A partir de la decisión del Gobierno de devolverles la diferencia por la devaluación ocurrida en los últimos tiempos a las empresas energéticas –primero por parte de los usuarios y luego en forma directa de los recursos del Estado Nacional–, resulta interesante analizar qué ocurriría si el mismo criterio se aplicara a los beneficiarios de la seguridad social.
- La jubilación mínima. Desde principios de la década del ‘90 hasta el año 2002, producto de la privatización del sistema, el haber mínimo previsional se mantuvo inalterable en 150 pesos/dólares. En el 2015 la mínima se transformó en $ 4299, equivalentes a U$S 456.
A partir de la llegada al Gobierno de un nuevo proceso neoliberal conducido por el presidente Macri, comenzó un camino de deterioro del sistema previsional argentino sin precedentes en nuestra historia. Entre mañas y artimañas se destruyó el haber de los beneficiarios del sistema de seguridad social, así:
En primer término, la Ley de Reparación Histórica creó una nueva prestación en reemplazo del plan de inclusión jubilatoria, a la que llamó Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficio que se paga a los 65 años (por lo que se corrió la edad de las mujeres más vulnerables en 5 años), pero además el haber es el 80 por ciento de la jubilación mínima, eufemismo que significa bajar el mínimo previsional en un 20 por ciento. Tanto es así que, en este momento, ya cobran esta prestación alrededor de 100 mil personas y con el correr del tiempo la cobrarán millones. Cabe destacar que el monto del haber de la PUAM es de $ 6904: efectivamente, aunque parezca increíble, la verdadera prestación mínima previsional es hoy de $ 6904 equivalentes a U$S 181,68.
A fines de 2017, en el marco de un fenomenal escándalo, se modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria. En ese momento, además de destruirse el sistema de movilidad, se crearon dos categorías de jubilados, aquellos “de la moratoria” como despectivamente los denominan, que serían algo así como jubilados de segunda, y el resto que serían los jubilados de primera. A los primeros les corresponde el haber mínimo jubilatorio, de $ 8630, equivalentes a U$S 227, mientras que al resto les corresponde el 82 por ciento del haber mínimo vital y móvil (que hoy, merced al decretazo de Triaca, alcanza los $ 10.700), es decir $ 8774, equivalentes a U$S 230,90.
Ahora bien, qué pasa si para poder comparar llevamos todas estas prestaciones a pesos, considerando el valor actual del dólar es decir $ 38 por cada unidad: la Mínima de la convertibilidad sería $ 5700; la mínima kirchnerista $ 17.328; mientras la mínima macrista PUAM $ 6904.
Como queda claro, según los datos oficiales, el real haber mínimo previsional, en menos de tres años de neoliberalismo, pasó de lo que equivaldría hoy a $ 17.328 a $ 6904, es decir una pérdida real del 60,14 por ciento.
- La jubilación media. Según el libro estadístico que publica la Anses, el haber medio a noviembre de 2015 era de $ 5854 lo que equivalía a U$S 616, mientras que en la actualidad el haber medio está en $ 13.054 lo que equivale a U$S 343. Es decir, un 44,20 por ciento inferior al haber medio de 2015 actualizado.
Pero lo más sorprendente es que en el haber medio actual está incluido el gasto de toda la reparación histórica (incrementos de haberes, retroactivos, etc.), pero, además, usaron como pretexto a la reparación histórica para consumirse los U$S 11 mil millones del blanqueo. En otras palabras, para perder el 44,20 por ciento del poder adquisitivo de los beneficios previsionales el Gobierno gastó 11 mil millones de dólares extra del presupuesto.
- La jubilación máxima. En noviembre de 2015 era de $ 31.495, lo que representaba U$S 3315. En la actualidad es de $ 63.277, lo que equivale a U$S 1665.
En consecuencia, si lo transformamos en pesos actuales (a $ 38 por unidad) la jubilación máxima sería: en la etapa kirchnerista $ 125.980. En la actualidad $ 63.277. Pero insólitamente durante el kirchnerismo pagaban Ganancias –según datos presentados por el Jefe de Gabinete– 117.609 jubilados, mientras que actualmente lo hacen 273.405.
- Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El 30 de junio de 2009, cuando se contabilizaron la totalidad de los fondos de las viejas AFJP, el FGS alcanzó los U$S 30.147 millones. En noviembre de 2015 el monto acumulado se había más que duplicado y alcanzó los U$S 66.538 millones. Al 30 de septiembre de este año el monto en pesos alcanzó los $ 1.419.880 millones, a esa fecha el dólar cotizaba a $ 41,5 por unidad, en consecuencia el equivalente era U$S 34.214 millones.
Por lo tanto, los U$S 66.538 millones pasaron a ser U$S 34.214 millones, lo que representa una pérdida neta en dólares de U$S 32.324 millones, a lo que habría que sumarle los U$S 11.000 millones del blanqueo adicionales que deberían haber sido contabilizados en el FGS, pero por imperio de la alquimia macrista se contabilizaron separados, así no era necesario rendir cuentas.
- Lo que viene. Este fin de semana nos enteramos que Lagarde ordenó que en 2019 “tengamos reforma” y ya podemos decir que lo que nos espera es: eliminar la movilidad; la destrucción final del FGS; bajar la PUAM al 70 por ciento; eliminar el régimen especial para científicos y docentes; aumentar la edad jubilatoria; modificar el sistema de cálculo del haber inicial; y, por supuesto, la vuelta de las AFJP.
- Conclusión. En tres años asistimos al derrumbe de la seguridad social Argentina. En Grecia, en ocho años y con la intervención despiadada del FMI, las jubilaciones y pensiones se vieron reducidas en un 40 por ciento. En nuestro país, algo similar ocurrió en solo tres años. Nada de esto sería posible si tuviéramos una administración de Justicia independiente del poder político de turno, con magistrados probos y no con genuflexos y cobardes. ¿Qué puede ser más enaltecedor para un magistrado que reaccionar con todo el peso de la ley cuando un derecho humano está en juego? Lamentablemente, para los jueces de la seguridad social Argentina es más importante cuidar sus privilegios que defender a los ciudadanos, pero la historia los condenará. Algún día no muy lejano, sabremos cómo se imaginó tanto desastre y, como en la canción de Pablo Milanés, “pagarán su culpa los traidores”.
Miguel Ángel Fernández Pastor es abogado especialista en temas previsionales.