El que busca, encuentra

Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 27 al 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso. A más de 28 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos seguimos denunciando al Estado asesino, y exigimos castigo a todos los responsables de los hechos.

Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo. La familia de Andrés pidió reiteradamente a los ministros Germán Garavano, Gustavo Ferrari y Cristian Ritondo que arbitren los medios para detener a este peligroso criminal para poder enjuiciarlo. Pasados 28 años de los hechos, la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa Nuñez. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.

Hemos pedido al ministerio de Justicia de Nación que incluya a Gerez en su “Programa de Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia”, pero no obtuvimos respuesta. Hemos tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de DDHH de Provincia, a cargo de Santiago cantón, que se comprometieron a aportar en el tema y no obtuvimos ningún avance. Hemos presentado escritos en la causa aportando testigos que aseguran que el asesino prófugo se comunica con su madre, Nelly Duhalde, y no obtuvimos respuesta. Y hemos exigido a la jueza Marcela Garmendia, a cargo de la investigación, que solicite colaboración de la Superintendencia de Inteligencia Criminal del Depto de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad de Provincia, así como del Cuerpo de Instructores de la Policía Judicial de la Procuración, que son los órganos especializados en este tipo de búsquedas, y no obtuvimos ninguna respuesta.

En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 la abogada Natalia Nosenzo se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.

La tarea de ubicar a represores prófugos no es imposible: así lo demuestra el caso del cabo Marcos Rodríguez, uno de los responsables de la “Masacre de Wilde” ocurrida en enero de 1994, que estuvo 20 años prófugo, pero fue capturado en 2014 en su comercio de La Falda por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. O el más reciente del comisario Héctor Amarilla que en septiembre de 2013 fusiló a Nicolás Vázquez por robar una remera, estuvo prófugo 5 años y fue capturado hace poco al ir a visitar a su nieto. Claro que la voluntad judicial y de las fuerzas de seguridad es poca cuando el prófugo usa uniforme. En el caso de Amarilla fue un aviso de la familia de la víctima el que alertó de un evento familiar que podía hacer que el policía asesino volviera, y al área de investigación de Gendarmería no le quedó otra que accionar. Por eso vamos a seguir exigiendo a la jueza Garmendia que nos saque de este sinsentido: la causa no prescribe, pero a Gerez no lo busca nadie.

El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión de los gobernadores Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde, del jefe policial Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.

En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue condenado a perpetua en La Plata en abril de 2017. Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre Pablo Martín Gerez y sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Desde hace  años la familia pide que pongan fecha para juzgarlos.

La tardanza del Estado en buscar a Gerez y llevar a juicio a todos los asesinos de Andrés y sus encubridores sólo genera más impunidad.