Colombia está viviendo jornadas de importantes protestas tras el asesinato del abogado Javier Ordónez el pasado miércoles a manos de dos agentes de la Policía de Bogotá. La salvaje represión posterior, con uso de armas de fuego de parte de las fuerzas policiales y también parapoliciales, causó al menos diez muertes, lo cual sólo acrecienta la furia popular, que renace con fuerza tras la pausa que implicó la cuarentena por el COVID-19.
En la madrugada del pasado miércoles 9, el abogado Javier Ordóñez, de 46 años, había salido con amigos a comprar unas cervezas cuando fueron interceptados por dos policías que lo atacaron, lo derribaron al piso y le aplicaron al menos once descargas eléctricas con una pistola Taser provocándole la muerte. El brutal ataque fue filmado por Juan David Uribe, uno de los amigos de Ordóñez.
Tras este crimen policial miles de jóvenes salieron a las calles a expresar su descontento, principalmente en los barrios populares.
Los jóvenes incendiaron por lo menos 60 instalaciones policiales, vehículos y motocicletas de la Policía Nacional, reportó el portal alternativo Avispa Midia. La furia también dejó su marca en sucursales bancarias, comercios de cadenas transnacionales y autobuses de la línea TransMilenio.
Ante ello, la policía respondió con armas de fuego y con extrema violencia, dejando un saldo, hasta este viernes, según los propios datos del ministro de Defensa, Carlos Holemes Trujillo, de 10 civiles muertos, 7 en Bogotá y 3 más en Soacha.
Además, se multiplicaron las denuncias que señalan que a la represión estatal se le sumó el accionar de bandas paramilitares que amparados por las fuerzas policiales dispararon sobre los manifestantes.
🚨Lo denuncié hoy en el Concejo y lo hago con este escabroso video: se están envalentonando en un actuar mafioso y paramilitar para atacar a la ciudadanía. @PoliciaBogota debe responder por civiles que en complicidad con uniformados, abren fuego. ¿A quienes responden? ⚠️@PGN_COL pic.twitter.com/wo4fknh0OI
— Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) September 11, 2020
Las manifestaciones y protestas se han extendido hacia las principales ciudades de Colombia, como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Popayán, Ibagué, Villavencio, Manizales, Cúcuta, entre otras.
La intensidad de las protestas creció tanto que el ministro Holmes Trujillo expresó este viernes que “la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.
Aseguró que los agentes implicados en el deceso del abogado ya fueron apartados de la fuerza, y prometió “una investigación profunda”.
¿A quién responde la Policía?
En ese marco, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció el viernes que los efectivos policiales “asesinaron a Javier Ordóñez y dispararon indiscriminadamente a ciudadanos”, relevó la agencia de noticias RT.
También cuestionó: “Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. Entonces, ¿a quién obedecen?”.
En Colombia, la Policía Nacional responde al Ministerio de Defensa, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde esas carteras suelen actuar exclusivamente en el cuidado de las fronteras o la protección de amenazas externas, y no sobre cuestiones internas. Esta dependencia también tiene a su cargo el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército colombiano, la Armada y la Fuerza Aérea.
Una de las principales críticas a este sistema de seguridad policial es que, a la hora de juzgar irregularidades de uniformados en servicio, se aplica la Justicia Penal Militar, y no el sistema judicial ordinario. Por eso el ministro Holmes Trujillo insistió en que se hará todo lo posible para que la causa “avance con celeridad”.
Fotos: Medios Libres Cali.
Furia popular
Activistas en la ciudad de Cali reportaron que el uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales es algo que se ha presentado en todas las ciudades donde se dan las protestas, lo mismo que las detenciones, pero que aún así continuarán con sus acciones.
“Porque es el descontento del pueblo que ya se venía expresando desde antes de la pandemia. Una expresión de descontento social que tuvo su máximo auge desde el 21 de noviembre (de 2019), donde muchas personas salieron a las calles como una señal de no aguantar más. Es así que se sostuvo un paro nacional por dos semanas”, comunicaron los activistas en medio de la brutal represión que sufrían en Cali el día 10 de septiembre a media noche, informó el portal Avispa Midia.
Junto al asesinato de Ordoñez, se suman al menos 37 personas asesinadas durante el periodo de la pandemia, en siete escenarios distintos, en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia, en su mayoría estos jóvenes masacrados eran campesinos, indígenas o afrodescendientes.
Por ello, activistas, colectivos y organizaciones de Cali que se han movilizado al tenor de este nuevo estallido social, entre sus demandas exigen al Estado Colombiano “frenar el genocidio en Colombia y respetar el derecho a la protesta”.
En Cali se está viendo “un levantamiento increíble de personas en distintas partes de la ciudad, por grupos muy grandes, que están bloqueando muchas calles que nunca se habían bloqueado. Desde hace muchos años no se hacia algo tan contundente”, evaluó un activista en declaraciones a Avispa Midia. “Mucha gente manifestándose por todas partes, pero estamos a la espera de ver qué sucede hasta el 21 de septiembre, cuando está convocado el paro”.
Crisis del gobierno
Por su parte, Aureliano Carbonell, del ELN colombiano, evaluó en una columna publicada en Rebelión.org que aunque la pausa impuesta por la cuarentena favoreció momentáneamente al Gobierno, facilitándole continuar con políticas neoliberales que favorecieron a la banca y los grandes capitales en el marco de la crisis sanitaria, esa pausa ya terminó y el gobierno se encuentra en un proceso de debilitamiento.
“No es casual que las ganancias del grupo Aval en este primer semestre de pandemia y de desastre económico, hayan llegado a 1.1 billones de pesos, que en días pasados se le hubiesen entregado 370 millones de dólares a Avianca, empresa no colombiana, y que semanas atrás el Gobierno hubiese dispuesto de 117 billones de pesos para los bancos”, señaló Carbonell, marcando el constraste con medidas populares que Iván Duque rechazó tomar: “Mientras se presentan estos hechos, el Gobierno se negó a aprobar una Renta Básica a subsidiar temporalmente a las Micro y a las Pequeñas y Medianas Empresas y a hacerse cargo por unos meses de los arriendos y el pago de los servicios públicos”.
“Sin embargo, a la vez que el gobierno está concentrando todos los poderes, recurriendo a todo tipo de arbitrariedades, gobernando a punta de decretos y sin controles, -lo que aparentemente lo muestra más fortalecido-, se mantiene la tendencia a su debilitamiento, agravado ahora por la aguda crisis económica que está dejando la pandemia, por el incremento y desborde de la violencia, por la impunidad, por las dificultades del uribismo, por el creciente malestar e inconformidad social, como lo está viendo el mundo tras la masacre de Bogotá”.
“Las perspectivas hacia la crisis de gobernabilidad y hacia las opciones de nuevo Gobierno, no murieron con el paréntesis de la cuarentena, por el contrario, están reapareciendo, tienden a fortalecerse hacia el futuro inmediato y están renovando las esperanzas”, consideró Carbonell.