Comenzó el juicio oral por el asesinato del cacique diaguita Javier Chocobar en 2009. Los acusados son ex miembros de la policía provincial y durante estos nueve años estuvieron en libertad, hostigando a la comunidad. Los Chuschagastas piden justicia y el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios.
28/08/2018
El 12 de octubre de 2009, el líder de la comunidad indígena Los Chuschagasta, Javier Chocobar, recibió un disparo mortal de la mano de Darío Luis Amín, un terrateniente que se decía dueño del lugar.
De este asesinato participaron también los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdiviezo -pertenecientes al grupo parapolicial Comando Atila, que comandaba el ex comisario Mario “Malevo” Ferreyra, condenado por homicidio- que hirieron a Andrés y Emilio Mamaní, miembros de la comunidad.
Hoy, después de ocho años y diez meses, inició el juicio oral a los acusados, que durante ese tiempo estuvieron en libertad.
“Ese 12 de octubre llegaron al territorio, filmaron, y estaban armados. No tuvieron en cuenta que también había mujeres mayores y niños en el momento que asesinaron a Javier. Esta impunidad que tienen y todo el entramado que hicieron luego diciendo que fue una disputa y que la comunidad estaba armada, lo cual no es cierto, se va a empezar a esclarecer en este juicio” expresó Nancy Chocobar, hermana de Javier.
Lo cierto es que el hecho fue, según la ley 26.160, una disputa territorial innecesaria, y que el asesinato de Javier se podría haber evitado si el Estado mismo y la Justicia se hubieran ajustado al derecho y si se pusiera en práctica el Derecho Indígena, ampliamente reconocido en la legislación nacional e internacional.
“Si nosotros tenemos en cuenta que el Estado argentino lleva apenas 200 años y hablamos de culturas, identidades originarias y milenarias, como el caso del pueblo Nación Diaguita, esta prueba es fundamental y será expuesta en el juicio. Es una clara violación, no sólo a los derechos humanos sino hacia los derechos colectivos que el Estado debía garantizar”, indicó la hermana del cacique.
Por otra parte, existen evidencias contundentes del asesinato de Chocobar, entre ellas, un video de los momentos previos al hecho. Allí se pueden ver y escuchar con claridad las amenazas y el uso de armas de fuego de Amín y compañía frente a una comunidad desarmada.
Los Chuschagastas también manifestaron que después del asesinato, las situaciones de amenazas y hostigamiento continuaron.
“Los asesinos siguieron libres y volvieron a ingresar al territorio. Amín lo hizo en noviembre de 2013 en compañía de gendarmes. Recorrió la cantera de laja, que estaba preservada por ser parte de las pruebas de lo que pasó ese día. Ingresó en la casa de comuneros y de la familia de Javier, aduciendo que era parte de un censo. Luego hizo un asado con los gendarmes. Ahí se ve la complicidad de las fuerzas de seguridad con los que más tienen, aún sabiendo que son asesinos”, relató Nancy.
El juicio se llevará a cabo en Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán, a cargo de los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli.
“Esta instancia es producto de la lucha que durante ocho años dimos, saliendo a las calles tucumanas a exigir justicia en todas las oportunidades que tuvimos. Y ahora vamos más allá, ya que creemos que la mejor forma de recordar a Javier es dar continuidad a su lucha y a su trabajo por la comunidad”, advirtió Nancy.
Desde la comunidad diaguita también se expresaron y sostuvieron que el contexto político actual es crítico. “Los pueblos originarios volvemos a ser víctimas de un arcaico discurso racista, de criminalización y persecución por parte de la actual gestión del Gobierno Nacional, mediante el cual pretenden construirnos como sujetos peligrosos con la receta del enemigo interno, para justificar la represión y el avance de las empresas extractivistas sobre nuestros territorios”, dijeron.
También manifestaron que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está abandonado, no hay acompañamiento jurídico a las comunidades y los funcionarios nunca se hicieron presentes en el territorio.
Mientras, Nancy Chocobar acompañó este pensamiento y planteó que para ellos “hay una necesidad de que el Estado Nacional dé creación a la ley de propiedad comunitaria indígena, que garantizaría el cese de los conflictos territoriales, y evitaría los desalojos no sólo en la provincia de Tucumán sino en todo lo que hoy se conoce como Argentina”.