En una nueva audiencia se realizaron las indagatorias de los genocidas imputados producto de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. La mayoría de los represores guardó silencio, excepto el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, que aprovechó la ocasión para despacharse con su habitual cinismo.
La continuidad del debate por uno de los Centros Clandestinos de Detención más grande del conurbano oeste llevó a una instancia de nuevas declaraciones indagatorias de los genocidas imputados en el debate, consecuencia de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. Recordemos que los 18 genocidas procesados en la causa llegaron a juicio con reproches sólo por delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos de las 84 víctimas que incluye el expediente, siendo que en ese CCD se asesinó, hubo familiares que también sufrieron secuestro y torturas y se ventilaron en las audiencias la comisión de graves delitos sexuales como parte del plan sistemático de exterminio que significó el genocidio. En audiencias pasadas la fiscalía y las querellas particulares realizaron pedidos de ampliación por 42 víctimas, de las cuales 14 no eran parte del debate, y el tribunal aceptó por 16 casos y rechazó otros 26. Los hechos ahora incluidos en la acusación son el fusilamiento de los militantes de la UES zona oeste Alejandro Aibar, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández González, Juan Alejandro Fernández González, Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García, sacados para ser fusilados la noche del 28 de diciembre de 1977 desde la Brigada de San Justo, las muertes tras a tortura en esta sede de los militantes montoneros Herman Von Schmeling y Rubén Enrique Cabral y los delitos sexuales que sufrieron Norberto Ignacio Liwski, Abel De León, Adriana Chamorro, José Eduardo Moreno, María Dolores Serbia, Olga Vicenta Araujo y Jorge Eduardo Heuman.
Al inicio de la audiencia los defensores de varios represores se excusaron por la ausencia de sus reos defendidos. El abogado de Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada de San Justo entre noviembre del ’77 y enero del ’79, hasta ahora acusado por 52 casos de secuestros y torturas, dijo que el represor estaba presente en el edificio de tribunales, pero que “se sentía mal y pidió si podía realizar la indagatoria en otra oportunidad”. Sin más el TOF 1 le concedió el pedido y lo devolvió a su casa de calle 49 Nº 867- 1° piso- Depto A entre 12 y 13, donde cumple arresto domiciliario a pesar de haber recibido una condena a 8 años en la causa por delitos cometidos en el CCD “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, también en La Matanza.
Luego habló el defensor oficial que le pone el Estado argentino a los represores del Destacamento 101 Ricardo Armando Fernández, hasta ahora acusado por 47 casos de secuestros y torturas, y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, que enfrenta acusación por 44 casos y que disfrutan de la domiciliaria. En el caso de Hidalgo Garzón pese a haberla violado reiteradas veces, la última con la presencia de armas en la casa de su cuñado. El abogado Adriano Liva aclaró que “no se han podido hacer presentes”, y sólo aclaró que Fernández sufrió una “descompensación gastrointestinal”, reiteró que planteó una reposición para apartarlo del juicio porque tendría una “afectación severa de su cognición” que le impediría “mantener una conversación coherente”, tras lo cual pidió postergar las indagatorias para ambos genocidas. El tribunal dejó el trámite para la próxima audiencia.
Acto seguido el juez Alejandro Esmoris convocó uno por uno a los genocidas imputados para informales de esta ampliación de la acusación. Como se sabe, en una modalidad que no debería generar precedentes, los represores no están presentes en la sala y siguen el debate por videoconferencia. Así fueron desfilando, desde la Cámara Federal de Mar del Plata, ciudad en que gozan del arresto domiciliario, los represores Alejandro Menechini, jefe de la Brigada de San Justo entre julio del ‘76 y septiembre del ’77, y Rodolfo Godoy, subjefe Área 114 entre el ’77 y el ’79. Ambos se negaron a declarar y Godoy se quejó de las “absurdas e injustas acusaciones”. Luego se tomó contacto con la Cámara Federal de Capital Federal, ubicada en Comodoro Py 2002, en Caba, desde donde jugaron a los muditos los represores integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Roberto Armando Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena y Carlos Romero Pavón, los policías bonaerenses Rubén Boan (torturador apodado “Víbora”), Roberto Félix (subcomisario de la Brigada en el ’78), Jorge Héctor Vidal (médico policial que asistía torturas) y Héctor Carrera que está libre porque había sido apartado con excusas psiquiátricas, y aunque fue sumado al juicio a último momento no fue detenido. Todos ellos viven el proceso como una salida desde sus hogares a ver una pantalla. Vidal estuvo 4 años prófugo en esta causa y tras ser detenido y pasar un tiempo preso consiguió que lo devolvieran a su guarida de Robertson 1077 en el Bajo Flores en CABA.
También desde Comodoro Py se sumaron al mutismo los dos civiles imputados en la causa, jefe y subjefe del Ministerio de Gobierno de la provincia en dictadura Jaime Smart y José María Torino, que también disfrutan de una prisión morigerada que se parece demasiado a la completa libertad, pese a estar acusados de la totalidad de los 84 casos del debate.
A continuación se enfiló la videoconfrencia hacia los únicos represores de esta causa que cumplen arresto efectivo en cárcel común, el militar del Destacamento 101 Jorge Di Pasquale, ya condenado en varios procesos, y los torturadores de la Brigada de San Justo Ricardo García alias “Buggy” y Raúl Carballo, todos ellos alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Como era de esperar se negaron a declarar sin mayores explicaciones.
Como siempre, la excepción a la regla fue el represor MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ, que se plantó con sus insistentes arrogancias discursivas, ya habituales en estas instancias de indagatoria. Al otorgársele la palabra el genocida se dirigió al presidente del tribunal y dijo “seré respetuoso con las disposiciones del tribunal pero sin sacrificar mis convicciones”. Luego citó al premio nobel de literatura de 1922, el español Jacinto Benavente, cuando dijo “hoy nosotros entre rejas, preparados para ser lanzados a la arena, expuestos a mortíferas condenas, somos la comida de las fieras”. No le quedó nada mal la cita de un intelectual que apoyó a la dictadura de Primo de Rivera y al franquismo, y continuó con su perorata diciendo “todos los crímenes son permitidos con sólo escribir en el Código Penal la palabra político, con sólo eso deja de ser crimen el robo político, el asesinato político, y el autor de esos crímenes lejos de ejercer el presidio recibe condecoraciones en premios honoríficos y distinciones”. Llendo al grano dijo que “de los cargos que se me formulan soy completamente desconocedor”, y marcó su tono típico al referirse a los jueces y decir que “con el debido respeto a su investidura, les digo que no les reconozco autoridad para actuar en estos casos. Necesito los jueces asignados por la Constitución…”. En ese momento el juez Esmoris lo cortó en seco y le dijo que el acto de la indagatoria debe centrarse sobre los hechos imputados y no sobre otros temas. El genocida contestó que “yo para tratar los hechos que s eme imputan, no puedo hacerlo porque sería consentir lo que no corresponde. Estas son leyes de paz y yo necesito las leyes de estado de guerra y jueces de estado de guerra. Sino a la Constitución no la alcanzo a comprender”. Eso fue todo, aunque parecía que el show iba a extenderse por más tiempo.
Pedir por los jueces de un “Estado de guerra” resultó muy simbólico en una semana en que los jueces del “Estado de guerra” vienen recibiendo su merecido: la condena en Salta a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad al ex juez Ricardo Lona por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrida en marzo del ’76, o la confirmación por la Cámara de Casación de las condenas a los ex jueces federales de la dictadura Luis Miret -fallecido-y Rolando Carrizo, el ex fiscal federal Otilio Romano y el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, condenados en julio de 2017 por privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita.
Pero para pedir por los jueces del “Estado de guerra” no sería necesario al genocida exigir a los ya fallecidos cortesanos designados por el dictador Jorge Rafael Videla, como Federico Videla Escalada, Abelardo Rossi o Alejandro Caride, sino que podría pedir ayuda a su camarada Jaime Lamont Smart, coimputado en esta causa y designado por la dictadura de Roberto Levingston como juez del tristemente célebre “Camarón”, la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos hasta terminada la dictadura de Alejandro Lanusse. Los crímenes políticos que Etchecolatz reconoce lo tienen a mal traer, ya que está condenado en el juicio realizado en 2006 (donde desaparecieron al testigo Jorge Julio López), en la causa “Circuito Camps”, por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez” y por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Está a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina y en una causa en instrucción en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora. El discurso cínico del ex comisario tiene también varias cuentas pendientes en la causa residual por los crímenes cometidos en la Comisaría 5ta de La Plata y en el “Pozo de Arana”, entre ellos el paso por allí de Jorge Julio López como desaparecido, y donde están procesados los represores Pedro Muñoz, Jorge Bergés, Néstor Buzzato, Julio César Garachico y el propio Etchecolatz. De realizarse tal debate oral será en obligada ausencia de López como víctima.
Para completar la semana la impunidad biológica se cobró un imputado, ya que se conoció la decisión del TOF 1 platense de apartar del juicio al represor Juan Carlos Ojeda, jefe de la Brigada de San Justo entre enero y septiembre de 1977 acusado por 14 casos de secuestros y torturas ocurrido en ese período. El tribunal dispuso la suspensión del trámite contra el represor por incapacidad mental y dispuso su libertad. Ojeda estaba con domiciliaria, veía las audiencias por teleconferencia y luego volvía a su domicilio de Tres de Febrero. La justicia dispuso la evaluación semestral de su estado de salud por intermedio del Cuerpo Médico Forense, con informes para determinar si recuperó su capacidad de ser sometido a juicio y si e reversible o no la patología que lo afecta.
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