En vísperas del año nuevo, el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la polémica. Trabajadoras y trabajadores del Hospital Gandulfo denunciaron el despido de por lo menos 8 trabajadoras y trabajadores, dejando familias sin ingresos en un contexto social y económico sumamente crítico.Entre las personas cesanteadas hay una trabajadora embarazada y delegada gremial, un hecho muy grave e ilegal que despertó fuertes cuestionamientos.
Corresponsal desde el hospital para ANRed.
El viernes 2 de enero se realizó una asamblea de trabajadorxs en la puerta del hospital, en la que se resolvió acompañar y respaldar a todas las personas despedidas. Fue en ese mismo espacio colectivo donde se tomó conocimiento que fueron 5 los despidos de trabajadores de limpieza (incluida la delegada), sector que venía de un conflicto reciente por falta de personal, hecho que obviamente se agravó con las cesantías.
Tras la asamblea, las y los trabajadores llevaron adelante una radio abierta en la calle lateral del Hospital Gandulfo, con el objetivo de visibilizar la situación y denunciar el vaciamiento del sistema de salud pública. La actividad contó con el acompañamiento y la solidaridad de otros gremios y organizaciones sociales y políticas, que expresaron su apoyo a los reclamos y su rechazo a las políticas de ajuste sobre el sector sanitario.
En medio de la protesta, representantes de los trabajadores fueron convocados a una reunión con la Dirección del hospital. Según explicó la delegación sindical, hubo una extensa y tensa discusión, en la que 4 directoras no atinaban a explicar los motivos de la mayoría de los ceses y no tuvieron en cuenta un acuerdo gremial firmado entre ATE y el equipo directivo del Gandulfo en 2024 (que equiparaba derechos de becarios y becarias con los del personal de planta, lo que dejaría sin sustento los ceses argumentados en un excesivo uso de licencias).La respuesta obtenida, además de dejar sin efecto el cese ilegal de la delegada, fue el compromiso de la Dirección de mantener reuniones individuales con cada trabajador despedido (junto a un representante gremial), en reconocimiento de que ninguno de ellos había recibido advertencia previa antes de ser desvinculado.Las y los trabajadores denunciaron estas decisiones que los dejaron abruptamente sin empleo y sin ingresos económicos para sostener a sus familias, profundizando situaciones de vulnerabilidad social. Además, remarcaron que los despidos se produjeron a pocos días del compromiso de la viceministra de Salud Alexia Navarro y el funcionario Agustín López ante representantes de ATE Sur y del espacio provincial denominado “becarixs en lucha”, de la renovación de la totalidad de las becas laborales, lo que consideran una contradicción evidente.
En este marco, se reiteran las críticas a la política sanitaria provincial, caracterizada -según denuncian- por la falta de ingresos de personal, la ausencia de pases a planta permanente, la inexistencia de aumentos salariales o bonos de fin de año, y la persistencia de miles de trabajadores en condiciones de precarización, con salarios insuficientes, sin aguinaldos y obligados a lograr acuerdos internos para alcanzar derechos que las normativas les niegan, en un verdadero fraude laboral que incumple derechos constitucionales como “a igual trabajo, igual salario e iguales derechos” o la “estabilidad laboral en el ámbito estatal”.
Las responsabilidades políticas, señalan, alcanzan al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak junto a sus colaboradores Navarro y López, y al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, a quienes acusan de impulsar un ajuste sobre el sistema de salud. También apuntan contra la conducción del Hospital Gandulfo, encabezada por Traverso Vior y Estela Domínguez, a quienes responsabilizan por los despidos y por negarse a sostener instancias reales de diálogo previas a semejante decisión, además de una crueldad solo comparable a la del gobierno nacional, al notificar estos despidos (que en varios casos consideran una evidente represalia por adoptar medidas de fuerza) un 31/12 sin advertencia previa alguna.Desde el sector advierten que estas medidas forman parte de un proceso de vaciamiento de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y cuestionan que se avance contra quienes reclaman por sus derechos laborales. Ante este escenario, exigen la reincorporación inmediata de todas las personas despedidas y el cese de las políticas que, afirman, profundizan la crisis del sistema sanitario.
En este contexto, las y los trabajadores del Hospital Gandulfo ratifican que la lucha por la reincorporación de todas las personas despedidas no es solo una defensa de puestos de trabajo, sino una pelea en defensa de la salud pública como derecho social. Advierten que no habrá silencio ni resignación frente a despidos arbitrarios, prácticas antisindicales y decisiones que deterioran aún más un sistema ya golpeado por años de precarización. Con organización, unidad y solidaridad, aseguran que continuarán visibilizando el conflicto y profundizando las medidas necesarias hasta obtener respuestas concretas, porque —sostienen— sin trabajadores con derechos no hay hospital público posible, ni atención digna para la comunidad.