La asociación Panambi, de travestis, transexuales y transgénero, lanzó el sexto informe del periodo 2018 denominado “Situación de violencia hacia personas trans en el Paraguay”. La investigación expone 68 denuncias de violencia trans, de las cuales 2 fueron transfemicidios (Naomi Gomes Rivas, en compañía Naranjo y Nikol Ortellado, en Puerto Obligado); 12, denuncias por discriminación y violencia policial; y 5, por violencia estatal y discriminación en las penitenciarías.
Por Juliana Quintana. La investigación se realizó en el marco del proyecto “Avanzando en derechos para las personas trans”, con el apoyo de Diakonia Paraguay, una organización sueca de cooperación internacional que se ocupa de proyectos enfocados en derechos humanos.
El investigador responsable del informe, Maximiliano Mendieta, y las activistas de Panambi, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda presentaron el documento el martes en el Gran Hotel del Paraguay. Asistieron representantes de organizaciones de derechos trans pero no se presentó ningún jefe de dirección de derechos humanos del poder ejecutivo.
Cárcel y violencia estatal
“La cuestión penitenciaria es una bomba de tiempo. Imaginate ser trans en una cárcel de hombres. Es terrible porque no existe el dato oficial de cuántas son las compañeras trans privadas de libertad. Nosotras hacemos este registro con lo que podemos, y queremos que se revisen esos casos procesales”, expresó Yren en diálogo con Presentes.
De acuerdo al material, en casi todos los apartados del informe 2018 hubo un aumento en los índices de discriminación, estructural y social, la violencia y los crímenes de odio hacia la población trans en relación a lo registrado en el informe del 2017.
Entre otros datos que pudieron recoger en la investigación, durante el 2018 recibieron denuncias por discriminación estatal. Cinco ocurrieron en el ámbito de la salud, 1 en el Poder Legislativo, 5 en el Ministerio Público y 3 por crímenes de odio.
El informe destaca el caso de una persona trans de 23 años que falleció a causa de una intoxicación, por el suministro de un medicamento vencido en la penitenciaría del departamento de Misiones.
La Policía, principal agente de violencia
La policía, según indica el documento, es la principal responsable de la violencia física y vulneración al derecho al trabajo. Las formas de maltrato más comunes son: amedrentamiento, amenaza, extorsión, agresión, privación inconstitucional de libertad, abuso sexual y tortura a las personas trans, especialmente, hacia las que ejercen el trabajo sexual.
“Creemos que esos 68 casos no representan ni el 1% de lo que pasa en la realidad porque esos datos sólo se circunscriben a Asunción, un poco de San Lorenzo y solamente en la zona de trabajo sexual. Las personas trans no denuncian. Obviamente, por miedo a represalias, a la impunidad, y muchas veces porque los victimarios son la propia policía”, expresó Maximiliano.
Durante el año pasado se realizaron 12 denuncias por discriminación y violencia policial ante Panambi. Sólo una víctima efectuó la denuncia policial, “lo que demuestra una falta de credibilidad, temor a represalias, violencia, corrupción, impunidad y discriminación por parte de funcionarios públicos”, interpretaron los investigadores.
San Lorenzo, el lugar más peligroso
“En San Lorenzo es de donde viene el 90% de las denuncias porque ahí es donde la policía amedrenta, coimea, persigue, abusa sexualmente, detiene de forma ilegal tanto a las personas trans como a los clientes y es el lugar donde hay muchísimo ataque también por parte de la ciudadanía: tiran piedras, botellas, insultan”, siguió el investigador del informe.
Entre las conclusiones, el material sostiene que el presidente Mario Abdo Benítez, que sugiere un único esquema familiar, nuclear y heterosexual, sienta una postura “profundamente intolerante y antidemocrática que impone la idea falsa de que cualquier composición familiar diferente a la propuesta tradicional es una amenaza”.
Amenazas en las redes
Con relación a las redes sociales, el informe expresa que hay una constante manifestación de violencia hacia las personas trans por parte de los usuarios, que invita al odio y al crimen de gente que integra este colectivo. Al mismo tiempo, estas amenazas quedan impunes ante la ausencia de una ley contra toda forma de discriminación.
En relación con los crímenes de odio hacia las personas trans, el informe ofrece una serie de recomendaciones a todos los poderes del Estado sobre cómo revertir esta situación. Entre ellas, refuerzan la importancia de una educación con perspectiva de género.
Con respecto al derecho a la salud, advierten que urge capacitar al personal médico en el trato a las personas trans y garantizar el acceso a un sistema de salud integral, público y de calidad, cumpliendo con el artículo 25 de la constitución, que consagra “el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen”.
Por último, solicitan que todas y cada una de las actuaciones del Ministerio Público deben ser abordadas desde un enfoque de género, un acceso a la justicia sin discriminación, políticas públicas y un cambio cultural que implique educación en derechos humanos y diversidad, con el cumplimiento irrestricto de los derechos fundamentales de las personas trans.