Con casi un mes de retraso, el FMI difundió el 3 de abril el documento completo de la cuarta revisión del acuerdo con el Gobierno argentino. La revisión abarca el período entre octubre y diciembre de 2022, aunque también realiza una reseña de hechos recientes. La sequía, la apreciación cambiaria, y el déficit fiscal son el elenco de la película que es protagonizada por el ajuste.
La revisión avala en líneas generales el sentido del acuerdo, signado por la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios y planes, la devaluación gradual y las altas tasas de interés.
Ahora, luego de la entrevista de Alberto Fernandez al presidente de EEUU Joe Biden, prima el aval del Fondo a lo actuado por el Gobierno, y el primer desembolso del año llegó al Banco Central. Sin embargo, a medida que el año electoral avance, el Fondo desconfiará más y más en el cumplimiento del acuerdo, apretando con medidas más duras de alto costo social y político.
Por su parte, el Gobierno estará cada vez más lanzado a tener que revertir los pésimos resultados sociales de su gestión con mayor gasto y medidas, pero no podrá dejar de lado los recursos que el Fondo aporte. Se encontrará atado de manos entre aceptar medidas que hoy el Fondo solamente esboza, o encontrarse sin dólares ni programa político para afrontar otro camino.
Esto marca que la relación del Gobierno Nacional con el Fondo tiene algunas contradicciones, entre ajustes, cumplimientos de metas y desaires.
IV 2022: El trimestre del empleado del mes
A fines del 2022, el equipo económico del Ministro de Economía, Sergio Massa, hizo buena letra para ganar los aplausos del Fondo. El organismo saludó la extensión de plazos de la deuda en pesos de corto plazo, que aparecía como el principal obstáculo a sortear, luego de que Juntos por el Cambio hubiera expresado que no pagaría esos compromisos si ganaban las elecciones.
En el último trimestre del año, el Gobierno apretó el gasto en todas las áreas del estado y llegó al punto de prorratear en cuotas un bono navideño a los planes sociales para las personas más pobres del país. Con este ajuste y la ayuda de los adelantos de anticipos del impuesto a las ganancias, sobrecumplieron la meta de déficit. El resultado primario negativo alcanzó al 2,3% en lugar del 2,5% del PIB (es decir, 60 mil millones, equivalente a un mes y medio del Potenciar Trabajo).
Pero el ajuste no fue para todos, ya que realizó pagos de la deuda flotante del estado con empresas proveedoras y otorgó una segunda versión del “dólar soja”, que benefició a las exportadoras de cereales y oleaginosas. Los fondos salieron de la colocación de un bono al Banco Central.
Para seguir con las medidas bien ponderadas por el FMI, el Banco Central redujo a niveles muy bajos su participación en el mercado de futuros, dejó de intervenir en el mercado secundario de bonos y no incrementó la transferencia de recursos al Tesoro, que se financió con endeudamiento en el mercado financiero.
Ni yerba de ayer, secándose al sol
Pero todo comenzó distinto este año. Las desastrosas consecuencias económicas de la sequía dejarán al menos U$D 6.000 millones menos en las arcas del Banco Central. Aún así, el Gobierno se comprometió a continuar el camino trazado por el acuerdo. En la revisión, se modificó la proyección de reservas estimadas, bajando el objetivo en U$D 1.800 millones, compensando los menores ingresos con los ahorros en energía que se producirían este año por el Gasoducto de Vaca Muerta en construcción, y el precio más bajo de las importaciones de gas natural licuado.
Además de impactar sobre los dólares del Banco Central, la sequía traerá una pérdida de recaudación de 0,4% del PIB por menores derechos de exportación. Pero la revisión sostiene sin modificaciones la meta de déficit fiscal primario. Es decir, que el ajuste en el gasto deberá ser aún mayor al previsto. Además, la recaudación se verá menguada producto del adelantamiento de ingresos del impuesto a las ganancias (que inflaron la recaudación del año pasado) y adicionales caídas derivadas de la sequía, con lo que la baja proyectada total de los recursos tributarios alcanzará el 0,8% del PIB. Se suma a la pérdida de ingresos la exclusión de la variación del valor de los recursos en poder de la ANSES (tal como acordaron en marzo del 2022), y la posible compensación a CABA por el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación (0,1% del PIB).
Bisturí en mano ante los números en rojo
Los recortes necesarios para llegar al 1,9% del PIB de déficit este año implican no sólo bajar un 0,4% adicional frente al 2,3% del déficit del año pasado, sino que además se suma la caída del 1,1% del PIBI de los ingresos detallados arriba. Por eso, el recorte total será de 1,5% del PIB y provendrá mayormente de recortes en la asistencia social (0,7% del PIB) y en los aumentos de tarifas eléctricas y de gas (0,5% del PIB).
Esto implica además dejar sin cambios la porción de recursos destinados a pagar jubilaciones y pensiones, hoy día en niveles de miseria (la mínima es de $58.665 con un adicional de $15.000 hasta junio) y los recortados salarios estatales (la categoría inicial del convenio general de Nación -F0- cobró con el sueldo de marzo $87.650 en mano). Continuará también el congelamiento de nuevas contrataciones, y queda explícito el compromiso del gobierno de no aumentar las transferencias a empresas estatales y priorizar en el gasto la construcción de la primera etapa del gasoducto Nestor Kirchner.
La moratoria en debate
La moratoria previsional aparece en un lugar central. El equipo económico no se hace cargo de la misma y la ubica como una decisión del Congreso. Se compromete a restringir el acceso a la moratoria previsional en función de ingresos y riqueza. Quienes ingresen a la misma deben resignar subsidios, y otros planes o beneficios sociales, así como la posibilidad de comprar U$D 200 por mes.
Sin embargo, el FMI quería más restricciones, aunque otorga su perdón (waiver). En el decreto reglamentario, publicado días antes de la revisión, no se tomaron las “recomendaciones” de una tasa de interés creciente en las cuotas, o de negar el acceso a quienes no hayan tenido aportes jubilatorios (es decir, personas con trabajos no registrados o que se dedicaron a tareas de cuidados no remuneradas), mayormente mujeres. La perspectiva de género se esfuma de la mirada del organismo cuando hay que dedicar recursos cuantiosos a la atención de desigualdades, a pesar de las alusiones de Kristalina Giorgieva sobre los asesoramientos del FMI para que los países disminuyan los “sesgos” de género en sus políticas (nota de septiembre de 2022).
Además de la evaluación geopolítica que habilita el waiver, lo que convence al Fondo es que los pagos de cada jubilade a la moratoria serán mayores a los previstos, y se estima que se ahorrará la mitad del gasto previsto (0,2% del PIB). De todas formas, sin duda es un punto de roce entre las aspiraciones del Fondo y la actuación del estado argentino. Quedan sobre la mesa planteadas las “sugerencias” de ajuste, junto con el pedido de información mensual de nuevos ingresantes a la moratoria, y la afirmación de parte del Gobierno de que una evaluación del sistema previsional fue enviada en diciembre a la comisión parlamentaria correspondiente.
La lupa en el ajuste vol. I: Gasto social y previsional
Si la moratoria implica un gasto adicional, el gasto previsional “sin moratoria” hubiera disminuido 0,2% del PIB, entre la proyección de disminuir los bonos adicionales y del ajuste inflacionario producto del desfasaje en la actualización de los haberes.
Es una lógica que se replica en otros gastos. La AUH se actualiza con la misma fórmula previsional. En cambio, la Tarjeta Alimentar pierde poder adquisitivo entre las actualizaciones que se realizan arbitrariamente por parte del Poder Ejecutivo.
El plan Potenciar Trabajo sigue otra dinámica, al estar vinculado su monto al salario mínimo. Este último viene reduciéndose en términos reales (es decir, descontando la inflación), estando actualmente 10% por debajo del poder de compra del inicio de este gobierno, sin que vaya a cambiar en el corto plazo. El Gobierno plantea que los ahorros producto del recorte de planes ya realizados se destinarán “mayormente” a herramientas y polos productivos.
El FMI empieza a “ponerle números” al ajuste que espera (como afirma Nicolás Salas), señalando que 400.000 personas podrían reingresar al mercado laboral y otras 500.000 reingresar a la escuela. Una nueva meta fija para marzo de 2023 una evaluación generalizada de los planes sociales, la cual aún se desconoce. Al mencionar el análisis de un tope del monto del salario mínimo a los planes sociales y al solapamiento de planes, indirectamente se alude a la posible incompatibilidad entre Potenciar Trabajo y el plan Progresar, y otras políticas de ingreso.
La sospecha del Fondo es que los ingresos que generan los planes “superpuestos” alejan a las personas del mercado laboral, como si los paupérrimos ingresos que se obtendrían fueran suficientes para sostener un hogar. Sería más justo poner el foco en los salarios de miseria que pagan los empleadores que han visto crecer sus ganancias de la mano del atraso salarial de las contrataciones precarias, y a duras penas compiten con la línea de indigencia.
La lupa en el ajuste vol. II: Tarifas
El otro punto que el FMI tiene en la mira desde el comienzo del programa es la actualización de las tarifas de electricidad y gas. El acuerdo de marzo de 2022 incluía un plan escalonado de aumentos, con diferenciaciones según el nivel de ingreso y zonas, que recién comenzó a avanzar con la salida de M. Guzmán del Min. de Economía.
En abril, los sectores residenciales de altos ingresos pasarían a pagar la tarifa plena de electricidad. También para el rubro comercial habría incrementos escalonados desde mayo hasta llegar a fines de año al costo completo. Los aumentos de estos sectores oscilarían entre 55 y 70% en términos reales. Para los sectores de bajos ingresos, habría una baja en términos reales de entre 15 y 25%. Las municipalidades pasarán también a pagar el costo completo por el alumbrado público.
A pesar de que el Fondo Monetario “valora” los incrementos, plantea la necesidad de un nuevo esquema que aumente aún más. Proponen simplificar la segmentación e incluir mecanismos de indexación entre las tarifas y los precios internacionales (en lugar de vincular los aumentos al aumento de los salarios). A solo un año de haber firmado un compromiso, el Fondo presiona para correr el arco más allá de lo acordado.
Esa mayor presión se contrapone con la mirada crítica del Fondo del retraso en los aumentos de tarifas (de febrero a abril), ya que continúa una postergación que se arrastra desde la segunda revisión, en octubre.
La inflación, ese indeseable compañero de ruta
La inflación juega un rol ambigüo en el programa económico. Le permite al gobierno licuar parte de sus gastos (sea por las actualizaciones arbitrarias o con desfasajes), pero impide la normalización de la actividad económica, deteriora la balanza de pagos y genera mayores gastos en subsidios a la energía.
El acuerdo con el Fondo reconoce que no habrá resultados rápidos en la baja de la inflación, que será motorizada por los tarifazos y la persistente devaluación.
Bajo la mirada del Fondo, la clave está en la tasa de interés, además de la reducción del déficit. Le asignan a la tasa la capacidad de desacelerar la actividad económica (que para ellos presiona al alza la inflación), así como cambiar la preferencia de ahorro de dólares a pesos, y quitar expectativas devaluatorias. Sin embargo, lo que puede funcionar de una manera con niveles de inflación más bajos, no necesariamente resulta si los precios crecen a tres dígitos.
Mientras existe en un horizonte de pocos meses la posibilidad de un shock devaluatorio y una hiperinflación, ahorrar/invertir en dólares o activos dolarizados (propiedades, bonos o acciones en dólares) parecen mejores que una tasa de interés en pesos, que no es claro que le gane a la inflación futura.
Por eso la reacción del mercado a la suba de las tasas no es la esperada, y no lograrán los resultados deseados, más allá de que la inflación pueda bajar un par de puntos hacia mediados de año.
Es todo un indicador de la situación de la clase trabajadora que el Fondo no se preocupa por los salarios como en otras épocas. Apenas mencionan que debe continuar la política de “coordinación precios salarios” como llaman a la continuidad de paritarias por la inflación esperada (finalmente, a la baja), y de acuerdos de precios que las empresas incumplen. La posibilidad de una política más agresiva contra las empresas con poder de mercado aparece explícitamente criticada de antemano por el FMI, que solo acepta acuerdos “voluntarios” de precios..
La apreciación cambiaria, otro molesto compañero de ruta
En los últimos 32 meses sólo hubo dos en que la inflación estuvo por debajo de la tasa de devaluación del dólar oficial. El FMI también puso números a la apreciación cambiaria, estimando el atraso entre un 10 y 25% según distintas estimaciones. Ese atraso tiene efectos sobre la balanza de pagos, por el acaparamiento de productos exportables, la sobrefacturación y adelantamiento de importaciones, así como el aprovechamiento empresarial para cancelar deudas en dólares en el exterior (sean reales o fraguadas).
Desde el FMI junto con el Gobierno acuerdan en una devaluación gradual para corregir esa situación, a pesar de que el Fondo insiste en la revisión una y otra vez en un paquete de medidas para el frente cambiario.
El texto de la revisión da por sentado que algún tipo de medida se tomaría para fortalecer la acumulación de reservas, por medio de “dólares” especiales para exportaciones, importaciones, turismo y transporte. Sin embargo, los recientes anuncios de Sergio Massa, apenas adelantaron la instrumentación de una nueva versión del “dólar soja” (ahora a $300) abarcando economías regionales. Algunas fuentes periodísticas ubican en el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, las reticencias a otorgar un “dólar importador”.
Si efectivamente sucede, ese esquema implicaría prácticamente un desdoblamiento cambiario, una medida intermedia camino a una devaluación general. Esto haría más compleja estructura cambiaria pero en vistas a su simplificación posterior. Ahora bien, si ese esquema no se implementa, estaríamos frente a un nuevo desaire a las medidas comprometidas con el Fondo.
Trabados en la puerta giratoria
El Fondo por ahora avala la existencia de los múltiples tipos de cambio, controles de capitales y medidas administrativas de restricción de importaciones. Pero lo hace sujeto a que anualmente se le pida “permiso” (lo cual sucede en esta revisión), y además señala fechas para intentar salir del esquema que identifican como intervencionista. Es que saben que dar de baja los controles de capitales y las limitaciones a la compra de moneda extranjera y liberalizar las importaciones tendría un efecto devaluatorio rápido y de consecuencias inflacionarias imprevisibles. Según el compromiso del gobierno, en junio se presentaría una hoja de ruta para la liberalización de esas medidas.
Esas restricciones a la salida de capitales operan también como una limitación a la recepción de inversiones extranjeras, ya que no tienen garantizada la posibilidad de remitir utilidades o devolver el capital prestado por bancos. Ante esa situación, el Gobierno no viene teniendo éxito en aprobar en el Congreso un paquete de leyes que permitan la salida de divisas bajo ciertos criterios (montos de inversión, exportaciones, etc.), pero el FMI no se da por vencido y lo instala en cada revisión.
Ojalá que llueva café
A pesar de esas propuestas de nuevos marcos regulatorios para las inversiones abarcan varios sectores productivos (hidrocarburos, minería, biotecnología, agroindustria, automotriz, hidrógeno), las que más plausiblemente atraerían inversiones en el corto plazo son aquellas basadas en la extracción de recursos naturales.
Nuevamente, las preocupaciones que el Fondo parece proyectar a nivel mundial sobre la transición energética, se esfuman en pos de apuntalar cualquier actividad que permita una acumulación rápida de divisas. Incluso sin mayores consideraciones sobre la apuesta por energías fósiles que pueden quedar obsoletas en pocos lustros.
El recorte de asistencia social implica que las personas sin trabajo formal sufrirán el grueso del costo de la sequía. La cuestión ambiental tiene una arista distributiva y social marcada. El aumento de la proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera y los efectos de la deforestación y la contaminación a gran escala afectan más a los sectores más pobres de la clase trabajadora.
¿Qué pasa con los bonos locales?
A principios de este año, el Ministerio de Economía anunció que utilizará reservas para comprar bonos locales (con un valor muy deprimido) para sostener su cotización y permitir la colocación de deuda en mejores condiciones. Pero al poco tiempo discontinuó dichas compras, por la presión del Fondo. En la revisión es muy clara la negativa del organismo a que esa operatoria continúe.
Lo que no es claro es la opinión del Fondo frente a la medida del canje y subasta de bonos de entidades oficiales que el Gobierno anunció hace pocas semanas, buscando alguna herramienta alternativa para incidir sobre el precio de los dólares paralelos. El FMI toma nota de que la respuesta del mercado fue mala, sin expedirse sobre la medida en concreto. Pero critican que se altere la “estabilidad del mercado” o se “construyan vulnerabilidades”. Se suma a este recibimiento poco entusiasta un generalizado repudio social ante una medida que se percibe como negativa.
Entre el desaire y las prueba de lealtad
La revisión apenas menciona a China, sólo para aclarar que el swap no será considerado dentro de las reservas. Es una manera de desestimar el apoyo en términos de divisas que el país oriental está dándole al Banco Central argentino. El escenario del acuerdo y la aprobación o no de los próximos desembolsos está marcado por el “pivoteo” geopolítico del Gobierno, entre el país gobernado por Xi Jinping y Estados Unidos.
El Fondo irá afilando el cuchillo a medida que se acerca la época electoral. Las actuales señales de descontento sobre demoras en los tarifazos, la moratoria previsional, la implementación de medidas inconsultas en el mercado financiero, la lenta tasa de devaluación, irán volviéndose críticas abiertas. Se irán poniendo en cuestión la realización de los desembolsos cuando más críticos podrían ser evitar una devaluación brusca y una corrida.
El Gobierno tiene poco margen para seguir ajustando, ante el escenario global atravesado por la crisis financiera, la inflación y el estancamiento, el creciente descontento social. Pero, amenazado por el Fondo, no tiene demasiadas alternativas, si no hace un fuerte viraje político. Se encontrará lanzado a una campaña electoral en la que no tiene nada que ofrecer -pero donde todo podría ser aún peor-, y los presiones para someterse a las políticas con el Fondo sólo irán creciendo mes tras mes.
Mientras sigue esa danza en las alturas, los sectores populares van mostrando un cansancio cada vez mayor, y la bronca va asomando en distintos episodios, ante el deterioro que parece no cesar de las condiciones de vida, tanto económicas como en otros aspectos de la vida social.
Demián García Orfanó es Economista, integrante de Marabunta