Las políticas económicas de la última dictadura, aplicadas primero por José Alfredo Martínez de Hoz y luego por Lorenzo Sigaut, se basaron en un modelo de especulación financiera que aumentó la deuda externa en un 449%: pasó de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982.
A comienzos de 1976 se congelaron los salarios, se eliminaron los sistemas de control de precios y se incrementó el tipo de cambio, lo que produjo un rápido deterioro del 30% del salario real de las clases trabajadoras. A su vez, se sancionó una nueva ley de entidades financieras que permitía la libre movilidad de los capitales; y con el pretexto de controlar la inflación, se abrió la economía y se bajaron aranceles.
La política económica de la dictadura fue dejar de lado la actividad productiva y volcarse al crédito internacional, lo que se conoció como la “bicicleta financiera”, que consistía en obtener dólares a una baja tasa de interés en el mercado internacional, colocarlos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés –en relación a la tasa internacional-, para luego reconvertir dichos créditos nuevamente a dólares y retirarlos del país.
Fue hacia fines de la dictadura, el 17 de noviembre de 1982, cuando se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados: la deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. Según el Museo de la Deuda, de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas.
Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%: pasó de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982.
Entre otras cosas, la dictadura tomó préstamos para obras faraónicas (como las del Mundial ́78), para comprar armas o directamente para que los bancos privados hicieran sus negocios (la “bicicleta financiera). Endeudó a empresas por entonces estatales como YPF y en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, “estatizó” la deuda privada de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras).
Dictados del FMI
A partir de 1976, el plan neoliberal de la Dictadura, se caracterizó por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encaró un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Es conocida la famosa tablita, instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. Durante esos años, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada y el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la dictadura.
A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.
Tras la renuncia de Martínez de Hoz (que había sido puesto en ese lugar por recomendación del banquero estaodunidense David Rockefeller), por llevar al colapso la economía argentina, el 29 de marzo de 1981 asumió Lorenzo Sigaut, que dispuso una nueva devaluación que provocó que el Peso perdiera un 35% de su valor respecto al dólar, mientras el PBI caía un 6% interanual y los precios aumentaron un 155%.
Un año después, el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Cavallo estatizó 17.000 millones de dólares de deuda externa privada: la deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grup Macri, Banco Francés del Río de La Plata, Banco de Galicia, Bunge y Born S.A, Grafa S.A, Molinos de Río de La Plata, Loma Negra S.A, Ledesma, Pérez Companc S.A, Acindar S.A fue estatizada, liberando de este modo a las empresas deudoras, lo que le sumó al Estado compromisos por más de 5000 millones de dólares.
Deuda ilegítima
Fue el abogado Alejandro Olmos, quien años más tarde investigaría la deuda fraudulenta de la Dictadura y llegaría a un juicio que terminó con un fallo ejemplar en 2000, cuando se reconoció el carácter ilegal de todo el proceso de endeudamiento que comenzó en 1976.
Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro, que recayó en el juez Jorge Ballesteros, se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:
“La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueron explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresa y negocios privados –nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado, que a través de una política dirigida, se fueron emprobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”, se leyó en el Fallo Judicial del Juez Ballesteros.
A partir de 1983, los distintos gobiernos que le sucedieron a la dictadura reconocieron el total de esa deuda fraudulenta y procedieron a pagarla, lo que no impidió que el endeudamiento continuara creciendo exponencialmente.