bonaerense, una en Pilar, una en Lanús, una en Ensenada y una en Avellaneda, empezaron a adherir solidariamente a la medida de fuerza con cese de actividades. Es decir, las cinco plantas de la provincia de Buenos Aires, los cinco establecimientos, o sea la casa central que es Pacheco, donde se produjeron los despidos y las cuatro sucursales inmediatamente adhirieron a la medida de fuerza, lo que hizo que se sienta el desabastecimiento de gases industriales en algunas empresas muy importantes como Ford, Toyota, Volkswagen, Siderca, YPF y que la empresa tenga que hacer la denuncia en la secretaría de Trabajo de Nación.
El 6, después de 30 horas de medida de fuerza, la empresa retrotrajo los despidos. A pesar de que nos dejó entrar al establecimiento, no nos dio tareas, y eso inició una serie de negociaciones, asambleas, reclamos, idas y vueltas, hasta que el día 20 de diciembre se firmó la tregua, porque nosotros normalmente en todas las plantas durante todo enero no se trabaja, justamente porque las grandes empresas entran en vacaciones o en parada de mantenimiento, y el oxígeno medicinal en esa época no se trabaja casi nada, entonces solo queda una guardia. Entonces se combinó esa tregua con vacaciones hasta el 30 de enero incluido. Entonces nos tendríamos que presentar a trabajar el día 31. Durante el tiempo que duró la tregua, la empresa hizo distintas propuestas de reincorporación, o sea, estamos reincorporados, pero que va a ratificar despidos, lo que plantea no de los diez, sino de seis. Reincorporar a cuatro efectivamente y dejar a seis afuera lo que nosotros rechazamos en todas las negociaciones.
Nosotros en los días de conflicto montamos un campamento en la puerta del establecimiento Pacheco y se conformó un comité de solidaridad de distintas organizaciones sindicales, políticas y territoriales de la zona, desde la Cámpora Tigre, el Movimiento Evita Tigre, organizaciones sindicales como ATE Tigre, el SUTNA, el Sindicato del Neumático, la cooperativa Madygraf, partidos políticos, el movimiento peronista de Tigre, el PTS, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, con mucha amplitud pero con mucha unidad. Y después, bueno, firmada la tregua, nos quedamos esperando a ver las negociaciones durante la misma. La empresa está planteando que va a ratificar el despido de seis trabajadores, por lo tanto, es muy probable que a partir de que eso pase volvamos a las medidas de fuerza.
Los trabajadores en Linde Praxair estamos organizados hace muchos años, desde el 2005. Es una empresa que siempre tuvo una política antisindical y no permitía la afiliación al sindicato de ningún trabajador. Lo decían abiertamente en reuniones de fin de año, en eventos de fin de año, decían que estaban en contra totalmente del sindicato y que tenían el orgullo de que desde que llegaron a Argentina en 1994 no tener ningún afiliado al sindicato en ningún establecimiento. Hasta que en la planta de Pacheco nosotros en el 2005 iniciamos un proceso de organización clandestino porque sabíamos que iba a merecer represalia de la patronal, hasta que logramos en abril del 2005 conformar la primera Comisión Interna. Yo fui uno de los candidatos. Hicimos una reunión clandestina casera, varias reuniones, y en un acta nos afiliábamos al sindicato y elegíamos a nuestra Comisión Interna, yo fui electo delegado general y al otro día la patronal no me dejó entrar, lo cual significó una lucha por la reincorporación que logramos un tiempo después. A partir de ahí avanzamos en la organización en el reclamo de derechos que la empresa no cumplía, de artículos del Convenio como el título secundario, la antigüedad, la rotación, cuestiones de condiciones de trabajo, de cuidado de salud, de ritmos de trabajo, y a partir de ahí se fue generando la organización en los otros lugares. Con la fusión de Linde y de Praxair en el 2019, nosotros empezamos a vincularnos con los otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires porque sabíamos que en algún momento la empresa iba a intentar dividirnos nuevamente y por eso nos estábamos preparando. Por eso la medida de fuerza en el día de los despidos fue tan contundente.”
Despiden el 40% de la planta de la Dirección de VIH y el 30% de la Dirección de Vacunas
Durante la primera quincena del mes los trabajadores habían advertido que estaban trabajando en condiciones precarias y que el ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei podía alcanzar los puestos de trabajo.
Fundación Huésped denunció el jueves 30 por la noche que el Ministerio de Salud de la Nación “despidió al 40% de la planta de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas”.
A través de un posteo en la red social X advirtió: “Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas. Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas”.
La situación fue alertada por los trabajadores de la cartera sanitaria desde comienzos de enero. Al 16 del mes muchos de ellos no sabían nada sobre su continuidad. Incluso, se les habían renovado los contratos solamente por 15 días, hasta el 31 de enero, un dato que los trabajadores habían tomado como indicador de que las autoridades ministeriales estaban preparando un recorte que incluiría despidos.
Después de esa ausencia del personal de Vacunas y VIH en los listados de futuros contratados, los gremios mantuvieron una reunión con la viceministra, María Cecilia Loccisano. Dicha funcionaria libertaria fue echada de la gestión de Cambiemos del ministerio de Salud como consecuencia, en aquel momento, del faltante de antirretrovirales, la medicación vital para que pacientes con VIH no desarrollen el sida y puedan llevar una vida normal.
“Es muy simbólico que las únicas dos direcciones donde no renovaron los contratos sean esas”, dijo un trabajador del ministerio de Salud y expresó su preocupación por el achicamiento de personal.
“El ajuste produce una desprofesionalización del Sistema Salud, precariza la gestión en Salud. Hay países sin política de Salud. El nuestro, hasta ahora, la tiene. En otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la política de salud depende mucho de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), de la OMS (Organización Mundial de la Salud), porque no tienen capacidad técnica. El nuestro sí la tiene. Por eso esta motosierra sin la debida evaluación del caso ataca el corazón de la tradición argentina de salud pública”, dijo un trabajador del Ministerio.
Recortaron cobertura en medicamentos a ex combatientes de Malvinas
El Centro de excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro del Veterano excombatientes Islas Malvinas (CEVECIM) de Berisso volvieron a denunciar que desde fines del año pasado el PAMI dejó sin cobertura de medicamentos al 100% a los excombatientes.
En este contexto, el secretario de DD HH del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, señaló que se inició un proceso judicial para pedir información pública y explicaciones a la obra social por esta medida.
“Iniciamos un procedimiento judicial, enviándole como primera medida una carta documento al director ejecutivo de PAMI, que ni siquiera la recibieron, y a partir de allí presentamos un recurso pidiendo una medida cautelar y un amparo. La Justicia federal de La Plata no nos otorgó la cautelar, pero sí está corriendo el amparo y se le solicitó algunas explicaciones al PAMI, que, entiendo, deberá contestar en los primeros días de febrero”, explicó Alonso.
“Hicimos un pedido de información pública que el PAMI recibió y se acogió a la prórroga de 15 días que le pedimos explicación acerca de qué está haciendo con los recursos de los excombatientes”, agregó.
“Nosotros tenemos un universo de 17.000 beneficiarios directos y con grupos familiares, alrededor del país son alrededor de 40.000 beneficiarios. Un programa nacional de atención a veteranos de guerra creado en el 2005”, dijo.
Para Alonso, “está claro que quieren hacer desaparecer la mayor obra social del mundo”. “Dijeron que los excombatientes tenían la cobertura al 100% y eso no es así. Muchos compañeros perdieron la cobertura al 100%”, remarcó.
“Se trata de un genocidio, de una crueldad inconmensurable, cortarle medicación a cualquier persona que está haciendo un tratamiento. Esta motosierra está cortando seres humanos”, advirtió.
Un informe del ministerio de Sturzenegger registró casi 38.000 despidos en el Estado durante el 2024
Durante el año 2024, el gobierno argentino informó que bajo la administración del presidente Javier Milei, llevó a cabo una reducción significativa en la plantilla estatal, desvinculando a un total de 37.595 empleados públicos. Esta medida formó parte de una estrategia de ajuste en la estructura del Estado, con el objetivo de disminuir el gasto público.
Cabe destacar que, en este marco, un gran sector de la sociedad y de diversas áreas del Estado y la política también han acusado que en muchas ocasiones esta reducción afectó la calidad del servicio y la presencia del Estado en áreas vitales y estratégicas. Es en ese lugar donde se centra hoy el debate público: ¿en dónde ajustar y en dónde mantener o reforzar? Justo hace días se bajaron los impuestos para los autos considerados de lujo, es decir, autos valuados en más de 75 millones de pesos, aunque en paralelo con decisiones antipopulares sobre instituciones como el Hospital Bonaparte de Salud Mental.
Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega DNU con el que el gobierno comenzó a administrar el Estado a fines del 2023, detalló que la mayor parte de estas desvinculaciones correspondieron a contratos que no fueron renovados al finalizar su vigencia, lo que, según la cartera, no constituyen despidos en sentido estricto. La distribución de la reducción de personal fue la siguiente:
- Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.
- Empresas estatales: 12.410 puestos eliminados.
- Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.
Estas cifras indican que la dotación de personal en la APN disminuyó de aproximadamente de 205.000 a 183.000 empleados durante el año, mientras que en las empresas estatales la reducción fue de 91.000 a 78.000 trabajadores.
En términos de tipos de contratación, la reducción fue más pronunciada en los contratos bajo la Ley Marco, con una disminución del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), que registraron una caída del 48,7%. Este último tipo de contrato, destinado a monotributistas vinculados al Estado, había sido regulado en 2017 para establecer un plazo máximo de 12 meses.
El ministro Sturzenegger afirmó que esta reducción en la plantilla estatal es esencial para disminuir el gasto público y, de este modo, crear condiciones que permitan una reducción de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Según las proyecciones oficiales, el ahorro fiscal derivado de estas medidas alcanzaría los USD 4.012 millones, calculado mediante la técnica de “Valor Actual”, que estima el ahorro futuro descontando el valor de los salarios que ya no se abonarán.
Estas acciones se enmarcan en la política de ajuste del Estado promovida por la administración de Milei, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sector público y reducir el gasto estatal.
Abrazaron al Hospital Posadas contra los despidos
El jueves 30, pasadas las 10:30 arrancó la ronda. Al frente, la Comisión de despedidos junto a la Cicop Posadas. Detrás, la Comisión de pacientes, trabajadores del Hospital Bonaparte y el Hospital Sommer, la Junta Interna de ATE Garrahan, directivos de Fesprosa, representantes de Cicop de varios hospitales como el Cestino, Güemes, Municipales de Morón, Mercedes, Bocalandro y Belgrano, todos referentes de la oposición antiburocrática a una conducción que nuevamente dijo ausente.
Tras una enorme bandera se podía ver a los pacientes que están defendiendo la salud contra el ataque al Cemefir. También se hicieron presentes los combativos obreros de Shell y Pilkington que, desde Zona Norte y Sur de la Provincia de Buenos Aires, trajeron su pelea y solidaridad. También hubo una destacada participación de jubilados, compañeros del transporte, delegados docentes, Asamblea de vecinos de Morón en lucha, Vecinos contra la contaminación de Klaukol, etc.
Se acercaron también al acto una delegación de En Clave Roja (Juventud del PTS e Independientes) de las Universidades Nacionales de Hurlingham, La Matanza y el Oeste. Por último, se hizo presente Lissa Vera, ex integrante de Bandana, fue a llevar su apoyo en defensa de la salud pública.
Por último, acompañaron la acción los diputados nacionales Christian Castillo y Mónica Schlottauer, la diputada provincial, Laura Cano, y Natalia Hernández, concejala de La Matanza (MC), todos ellos integrantes del Frente de Izquierda Unidad.
La ronda permitió visibilizar el reclamo latente de las trabajadoras que siguen peleando por su reincorporación, en un contexto de ajuste y vaciamiento de la salud pública. El gobierno viene llevando adelante un ataque sistemático a los hospitales nacionales, como podemos verlo no solo en el Posadas que ya sufrió más de 120 despidos, sino también en el ataque a los hospitales Bonaparte y Sommer. La ronda permitió la confluencia de trabajadores de todos estos centros de salud, mostrando la predisposición a dar pelea, mientras los dirigentes de ATE y UPCN, buscan todos los medios para dividir la resistencia.
Una vez terminada la ronda, se abrió el micrófono para todos los presentes. Ahí se pudo escuchar fuerte que fuerzas para luchar no faltan. Fue claro el reclamo a la burocracia sindical a quien se le exige un paro general como parte de un plan de lucha para derrotar el conjunto de la política de este gobierno. Pero la espera, quedó en claro, no va a ser pasiva. Los trabajadores del Bonaparte tomaron el micrófono para convocar a todos a sumarse mañana, 31 de enero, a la jornada que realizan en defensa del hospital y sus fuentes laborales.
Distintos sectores en lucha remarcaron la importancia de movilizar fuertemente el 1° de febrero a Plaza de Mayo contra los dichos de Javier Milei en Davos. Malvina, trabajadora despedida del Hospital Posadas, destacó que “no solo las compañeras del Hospital muchas de nosotras somos diversas, sino que nuestros pacientes se atienden acá en un muy buen equipo de diversidad y nos están contando que hoy los tratamientos se están cortando”.
Por último, las despedidas terminaron planteando la invitación para el próximo sábado 8 de febrero a una reunión en las escalinatas del Hospital Posadas para dar pasos en impulsar un gran festival, que se transforme en un gran hecho político en la Zona Oeste, ayudando a unir por abajo, lo que la burocracia divide por arriba.
Viernes 31/1, a las 17:00 contra los despidos y el vaciamiento en el Bonaparte
Después de masivo abrazo solidario que tuvo lugar hace unos días, las trabajadoras y trabajadores del Bonaparte llaman a una nueva medida de lucha y convocan a la solidaridad más amplia con su pelea. Están enfrentando más de 200 despidos y pende la amenaza de nuevos despidos apelando al mecanismo de no renovación de contratos. La nueva medida será este viernes 31 de enero, a las 17:00, en la puerta del nosocomio.
Esta lucha viene siendo un ejemplo de resistencia y organización desde la base. Comenzó cuando se anunció el cierre de las guardias y la internación del hospital, con la amenaza de un cierre definitivo, en octubre pasado. En ese entonces, las y los trabajadores se organizaron rápidamente en asambleas de base, uniendo a afiliados, no afiliados y pacientes, y decidieron permanecer pacíficamente en el nosocomio. La acción fue respaldada por miles de adhesiones y apoyos de diversas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, y personalidades de la cultura y la política.
Ahora, desde el pasado 15 de enero, están nuevamente con medidas de fuerza. Especializado en salud mental y adicciones, es una institución clave que, según sus trabajadores, brinda una atención permanente a pacientes y a la comunidad.
Cerró un frigorífico en Mar del Plata y perdieron su trabajo 200 obreros
Un total de 200 obreros de la industria del pescado perteneciente a una cooperativa fueron cesanteados e indemnizados por el Frigorífico Sur Trade, que cerró definitivamente sus puertas.
El cierre de la planta ubicada en Av. Edison 1040, en inmediaciones al puerto de Mar del Plata, se produjo en la semana donde distintos sectores de la industria pesquera denunciaron la profundización de la crisis.
“Estamos llegando a un punto de no retorno y no por nuestra impericia”, habían escrito desde la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca en su último comunicado conocido el lunes por la mañana, donde advertían por la situación del sector.
En este contexto, los dueños de Sur Trade decidieron cerrar sus puertas e indemnizar al personal de la cooperativa “Cabo Corrientes” que reprocesaba merluza y demás especies de origen marino en sus instalaciones.
Dentro de ese mismo contexto se encuentran los integrantes de otras dos cooperativas (Rosamar y Cruz del Sur) que realizaban reproceso para Sur Trade y están en conversaciones con la abogada de Sur Trade, para arreglar las indemnizaciones.
“En las condiciones en que está el sector, que cierre y pague las indemnizaciones es un lujo”, le aseguró un industrial.
“Lo que se viene es muy complejo y estamos absolutamente solos. Al gobierno no le interesa la suerte de esta industria ni de ninguna otra”, aseguró otra fuente empresaria que pidió conservar el anonimato para evitar represalias.
En el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), gremio que nuclea a los trabajadores del pescado, aseguraron que el cierre de Sur Trade también afecta el funcionamiento de “La Nueva Arhehpez”, la cooperativa que funciona en Belgrano y Champagnat de la localidad bonaerense. “Ellos cortaban con frecuencia pescado del frigorífico. Como dadores solidarios también tendrán que arreglar a esos trabajadores”, aseguraron.
Las alarmas también se encendieron en “Pampa Fish”, un frigorífico donde las exportaciones pesqueras han resignado protagonismo ante la producción de vegetales y otro tipo de carnes. “Venimos de un año de pérdidas con la exportación de filet y este creemos que puede ser peor. Lo único que podemos hacer por el momento es producir lo menos posible para cubrir el garantizado”, aseguraron desde la empresa.
Entre empleados del SOIP y de Comercio en el establecimiento de “Pampa Fish” trabajan unas 100 personas.
Fuentes del sector pesquero han manifestado su profunda preocupación ante “la indiferencia del gobierno nacional, que ha mostrado una absoluta falta de respuesta frente a la crisis”, señalaron.
Tanto empresarios como gremios coinciden en que la ausencia de medidas concretas para el sector podría derivar en un problema social de gran magnitud.
El cierre de Sur Trade es un síntoma de un problema más amplio. “Sin políticas públicas que atiendan las necesidades del sector, los despidos y el cierre de empresas podrían multiplicarse, arrastrando consigo a una parte esencial de la economía marplatense”, aseguraron.
“El desenlace de esta crisis no solo impactará a los trabajadores y empresarios del sector pesquero, sino que tendrá repercusiones en toda la comunidad, agravando aún más el ya delicado panorama social y económico de la región donde la pesca representa el 56% del PBI de Mar del Plata”, concluye el análisis.
En el mismo tono sombrío cierran su informe en Revista Puerto: “Si la apatía e indiferencia que exhibe el gobierno nacional a la hora de entender la grave crisis de rentabilidad que atraviesan los eslabones vinculados al reproceso de pescado fresco en tierra se mantiene, el estallido social que se producirá en Mar del Plata será inevitable y no podrá ser aplacado más allá de acuerdos indemnizatorios más o menos favorables para los trabajadores”.
Intentarían compensar la baja de retenciones al campo con un nuevo recorte del 30% sobre el Estado
Conocida la información de que el Gobierno de Javier Milei pretende compensar los 800 millones de dólares por la baja en las retenciones al campo con un achique del Estado en un 30%, principalmente eliminando y fusionando entes descentralizados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente en su rechazo.
Al respecto, el Secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, enfatizó: “La pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado, aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados”, y agregó: “Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos. Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa”.
“Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, denunció Aguiar.
El recorte impulsado desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger proyecta sustituir así los ingresos por la baja de las retenciones al campo confirmada por el ministerio de Economía días atrás. A fuerza de recortar y no observar derechos esenciales, en 2024 el Gobierno redujo el gasto público en un 30% y anuncia continuar en la misma línea durante el año en curso. En este sentido, se anticipó el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) que depende del ministerio de Defensa.
Sobre las próximas acciones del sindicato de los estatales, Aguiar adelantó: “Desde ATE definiremos esta semana la convocatoria a nuestras instancias orgánicas. La sola convocatoria a paritarias para definir un incremento salarial no alcanza. Aquí está en debate el modelo de Estado y el rol que tiene que cumplir. No podemos seguir aceptando que sea reducido a su mínima expresión”.
Finalmente, en referencia a las expresiones que el presidente Javier Milei profirió en el Foro Económico Mundial de Davos y otros ámbitos internacionales Aguiar sentenció: “Si tenemos en consideración el discurso que el presidente expresó fuera de nuestro país, la que está en riesgo es la democracia misma. Tenemos que ponerle límites a este Gobierno. Un Gobierno que fue elegido por el voto popular, pero que se está transformando en una tiranía. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario. Todos estamos en peligro y la peor opción es la resignación”.
En el sector público perdieron más de 3.000.000 de pesos de ingresos
El MATE publicó un informe que muestra que “las obras sociales perdieron 1,7 billones de pesos y los sindicatos 377.000 millones de pesos”.
El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que muestra que “la evolución del salario en lo que va del mandato de Milei generó una transferencia de 27,3 billones de pesos, de los cuales 19,2 salieron del bolsillo de los asalariados de forma directa”.
Según los investigadores rosarinos, “el Estado dejó de percibir 6 billones de pesos por aportes y contribuciones, las obras sociales perdieron 1,7 billones de pesos y los sindicatos 377.000 millones de pesos”.
El trabajo realizado con datos del SIPA, el INDEC y ARCA (ex AFIP), sostiene que, a pesar de la recuperación parcial del segundo trimestre del año, que “casi permitió recuperar el nivel de noviembre de 2023, la caída del poder de compra registrada desde que asumió Milei implicó una pérdida de ingresos, en promedio, de 1.099.769 pesos para cada trabajador del sector privado”.
En el caso de los trabajadores del sector público la pérdida es mucho mayor. “En los primeros 11 meses de gobierno, cada asalariado estatal perdió 3.314.736 pesos en promedio”.
Cicop-Erill expuso la situación crítica que atraviesa el hospital de Escobar
El 23 de enero se llevó a cabo en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la reunión entre la Dirección General de Hospitales, representada por el jefe de gabinete, Agustín López, y una comitiva de Cicop del Hospital Erill de Escobar, representada por Alejandro Márquez, Paula Fazzioli y Fabio Zurbrik, quienes fueron acompañados por la diputada provincial Laura Cano, miembro del Consejo Directivo de Cicop, y el secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski.
En la reunión la delegación gremial expuso la situación caótica que vive el hospital de Escobar, con el colapso de la guardia, renuncias de profesionales y una conducción autoritaria que ha protagonizado numerosos episodios de violencia laboral contra los trabajadores.
El funcionario demostró conocer la situación planteada, tomó nota de las situaciones críticas y, ante el pedido concreto de limitación de las funciones del director, el Dr. Folchi, se comprometió a consultarlo con las más altas autoridades del Ministerio y dar una respuesta.
El autoservicio de combustibles pondría 65.000 empleos en riesgo
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la disposición que permite el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio.
El decreto 46/2025 firmado por la secretaría de Energía reglamenta la posibilidad de que un usuario pueda despacharse nafta y gasoil por sí mismo.
Para el Gobierno, la medida impactará en “un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor”, ya que las estaciones de servicio tendrán menos gastos.
Se trata de una actividad que está permitida en países como Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, además de estados integrantes de la Unión Europea.
El anuncio lo había efectuado el año pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero recién se oficializó el miércoles 29 con su entrada en vigencia en el Boletín Oficial.
En la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se dieron pruebas piloto de este nuevo sistema en estaciones de servicio de YPF y Shell, luego de que se expidieran permisos especiales, ya que comenzaron antes de que la norma estuviera reglamentada.
El autoservicio de combustibles no se aplicará, en principio, en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde está prohibido implementar este tipo de servicios, de acuerdo a lo que establecen leyes locales, que restringen la operación de surtidores a personas ajenas al personal de las estaciones de expendio.
La idea de los estacioneros es comenzar a brindar un servicio mixto, en el que se incorporará el auto despacho, pero se mantendrá a los playeros para cargar el combustible de la manera habitual.
El autoservicio puede ser útil para los horarios nocturnos y las pocas fechas en el año en que las estaciones de servicio no funcionan, como Navidad y Año nuevo en ciertos horarios.
Los gremios, por su parte, están en alerta. De concretarse la medida, chocaría con legislaciones locales y con argumentos legales de diversa índole, pero la generalidad de ellos coincide en la falta de seguridad que puede provocar a nivel ambiental y humano un mal manejo de las expendedoras.
Si bien el autoservicio es una de las iniciativas que promueven los empresarios para abaratar sus costos, pondría al borde del abismo miles de empleos en la actividad, que en 2022 se calculaban en alrededor de 65.000 en todo el país.
La fábrica de ladrillos Cerro Negro suspendió trabajadores y paralizó la producción
La decisión del Gobierno de Javier Milei de paralizar las obras públicas, sin considerar su estado de avance ni su relevancia social, está generando un fuerte impacto en el sector de la construcción. Como consecuencia, una fábrica de ladrillos en Olavarría detuvo su producción y suspendió a sus empleados.
Gustavo Bustamante, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), confirmó que los trabajadores sufrirán una reducción salarial del 20% debido a las suspensiones, que la empresa ejecutó en medio de una crisis de sobre stock y la caída de las ventas.
La empresa afectada, que también produce cerámicos, atraviesa dificultades similares en este sector. Según Bustamante, una línea de pisos que debía reactivarse el 16 de enero prolongó su parada hasta febrero. Mientras tanto, los trabajadores están en vacaciones forzadas, reflejo de la incertidumbre que domina el panorama de las plantas productivas. “Esto nos preocupa porque si no hay ventas, la situación puede empeorar, y tememos que los empleados de la planta de cerámicos corran la misma suerte que los de ladrillos”, expresó el dirigente sindical.
Desde el sindicato, las críticas se dirigen al gobierno nacional, acusándolo de no medir las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. Bustamante destacó la importancia de proteger los puestos de trabajo en este contexto: “Estamos buscando que no haya despidos. Si en algún momento esto mejora, queremos tener a todos los trabajadores dentro de la planta para poder salir adelante juntos”, afirmó.
La crisis en la construcción es un reflejo del impacto generalizado de la situación productiva en el país. Con la obra pública detenida, el sector enfrenta una baja en la demanda que afecta tanto a grandes empresas como a trabajadores que ven sus ingresos reducidos o, peor aún, sus empleos en riesgo. Desde SOECO, el mensaje es que seguirán luchando para garantizar la continuidad laboral y evitar que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Los empleados de la fábrica de ladrillos y cerámicos miran con preocupación el futuro, esperando que, tras el Carnaval, se reactive la producción.
Paro de trenes
En medio del conflicto que este martes paralizó los trenes y afectó a miles de usuarios, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, redobló la apuesta al anunciar que el 1° de marzo los conductores afiliados al gremio no prestarán servicio, con motivo del “Día del Ferroviario”.
El líder sindical adelantó que, además del paro del 1° de marzo, la asamblea resolvió dejar abierta la posibilidad de tomar nuevas medidas de fuerza durante febrero, según sea necesario.
Maturano también hizo un llamado al Gobierno para preservar la paz social y convocar a un diálogo con los sectores afectados. “La democracia que consiguieron los trabajadores no se puede rifar, se debe llegar a un diálogo cordial con respeto y humildad”, afirmó.
En un mensaje directo al presidente Javier Milei y su administración, Maturano declaró: “Gobernar es fácil, lo difícil es conducir. En nuestra querida Argentina hay más patriotas que todos los partidos políticos juntos”.
Trabajadores denuncian un plan de vaciamiento de la obra social de la UATRE
A tres meses de la intervención de la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, representantes gremiales denunciaron la persecución del gobierno, aseguraron que está en marcha un plan de vaciamiento y apuntaron contra los funcionarios que se encuentran a cargo, al tiempo que advirtieron por la parálisis de los tratamientos que deben recibir los afiliados.
En este sentido, apuntan con dureza a Marcelo Petroni, designado interventor por el ministerio de Salud de la Nación. “Todas las personas a las que hace dos años les ganamos las elecciones hoy son designados en cargos de la intervención y responden al gobierno de Javier Milei”, agregó la secretaria de Organización del sindicato de trabajadores rurales.
De hecho, el nuevo interventor, según denunció UATRE, designó en los últimos días como delegado zonal en la ciudad de Pergamino a Sergio David Ansaloni, hermano del diputado libertario Pablo Ansaloni.
“Lo más grave -alertó Sánchez Jáuregui con preocupación- es que estamos totalmente sin atención para nuestros afiliados, se ha cortado la insulina, la atención oncológica, todo tipo de tratamientos”.
Según describió, “los afiliados mandan telegramas (en reclamo) porque ya no hay respuestas a los pedidos por tratamientos. Afrontar tratamientos que son permanentes o por enfermedades crónicas es imposible en un contexto donde los sueldos están bajos”, dijo, al tiempo que aseguró que la intervención fue dispuesta “de forma arbitraria”.
“Reclamamos pacíficamente y ahora nos denuncian por supuestas amenazas. Nosotros lo que queremos es que nuestros afiliados tengan acceso a la salud, ellos y sus familias. Y queremos que se terminen estas mentiras. Lo que más nos alertó es que pusieran en venta toda la flota de vehículos del país, de remate. Hay un vaciamiento en marcha y vamos a salir a defender la salud de los trabajadores”, sintetizó.
Meses atrás, Página/12 se hizo eco de un informe de Telenueve Investiga que revelaba los presuntos desmanejos en el sindicato de peones rurales y de la obra social, y apuntaba directamente contra Voytenco.
Según el informe presentado, se detectaron irregularidades en la extracción de dinero de la obra social sin rendición de cuentas por 1.900 millones de pesos y se dieron beneficios a las droguerías ligadas a la familia Menem.
Ambas denuncias salpican al sindicalista del gremio peor pago del país, quien además se está construyendo una casa de 700.000 dólares, adquirió relojes de lujo y viaja periódicamente en aviones privados.
La investigación por presunta corrupción sostiene que Voytenco y Ansaloni realizaron una maniobra fraudulenta para extraer recursos de plazos fijos de Osprera sin respaldarlos con la rendición de cuentas correspondiente.
Además, se demostró que han sido selectivos a la hora del pago a los proveedores, dado que, si bien la obra social no entrega medicamentos, sólo abonaron las facturas de las droguerías vinculados a los primos Eduardo “Lule” Menem, asesor del Gobierno, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Voytenco ha dado otra muestra de amabilidad con Casa Rosada al incorporar a Osprera a tres personas propuestas por el Gobierno, entre ellas el extitular del PAMI, Sergio Casinotti.
Acuerdo por tres meses en Vicentin
El 11 de enero las y los trabajadores aceiteros de Vicentin en sus plantas de San Lorenzo y Avellaneda, en el sur y el norte de la provincia de Santa Fe, respectivamente, iniciaron una huelga porque la empresa decidió no pagar la suma extraordinaria -bono- que tanto la Federación nacional aceitera como el Sindicato de San Lorenzo habían acordado en diciembre.
Tras tres días de huelga, el ex ministerio y actual secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria. Y este lunes, en el marco de una larga audiencia, se llegó a un acuerdo entre las partes.
Por los obreros estuvieron presentes el Sindicato Aceitero de Reconquista y la Federación nacional, así como el Sindicato Aceitero de San Lorenzo, que no integra la Federación pero viene coordinando en conjunto las principales luchas estos últimos años.
La empresa Vicentín SAIC, que atraviesa una prolongada crisis tras el fraude que realizó con los fondos que recibió del Estado nacional bajo el gobierno de Mauricio Macri, quiso imponer en la audiencia la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que fue rechazado de plano por los representantes gremiales.
Finalmente, tras una larga negociación, la empresa se comprometió a pagar el bono, así como los salarios sin cambios, con “la única salvedad que una parte equivalente al salario mínimo vital y móvil será remunerativa, y el resto no remunerativo”, señalaron.
El acuerdo tendrá vigencia por los meses de enero, febrero y marzo de 2025. Si la empresa lo incumpliera, el mismo queda sin efecto.
“Este acuerdo firmado hoy que defiende el salario, se obtuvo gracias a la lucha y a la unidad de las y los trabajadores aceiteros del SOEA San Lorenzo y el SOEAD Reconquista, que sostuvieron durante tres días, del 11 al 14 de enero, una huelga contundente en las plantas de Vicentín”, celebraron desde el sindicato.
El acuerdo contempla que durante este plazo de 3 meses los salarios continuarán siendo iguales en sus montos, con la única salvedad que una parte equivalente al salario mínimo vital y móvil será remunerativa, y el resto no remunerativo.
Los trabajadores con 60 o más años continúan con sus salarios normales y habituales.
En cuanto al pago de la suma extraordinaria no remunerativa (bono) se realizará el pago del 50% restante de la primera cuota el 5 de febrero de 2025. La segunda cuota será abonada en dos partes iguales los días 21 de febrero y 5 de marzo.
Cerca de 500 despidos en Sancor
En medio de una crisis de larga data que se profundizó con la recesión creada por las políticas económicas del gobierno nacional, SanCor Cooperativas Unidas Limitada envió cientos de telegramas de despidos a partir del último jueves.
La empresa que supo ser emblema tanto de la industria láctea como del sector cooperativo,tiene una deuda financiera de u$s 400 millones y debe millones a proveedores y compañías de servicios, como la electricidad.
Estos últimos días cerca de 500 trabajadores de la firma distribuidos entre las plantas de Gálvez, Sunchales, Carlota y Balnearia recibieron sendas notificaciones de despido en las que la firma alegó “razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la compañía, que son de público conocimiento”.
La cooperativa cuenta con un plantel de 1.500 empleados. En los últimos tiempos distintos medios informaron que desde la empresa se estaba “fraccionando” el pago de salarios y que había muchos empleados bajo la modalidad de “jornada libre”, cobrando sólo el 70 % del sueldo.
“Se están produciendo despidos, lo cual es significativo e importante. Los despidos se deben a que la empresa está procesando menos leche, lo que no permite la ocupación de todo el personal, y es imposible sostener la actividad y las estructuras cuando no hay razón productiva”, aseguró una fuente de la empresa.
Según la misma, se añadió que “la empresa asume la decisión de desvincular a los empleados porque no hay trabajo disponible”, además de afirmar que la cúpula de SanCor dialoga con potenciales inversores.
SanCor llegó a procesar más de 3 millones de litros diarios, pero luego ingresó en una prolongada crisis, con reestructuración incluida, de la que no terminó de salir nunca. De las 14 plantas industriales que tuvo, se quedó con seis. Y una de esas seis cerró definitivamente sus puertas a fines de 2023.
Durante el 2024 llegó a procesar unos 500.000 litros diarios, con infinitas interrupciones por varios parates en las líneas productivas.
El 2025 empezó aún peor. En lo que va de enero la productividad habría descendido aún más, procesando alrededor de 180.000 litros de leche diarios, informaron desde la empresa, donde también aseguran que la firma carece de “flujo en la caja”, por lo que siguen los incumplimientos de deudas salariales y el pago a proveedores.
“… de algo más de 300.000 litros, ahora la recepción estaría cercana a los 200.000 de leche cruda, intentando repartir el juego entre plantas y armando un ‘jenga’ de elaboración, mientras en estos días es la planta de La Carlota la que está paralizada. En sus buenos momentos, la cooperativa procesaba 4 millones de litros diarios. Es decir, recibe el 5% de la leche que supo procesar”, indicaron al respecto, citando fuentes patronales.
En ese marco, se especula que la directiva de la compañía evalúa tratar la opción de abandonar su funcionamiento como cooperativa para auspiciar la toma de control por parte de un privado.
La empresa “se debate entre dejar de ser cooperativa o cerrar sus plantas”, aseguró Eleisegui.
Granja Tres Arroyos despidió a 70 trabajadores y amenaza con 400 cesantías más
La situación laboral en Granja Tres Arroyos, principal productora avícola de Argentina, atraviesa un momento crítico. En las últimas horas, la empresa despidió a 70 trabajadores de su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y amenaza con desvincular a otros 400, según denunció el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación.
Miguel Ángel Klenner, secretario general del gremio, advirtió sobre la gravedad del conflicto: “La empresa utiliza los despidos como presión para imponer condiciones laborales inaceptables. Quieren reducir la plantilla de faena de 800 a 400 empleados, precarizando el trabajo”, afirmó en declaraciones radiales.
En diciembre, la empresa presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la secretaría de Trabajo, argumentando dificultades económicas. El plan buscaba despedir a 700 empleados o reducir salarios eliminando adicionales equivalentes al 21% de los sueldos. Aunque logró el aval del Gobierno nacional, el rechazo del sindicato frenó inicialmente los despidos, que ahora comenzaron a ejecutarse.
Este 27 de enero, el Sindicato de la Alimentación lideró una protesta frente a la planta, acompañada por trabajadores, sus familias y entidades gremiales. La CGT también respaldará las movilizaciones en rechazo a las desvinculaciones y en defensa de los derechos laborales.
El gremio acusa a la empresa de haber recibido subsidios y créditos blandos en el pasado sin cumplir con las promesas de inversión en infraestructura. “Las máquinas están obsoletas, y ahora quieren abaratar costos a costa de los empleados. Incluso, las indemnizaciones que pagaron a los despedidos son incompletas: solo abonaron el 50%”, denunció Klenner.
En un comunicado, la CGT regional señaló: “Frente al desguace de Tres Arroyos, nos solidarizamos con los trabajadores afectados y reclamamos medidas inmediatas para preservar los empleos y garantizar condiciones laborales dignas”.
La crisis de Granja Tres Arroyos sorprende, ya que hasta hace poco el sector avícola mostraba signos de recuperación tras la influenza aviar. Según datos de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones del sector crecieron un 20% en volumen y un 26% en valor durante 2024, con mercados clave como Arabia Saudita, Vietnam y Brasil.
Sin embargo, la empresa alega que enfrenta una presión impositiva y un tipo de cambio que limitan su competitividad frente a otros países de la región. Además, el cierre de la planta de Tristán Suárez (ex Cresta Roja) en octubre, debido a una caída en la producción, marcó un precedente en la industria.
Fundada en 1965, Granja Tres Arroyos produce actualmente 700.000 pollos diarios y emplea a 7.000 personas en sus ocho plantas. No obstante, las decisiones recientes, como los despidos masivos y el plan de ajuste, reflejan un panorama incierto para una de las principales empresas avícolas del país.
El gremio continuará exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos y advirtió que no descarta endurecer las medidas de protesta en caso de no encontrar una solución satisfactoria.
Deberán reincorporar a los trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos
En la tarde de este lunes 27 de enero fue dictada una CONCILIACIÓN OBLIGATORIA por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo quien dispuso:
ART. 2°- Dar por iniciado un periodo de conciliación obligatoria por el término de 15 (quince) días, de acuerdo con lo establecido en el Art. 11 de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio.
ART. 4°- Intimar a la empresa GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FIN. E INDUSTRIAL. durante el periodo y con los alcances dispuestos en el ART 2 retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando SIN EFECTO los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio, otorgando tareas en forma normal y habitual a todo su personal, como así también abstenerse a tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona en relación al diferendo aquí planteado, así como también otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal.
Esta medida provisoria plantea la posibilidad de que los trabajadores aprovechen este tiempo para la preparación de un plan de lucha de todo el gremio
Fuentes: Página/12, La Izquierda Diario, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es, Revista Puerto y Pescare, Prensa Fesprosa, InfoGremiales, iProfesional, El Cronista Comercial, Es.edairynews, Eco de Sunchales y Mundo Gremial, El Megáfono, Página de Daniel Nardo Deganutti