El lunes 10 de septiembre se realizó la segunda audiencia de conciliación entre la comunidad Isidro Moreno y el particular Rufino Pagola Saravia. De nuevo, no hubo acuerdo.
11/09/2018
La reunión tuvo lugar en la Fiscalía de El Quebrachal, estuvo a cargo de la Dra Yonny Zigarán. Comparecieron el cacique Félix Moreno con la representación legal del Dr. Hernán Mascietti y de la Dra. Sandra Ruiz del Ministerio de Asuntos Índígenas y Desarrollo Social de Salta. También estuvo Rafael Montaña, Director de Políticas Territoriales Indígenas. Rufino Pagola Saravia tuvo el patrocinio de la Dra. Mónica Raquel Vera. La Municipalidad envió al Secretario de gobierno, Pedro Miguel López.
Desde el municipio no se presentó una propuesta concreta. Habrían manifestado que están en plan de solucionar el problema entregando terrenos en la parte de la toma o en otro lado. Todavía no se habían comunicado con Pagola Saravia.
El abogado Hernán Mascietti, que patrocina a la comunidad Wichi sostuvo que la otra parte quiere seguir avanzando con la acusación penal. En el acta consta que la Dra. Vera solicitó a la fiscalía que continúe con las actuaciones. No habrá una nueva audiencia y sería el juez Héctor Sebastián Guzmán quien intervendrá en la causa.
Para Mascietti en Anta hay un pésimo antecedente con otra comunidad indígena, la Lule Vilela donde se aplicó de oficio el artículo 101 del código penal, en ese caso hubo un violento desalojo y se conoció a través de los medios de comunicación. “Para mí – el 101- es un artículo inconstitucional, pues el que pretenda la posesión ya tiene un montón de acciones que respetan el derecho de defensa En cambio el artículo 101 actúa como medida cautelar, sin siquiera los requisitos de una medida cautelar. Ni comparte la naturaleza de las cautelares, que es la matriz de la prohibición de innovar (la de no innovar). La restitución, como medida provisoria, es innovativa, cambian las circunstancias. El artículo 6 de la ley 26160 dice que su aplicación es de orden público (superior a las leyes comunes)”, explica.
La ley 26160, la carpeta de relevamiento del INAI (2013), y la convención de los derechos del niño y de la niña son recursos con los que cuenta la comunidad originaria para su defensa.
Después de la audiencia hubo una asamblea en la comunidad y decidieron seguir con la protesta dentro del predio. Ayer y hoy marcharon con carteles y banderas por las calles de El Quebrachal.
Mascietti quien se especializa en derecho indígena, acota: “la historia wichi de la zona debe haber sido terrible. Para mí era impensable que los wichis pierdan o no cuiden el idioma. Dos caracteristicas de resistencia wichi, una es conservar el idioma y otra internarse en el monte lejos de los ahatais (criollos). En Quebrachal (y en toda la zona, en realidad) los criollos hablan sin tapujo de “integración” -que- es una forma de exterminio de la cultura de los pueblos originarios”.