El 2019 comienza con reclamos del 2018 para los profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. La CICOP demanda que la gobernadora María Eugenia Vidal convoque a la paritaria final 2018 tal como se comprometió, para tratar salarios, becarios y seguridad laboral, y reclama políticas de salud integrales.
Compartimos la circular de la CICOP:
Año nuevo, problemas viejos
La primera semana de enero nos puso de nuevo frente a situaciones que generan enormes dificultades para la tarea diaria en hospitales y centros de salud. La Gobernadora María Eugenia Vidal y su Ministro de Salud Andrés Scarsi, en lo que va de sus respectivas gestiones, no han avanzado en políticas efectivas de atención de salud adecuadas para la población ni en la prevención de riesgos en las instituciones sanitarias.
Asistimos a las personas en condiciones precarias, tratando de garantizar que reciban la mejor asistencia posible con recursos más que escasos. Los equipos de salud no están completos y en muchos lugares la falta de personal ha llevado a la reducción de las prestaciones a su mínima expresión. Hospitales sin guardia de pediatría, neonatologías que no funcionan por falta de profesionales, servicios unipersonales, cargos que no han sido cubiertos una vez que lxs trabajadorxs accedieron a la jubilación o renunciaron. La enumeración podría ser más extensa aún y cada una de estas situaciones significa un desmedro en la salud de la población bonaerense que transcurre, cada vez en número mayor, por el sistema público de atención.
Por otro lado, cada vez que tienen lugar situaciones de violencia como las que ocurrieron en la UPA de Los Hornos, con anterioridad en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno o en el Narciso López de Lanús, se advierte claramente que, además de la falta de personal, los dispositivos de prevención (presencia policial exterior, cuidadores hospitalarios capacitados y en número suficiente, triage o consultorios de demanda espontánea, comités mixtos de salud y seguridad) no están garantizados como deberían.
Así lo planteó CICOP en las dos mesas técnicas de Violencia, cuya convocatoria fue impulsada fuertemente desde el gremio en la negociación paritaria de noviembre. Mientras los planteos de lxs trabajadorxs no sean tenidos en cuenta y no se inviertan recursos para prevenir, seguiremos asistiendo a situaciones lamentables que ponen en riesgo a quienes trabajan y a quienes se asisten en los diferentes efectores públicos bonaerenses.
Despidos, cierre de fuentes de trabajo y deudas
En el panorama general, tanto a nivel nacional como en provincias y municipios, la pérdida de fuentes de trabajo en el sector privado y los despidos han sido noticia en los primeros días del año. La destrucción de puestos en el empleo registrado es un dato duro de la realidad laboral, que a noviembre del 2018 alcanzaba la cifra de 202.700, a la que hay que añadir ahora nuevxs desocupadxs. La economía en crisis descarga sus peores consecuencias sobre medianas y pequeñas empresas, que no pueden sostener sus negocios frente a la brutal recesión y la retracción del consumo, consecuencia directa y anunciada del plan de ajuste que implementa el Gobierno desde su asunción en diciembre de 2015.
La caída de la actividad industrial, de la construcción y del consumo pone a grandes sectores de la población en situación de vulnerabilidad. No se avizora en el programa que despliega la alianza Cambiemos una mejoría en esos indicadores, sino todo lo contrario. Con una deuda pública que alcanza al 95.4 % del PBI – según datos de la propia Secretaría de Finanzas -, el objetivo de achicar el déficit fiscal para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional augura días de enormes dificultades y un escenario social conflictivo. Los “ruidazos” que ocurrieron este viernes 4 en diferentes lugares de Ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior provincial son una pequeña muestra del malestar creciente.
Por otra parte, en la Provincia de Buenos Aires, el altísimo nivel de endeudamiento también compromete las finanzas públicas, según lo reconocen las propias autoridades. Para hacer frente a esta situación, la decisión política ha sido, una vez más, destinar al pago de la deuda en el presupuesto 2019 cifras escandalosas que van en desmedro de las partidas asignadas a salud, educación y políticas sociales, con la consiguiente afectación de amplios sectores de la población más necesitada.
Las deudas con lxs profesionales de la Salud
El año 2018 llegó a su fin sin que se haya producido la convocatoria a la paritaria Ley 10471 del mes de diciembre que el gobierno había comprometido en el acuerdo de noviembre. Con el salario de diciembre percibimos el 2 % de aumento sobre el básico de diciembre 2017 aceptado por la mayoría de los gremios estatales en la negociación salarial de la ley 10430. El Gobierno ya había avanzado con esta modalidad, de modo inconsulto y autoritario, durante todo el 2018, desestimando a la paritaria como mecanismo insoslayable para definir los salarios y las condiciones laborales de lxs trabajadorxs. Del mismo modo, aplicó a docentes y judiciales aumentos que no habían sido negociados en las instancias legales que corresponden a un funcionamiento democrático, en una práctica que se torna recurrente.
La Gobernadora Vidal y sus Ministros suelen hacer gala de un diálogo con lxs trabajadorxs bonaerenses que luego, en la práctica, están lejos de honrar. Se sientan a negociar sólo con las organizaciones gremiales que les son funcionales, sabiendo que cerrarán filas dócilmente, no importando cuán alto sea el costo para quienes representan. No se entiende de otro modo que hayan aceptado un aumento del 20 % para todo el año 2019, en numerosas cuotas, condenando a lxs estatales bonaerenses a salarios depreciados que pierden de modo abrumador su poder adquisitivo frente a tarifazos, aumento de precios de artículos de primera necesidad, incrementos en transporte público y cargas impositivas generales.
Este incumplimiento del acuerdo paritario no sólo se traduce en la falta de convocatoria para cerrar el 2018, sino también en el escaso avance frente a los compromisos asumidos. Se interinizaron 42 becarixs en el mes de diciembre, pero aún restan 385 compañerxs con sus nombramientos muy demorados. Por otro lado, continúan sin resolverse una gran cantidad de expedientes de concursos de ingresos y de funciones, además de otras irregularidades. La demora no hace más que vulnerar derechos, afectando el funcionamiento diario de los servicios y las tareas cotidianas.
En este marco, nos disponemos a continuar nuestra lucha por salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas, cumplimiento de los acuerdos alcanzados y en defensa de un sistema de Salud que brinde respuestas a la población bonaerense. Se avecinan meses complejos que requerirán de nuestra mayor energía e inteligencia para abordarlos con resultados exitosos, en un contexto de conflictividad que necesitará la máxima unidad de acción posible para enfrentar las políticas oficiales.