El pasado jueves 14 de marzo movilizamos con el Colectivo Contra el Gatillo Fácil y la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada contra el proyecto oficial del nuevo Régimen Penal de Minoridad que incluye la baja de la edad de punbibilidad a los 15 años.
NO ALA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.
Basta de represión y gatillo fácil.
El gobierno de Macri quiere impunidad y domiciliarias para los genocidas de la última dictadura. Y quiere exclusión, hambre, cárcel y gatillo fácil para las y los pibes jóvenes.
Decimos “No a la Baja” porque vulnera los derechos de las pibas y los pibes. Salimos a la calle contra la política represiva del gobierno macrista, cuyos principales puntos incluyen impulsar el encarcelamiento de pibes y pibas cada vez más jóvenes, y el aumento de los casos de gatillo fácil en el marco de la “doctrina Chocobar”.
Esta política represiva busca disciplinar a los sectores populares y es parte de la política de ajuste que viene aplicando con los tarifazos, los despidos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, que sólo pasan con represión.
El 19 de febrero el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentaron un anteproyecto de régimen penal juvenil que incluye la baja de la edad de punibilidad a 15 años. Concretamente el proyecto propone, a nivel de la ley penal nacional, una escala penal dividida por edades, con el objetivo de hacer punibles a jóvenes a partir de los 15 años y someterlos al régimen penal juvenil, profundizando la criminalización y las políticas de encierro.
Este proyecto que presenta el macrismo es compartido por todos los partidos políticos patronales. Sergio Massa y el Frente Renovador reivindican ser los verdaderos impulsores del proyecto, y en verdad ese sector quiere llevar la edad de los jóvenes punibles a 14 años.
El kirchnerismo no está ausente en esta demagogia punitiva. Años atrás el gobierno de Cristina Fernández, el de Daniel Scioli y el candidato Martín Insaurralde fogonearon la baja de la edad de punibilidad para hacer campaña política. En 2009, su proyecto de baja de la edad de punibilidad recibió media sanción en la legislatura provincial, pero fue derrotado por la movilización popular. Sin embargo, Scioli dejó clara su posición: llenó las cárceles de jóvenes pobres y desfinanció todos los programas sociales, especialmente los dedicados a garantizar el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Como profundización de esta política, la gobernadora María Eugenia Vidal inauguró en Campana la “primera cárcel para jóvenes” de entre 18 y 22 años. En paralelo, el intendente Julio Garro viene desguazando los equipos de profesionales de los 10 Servicios Locales de la Dirección municipal de Niñez y Adolescencia, que pretenden que atienda con sólo 38 profesionales a más de 14 mil familias de la región en situación de vulnerabilidad.
Toda esta campaña que pretende demonizar a las y los jóvenes, es un salto represivo que no tiene ningún impacto en los problemas de seguridad. Es una propuesta de mayor represión basada en una mentira. Menos del 5% de todos los delitos de toda la provincia son cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. En los delitos graves vemos que los hechos perpetrados por adolescentes representan menos del 0,5 % del total de casos.
En nuestro país, aún sigue vigente el “Régimen Penal de Minoridad” instaurado por la dictadura militar que alienta las prácticas represivas sobre la juventud.
El gobierno nacional miente cuando dice que busca fomentar la responsabilidad en los y las adolescentes y promover su integración social. Lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.
Según el último informe del INDEC más del 55 % de los desocupados en todo el país son jóvenes. La pobreza entre los jóvenes de 0 a 14 años llega al 42%. No hay duda de que los jóvenes son los más golpeados por la pobreza y la indigencia.
Mientras tanto, el disciplinamiento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los casos de gatillo fácil que cometen las fuerzas federales y provinciales. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Así lo prueban los casos de Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Ismael Perussatto, y muchos otros, todos asesinados en La Plata por la policía de Daniel Scioli. Así también lo prueban los casos de Víctor González, Damián Corvalán, Nicolás Vargas, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, y tantos otros fusilados en nuestra zona por efectivos policiales durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Si bajo el gobierno kirchnerista hubo 1 caso de gatillo fácil cada 28 horas, con Macri pegó un salto, llegando a 1 caso cada 21 horas. Aun así la mayor parte de los casos de gatillo fácil se dieron en el gobierno que se decía “de los Derechos Humanos”. Y para nosotros eso lo resume la frase de que “la represión es una política de Estado”. Porque gobierne quien gobierne siempre reprimieron. Todos los gobiernos tienen desaparecidos en democracia, torturados y fusilados.
Por eso decimos que la “doctrina Chocobar” de Macri y Bullrich busca legalizar el gatillo fácil, que es son crímenes de Estado cometidos con la venia del poder político. El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren convertir al sospechoso en “abatido”.
El macrismo avanza también con la reforma del Código Penal de la Nación, y en especial con un punto donde pretenden determinar la “exención de responsabilidad para los policías. Esa sería una reforma a la medida de la “doctrina Chocobar”: hablan de “exención de responsabilidad” para darle mayor discrecionalidad a la Policía para actuar.
En igual sentido va el decreto que Bullrich promulgó en el contexto del G 20 y que que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas. Habilita el uso de pistolas Taser, prohibidas en varios países por ser letales.
La represión sistemática como política de estado, se entrelaza en una red institucional que involucra a las fuerzas represivas, a la justicia, a las distintas estructuras de poder a nivel nacional, provincial y municipal, y a los medios masivos de comunicación. Las fuerzas policiales son las garantes de las zonas liberadas para el crimen organizado, responsables directas del tráfico y venta de drogas, así como de la trata y regenteo de la explotación sexual, y cuentan para ello con una red de protección y negocios con jueces y políticos del sistema. De este modo, empujan a nuestros pibes y pibas a la droga, a la prostitución, y a la criminalidad, para enriquecerse a costa de nuestro pueblo. Mientras tanto, los medios masivos de comunicación hacen campañas para endurecer la represión en nombre de la seguridad, pero evitan informar sobre la responsabilidad policial, judicial y política sobre estos negociados. Los pibes y pibas de nuestros barrios, lejos de ser peligrosos, están ellos mismos en peligro, por el poder de toda esta estructura mafiosa que los persigue e intenta disciplinar y someter.
Pero en las calles ya derrotamos los intentos de imponer este proyecto en años anteriores. Derrotamos el 2×1 para los genocidas y la domiciliaria para Etchecolatz. Por eso desde la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada llamamos a las pibas y los pibes, a los trabajadores y todos los sectores populares a movilizarnos masivamente hasta derrotar, una vez más, este nuevo intento de bajar la edad de punibilidad y criminalizar a la juventud.
Por todo esto, ante esta escalada represiva decimos:
No a la baja de LA edad de punibilidad.
Basta de gatillo fácil.
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
Ni un pibe ni una piba menos. El estado es responsable.
NINGUN PIBE NACE CHORRO
Basta de represión y ajuste de Macri,
los gobernadores y el FMI.
