El ascenso vertiginoso de la ultraderecha tiene raíces históricas, sociales y culturales que es necesario desentrañar para ir más allá de los adjetivos. Las elites dominantes han abandonado la democracia como instancia de negociación de intereses opuestos y parecen encaminarse hacia un enfrentamiento radical con los sectores populares. En Brasil esto significa una guerra de clases, de colores de piel y de géneros, donde las mujeres, los negros y los pobres son el objetivo a batir.
La arrasadora victoria de Jair Messias Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, es el mayor tsunami político, social y cultural que ha vivido este país en su historia. Si dejamos de lado las posturas elitistas y conspirativas, debemos aceptar que la gente sabía a quién votaba, que no lo hicieron engañados ni presionados. Más aún, esta vez los grandes medios no jugaron a favor del candidato ultraderechista, difundieron sus bravatas y no escatimaron críticas.
Para completar este breve cuadro, debe saberse que Bolsonaro tuvo muy poco tiempo en los espacios gratuitos de la tevé, los que en otras ocasiones cambiaron las preferencias electorales. Por pertenecer a un pequeño partido sin casi representación parlamentaria (el PSL, Partido Social Liberal), debió utilizar las redes sociales, donde tuvo una performance muy superior a la de los demás postulantes. Se presentó como el candidato antisistema aunque lleva 27 años como diputado, y consiguió captar los sentimientos en contra del establishment de la mayoría de los brasileños.
Bolsonaro surfeó y alentó la ola social conservadora, machista y racista, pero no fue el hacedor de esos sentimientos. Los aprovechó porque coinciden con su forma de ver el mundo.
La tormenta política del domingo pasado llevó hasta las instituciones a personajes desconocidos, como Eduardo Bolsonaro, el hijo, que reunió 1,8 millones de votos para lograr su banca de diputado, la mayor votación para ese cargo en la historia del país. La desconocida abogada Janaina Paschoal, que fue una pieza clave en la destitución de Dilma Rousseff en 2016 (fue una de las autoras del pedido de impeachment contra la expresidenta), fue electa con el mayor caudal de votos que se recuerda para su cargo de diputada estatal, en el estado de São Paulo. Kim Kataguiri, un joven impresentable animador del Movimiento Brasil Libre (MBL) que llenó las calles en 2015 y 2016 contra el PT, fue electo por el derechista Demócratas (DEM) y aspira a presidir la Cámara de Diputados federal.
EL CENTRO DERROTADO
La derecha en su conjunto consiguió 301 de los 513 escaños de la cámara baja (véase nota en página 13), un aumento sustancial, ya que en 2010 tenía 190 diputados y en 2014, 238. La izquierda perdió uno respecto a las elecciones de 2014: obtuvo 137 diputados, pero en 2010 había alcanzado 166. El gran derrotado fue el centro, que cayó a 75 escaños, de 137 en 2014. Entre los partidos, el MDB de Temer y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso son los grandes derrotados con apenas 31 y 25 diputados respectivamente. Hubo además una proliferación de nuevos partidos con escasa representación, pero que en su conjunto suman 95 escaños, la mayoría de la derecha (la organización de los datos anteriores, en las categorías “izquierda”, “centro” y “derecha”, fue hecha por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Estatal de Campinas y fue publicada por el Observatório das Eleições).
Las tormentas tienen resultados como el que mostró la primera vuelta: no dejan nada en su lugar, sacan a la superficie aquello que estaba sumergido y, tras el desolador panorama del día después, enseñan las heces que nadie quería ver. Pero muestran también que, debajo y detrás de las heridas, hay caminos posibles que las fuerzas institucionales y sus acomodados analistas se niegan a transitar.
El día después enseña varios hechos que deben ser desmenuzados para avizorar lo que puede depararnos el futuro inmediato: el ¡Ya Basta! que pronunció la sociedad en 2013, la herencia de la dictadura militar, el fin del lulismo y las limitaciones de la izquierda para afrontar los nuevos escenarios.
EL FACTOR JUNIO 2013
Fue el momento decisivo, el que formateó la coyuntura actual, desde la caída de Dilma hasta el ascenso de Bolsonaro. Junio de 2013 comenzó con manifestaciones del Movimiento Pase Libre (MPL) contra el aumento de las tarifas del transporte urbano, que consiguió movilizar alrededor de 10 mil personas. Se trata de una agrupación juvenil formada en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, que encarna a los jóvenes estudiantes de las ciudades y tiene formas de organización y movilización horizontales y festivas.
La reacción de la policía militar fue, como siempre, brutal. Pero esta vez la población de las grandes ciudades sorprendió a todos, al salir a las calles por cientos de miles y hasta millones. A lo largo del mes, 20 millones ocuparon las calles en 353 ciudades. Fue un evento fundamental de la historia reciente de Brasil, que mostró los altos niveles de descontento y frustración social pero, a la vez, la potencia transformadora que anidaba en la sociedad.
El PT no entendió que se trataba de un clamor pidiendo más: más inclusión, mejores servicios sociales, más igualdad, exigiendo un paso más en las políticas sociales que se venían aplicando, lo que implicaba tocar los intereses del 1% más pudiente del país. El gobierno y su partido retrocedieron espantados, sin comprender que podían ponerse al frente las multitudes para desbloquear un sistema político que jugaba a favor de las elites.
Suele sucederle a los que están arriba, que los murmullos de abajo los inquietan, porque sueñan con la paz social para seguir representando a los ausentes. En efecto, la representación es un teatro que sólo funciona si los representados ocupan las sillas para que los representantes se hagan cargo del escenario.
La ultraderecha, sin embargo, supo interpretar las debilidades de la presa (el gobierno del PT), como esos cazadores contumaces, entendió los puntos flacos de la presa (la corrupción) y se lanzó con saña en una guerra de rapiña. Los resultados están a la vista. La izquierda vació las calles en junio de 2013 y se las dejó a una derecha que desde las vísperas de la dictadura (1964) había perdido toda conexión con las multitudes. El PT y el conjunto de la izquierda perdieron la única oportunidad que habían tenido de torcerle el brazo a la derecha y las elites.
Luego vinieron las millonarias manifestaciones contra el gobierno del PT, la ilegítima destitución de Dilma, la multiplicación de los sentimientos contra los partidos y el sistema político y, finalmente, el crecimiento imparable de Bolsonaro. Es cierto que la crisis económica es el telón de fondo de todo este proceso, que polarizó aún más a la sociedad. Pero había otros caminos si la izquierda hubiera dejado los cómodos despachos para aquilatar los verdaderos dolores de la población más pobre.
LA HERENCIA DE LA DICTADURA
Brasil es el único caso en la región en el que no hubo un Nunca Más, ni juicios a los militares y civiles del régimen. Lo peor es que para buena parte de la población —además de las elites por supuesto—, la dictadura fue un buen momento económico y representó el lanzamiento de Brasil como potencia regional.
La dictadura generó importantes inversiones en obras de infraestructura, consiguió un crecimiento económico sostenido en la década de 1960 y comienzos de 1970, hasta que llegó el estancamiento. En el imaginario de muchos brasileños, fue un período positivo, tanto en lo económico como en la autoestima nacional. Fueron los años de oro de la geopolítica brasileña delineada por el general Golbery do Couto e Silva que llevó al país a tener una presencia determinante entre sus vecinos y convertirse en la principal potencia regional, al doblegar a la Argentina en la vieja competencia por la expansión de influencias.
Según el filósofo Vladimir Safatle, “la dictadura se acomodó a un horizonte de democracia formal pero en lo subterráneo estaba allí, presente y conservada. Las policías continuaron siendo policías militares, las fuerzas armadas siguieron intocadas, ningún torturador fue preso y se preservó a los grupos políticos ligados a la dictadura” (Agencia Pública, 9-X-18). En consecuencia, cuando la Nueva república nacida luego de la dictadura (1964-1985) comenzó a naufragar, el horizonte de 1964 reapareció como el imaginario del país deseable, para una parte sustancial de la población.
Como ejemplo de esta realidad, están no sólo las brutales declaraciones de Bolsonaro contra gays, lesbianas, negros e indios, sino las de importantes personalidades del sistema judicial. El nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, justifico días atrás el golpe de Estado de los militares diciendo que prefiere referirse a ese momento como el “movimiento de 1964” (iG Último Segundo, 1-X-18). Safatle asegura que “no conseguimos terminar con la dictadura” y opinó que el PT podría haberlo hecho pero ni siquiera lo intentó, pese a que Lula alcanzó un increíble 84% de aprobación cuando dejó el gobierno.
Otras consecuencias de la continuidad de la dictadura en democracia, es la composición de las instituciones del Estado. En el parlamento los sectores más reaccionarios vienen creciendo de formar sostenida desde 2010 y alcanzaron la hegemonía en 2014. El bloque ruralista que apoya el agronegocio y rechaza con violencia la reforma agraria, cuento con casi 200 diputados, mientras la bancada evangélica oscila en torno a los 76 diputados. La “bancada de la bala” (que defiende la pena de muerte y el armamento de la población) pasó de no tener ningún senador a conseguir 18 sillones de los 54 que estaban en disputa (Uol, 9-X-18).
En el mismo sentido puede registrarse la abrumadora presencia de militares en el equipo de campaña de Bolsonaro, empezando por su candidato a vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que defiende desde la eliminación del aguinaldo hasta una nueva Constitución, pero sin asamblea constituyente. Quizá lo que mejor revela el espíritu de esta ultraderecha, son los pasos dados por Bolsonaro cuando estaba en el proceso de elegir a su vice: uno de los sondeados fue el “príncipe” Luiz Philippe de Orléans e Bragança, descendiente de familia imperial (Carta Capital, 5-VIII-18).
EL FIN DEL LULISMO
El fin del lulismo tiene dos raíces: la crisis económica de 2008 y el nuevo activismo social. La paz social era la clave de bóveda del consenso entre trabajadores y empresarios, así como de un “presidencialismo de coalición” que albergaba partidos de izquierda y de centro derecha, como el MDB de Michel Temer.
Las consecuencias de la crisis económica de 2008, que derrumbó los precios de las commodities y derechizó a las elites, sumada a las jornadas de junio de 2013 que hicieron añicos la paz social, enterraron el llamado consenso lulista. Cuando apenas había inaugurado su segundo gobierno, el 1 de enero de 2015, Dilma Rousseff se propuso calmar al gran capital a través de un ajuste fiscal que erosionó buena parte de las conquistas de la década anterior.
El descontento de la base social del PT fue capitalizado por la derecha más intransigente. Recordemos que Dilma ganó con el 51 por ciento de los votos, pero meses después su popularidad se situaba por debajo del 10 por ciento. Con el ajuste fiscal el PT perdió una base social laboriosamente construida, que se había mantenido fiel al partido durante dos décadas de derrotas, antes de llegar al poder.
Lo cierto es que el lulismo no fracasó, sino se agotó. Durante una década había proporcionado ganancias a la mayoría de los brasileños, incluyendo a la gran banca , que obtuvo los mayores dividendos de su historia. Pero el modelo desarrollista había llegado a su fin, ya que se había agotado la posibilidad de seguir mejorando la situación de los sectores populares sin realizar cambios estructurales que afectaran a los grupos dominantes. Algo que el PT aún se niega a aceptar.
En el terreno político, la gobernabilidad lulista se basaba en un amplio acuerdo que sumaba más de una decena de partidos, la mayoría de centro derecha como el MDB. Pero esa coalición se desintegró durante el segundo gobierno de Dilma, entre otras cosas porque la sociedad eligió en 2014 el parlamento más derechista de las últimas décadas, que fue el que la destituyó en 2016.
Otra consecuencia del ascenso de la derecha más conservadora, es la crisis de la socialdemocracia de Cardoso. El PSDB perdió toda relevancia, así como el MDB y el DEM que eran la base de la derecha neoliberal. El PSDB se formó en 1988 durante la transición a la democracia y la redacción de la Constitución. Junto al PT fueron los rivales más enconados de la política brasileña, pero a la vez era los dos principales partidos capaces de aglutinar una amplia colación a su alrededor, algo que le permitió a Cardoso gobernar entre 1994 y 2002.
Los resultados del candidato presidencial del PSDB, Geraldo Alckmin, el 7 de octubre, de apenas el 4 por ciento de los sufragios, enseñan la crisis del partido histórico de las elites y las clases medias blancas urbanas. Su base social emigró a Bolsonaro, por lo menos en las elecciones federales, aunque aún conserva cierto protagonismo en el estado de São Paulo, donde se asientan sus núcleos históricos. El descalabro de este sector, neoliberal pero democrático, puede tener hondas repercusiones en el futuro inmediato, independientemente de quién gane el domingo 28.
LA IZQUIERDA SIN ESTRATEGIA
Lo que se viene ahora es una fenomenal ofensiva contra los derechos laborales, contra la población negra e indígena, contra todos los movimientos sociales. Con o sin Bolsonaro, porque su política ya ganó y se ha hecho un lugar en la sociedad y en las instituciones. Cuando dice que hay que “poner punto final a todos los activismos en Brasil”, está reflejando un sentimiento muy extendido, que pone por delante el orden a los derechos (Expresso, 8-X-18).
No es un caso aislado. La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, acaba de lanzar su propio exabrupto, esta semana en una entrevista televisada, al vincular los movimientos sociales con el narcotráfico, abriendo de ese modo el grifo de la represión. Se trata de desviar el sentimiento de inseguridad hacia los actores colectivos que resultan obstáculos para implementar medidas más profundas contra las economías populares y la soberanía estatal sobre los bienes comunes.
Sobre el futuro inmediato, el cientista político César Benjamin señala: “Temo que un gobierno de Boslonaro sea peor que el gobierno militar. Hay una movilización de grupos, de masas que lo apoyan, que el régimen militar nunca tuvo. Una vez que llegue a la presidencia, un hacendado de Pará puede entender que llegó la hora de lanzar sus pistoleros, un policía que participa de un grupo de exterminio entenderá que puede ir más lejos”. Concluye con una frase lapidaria: “El sistema vigente de los años 80, especialmente desde la Constitución de 1988, ya no existe más” (Piauí, 8-X-18).
Cuando la izquierda apostó todo a una democracia claramente deficiente, sucedieron dos cosas. Primero, se evidenciaron sus dificultades a la hora de moverse en el borde de los cauces institucionales, como lo hacen todos los movimientos sociales. Hacerlo, significaría poner en riesgo los miles de cargos estatales y todos los beneficios materiales y simbólicos que conllevan. En cierto sentido enseñó su incapacidad de cambiar su estrategia, cuando la derecha sí lo hizo.
Segundo, optar por este camino suponía no tomar en cuenta que para los sectores que la izquierda dice representar, como los jóvenes y las mujeres de las favelas —los más atacados por el sistema del “orden”—, nunca hubo democracia verdadera. Estos sectores se ven forzados a moverse en el filo de la legalidad, porque, usando un concepto de Fanon, en la “zona del no-ser”, donde los derechos humanos son papel mojado, la sensatez les dice que no pueden confiar en las instituciones estatales. La impunidad del crimen de Marielle Franco habla por sí sola.
Limitarse al terreno electoral es suicida para un movimiento de izquierda, cuando del otro lado están rifando las libertades mínimas. Entre la lucha armada de los 60 y la adhesión ciega a elecciones sin democracia, hay otros caminos posibles. Los que vienen transitando tantos pueblos organizados para recuperar la tierra, cuidar la salud, el agua y la vida. Si algo nos enseña el Brasil de estos años, es que hace falta tomar otros rumbos, no limitados a la estrategia estatista, probablemente inciertos, pero que tienen la virtud de abrir el abanico de posibilidades.
EL PROGRESISMO COLAPSADO EN AMERICA LATINA, COMO LA
SOCIALDEMOCRACIA EN EUROPA, ESTÁN DEJANDO LA MESA SERVIDA A
GOBIERNOS ULTRACONSERVADORES Y FASCISTOIDES.
EL CASO DE BRASIL
Alejandro Teitelbaum
El triunfo electoral de la ultraderecha en Brasil obedece a múltiples factores pero el principal
es el fracaso del petismo en la tarea central y prioritaria de transformación de las
estructuras económicas, políticas y sociales del país. Fracaso atribuible –como veremos en
detalle- a que nunca tuvo por objetivo tal transformación, sino que, por el contrario,
contribuyó a su consolidación y afianzamiento. Así es como la brecha entre los más pobres y
los más ricos continuó aumentando: los más ricos continuaron enriqueciéndose y los más
pobres siguieron empobreciéndose.
Incluso los publicitados programas de lucha contra la pobreza y la indigencia fueron una
gota de agua en el océano de pobreza e indigencia que subsiste en el Brasil.
Otros factores son la falta de conciencia de clase de las mayorías populares que éstas no
llegaron a adquirir en razón de los efectos sinérgicos de sus condiciones de vida
1
y de la
influencia de las ideologías socialdemócratas y “progresistas”.
Y, por cierto, contribuyó al resultado electoral el poder intcólume de las clases dominantes
que se ha valido de todos los recursos siempre a su disposición – mediáticos, judiciales,
políticos, económicos, ideológicos, etc.- para asegurar la continuidad del sistema, incluso en
sus formas más aberrantes. Quienes se lamentan de dicho uso ignoran –o simulan ignorar-
que el mismo no es coyuntural, sino que es inherente al sistema dominante. Que incluye la
violencia pura y dura cuando el sistema la considera necesaria para su preservación.
También ha pesado el tema de la corrupción, porque con independencia de la veracidad de
las acusaciones contra Lula da Silva, durante los gobiernos petistas la corrupción –que gozó
de total impunidad- contaminó a todos los poderes del Estado y a todos -o a casi todos- los
partidos políticos. Dilma Roussef no fue destituida acusada de corrupción sino porque
violó
normas fiscales, maquillando el déficit del presupuesto.
Razón más que discutible como
para destituirla, sobre todo con el voto de parlamentarios buena parte de ellos corruptos
notorios, incluido Temer, que la sucedió en la Presidencia.
El argumento de la seguridad influyó asimismo en la decisión de los electores, en un país
donde la delincuencia aumenta como resultado, entre otros, del incremento –sin que se
vislumbren perspectivas de solución- del desempleo y de la pobreza.
I.
Cuando Lula asumió la presidencia de Brasil por primera vez el 1º de enero de 2003 con
el 62% de votos a su favor sorprendió y alarmó a sus partidarios nombrando presidente del
Banco Central de Brasil a
Henrique de Campos Meirelles, que había trabajado en el sector
financiero durante 30 años llegando a Presidente internacional del Banco de Boston en
Estados Unidos, es decir un hombre del riñón del capital financiero transnacional. En 2012
Meireilles volvió al sector privado y cuando Dilma Rousseff fue destituida por la mayoría
corrupta del Parlamento, Temer, el nuevo Presidente, corrupto notorio, designó a Mireilles su
Ministro de Hacienda.
Todo un símbolo de la continuidad del sistema en sus distintas variantes.
Si bien los símbolos pueden tener cierta importancia, para hacer evaluaciones políticas es
mejor conocer la realidad de los hechos económicos y sociales y referirse a ellos a fin de
evitar que las evaluaciones estén contaminadas de subjetividad.
1
Véase mi nota
La esclavitud (asalariada) contemporánea. Un enfoque, entre otros, para tratar de entender la
tragedia barasileña
.
Cabe hacer notar que el perfil sociológico de los votantes indica que en líneas generales
ganó Bolsonaro en las regiones habitadas por las clases acomodadas y los trabajadores industriales y del sector
terciario con mejores salarios. En el Nordeste, la región más pobre del país, ganó ampliamente Haddad, el
candidato del PT. Quizás porque la región fue privilegiada con los programas sociales del PT.
1
II
. Como es sabido, durante los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Roussef funcionaron
los programas de asistencia social “Bolsa Familia”, Hambre Cero y otros y también se
registró un considerable aumento de los salarios mínimos.
Con dichos programas el número de personas que en Brasil viven por debajo de la línea de
pobreza disminuyó de 77 millones en 2003 (44 millones de pobres y 33 millones de
indigentes) a 53 millones (34 millones de pobres y 19 millones de indigentes) en 2008.
El coste del Programa Bolsa Familia fue de 12000 millones de reales (unos 2600 millones de
euros) en 2008 y benefició a 11 millones de familias, especialmente en las regiones
económicamente atrasadas y más pobres del país.
Es un programa de transferencias monetarias. Fue creado en octubre 2003 para beneficiar a
las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir a todas las
familias con renta per capita de hasta 85 reales (USD 27) y las familias que poseen una
renta per capita entre 85,01 reales (USD 27) y 170 reales (USD 53) siempre y cuando
tengan en su núcleo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.
En un trabajo académico sobre la cuestión puede leerse:
“Estudios de evaluación de impacto del PBF muestran alcances positivos sobre el ingreso
de los pobres, el mantenimiento de los niños en la escuela y un menor abandono escolar.
Los resultados permiten concluir que el objetivo a corto plazo del Programa fue atendido en
la medida en que: i) llega a los pobres, debido a que la distribución territorial entre beneficios
y familias pobres está vinculado, pero con sobrerrepresentación en la región Nordeste y
entre los beneficiarios urbanos; ii) incide positivamente sobre la reducción de la pobreza y el
grado de desigualdad en la distribución de la renta per cápita de los hogares; iii) las familias
beneficiarias siguen la tendencia nacional de aumento en el consumo de todos los grupos
de alimentos, pero entre las familias beneficiarias más pobres, se identifica un mayor
consumo relativo de cereales, arroz y frijoles; iv) entre los beneficiarios no se observa la
disminución de la oferta de trabajo o el abandono del trabajo, excepto durante 2 horas
semanales en media entre madres con hijos pequeños; v) entre los niños se produce una
mayor frecuencia en la matriculación escolar y menor ausencia en la escuela… Un estudio
reciente indica que el PBF no redujo el nivel de desnutrición infantil. Cabe destacar que el
Programa no fue eficaz en la reducción del trabajo infantil, principalmente porque no incidió
en la ampliación de la jornada escolar. Escribe la autora de este estudio en las
Conclusiones: Debe ser destacado que la distribución de la renta del trabajo tiene que ser
analizada con cautela, pues Brasil es aún uno de los países con mayor concentración de
ingresos y desigualdad social del planeta. Por un lado no se dieron cambios estructurales en
la distribución de la renta. Es decir, la distribución fue motivada más por los aumentos reales
de la renta en los estratos inferiores que por la desconcentración en los primeros estratos
superiores. Por otro, se observa el mantenimiento de la concentración funcional de la renta,
debido principalmente a la alta remuneración del sector financiero desde 1994 y la elevada
carga tributaria del gobierno. El sostenimiento de un conjunto de políticas redistributivas
consistentes, integradas y complementarias, como la construida por los últimos gobiernos,
demanda capital y una articulación política continuada. La estrategia distributiva puede
derivar en rechazo, sobre todo si el crecimiento económico se produce en tasas
insuficientes para disminuir la deuda pública en relación al Producto Interior Bruto (PIB). La
crisis económica mundial no está superada, las relaciones entre China y Estados Unidos
son conflictivas, un tropiezo de las exportaciones brasileñas y/o la interrupción/atraso de las
inversiones pueden deshacer el proceso de crecimiento y restringir el desarrollo de las
políticas redistributivas”.
(Brasil, un caso reciente de crecimiento económico con distribución
de renta, Cacciamali, María Cristina (Universidad de Sao Paulo, Brasil. Revista de Estudios
Empresariales. Segunda época. Número: 1 (2011). Páginas: 46 – 64).
Según datos más recientes que forman parte del estudio Síntesis de Indicadores Sociales
2017, elaborado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), con base en
un amplio sondeo realizado en miles de domicilios en 2016, unos 52 millones de brasileños
viven por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 13,4 millones están en situación de
indigencia.
2
El ritmo de disminución de la pobreza y de la indigencia se desaceleró considerablemente –
más bien se estancó- en el periodo 2008/2016 con respecto al período 2003/2008:
en el
período 2003/8 la cantidad de pobres e indigentes disminuyó en 24 millones (de 77 millones
a 53 millones. En tanto que que en el período 2008/16 la cantidad de gente viviendo por
debajo de la línea de pobreza y de indigentes disminuyó en un millón: de 53 a 52 millones.
Pero dentro de esa cifra el número de indigentes disminuyó en 5,6 millones. De modo que si
las cuentas son buenas, entre 2008 y 2016 el número de gente viviendo por debajo de la
línea de pobreza aumentó en unos 4 millones.
Y desde que asumió la presidencia Michel Temer el número de indigentes también volvió a
crecer.
En 2018 hubo un aumento del monto de la bolsa familia del 5,67%, cuyo monto actualmente
varía desde un básico de 85 reales (20 euros, 8% del salario mínimo) hasta un máximo de
390 reales (unos 88 euros, un tercio del salario mínimo), según la composición de la familia
y la escolaridad de los hijos (Véase
https://www.mixvale.com.br/2018/05/08/tabela-dos-
novos-bolsa-familia/
).Lo cual alcanza para que las familias más pobres consuman un poco
más de alimentos básicos, como arroz y frijoles. Hay que tener en cuenta que la canasta
básica de alimentos tiene un costo de alrededor de 400 reales.
En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), que cuando asumió Lula da Silva en
2003 era de 230 reales equivalentes a 62 euros, ascendió rápidamente hasta llegar en 2012
a 622 reales, equivalentes entonces a 257 euros y desde ese año disminuyó ligeramente,
siendo sus peores años 2014 (222 euros) un año antes de la destitución de Dilma Rousseff
y 2016 (204 euros, unos 900 reales) ya con Michel Temer en el Gobierno. Y es de 954 reales
en 2018.
En este último año la canasta básica familiar se estima en 1400 reales. Es decir que el
salario mínimo cubre sólo el 70% de la canasta básica. (Ver:
https://datosmacro.expansion.com/smi/brasil
).
El costo de la canasta básica varía según las ciudades y regiones. A mediados de 2018, la
canasta básica familiar de alimentos más alta era la de Río de Janeiro, estimada en
(R$
446,03), seguida por Florianópolis (R$ 441,62), São Paulo (R$ 441,16) y Porto Alegre (R$
437,73). Los costos más bajos se registraron en Salvador (R$ 327,56) y Recife (R$
336,36).
(Ver:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/custo-da-cesta-
basica-sobe-em-18-capitais-e-mais-cara-e-do-rio
) .
Otra fuente indica que en 2017 sobre una lista de 16 países de América Latina y el Caribe
referida a la relación entre el salario mínimo y la canasta básica familiar
Brasil ocupa el décimo lugar. Con un salario mínimo se puede adquirir el 90 % de una
canasta básica familiar, pues el
salario mínimo en dólares era 283 en 2017 y el mismo año
el costo de la canasta básica familiar era, en dólares, 314. (Ver:
http://www.miuracapital.com.pa/salarios-minimos-en-latinoamerica-en-que-pais-permite-un-
mayor-poder-adquisitivo/
).
Casi 45 millones de personas en
Brasil
, que son un poco más de la mitad de la masa
trabajadora, reciben el salario mínimo. La pobreza se mide en relación con el costo de la
canasta básica familiar e individual. La desigualdad con la distribución de los ingresos. No
hay una relación lineal entre ambos. Así es como hay países pobres muy desiguales o
menos desiguales, hay países de ingresos entre medianos y bajos, como Brasil o de altos
ingresos, como Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad.
Medida la desigualdad con el coeficiente de Gini (0= igualdad perfecta
; 100=desigualdad
máxima), Brasil está entre los seis países más desiguales de América Latina
:
Honduras
53,7
; Colombia
53,5
;
Brasil
52,9
; Guatemala
52,4
; Panamá
51,7
; Chile
50,5
.
Como comparación Noruega, que es uno de los países más igualitarios, tiene un coeficiente
de Gini de 25,9 y el más desigual, Sudáfrica, un coeficiente de 63,4. Brasil, que antes de los
gobiernos petistas tenía un coeficiente de Gini similar al actual de Sudáfrica, está sin
embargo ahora mucho más cerca de Sudáfrica que de Noruega.
Además en Brasil, la desigualdad entre los salarios más altos y los más bajos está entre las
más altas del mundo, según el Informe Mundial sobre Salarios 2016 / 2017 de la OIT.
3
(Véase la página 45 del Informe
:
Cuadro 2 Diferentes medidas de la desigualdad en países
en desarrollo seleccionados, 2010 Distribución salarial acumulada Proporción entre deciles
).
Dicho de otra manera con el salario mínimo y los planes sociales, a un tercio de la
población de Brasil le alcanza apenas para comer y sigue casi totalmente excluida de los
otros bienes y servicios, tales como vivienda adecuada, salud, escolaridad completa,
vestimentas, entretenimientos, etc. que forman parte de la denominada canasta básica
familiar, además de los alimentos.
Mientras, los más ricos y las clases altas continuaron enriqueciéndose:
en 2006 el 5% más
rico acaparaba el 40% del ingreso total y en 2012 había aumentado esta participación al
44%
.
Según Forbes de las diez fortunas personales más cuantiosas de América Latina cinco
pertenecen a brasileños, la menor es de 6200 millones de dólares y la más alta es de 27.000
millones. Los cinco totalizan un patrimonio de 75 mil millones de dólares.
(
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/quienes-son-diez-personas-ricas-america-latina.html
).
Otras estadísticas (ver
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45885044
)
indican que hay en Brasil 659 multimillonarios poseedores cada uno de un patrimonio
superior a los 50 millones de dólares de los cuales 63 «
valen
» más de 500 millones.
Grosso modo se puede estimar que algo más de 600 multimillonarios brasileños acumulan
una fortuna superior a los 100.000 millones de dólares. A comparar con el programa Bolsa
Familia de 2008 que benefició a 11 millones de familias y significó una inversión de unos
3000 millones de dólares. Es decir algo así como el 2,5% del patrimonio de los 659 grandes
multimillonarios brasileños. Pero la Bolsa Familia se financió con fondos públicos y
contrayendo deudas con el Banco Mundial. No con un impuesto a las grandes fortunas.
De modo que si bien los datos estadísticos varían según los enfoques y los métodos
utilizados por sus autores, la tendencia general que surge de ellos es la misma: la brecha
entre los más ricos y los más pobres continuó profundizándose con los gobiernos petistas y
en los últmos años de la presidencia de Dilma Rousseff, los pobres se empobrecieron aún
más, entre otras razones, a causa de la inflación y del incremento de la desocupación.
Para ver claro por qué, hay que estudiar en ese período no sólo los elementos coyunturales
señalados hasta aquí sino los estructurales, en materia de industria, de servicios, del sector
agrario y de las finanzas.
Cosa que los analistas y otros opinólogos, incluídos los progresistas y los de izquierda, en
general no hacen.
III
. En un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro,
publicado a comienzos de 2002 (según un resumen publicado en el diario
Folha de San
Pablo
del 10 de febrero de 2002, página B1) se señalaba que:
“La desnacionalización de la industria brasileña dio un salto en el decenio de 1990. El capital
extranjero, que correspondía al 36% de la facturación de los 350 mayores grupos del país
en 1991, pasó al 53,5% a fines de 1999. La participación extranjera en la facturación de las
mayores empresas del país aumentó 146% entre 1991 y 1999. La inversión extranjera
contribuyó a hacer más eficientes a las empresas brasileñas, pero no ayudó al país a
ampliar su mercado interno ni a aumentar su participación en el mercado externo”.
“Según el mismo estudio -sigue diciendo el artículo de la
Folha de San Pablo
– el capital
externo creció pero en el sector servicios. La inversión extranjera, más que expandir la
capacidad productiva, sustituyó a la inversión nacional, colaboró para aumentar el déficit
externo y no contribuyó a hacer del país un gran exportador de productos manufacturados”.
(Citado en la nota 9, página 22 de nuestro libro
La armadura del capitalismo
, Editorial Icaria,
España, año 2010).
Brasil es la octava economía del mundo. Tras casi una década de fuerte crecimiento (2002-
2013), Brasil sufrió la peor recesión de su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y 2016 (-3,6%).
Esta crisis económica se debió a la caída de los precios de las materias primas y una caída
del consumo y la inversión. En 2017, la economía se recuperó y el PIB fue de 0,7%. Basada
en el incremento de las exportaciones agrícolas.
4
Pese a contar con un importante sector industrial (en declinación), mayoritariamente de
capital extranjero, el grueso de las exportaciones de Brasil consiste en productos agrícolas e
industrias extractivas primarias.
El sector terciario representa más de 73% del PIB y emplea a tres cuartos de la población
activa. En trabajos sin calificación hasta muy calificados, con salarios muy desiguales y
donde abundan contratos temporarios.
La economía de Brasil se dirige a su recesión más profunda muchos años a medida que la
actividad económica se debilita.
Los principales impulsores de la crisis brasileña han sido la caída de los precios de las
materias primas, que han perdido más del 50 por ciento de su valor desde 2011 como
resultado de la desaceleración de la demanda de China. A su vez, el fortalecimiento del
dólar en el mercado mundial, que atenta contra las balanzas comerciales del resto del los
países; la devaluación del yuan, principal moneda de sus exportaciones y, por supuesto, la
crisis política interna de Brasil. Como resultado, la octava economía del mundo se enfrenta a
una inflación de dos dígitos, al aumento del desempleo y a una caída de la demanda interna
que golpea todos los sectores.
La imparable caída de los precios y del valor de las exportaciones ha provocado una
depreciación del real del 60 por ciento. Esto obligó al Banco Central a elevar la tasa de
interés hasta el 14,25 por ciento para controlar la inflación que llegó a los 2 dígitos a fines
del año pasado. Como siempre, las altas tasas de interés han generado suculentas
ganancias para el sector financiero pero ha mermado el ingreso de los brasileños por el
altísimo costo de los créditos. Esta ha sido la principal causa de la disminución del consumo
interno que acelera el proceso de contracción económica. Asimismo, si bien la deuda pública
de Brasil llega al 66 por ciento del PIB y está comparativamente lejos de la deuda publica de
Grecia (180 por ciento del PIB) o Japón (230 por ciento del PIB), son los altos intereses que
paga Brasil los que lo sumergen en una depresión más sombría.
(Ver:
https://www.elblogsalmon.com/economia/brasil-se-enfrenta-a-su-peor-y-mas-larga-recesion-
en-115-anos
).
El
informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo,
UNCTAD, de 2016, indicaba que la industria brasileña, que había conocido un fuerte
desarrollo, estaba declinando ya hacía unos años, pues a comienzos de la década de 1970
la participación de las manufacturas en la generación de empleo y valor agregado en Brasil
correspondía al 27,4%, en valores de la época, mientras que en 2014 esa participación cayó
al 10,9%.
El conjunto de factores que colaboraron para esta tendencia fue observado en toda América
Latina, pero Brasil, por su tamaño e importancia es el más significativo caso de
desmantelamiento precoz de la industria. “Todo el sistema que tenía por objetivo
industrializar el país entró en colapso”, dijo a la BBC Brasil Alfredo Calcagno, jefe del
departamento de Macroeconomía y Políticas de Desarrollo de la UNCTAD.
En la evaluación de la UNCTAD y de los entrevistados por el reportaje, el proceso se inició
con los choques económicos vividos por el mercado nacional en los años 1980, se
intensificó con la apertura comercial a principios de los años 1990, seguido por el abandono
de las políticas desarrollistas y el aprovechar de la tasa de desempleo como herramienta
para combatir la inflación.
Después, la desindustrialización fue favorecida por reformas liberalizantes del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial y, más recientemente, por la pauta exportadora
enfocada en “commodities”.
“El camino hacia la industrialización de Brasil fue claramente interrumpido”, afirmó a la BBC
Brasil Paulo Francini, director de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de São
Paulo).
5
La desindustrialización es considerada precoz por la UNCTAD cuando una economía no
llega a alcanzar todo su potencial productivo manufacturero y, en lugar de evolucionar hacia
la industria de servicios con alto valor agregado – sector terciario -, retrocede a la agricultura
o cae en la informalidad.
Brasil, en el caso, siempre tuvo una fuerte producción agrícola (sector primario), cuya
riqueza a partir de los años 1930 fue canalizada para incentivar el desarrollo de una
industria nacional (sector secundario) por medio de planes estatales.
Para muchos economistas, la maduración económica de un país, desde el sector primario
hasta el terciario, pasa necesariamente por la etapa del desarrollo industrial, que permitiría
la acumulación de capital y conocimiento productivo necesarios para sostener la transición
hacia empleos con mayor sofisticación intelectual y más productivos.
(Ver:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37432485
.
Brasil passa por desindustrialização
precoce, aponta pesquisa da ONU).
IV
.
La cuestión agraria.
El 2 de julio de 2003, el MST envió una carta a Lula, conteniendo una propuesta de reforma
agraria, incluyendo el asentamiento de un millón de campesinos sin tierra en el periodo de
2003 a 2006, con un programa de créditos especiales para la reforma agraria, asociar la
reforma agraria a un masivo programa de educación en el campo, intensificando la campaña
para la erradicación del analfabetismo en las áreas de establecimientos rurales, siendo
necesario asignar más recursos financieros al MEC (Ministerio de Educación) para ese
propósito; promocionar un programa de entrenamiento profesional que involucrase 20 mil
jóvenes y adultos de las áreas de establecimientos y campamentos, combate contra la
impunidad de los asesinatos cometidos en el campo (aprobando el proyecto de enmienda
constitucional que transferiese la competencia de investigar y procesar los crímenes contra
los derechos humanos); determinar la investigación contra los «fazendeiros» que usan
milicias armadas, incitan la violencia y el crimen y mantienen vínculos con el tráfico de
drogas y el contrabando de armas. La propuesta del MST se manifestaba contraria a la
autorización de la plantación y la comercialización de los productos transgénicos, a favor de
un nuevo modelo agrícola para la generación de trabajo, la producción de alimentos para el
mercado interno, por la soberanía alimentaria y, en general, por la valorización de la vida en
el campo.
Como respuesta, en septiembre de 2003 perdieron sus puestos varios funcionarios del
gobierno ligados al MST, incluido el presidente del INCRA.
En 2003, los movimientos agrarios habían requerido al Gobierno de Lula el establecimiento
de 400 mil familias sin tierra. El gobierno dijo inicialmente tener capacidad para asentar 140
mil familias en su primer año, después bajó la promesa a 60 mil familias. Terminando el año,
sin embargo, habia poco más de 20 mil familias asentadas. Del presupuesto destinado a la
reforma agraria fue cortado el 65 % como parte de su política de “superavit primario” para
garantizar el pago de la enorme deuda pública (principalmente interna). A finales de 2005,
sin embargo, la “redistribución de tierras” estaba paralizada en Brasil, evaluaron los 45
movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales del Foro Nacional por la
Reforma Agraria y la Justicia en el Campo. La acción del gobierno en esa área se redujo a
“un mero programa de asentamientos”, en cantidad inferior a la prometida,
que no
cambiaba el cuadro brasileño de concentración de la tierra ni daba lugar a la
expansión de la agricultura familiar y campesina
. Refiriéndose a 2005, dijo el secretario
ejecutivo (viceministro) del Ministerio de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel: “este fue el
mejor año de la reforma agraria en la historia de Brasil se entregaron tierras a 111.200
familias desde el inicio del año”.
Joao Pedro Stédile, del MST, lo refutó afirmando que, al contrario, el gobierno estaba
usando “los mismos fraudes” de la administración anterior, contando como nuevos
asentamientos la simple regularización de familias ya asentadas o la sustitución de las que
abandonaron la tierra recibida: la mayoría de las familias quedaron aisladas en la Amazonia,
6
“viviendo en pésimas condiciones” y sin posibilidad de producir ni de vender sus cosechas.
No se están cumpliendo los principales puntos acordados en mayo entre el Gobierno y el
MST, como la meta cuantitativa y la prioridad para los grupos familiares que viven
acampados. Según el MST, hay 140.000 familias de campesinos sin tierra viviendo en
campamentos precarios, en carpas de plástico al borde de carreteras o en predios
ocupados, a la espera de que el gobierno les asigne una parcela. Según el Gobierno, cerca
de 20.000 familias asentadas este año provienen de los campamentos controlados por los
movimientos campesinos.
En los dos primeros años del gobierno de Lula, 2003 y 2004, el Instituto de Colonización y
Reforma Agraria anunció haber asentado a 117.555 familias. Aun cumpliendo la cuota de
ese año, quedarían más de 160.000 familias para alcanzar la meta en 2006, de lo que no se
está ni cerca. Durante los ocho años en que gobernó Fernando Henrique Cardoso (1995-
2003) se asentaron oficialmente 524.000 familias, un dato también cuestionado por el MST.
“Este gobierno no logra promover una verdadera reforma agraria porque le da más
importancia al agronegocio exportador y se ha sometido a los grandes terratenientes
y adoptado una política económica que favorece al sector financiero, a las empresas
transnacionales y a la gran agricultura de monocultivos”,
dijo un documento oficial del
movimiento campesino. (Véase: de Osvaldo Coggiola (Universidade de São Paulo)
La
cuestión agraria en Brasil
,
http://www.rebelion.org/docs/39143.pdf
).
En 2017 la FAO informaba que Latinoamérica es la región con la distribución de la tierra más
desigual del planeta (
https://www.dw.com/es/latinoam%C3%A9rica-es-la-regi%C3%B3n-con-
la-distribuci%C3%B3n-de-la-tierra-m%C3%A1s-desigual-del-planeta/a-38316653
).
Según la FAO, la región supera ampliamente a Europa, África y Asia, con 0,79 en el
coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en una escala del 0, “total igualdad”, al 1, “total
desigualdad”) aplicado a la distribución de la tierra.
Por su parte, en el mismo coeficiente Europa registra un 0,57, África un 0,56 y Asia un 0,55.
En Suramérica la desigualdad es aún mayor que el promedio regional (alcanzando un
coeficiente Gini de 0,85), mientras que en Centroamérica es levemente inferior al promedio,
con un coeficiente de 0,75.
Brasil tiene, en materia de desigualdad agraria, uno de los coeficientes de Gini más
elevados en Sudamérica con 0,854 en 2012 después de nueve años de gobiernos petistas.
En un detallado estudio de 62 páginas publicado en 2012 sobre la cuestión agraria en Brasil
titulado
Gobernanza de la tierra en Brasil Estudio geo-histórico de la gobernanza de la tierra
en Brasil
por Bernardo Mançano Fernandes, Clifford Andrew Welch, Elienai Constantino
Gonçalves. (
http://www2.fctunesp.br/nera/ltd/governanza_tierra_brasil-bmf_caw_ecg.pdf
)
puede leerse
:
«Brasil es un país del tamaño de un continente, el quinto mayor del mundo. Según el
Instituto brasileño geográfico y estadístico (IBGE), tiene una superficie de 8.5 millones de
kilómetros cuadrados. El potencial agropecuario de este vasto territorio es enorme pero así
son también sus desigualdades. Entre éstas se encuentra una de las estructuras de
tenencia de la tierra más concentradas, que llega al 0,854 del índice Gini (un 1.0 indicaría
máxima desigualdad, en la que un individuo o empresa lo poseería todo), con las grandes
empresas nacionales y transnacionales como propietarias de la parte del león. Estas
empresas controlan las políticas de desarrollo económico, disfrutan de la mayoría del crédito
agrícola, monopolizan los mercados a todos los niveles y definen las tecnologías
productivas. Al producir, de manera preponderante, productos básicos, los intereses de la
agroindustria en Brasil constituyen un poder hegemónico que determina la planificación
agraria y relega a los pequeños agricultores, que son precisa e irónicamente quienes
producen la mayoría de los alimentos destinados al mercado interior, a un papel
subordinado. Como principal productor de soja, café, azúcar, carne de vacuno, pollo,
legumbres secas, naranjas y tabaco, Brasil es uno de los países agrícolas más importantes
(Welch 2006a). Tiene una superficie total de 851.487.659 hectáreas, pero durante el período
1996-2006 sólo se utilizaron para la agricultura 330 millones de hectáreas, según el censo
agrícola más reciente (IBGE 2009a, 2009b). Durante el período 1975-1985, la superficie
7
cultivada fue mayor, con un total de 375 millones de hectáreas. Esto significa que en
cualquier caso, en esos 20 años, Brasil utilizó entre el 39 y el 44 por ciento de su territorio
para la agricultura, una de las mayores proporciones de tierra cultivada entre las naciones
del mundo. Las persistentes desigualdades rurales se vuelven dramáticamente evidentes al
comparar la agricultura familiar con las empresas agroindustriales. El censo de 2006 contó
5.175.489 establecimientos agrícolas (familiares o empresariales) de los que el 84,4 por
ciento (4.367.902) eran unidades familiares y el 15,6 por ciento (805.587) eran explotaciones
empresariales. La superficie total de las unidades familiares era de 80.250.453 hectáreas
mientras que las grandes empresas representaban 249.690.940 hectáreas. Según el censo
de 2006, si bien la agroindustria utilizó el 76 por ciento de la superficie cultivada, el valor de
su producto anual bruto fue sólo del 62 por ciento (44.500 millones de dólares) del total de la
producción, mientras que los agricultores campesinos o familiares fueron responsables por
el 38 por ciento (27.000 millones de dólares) de valor anual bruto aunque sólo utilizando el
24 por ciento de las tierras agrícolas. Estadísticas adicionales revelan mayor desigualdad.
Aunque los campesinos utilizaron sólo el 24 por ciento de la superficie agrícola, emplearon
un 74 por ciento de individuos con un compromiso económico en el sector (12.322.225
personas), mientras que el segmento agroindustrial más rico dio empleo al resto del 26 por
ciento (4.751.800 personas). Esto significa que cada 100 hectáreas de tierra de la
agroindustria han sostenido como promedio a dos personas, mientras que la misma
superficie de tierras campesinas ha sostenido en torno a 15 personas. Las relaciones de
empleo son significativamente distintas en ambos sectores ya que la mayoría de los
trabajadores campesinos son miembros de la familia, que viven en las explotaciones,
mientras que la mayoría de los empleados de la agroindustria son trabajadores temporales o
a jornada parcial que no viven en las explotaciones sino en zonas urbanas
» (págs. 11 y 13).
V. El capital financiero.
Bruno Lima Rocha (
http://www.alterinfos.org/spip.php?article6559
) escribe acerca de la
lógica rentística en Brasil:
«
En Brasil, el capital financiero opera por dentro del presupuesto del Estado, tasando el
valor de la riqueza y consumiendo el volumen de impuestos recogidos por la Unión.
El gobierno federal concentra en torno al 66% del total impositivo logrado por la
recaudación. De los órganos en Brasilia este presupuesto es compartido a través de
rúbricas y destinos diversos. En este laberinto kafkaniano que es la pieza presupuestaria
federal, los estados y municipios reciben poco y casi siempre el envío del presupuesto tiene
que ser acompañado de contrapartidas y justificaciones en formato de proyecto. Como la
mayor parte de las administraciones municipales ni siquiera tiene condiciones para operar
una oficina de proyecto, esto genera una economía paralela de servicios, donde operadores
tercerizados “aprueban y venden” su proyecto tanto a municipios como para firmas de
enmiendas parlamentarias. Aun así, el nivel básico de gobierno (los 5564 municipios) vive
de limosnas y podría recibir más del doble de los presupuestos si no hubiera dos barreras.
La primera barrera sangra directamente al Tesoro Nacional. Sería simplemente
revolucionario colocar contra la pared a la plantilla de capitalismo rentista, donde el pago de
la deuda pública consume más del 42,04% de los presupuestos federales. En la previsión
para el año de 2014, esto implicaría casi la mitad de los R$ 2.383 millardos a ser gastados
(o invertidos) por la Unión este año. Esta deuda quema por día R$ 4 mil millones de reales,
cuyo destino principal es la caja de los compradores de títulos públicos, en su mayoría
bancos o fondos de inversión, incluyéndose los fondos de pensión. Sólo en la ejecución
presupuestaria de 2014, según la Auditoria Ciudadana de la Deuda, el país gastó más de
R$ 203 millardos, cerca de 65% de los gastos federales hasta el segundo mes del año. La
segunda barrera es la odiosa DRU (Desvinculación de las Recetas de la Unión), ley que
regularmente retira recursos de la sanidad, salud, educación e infraestructura para
“contingencias”; buena parte de las veces esta ocurre a favor de los financistas. La DRU era
provisional y fue creada en 1994, con el justificativo de intentar mantener la estabilidad
macro económica. Viene siendo prorrogada –generalmente por consenso– en el Congreso
en los últimos 20 años. Con la DRU, el Ejecutivo puede asignar libremente 20% del
8
presupuesto anual, vaciando la capacidad de inversión del país, que no pasa de un irrisorio
18% al año, contra una media del 25% de los demás miembros de los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica).
Conclusión. Si todo lo que es sólido se deshace en el aire, es porque en la economía real,
alguien hace que la riqueza se evapore y se haga un dígito rescatable, en algún paraíso
fiscal. A través del casino financiero, se regulariza el espolio sobre el trabajo colectivo.
El poder de los bancos sobre la economía real brasileña a
demás de los intereses sobre el
presupuesto –con la capacidad de financiarización de sacar casi la mitad del presupuesto
del gobierno– tenemos la presencia del sector de los bancos sobre la economía real
brasileña. Resalto que la crítica se presenta sobre los elementos de continuidad de la era
Fernando Henrique Cardoso perpetuados en el periodo Lula-Dilma (iniciado en 2003).
Reconozco que para el patrón mundial del capitalismo Brasil tiene reglas relativamente más
duras y un sistema financiero comparativamente más estable, pero es sólo esto».
Sigue el artículo de Lima Rocha con los datos de las ganancias de los Bancos en Brasil en
2013.
VI. En resumen.
Como decíamos al comienzo de esta nota,
el PT nunca tuvo por objetivo
realizar las transformaciones estrucurales necesarias como para producir un cambio social
a favor de los explotados y oprimidos sustentable y duradero:
a)
una reforma agraria profunda a fin de asegurar la expansión del empleo en el campo,
elevar el nivel de vida de los trabajadores rurales y así suprimir el principal motivo del éxodo
a las ciudades, asegurar el abastecimiento de alimentos a nivel nacional, poner freno al
desastre ecológico provocado por la tala masiva de árboles con destino a la exportación,
etc.
Todo ello una etapa imprescindible para poner en marcha un proceso de desarrollo armónico
de la economía brasileña en todos sus niveles, de eliminación de la pobreza y de la extrema
pobreza y de las profundas desigualdades sociales.
b)
Suprimir la extrema vulnerabilidad de la economía brasileña (actualmente basada en
buena parte en la exportación de «commodities») a los vaivenes de la economía
transnacional, autocentrando la misma en la producción y el consumo nacional de bienes y
servicios. Y muy particularmente, romper las fuertes ataduras y subordinación al capital
financiero nacional y transnacional especulador y parasitario. Y romper las ataduras con los
representantes de este último, el FMI y el Banco Mundial.
Este fracaso del «progresismo», en Brasil como en otros países, abre grandes las puertas a
gobiernos ultraconservadores y fascistoides que aprovechan la frustración y la
desesperanza de la gente, deslumbrada y enceguecida por las promesas brutales de un
gobierno «fuerte» que resolverá todos los problemas.
OCTUBRE, 2018. RESISTAMOS UNIDOS AL FASCISMO SIGLO XXI ¡¡¡VIVAN LOS DDHH ¡¡¡