El presidente llegó ésta mañana a la ciudad rionegrina, con el objetivo de reunirse con representantes de la Mesa de Turismo. Macri no desaprovechó la oportunidad para atacar a las comunidades mapuches. Por Luna Morris / La Izquierda Diario
Este jueves al mediodía se conocía la noticia de una nueva represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, cita en Villa Mascardi. Integrantes de la comunidad denunciaban que las fuerzas de seguridad ingresaban “a los tiros” al territorio recuperado. Horas más tarde nos enterábamos que la represión había dejado un saldo de tres heridos de bala, y que la fuerza a cargo del operativo era la Policía Seguridad Aeroportuaria.
Menos de 24 horas después aterrizó en Bariloche el presidente, para reunirse con representantes de la Mesa de Turismo con el objetivo de discutir diversas medidas para fomentar el turismo en la Patagonia argentina. Recién arribado a Bariloche y consultado por el conflicto con la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, Macri aprovechó para atacar nuevamente a los integrantes de la comunidad que desde hace años reclaman por sus tierras ancestrales. “Lamentablemente se hace difícil encontrar un canal de diálogo, pero no hay otro que sea el de respetar la ley” afirmó el mandatario. Y agregó que: “No podemos aceptar que alguien en la Argentina se pueda apropiar de lo que no le pertenece.”
Si de diálogo y respetar la ley se trata, vale recordar algunos datos que ponen de manifiesto que el apego a la legalidad del presidente, y su concepción del diálogo, no se mide siempre con la misma vara.
En noviembre de 2017, la comunidad mapuche se asentó en el predio de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de la ciudad rionegrina de Bariloche, como parte del proceso de recuperación de sus tierras, y desde entonces reclaman que el territorio sea reconocido como lo que es: su propiedad ancestral. Sin embargo, el Gobierno no ha tenido otra respuesta que constantes intentos de desalojo, persecución y represión, incumpliendo la ley 26.160 que prohíbe el desalojo de las comunidades originarias de sus tierras ancestrales.
Recordemos que el pasado 25 de noviembre, el mismo día que en 25 de Mayo se realizaba el velorio de Santiago Maldonado, en ese territorio fue fusilado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel en el marco de una brutal persecución desatada dentro del territorio por un grupo de Albatros de Prefectura Nacional. Esa persecución se dio luego de que dos días antes las fuerzas de seguridad ingresaran al territorio con el objetivo de desalojar a la comunidad.
Así lo relataba, por esos días, un joven de la comunidad: “No es verdad que haya habido diálogos de negociación ni nada por el estilo. Acá vino la fiscal el miércoles, se rió de nosotros, y dijo que si no desalojábamos pacíficamente, iba a reprimir y mandar a todos los efectivos que fueran necesarios. Estaban los niños jugando frente a ella, pero no le importó. El jueves por la madrugada, a eso de las 5, empezó el desalojo”.
Un breve relato que desmiente la aprensión al diálogo y la legalidad expresada por el presidente esta mañana, al tiempo que pone de manifiesto la constante criminalización que desde el Gobierno, y medios afines, se hace sobre las comunidades.
Una criminalización que tiene como contracara garantizar la impunidad de las fuerzas represivas. A pocos días de cumplirse ocho meses del asesinato de Rafael y a menos de un mes de cumplirse un año de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, no hay un solo detenido en ninguna de las dos causas. Ese manto de impunidad, sostenido por un discurso que estigmatiza y criminaliza a las comunidades originarias, da vía libre a las fuerzas de seguridad para reprimir, perseguir e incluso asesinar.